Empresa afectada interpuso ayer denuncias penales en la PGR contra Transportes Juan Pablo y ex funcionario de la gerencia en Guanajuato.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Procuraduría General de la República (PGR) recibió el pasado 6 de diciembre, dos denuncias penales: la primera, contra un ex funcionario público de Liconsa en Guanajuato, quien benefició con contratos de transportación de leche a una empresa en la que es copropietaria la familia de su cónyuge, Transportes Juan Pablo SA de CV, la estrella de este sexenio en ese tipo de contratos, la cual es objeto de la segunda querella.
Esa persona moral fue recientemente sancionada por la Secretaría de la Función Pública(SFP) por presentación de documentos falsos en un proceso de licitación, pero se trata de una suspensión de tres meses para participar en licitaciones, la cual se cumplió el pasado 5 de diciembre, lo que abre la posibilidad de participar en las licitaciones de transporte de leche, que se realizan este mes en todas las gerencias.
Rafael López Macías, el quejoso, denuncia a la empresa por sus actos “en la adjudicación directa celebrada del 1 de enero al 28 de febrero de 2014, y de la licitación pública LA-020VST015-N2-2014”, en donde participó activamente el subgerente de Administración y Finanzas del Programa de Abasto Social de Liconsa en Guanajuato, Óscar Alejandro Martínez Pedroza, quien tiene parentesco a través de su esposa con la empresa señalada.
El artículo 29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el artículo 48 de su reglamento “exigen que será requisito que los licitantes entreguen junto en sobre cerrado junto con su propuesta una declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 del mismo ordenamiento; estos disponen que no se podrán recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno a los participantes en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios”.
En ese sentido, Transportes Juan Pablo debió manifestarlo. Y el funcionario aludido debió aclararlo y pedir ser puesto al margen.
¿Cuál es el interés jurídico de la empresa quejosa? “Mi representada, la persona moral Transportes Lema, SA de CV, de San Juan de los Lagos, Jalisco, había venido prestando en diversos periodos el servicio de recolección y transporte de leche”. El último contrato finalizó en diciembre de 2013. La queja es que eso fue para favorecer a la denunciada.
“Entre los años de 2013 y 2014, Oscar Alejandro Martínez Pedroza estuvo involucrado de manera activa y presidiendo la convocatoria, junta de aclaraciones, apertura, fallo y otorgamiento, administración y vigilancia del otorgamiento de los contratos de la dependencia señalada. Posteriormente, mediante oficio número PASGTO/GP/OGP/010/2014 LICONSA, se nos comunicó que se adjudicó de manera directa el contrato para la prestación del servicio de transportación y recolección de leche fresca de los distintos centros de acopio ubicados en el Estado de Guanajuato a las gerencias Metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal Valle de Toluca a la sociedad Transportes Juan Pablo por un periodo comprendido del 1 de enero al 28 de febrero de 2014”.
A esa fecha, los accionistas y fundadores de Transportes Juan Pablo, S.A. de C.V. eran los señores José de Jesús Muñoz Montero y la señora Cecilia Pérez Jiménez, la cual “es pariente consanguíneo de Laura Ivette Padilla Pérez, quién es la cónyuge de Óscar Alejandro Martínez Pedroza […] en términos claros, existía interés familiar e interés personal de uno de los servidores públicos involucrados en las contrataciones con la empresa en comento”.
Al término del plazo de la adjudicación, “se convocó y adjudicó a Licitación Pública Número LA-020VST015-N2-2014, mediante contrato de prestación de servicios el 26 de febrero de 2016, de nueva cuenta con la sociedad Transportes Juan Pablo, por el periodo comprendido del 1 de marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2014, siendo relevante señalar que los costos de su propuesta eran 30 por ciento más elevados que las demás propuestas”.
A Martínez Pedroza se le fincó responsabilidad administrativa y se le destituyó e inhabilitó por resolución del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en Liconsa, el 15 de abril de 2016, por un año. Transportes Juan Pablo tuvo sólo una suspensión temporal de tres meses por datos falsos, pero los demandantes reclaman se vaya a fondo en todos los casos, pues en Jalisco tiene un contrato similar también “plagado de anomalías”.
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Liconsa Jalisco “está blindado”
AC / Guadalajara
Los tratos con Transportes Juan Pablo SA de CV, que ostenta el contrato de entrega de 900 mil litros de leche que diariamente procesa Liconsa en Jalisco, han sido transparentes y legales, asegura la paraestatal.
Francisco Javier Guerrero Silva, José Ángel Osuna, Jaime López de la Cruz y Raúl Vázquez García, respectivamente subgerente de captación, jefe de unidad de centros de acopio, subgerente de Administración y Finanzas, y subgerente de Producción y Mantenimiento, dieron a conocer a MILENIO JALISCO la postura en torno a la denuncia por presuntos malos manejos a favor de esa empresa, que ya tiene expedientes de responsabilidad corroborados en el caso del vecino estado de Guanajuato.
En particular, la Secretaría de la Función Pública ha abierto un expediente de investigación tras las denuncias de una empresa perjudicada con el proceso de licitación de este año y con la posterior adjudicación directa, pese a que se había suspendido por irregularidades (ver edición del 2, 3 y 4 de diciembre de este diario).
La explicación de Guerrero Silva: “el 1 de marzo de 2016, se llevó a cabo el proceso de licitación; el 15 de marzo se emitió el fallo correspondiente; en este procedimiento se requirieron ciertos candados digitales, y que los camiones reunieran ciertas características, con la intención de prevenir el robo de leche, que es problema en otros lugares, o bien, que nos quieran dar agua con leche; entonces pedimos cosas a lo mejor fuera de lo ordinario, y es hasta obvio que quienes no lograron sacar adelante su propuesta se sientan perjudicados"
Añadió: “hay quienes no cumplen con los requisitos, y te dicen, los requisitos son excesivos, son inalcanzables, pero nuestro objetivo es que sea leche segura […] uno de los afectados promueve un amparo, y el día 29 de marzo se otorga una suspensión por parte de un tribunal colegiado; el 13 de abril le llega la resolución al colegiado, y a nosotros hasta el día 19 de mayo […] nosotros nos enfrentamos en esa situación a la necesidad de obedecer por un lado la resolución de un juez de distrito, y por otro lado, tampoco podemos dejar de prestar el servicio, que es un abasto social muy importante para la sociedad…”.
La decisión fue emitir un documento “de suspensión de servicios; es decir, a las personas que fueron beneficiadas con la licitación se les dijo que, en cumplimento con una orden judicial, se supendía el servicio en acatamiento; no se firmó ningún documento y ningún contrato para la prestación del servicio”; eso se genera el 24 de mayo; pero ante el riesgo del colapso del servicio, se acogieron a “excepciones que nos permite la ley”, y se procedió a una adjudicación directa… a los mismos beneficiados impugnados.
“Se hace un análisis de quiénes sí son los que cuentan con esas características de seguridad que pedimos, y efectivamente, un grupo reunió esos requisitos, el grupo que había sido beneficiado, no había nadie más, por eso se le asignó”, secunda Osuna.
Justo a este segundo funcionario se le señala en un correo electrónico no oficial como presunto “maquillador” de la adjudicación directa, al pedir a los invitados a presentar propuestas, que establecieran precios ya determinados y con una fecha anterior. Los funcionarios duran de la autenticidad de ese documento entregado a la SFP, pero prometen investigar y tomar medidas.
- ¿Pero ustedes ya sabían que Transportes Juan Pablo arrastraba fuertes problemas legales en Guanajuato?
- Sí, en Guanajuato. Pero cada gerencia es autónoma, es independiente; desconocemos qué pasó allá, qué acciones o conductas irregulares […] ellos hicieron todo su trabajo de forma legal cubrieron los requisitos, e incluso nos lo avalaron las autoridades supervisoras […] independiente de lo que haga la SFP, nosotros ya empezamos un procedimiento de investigación, tenemos que respetar el derecho de audiencia del funcionario que es supuesto dueño del correo, pero reitero que es un correo personal, y cualquiera de sus acusadores podría haberlo fabricado…
Por cierto, el correo señalado en la “fe de hechos” que acompaña a la denuncia contra Liconsa Jalisco, es el mismo al que se comunicó este diario en busca de la respuesta del funcionario señalado, Raymundo Valdez Valadez. Y fue el medio por el cual envió su respuesta, negando saber detalles del señalamiento. El proceso de investigación apenas arranca.
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Claves
Jalisco es el principal productor de leche del país: 5.7 millones de litros
Cuenta con más de 14 mil productores; el promedio de hato por unidad de producción es de 57 vacas
El porcentaje de su aportación nacional es de 17%
900 mil litros diarios es lo que adquiere Liconsa Jalisco a sus productores; sólo le supera Sello Rojo (Lechera Guadalajara) con 1.2 millones de litros al día
Fuente: Liconsa Jalisco
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