Peritos de la Sedeur niegan daños por carretera Bolaños-Huejuquilla en comunidad de Tuapurie, pero análisis del juzgado habla de grandes alteraciones sobre 30 hectáreas
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
El daño ecológico ocasionado a los bosques de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) está tasado en 60 millones de pesos, si se exige a la Secretaría de Desarrollo Urbano que haga una restauración correcta, concluye el peritaje del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), realizado por petición del juez federal que lleva el juicio de amparo 596/2008.
En relación con la fallida construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, que se hizo sobre poco más de 19 kilómetros de la comunidad huichola, sin contar con la anuencia de ésta ni con los permisos ambientales requeridos, por constructoras contratadas por el gobierno del estado, la autoridad judicial pidió dictámenes periciales a instituciones con solvencia técnica, en tres aspectos: ambiental, geológico y antropológico.
La otra condición fue que no cobraran ante la imposibilidad de los indígenas en soportar ese gasto. Aceptaron las condiciones el Imecbio de la UdeG, el Iteso y el CIESAS Occidente (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social).
Eduardo Santana Castellón, del Imecbio, detalló algunos aspectos del peritaje ambiental:
“Las autoridades siguen representando a los principales violadores de las leyes ambientales, y violando los derechos humanos y la reglamentación ambiental como cuando el ex gobernador Ramírez Acuña abrió la carretera de San Sebastián a Vallarta, ilegalidad por la que nadie fue a la cárcel; ahora fue el gobierno de Emilio González el que falsificó las firmas de asamblea y quiso imponerle al pueblo huichol un camino por dentro de su territorio”.
No obstante, fueron más violaciones que en el caso de la carretera de la costa, “porque violaron la ley de muchas formas, un camino sin evaluación de impacto ambiental y todo el contubernio para falsificar las firmas de asamblea, y además trataron de amedrentar y amenazar a los huicholes”.
Los huicholes ganaron el juicio de amparo y ahora los funcionarios y el gobierno del estado y municipal deben responder penal y civilmente, y resarcir el daño. “Para evaluar el daño tuvieron que establecerse tres peritajes independientes: uno por la comunidad wixarika (los quejosos), otro por la Sedeur del gobierno del estado, y otro por el juzgado. Éste escogió a tres instituciones públicas que lo hicieron sin cobrar.
“El peritaje de la Sedeur “dijo que no hubo ninguna afectación, ya que el arbolado derribado fue por clandestinaje, y no se afectó geológicamente el camino porque se hicieron las modificaciones sobre el camino anterior, y tampoco se afectaron los cursos de arroyos ni hubo daño por erosión”.
No obstante, el análisis del Imecbio señala otra cosa: “Para lo ecológico se determinó que ocasionó cambio de uso del suelo, es decir, destrucción de vegetación, en poco más de 30 hectáreas donde se cambió la ruta del camino original o donde se abrieron caminos auxiliares secundarios; donde siguió la huella del camino anterior solo se removió la vegetación a los lados en los derechos de vía del camino”.
También hubo afectación a ocho arroyos (temporales), y un aumento en la erosión potencial por un factor de mil; todo esto implica que los culpables deben rehabilitar y restaurar las zonas que ellos afectaron”.
¿Qué significa restaurar estos daños? “Primero, rehabilitar el suelo orgánico que se deslavó, se compactó o se removió mecánicamente, trayendo suelo orgánico de otros lugares, ya que toma más de medio siglo el que se recupere in situ por procesos naturales”.
Segundo, “reforestar con especies nativas para reponer la vegetación afectada y recuperar también el hábitat de fauna que se perdió: suelo, hojarasca y ramas del suelo”.
También se debe recuperar el valor comercial de la madera que se perdió.
Así, “esta rehabilitación y restauración ecológica se estima que si se hace bien, cuesta unos 60 millones de pesos”, añade Santana Castellón.
Otros costos se llevarán la restauración geológica de cárcavas, montañas de material y zanjas, lo que se determinará en el estudio del Iteso; el peritaje del CIESAS analiza otro proceso: la restauración del daño del sitio sagrado denominado La piedra del Oso.
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Claves
Los antecedentes
► El 2 de julio de 2007, el pequeño propietario Marco Montaño Ayala, vecino de los huicholes, presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, denuncia en contra de la Sedeur por hacer tala inmoderada de arbolado durante el reinicio de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en el caso de los predios Las Azucenas y Aguamilpa
► El 31 de Octubre de 2007, Montaño Ayala entrega a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación recurrente de la clausura y el desacato a la misma, por parte de la Sedeur y las empresas contratistas, que reinician una vez más la construcción de la carretera
► El 10 de noviembre de 2007, la asamblea de la Comunidad Indígena Huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie, cuestiona el proyecto carretero que atravesaría su propiedad comunal, localizada en Mezquitic, toda vez que las obras de construcción daban inicio en las inmediaciones y dentro de su propiedad; los comuneros señalan que no se les ha consultado debidamente por las autoridades responsables, incluyendo a la Sedeur y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como propietarios del territorio comunal; que no se les ha presentado los estudios de impacto ambiental; advierten de los daños ambientales, sociales y culturales que implicaría el proyecto carretero y las violaciones a acuerdos internacionales, entre los que destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
► El 8 de febrero del 2008 se abre la primera asamblea ordinaria del año que celebra la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, que analiza de nuevo el proyecto carretero, cuyas obras de construcción ya se realizan en distintos tramos, incluyendo el que se ubica dentro del territorio de Tuapurie. Se hace notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad ya que no cuentan con ninguna autorización de la misma comunidad, ni ha existido ningún decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización alguna, así como tampoco existe autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por parte de la Semarnat (federal)
► 12 de febrero de 2008. Comienza el plantón de comuneros, que detienen la maquinaria e impiden las obras, y rompen relaciones con el gobierno estatal, con los municipios del área y con la CDI, interponen denuncia popular, amparo y denuncias penales
Fuente: archivo de MILENIO
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El efecto del amparo
Ley de Amparo, artículo 80.
“La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”.
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