Los volcanes, avistados desde la Sierra de Halo y el río Coahuayana. FOTO: MARCO A. VARGASUn esquema de silvicultura comunitaria pone el ejemplo desde Pihuamo, en la región Sureste de Jalisco; Sólo hay cuatro proyectos de ese tipo en el estado, pese a su riqueza.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
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Jalisco, quinto estado del país por variedad y extensión de sus bosques, apenas ha establecido cuatro proyectos de desarrollo forestal comunitario. De ellos, el del ejido Barranca del Calabozo, en Pihuamo, región Sureste, es el que ha dado los mejores resultados, con una inversión pública de 2.2 millones de pesos en beneficio de 52 ejidatarios de la sierra del Halo.
Este esquema, que es exitoso en casos bien documentados y de larga historia, como la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán (Público, 23 de diciembre de 2008) y las comunidades zapotecas de la sierra de Oaxaca (Público, 11 noviembre de 2007), fue convertido en prioridad apenas en el comienzo de este decenio, con la fundación de la Comisión Nacional Forestal, cuya sede nacional tiene su asiento en Guadalajara.
Barranca del Calabozo fue visitado esta semana por funcionarios de la gerencia local de la Conafor, con el propósito de constatar avances. Tiene una superficie de 2,073 hectáreas, “de las cuales son susceptibles 800 has para hacer aprovechamiento maderable con fines comerciales y 110 ha para conservación y restauración”, señala un documento de la dependencia elaborado para tal fin.
¿Cuál es el contexto? “En 1999, la Secretaría de Medio Ambiente [Semarnat] autoriza un programa de manejo para la comunidad en una superficie de 556.30 ha, lo que les permite tener un abastecimiento de materia prima para el aserradero […] El aprovechamiento tiene autorizados los siguientes volúmenes: 21,259 metros cúbicos de rollo total de pino; 3,365 m3 de encino y 849 m3 de otras hojosas. Actualmente inician un nuevo ciclo de aprovechamiento, autorizado para los años 2009-2019, por un volumen de 20 mil m3, es decir, dos mil m3 anuales”. A juicio de la Conafor, el nuevo permiso demuestra que ha habido un manejo correcto del bosque que garantiza su supervivencia.
Es sabido que los procesos comunitarios en Michoacán y Oaxaca arrancaron desde finales de los setenta; en el caso del núcleo agrario jalisciense, “comienza su proceso de organización y apropiación de sus recursos naturales en 1998, desarrollando procesos de planeación, organización, ejecución de programa de manejo, abastecimiento de industria primaria, administración, operación de industria de transformación secundaria [fabricación de muebles] con base en madera estufada y clasificada procedente del mismo ejido”.
Su forma de organización “les ha permitido acceder a recibir apoyos para la elaboración de sus programas de manejo, ejecución de su programa de manejo forestal, equipamiento para el aprovechamiento —motosierras, ganchos, cuñas entre otros—, apertura, mantenimiento y rehabilitación de caminos forestales, equipo para descortezado y astilladora”.
Así, se constituyeron en empresa y se fortalecieron: “Se han capacitado en administración de empresas, diseño y acabado de muebles, planeación y evaluación de los recursos hídricos, diversificación productiva para establecer Unidades de Manejo de Vida Silvestre [Umas], técnicas de aserrío, cubicación y clasificación de madera, secado de madera en estufa; se les apoyó para la adquisición de una estufa para secado de madera...”.
El proyecto avanza. El aserradero sostiene catorce empleos temporales —siete meses al año— y en el monte —para la tala del bosque— se emplean ocho personas. El taller de carpintería da cupo a seis empleados, y la estufa de secado ofrece tres puestos más, así como tres trabajadores extra, de oficina. Las utilidades anuales son de 550 mil pesos.
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Jalisco, quinto estado del país por variedad y extensión de sus bosques, apenas ha establecido cuatro proyectos de desarrollo forestal comunitario. De ellos, el del ejido Barranca del Calabozo, en Pihuamo, región Sureste, es el que ha dado los mejores resultados, con una inversión pública de 2.2 millones de pesos en beneficio de 52 ejidatarios de la sierra del Halo.
Este esquema, que es exitoso en casos bien documentados y de larga historia, como la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán (Público, 23 de diciembre de 2008) y las comunidades zapotecas de la sierra de Oaxaca (Público, 11 noviembre de 2007), fue convertido en prioridad apenas en el comienzo de este decenio, con la fundación de la Comisión Nacional Forestal, cuya sede nacional tiene su asiento en Guadalajara.
Barranca del Calabozo fue visitado esta semana por funcionarios de la gerencia local de la Conafor, con el propósito de constatar avances. Tiene una superficie de 2,073 hectáreas, “de las cuales son susceptibles 800 has para hacer aprovechamiento maderable con fines comerciales y 110 ha para conservación y restauración”, señala un documento de la dependencia elaborado para tal fin.
¿Cuál es el contexto? “En 1999, la Secretaría de Medio Ambiente [Semarnat] autoriza un programa de manejo para la comunidad en una superficie de 556.30 ha, lo que les permite tener un abastecimiento de materia prima para el aserradero […] El aprovechamiento tiene autorizados los siguientes volúmenes: 21,259 metros cúbicos de rollo total de pino; 3,365 m3 de encino y 849 m3 de otras hojosas. Actualmente inician un nuevo ciclo de aprovechamiento, autorizado para los años 2009-2019, por un volumen de 20 mil m3, es decir, dos mil m3 anuales”. A juicio de la Conafor, el nuevo permiso demuestra que ha habido un manejo correcto del bosque que garantiza su supervivencia.
Es sabido que los procesos comunitarios en Michoacán y Oaxaca arrancaron desde finales de los setenta; en el caso del núcleo agrario jalisciense, “comienza su proceso de organización y apropiación de sus recursos naturales en 1998, desarrollando procesos de planeación, organización, ejecución de programa de manejo, abastecimiento de industria primaria, administración, operación de industria de transformación secundaria [fabricación de muebles] con base en madera estufada y clasificada procedente del mismo ejido”.
Su forma de organización “les ha permitido acceder a recibir apoyos para la elaboración de sus programas de manejo, ejecución de su programa de manejo forestal, equipamiento para el aprovechamiento —motosierras, ganchos, cuñas entre otros—, apertura, mantenimiento y rehabilitación de caminos forestales, equipo para descortezado y astilladora”.
Así, se constituyeron en empresa y se fortalecieron: “Se han capacitado en administración de empresas, diseño y acabado de muebles, planeación y evaluación de los recursos hídricos, diversificación productiva para establecer Unidades de Manejo de Vida Silvestre [Umas], técnicas de aserrío, cubicación y clasificación de madera, secado de madera en estufa; se les apoyó para la adquisición de una estufa para secado de madera...”.
El proyecto avanza. El aserradero sostiene catorce empleos temporales —siete meses al año— y en el monte —para la tala del bosque— se emplean ocho personas. El taller de carpintería da cupo a seis empleados, y la estufa de secado ofrece tres puestos más, así como tres trabajadores extra, de oficina. Las utilidades anuales son de 550 mil pesos.
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CLAVES
Convivir con bosques
El uso comercial de los bosques inició en México hace varios siglos, pero fue a mediados del siglo XX cuando empezó su aprovechamiento a escala industrial
Entre los años cuarenta y ochenta, el uso industrial de los bosques fue ordenado a través de concesiones a empresas privadas y paraestatales, cuya duración variaba de 25 a 50 años
Durante las concesiones forestales, las empresas pagaban a los dueños del bosque sólo por el derecho de monte y les proporcionaban algunos empleos
En la década de los ochenta, las comunidades y ejidos forestales exigieron terminar el sistema de concesiones y gestionaron que se les permitiera a ellos comercializar los productos de sus bosques, con el fin de obtener beneficios, cuidar de los recursos naturales y promover el desarrollo de sus pueblos
Las primeras empresas forestales ejidales y comunales se formaron en Durango y en Oaxaca en los ochenta; en Jalisco, más tarde, después del término de la concesión de Atenquique, en 1995. Aún son pocas las comunidades participantes: la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Mezquitic; el ejido El Empedrado, en Mascota; los productores de orégano del norte de Jalisco y el ejido Barranca del Calabozo, de Pihuamo
Fuente: Conafor de Occidente
Entre los años cuarenta y ochenta, el uso industrial de los bosques fue ordenado a través de concesiones a empresas privadas y paraestatales, cuya duración variaba de 25 a 50 años
Durante las concesiones forestales, las empresas pagaban a los dueños del bosque sólo por el derecho de monte y les proporcionaban algunos empleos
En la década de los ochenta, las comunidades y ejidos forestales exigieron terminar el sistema de concesiones y gestionaron que se les permitiera a ellos comercializar los productos de sus bosques, con el fin de obtener beneficios, cuidar de los recursos naturales y promover el desarrollo de sus pueblos
Las primeras empresas forestales ejidales y comunales se formaron en Durango y en Oaxaca en los ochenta; en Jalisco, más tarde, después del término de la concesión de Atenquique, en 1995. Aún son pocas las comunidades participantes: la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en Mezquitic; el ejido El Empedrado, en Mascota; los productores de orégano del norte de Jalisco y el ejido Barranca del Calabozo, de Pihuamo
Fuente: Conafor de Occidente
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