Mientras avanza con lentitud la obra de restauración, el camino está totalmente destruido en algunos puntos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Diez años después de que el gobierno de Jalisco, con el aval de firmas trucadas de comuneros, irrumpió sobre el camino Bolaños-Huejuquilla, destruyó sitios sagrados de los wixaritari, taló pinos y borró pasos de arroyos de la comunidad de Tuapurie, la desolación reina en el tramo que va del cerro de La Puerta, la mayor altura de la región, hacia Tenzompa, en el norte de Jalisco.
Apenas hay evidencias del juicio ganado hace siete años por los aborígenes que obliga a restituir el camino, si no fuera por menos de dos kilómetros que han sido modernizados con un perfil rústico, lo cual no mejora notablemente la experiencia de atravesar las montañas desde Bolaños para bajar a la cabecera municipal de Huejuquilla.
La orden judicial del amparo 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) a reparar los daños ocasionados, derivó en un acuerdo sustituto el 13 de marzo de 2015, fecha en que la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas.
El costo global rebasa 100 millones de pesos. Pero ni siquiera se han aplicado 20 millones de pesos. Eso explica el mal estado de la ruta. Cuando se pasa el crucero del campamento a Peñitas, en que se bifurca la ruta, a la izquierda Tuapurie y Huejuquiilla, a la derecha, Mezquitic, el viajero descubre por qué le han recomendado tomar la opción de la derecha: el camino rural hacia norponiente ha carecido de mantenimiento por años.
La terracería degradada desaparece en algunos tramos, lo que ha obligado a abrir caminos paralelos que solo se pueden remontar en camioneta. En algunos casos, el revestimiento se perdió por completo y los vehículos deben transitar entre grandes piedras que formaban la base del camino, totalmente erosionado. En otros sitios, el agua estancada amenaza con dejar varados los transportes. El traslado debe hacerse a vuelta de rueda, ante el sorpresivo mal estado de unos seis kilómetros a partir de la desviación.
"Estamos esperando que se completen los proyectos, pero van lentos, y el camino no nos funciona bien", admite escueto el presidente del consejo de vigilancia de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), José García.
En tiempos de secas es difícil, pero durante el temporal, es casi imposible. Algunos puntos de la comunidad se quedan aislados por días, y las comunicaciones y el traslado de víveres y mercancías se hace más espaciado. La comunidad, que se rebeló contra el gobierno en octubre de 2017 por las escasas respuestas a sus demandas de apoyo en diversos temas de desarrollo social, prepara pronto un nuevo pronunciamiento, pues los acuerdos alcanzados con el gobernador apenas se han visto reflejados en la realidad.
La restauración, vía un camino-jardín, en los 19.2 kilómetros de la comunidad, está firmemente asentada en la resolución judicial, única en la historia de los pueblos indios en México, en que se corrigió la imposición inicial de la carretera, por el gobierno de Emilio González Márquez, que se hizo con la falsificación de un acta de asamblea y sus firmas, el intento de soborno a autoridades comunitarias, la represión a activistas comunitarios y la ocultación de información sobre el daño ambiental y la perturbación del paisaje.
El escándalo de las firmas falsificadas, documentado por MILENIO JALISCO el 16 de febrero de 2008, sólo ha derivado en un corto tramo de camino restaurado, y en la restitución del Paso del Oso. Y muchas manifestaciones de buena voluntad gubernamental, que poco aportan a un camino que llega a tener tramos completamente destruidos.
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Claves
La orden judicial
La sentencia del juicio de amparo 596/2008 obliga a "restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero comprometido dentro de los kilómetros 70+400 al 89+580", lo que incluye la reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, "utilizando la vegetación prevaleciente en la zona", la cual fue descrita de manera pormenorizada en los dictámenes en materia de "externalidades y recursos materiales", rendidos por el perito de la parte quejosa oficial, lo que obliga además a el mantenimiento del arbolado plantado.
También, a realizar la infraestructura necesaria "para conducir y encauzar, de manera adecuada, los escurrimientos que intersectan con el camino trazado". Otra obligación es buscar los monolitos destruidos del Paso del Oso.
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