Dirigentes sociales y religiosos de la zona lamentan la falta de una verdadera apuesta de desarrollo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los Altos de Jalisco pueden colapsar si los gobiernos estatal y federal insisten en solamente paliar la crisis ambiental, social y económica en que, de forma cada vez menos silenciosa, están inmersos: lecheros que abandonan una actividad en la que subsidian a la industria, fortunas que crecen mientras la pobreza se expande; vertidos sólidos descontrolados, erosión y disputa por el agua, un recurso cada vez más escaso.
En el contexto del aniversario 10 del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), activistas, académicos, productores, líderes religiosos y un par de diputados, se dieron cita en el auditorio del Club de Leones de San Juan de los Lagos.
"Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a ser dependientes del subsidio gubernamental tanto las personas como las grandes corporaciones económicas, así como las pequeñas instituciones; todos se molestan cuando se les evalúa y se les quita ese subsidio [...] los subsidios deben ser pasajeros, transitorios, circunstanciales, y en esto vale la pena llamar la atención a quienes por sus intereses tramitan grandes fortunas cuando no lo necesitan mientras otras personas por desconocimiento o falta de recursos no pueden tener acceso. Pero, esos potentados adquieren subsidios a costa del erario, que proviene de nuestros impuestos", dijo el sacerdote José Luis Aceves González, miembro de la asociación.
Su comentario hizo eco en uno de los problemas más apremiantes que enfrenta la región hoy: los bajos ingresos de los productores de leche, sobre todo medianos y pequeños, en una región que genera alrededor de 18 por ciento de los lácteos del país. Decenas de ganaderos cubrieron los cupos del auditorio, pues esperaban la llegada del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien canceló unas horas antes. Se quedaron con las ganas de reclamar al mandatario tanto su tibieza ante la crisis del sector, como que hubiera llamado "revoltosos" a quienes desde hace mes y medio toman carreteras y casetas de peaje en reclamo porque no se cierren los cupos de leche en Liconsa y que se obligue a la industria privada a dejar de abusar de su control de mercado para comprar el producto a precios irrisorios.
El diputado Felipe Pulido le puso cifras a la crisis: de 17 mil productores de leche que se habían identificado en el pasado, ahora se estima quedan quince mil. "Estamos generando una economía de dinero en pocas manos, de ricos inmensamente ricos, en el país y en la región", mientras una importante masa de población es desplazada de las oportunidades económicas.
La nota ambiental la pusieron los investigadores Antonio Gómez Reina y Miguel Magaña Virgen, de la UdeG. El primero destacó la escasez de agua que marca la historia y el destino de la meseta alteña, los tremendos problemas de salud pública que ocasiona su mal estado, y el futuro incierto derivado de un manejo inadecuado de los yacimientos del subsuelo, así como la exportación de aguas hacia la cuenca del río Turbio. No hay agua de sobra, subrayó, al igual que los otros expositores del foro.
Magaña Virgen señaló que el instrumento de la manifestación de impacto ambiental es usado sólo como cubrimiento de requisitos para sacar adelante megaproyectos, pero en realidad, El Zapotillo y el acueducto a León nunca tuvieron un balance de impactos que puedan medir lo que sucederá con la meseta por verse privada de 119 millones de metros cúbicos de agua anual. Enfatizó la urgencia de habilitar el ordenamiento hídrico –propuesta recomendada desde hace dos años por el Observatorio Ciudadano del Agua- y de que se haga realidad una recomendación más reciente: el extensionismo ambiental. Esto obliga a modificar los sistemas de gestiones verticales en el tema de uso de agua y territorio que hoy prevalecen.
Por el Congreso del estado asistió el diputado Augusto Valencia, quien destacó los compromisos de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano para evitar el trasvase y la inundación de los pueblos de la cañada del río Verde. No se supo cómo lo opera ese grupo legislativo: hasta ayer, todos los esfuerzos legales para impedir el trasvase lo hacen los abogados de Conredes, de los ganaderos y del movimiento Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Tanto el gobierno estatal como la mayoría legislativa local no tienen actuaciones legales para cerrar paso a ese sombrío futuro que en San Juan de los Lagos, ayer, fue referido.
SRN
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