Huicholes de Santa Catarina ganaron juicio de amparo. Actualmente se hacen peritajes para determinar los costos de restauración por los daños en la carretera Bolaños-Huejuquilla y los modos de realizarla
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
La Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de Jalisco ha sido condenada por la justicia federal, por entrar y causar destrucciones de consideración sobre poco más de 19 kilómetros, para la construcción de un tramo de la carretera Bolaños-Huejuquilla. Como consecuencia, la dependencia está obligada a repararlos completamente.
De este modo, está en vías de desenlace el asunto que enfrentó a las autoridades estatales y municipales con los comuneros wixaritari desde los primeros días de 2008, cuando los indígenas hicieron plantón en la zona en construcción y obligaron a detener las máquinas de las constructoras contratadas por la Sedeur, situación que se agravó al descubrirse la falsificación de actas de asamblea con la presunta anuencia del proyecto (Público-MILENIO; 12, 16 y 20 de febrero de 2008).
El juicio de amparo 596/2008, fue interpuesto ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, de Jalisco, y radicado posteriormente, para desahogar carga procesal, en el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el cual lo resolvió. Ahora es una sentencia “inapelable”, reconoce la propia Sedeur de Jalisco.
“Efectivamente, se emitió una sentencia firme que yo no admito recurso alguno ni puede ser impugnada. Esta resolución obliga a la Sedeur a restituir los daños ocasionados en una zona donde se construye la carretera, es decir, a dejar las cosas en el estado que guardaban anteriormente. La Sedeur ya fue notificada de esta sentencia, y de acuerdo a la información de la Dirección Jurídica, la dependencia está a la espera de que la autoridad judicial ordene cuál será la manera más adecuada de cumplir con esta sentencia, que favorece a la comunidad huichola. Hasta el momento no se ha recibido ninguna orden del juez que indique lo que se debe hacer para restituir el daño”, informó la dependencia a este diario a través de su Dirección de Comunicación Social.
La resolución data ya de más de un año, pero todavía está en proceso la serie de peritajes necesarios para determinar el daño ocasionado, señaló por su parte el director de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Carlos Chávez Reyes.
“El amparo ya está ganado, lo pendiente es el procedimiento de ejecución, que es complejo, porque decía el pueblo [de Tuapurie], yo cómo voy a saber si el gobierno reparó el daño que hizo, si son temas ecológicos, y yo necesito saber cuántos árboles necesitan sembrarse y de qué especie, en dónde, si se tienen que hacer terrazas y de cuántos metros, de dónde a dónde, entonces se abrió un expediente donde se está determinando con precisión técnica cómo va a ocurrir esto; lo primero que hizo el juez fue poner a los peritos de ecología, de antropología, de ingeniería civil y de topografía, pero pidió que fuera a título gratuito, porque la comunidad no tiene recursos para pagar todos los estudios que se requieren ahí [...] lo que hizo fue acudir a universidades para solicitar el auxilio, y se logró un equipo de altísimo nivel para hacer un peritaje de todo el daño ecológico en las cuencas, por el daño de la carretera, de parte de la UdeG, el Centro Universitario de la Costa Sur, donde está la escuela de ingeniería en recursos naturales”, añadió el asesor jurídico de los aborígenes de la sierra.
También hubo un equipo armado desde el ITESO, y otro más del CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social), “que destacó a un antropólogo para determinar culturalmente qué daño se produjo”.
Los peritajes serán concluidos en breve; la Sedeur también contrató una empresa para hacer lo propio. El juez decidirá sobre esa base de información. “Esperamos que esto va a ocurrir poco antes de que termine la actual Administración, y que quedará como un compromiso de la siguiente, reparar la ilegalidad que se produjo, pero también hay demandas penales, por la posible comisión de hechos ilícitos, de fraude de orden penal, y en ese sentido ya empezaron a llamar a declarar, al presidente de Mezquitic en ese momento, a la gente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas [CDI], o sea la gente que estuvo y que llevó hasta los extremos esta imposición a Santa Catarina”, como es el caso de las actas de asamblea falsificadas.
Otra denuncia más es por delitos ambientales, “en México está atoradísima, la PGR no lo avanza, recientemente una comisión de diputados le pidió cuentas a la dependencia”.
Pero no ha sido miel sobre hojuelas para los comuneros. Perciben una actitud castigadora del gobierno del estado; Tuapurie, además de perder un camino que era andable en términos aceptables, no ha recibido un bachillerato que se le tenía comprometido y en el gobierno estatal “siguen en la línea de no admitir acciones viciadas, acciones que vayan a destruir a la naturaleza, o acciones que vayan a terminar dividiendo a los indígenas”.
Lo que es indudable, apunta Chávez Reyes, es que la comunidad ha pagado ese costo para apropiarse de su desarrollo, y ese es el camino que ya siguen hacia el futuro.
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PRIVATIZAN” OTRO SITIO SAGRADO
A la par de Wirikuta, el lugar del nacimiento del mundo, al oriente de la sierra, el sitio sagrado ubicado al poniente, sobre el océano Pacífico, denominado Haramara o Isla del Rey, en el municipio de San Blas, Nayarit, enfrenta el embate de la privatización.
Casi cien hectáreas de la zona fueron concesionadas por la Semarnat a dos empresas, según acuerdos firmados por Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2011.
Se concesionaron 999,640.85 metros cuadrados de “terrenos ganados al mar” a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey, SA de CV y Desarrollos Turísticos Aramara, SA de CV.
Fue un año después cuando la Semarnat hizo algo por evitar que el centro ceremonial fuera clausurado en la tentativa privatizadora. Fue por medio del acuerdo “por el que se destina al servicio del gobierno del estado de Nayarit, la superficie de 83,042.13 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en playa Isla del Rey, municipio de San Blas, estado de Nayarit, con el objeto de que la utilice para uso de protección y centro ceremonial de las etnias de la entidad”, fechado el 27 de junio de 2012.
Este rescate, cuyos efectos jurídicos genera dudas entre los representantes de los wixaritari, se logró “mediante solicitud de destino recibida con fecha 20 de enero de 2012”, de parte de Roberto Sandoval Castañeda, gobernador nayarita, quien “pidió se destine la superficie de ubicación descrita en el considerando anterior, para uso de protección y centro ceremonial de las etnias de la entidad”.
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CLAVES
Del juicio ganado
El amparo 596/2008 fue promovido por las autoridades comunales de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, el 27 de febrero de 2008, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara
Señala como autoridades responsables al gobernador de Jalisco, a sus secretarios General de Gobierno y de Desarrollo Urbano, y a su director de Seguridad Pública; a los delegados federales de la Secretaría de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional, y a los ayuntamientos de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Bolaños, al norte del estado
El reclamo va, en el caso de las autoridades federales, por la “espuria acta de asamblea” del 9 de septiembre de 2007, con el que se pretendía convalidar un acto de expropiación de la zona de la carretera
En cuanto a las estatales y municipales, “la pretensión que tienen de privarnos de nuestra propiedad o de la posesión y disfrute de nuestras tierras”, con los permisos órdenes para ejecutar las obras de construcción carretera”, además de órdenes de desalojo contra los comuneros en plantón
A finales de 2008, se determinó que el asunto fuera entregado al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, creado ex profeso para apoyar “en el dictado de sentencias”. Ese centro se ubica en Culiacán, Sinaloa, y recibió el expediente el 31 de marzo de 2011
Una parte de los reclamos fueron sobreseídos, es decir, se determinó que se trataba de actos inexistentes. Pero se acreditó a la Sedeur de Jalisco la orden y permisos otorgados para la ejecución de obras a partir del kilómetro 70 con 400 metros hacia el norte, de la ruta Bolaños-Huejuquilla, hasta el km 89 más 580 metros, sin mediar notificación oficial, derecho de audiencia o defensa, es decir, en violación con las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política mexicana
Así, el juez amparó y protegió a Tuapurie por la ocupación ilegal de su territorio por parte de las autoridades demandadas, “para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla el Alto [...] que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban hasta
antes de la violación decretada”
La sentencia fue firmada por el juez Jorge Mercado Mejía, el 24 de junio de 2011
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