La controversia constitucional que invalida la presa a 105 metros de altura, podría ser rebasada con un nuevo acuerdo avalado por mayoría de diputados.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La fracción legislativa del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) hizo un “regalo envenenado” al movimiento cívico que busca evitar la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y en esencia, impedir que el agua de la región alteña sea parcialmente tomada por la ciudad de León, en Guanajuato: sus diputados locales sacaron adelante un punto de acuerdo en el cual se exhorta a negociar un nuevo convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para replantear el uso de las aguas superficiales del río Verde, en sustitución del vigente, firmado en 2005, que impide edificar El Zapotillo por arriba de 80 metros.
En teoría, este acuerdo permite desatorar la legalidad de la obra, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 93/2012, determinó que el convenio de 2007, con la cortina a 105 metros de altura, era ilegal, pues no se consultó al Congreso local, lo que dejaba sólo la posibilidad de aplicar el convenio de 2005, que establece una cortina de 80 metros, o bien, hacer un nuevo convenio donde se observaran todas las formalidades para evitar que fuera impugnado; esta segunda posibilidad es la que se acaba de abrir.
Como el discurso del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz ha sido de proteger los intereses de los alteños, era inviable que fuera la fracción del PRI la que propusiera el nuevo convenio, pues eso significaba que había dobleces en la actuación del mandatario, pero ese costo político, en caso de que derive en la temida “legalización” de la presa alta, será pagado de forma compartida por priistas y pemecistas, las dos instituciones políticas que concentran la mayor parte de la confianza electoral de los jaliscienses en los últimos seis años.
“Nosotros advertimos que era abrir una caja de pandora, pero los diputados del MC aseguraron que ellos saben de política y que en todo caso impedirían con sus votos que el PRI aprovechara la coyuntura para legitimar la obra. La cuestión es que MC no tiene mayoría absoluta y están peleados con el PAN por los hechos recientes de Guadalajara, el cual, por otro lado, siempre ha defendido la presa”, señaló un activista cercano a las negociaciones.
El acuerdo legislativo “mediante el cual de manera atenta y respetuosa se solicita al titular del poder Ejecutivo del estado de Jalisco y al titular de la Conagua, a avocarse a resolver la indefinición actual que padece el estado de Jalisco sobre el uso y aprovechamiento real del volumen de agua del río Verde que le corresponde a esta entidad federativa”, fue presentado el pasado 18 de febrero, y aprobado en el pleno el 25 de febrero pasado.
Si bien, plantea dar prioridad a los intereses de Jalisco y exige que el Observatorio del Agua sea consultado por el gobierno, la principal objeción de los grupos que defienden a los alteños es que no sólo se abre la posibilidad de que el grupo promotor de las obras de agua, cuya cabeza visible es el titular de consejería del gobernador, Enrique Dau Flores, logre ajustar el convenio para que el Congreso saque adelante un convenio similar a 2007, con apoyo de los votos del PRI, del PAN y del Verde, con lo que alcanzaría la mayoría; sino que se trata de un acuerdo que no va al fondo de la discusión: cuestionar los decretos presidenciales de 1995 y 1997, que fundamentan los derechos de Guanajuato sobre una cuenca que está 98 por ciento fuera de su territorio, de acuerdo a un análisis entregado a MILENIO JALISCO por el Colectivo de Abogados.
En el convenio vigente, de 2005, se señala que “mediante decretos del Ejecutivo federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995 y 17 de noviembre de 1997, se declaró la reserva de las aguas nacionales superficiales del río Verde para usos domésticos y público urbano, por un volumen anual máximo de 491 millones 976 mil metros cúbicos, correspondiendo 119 millones 837 mil m3 al estado de Guanajuato y 372 millones 139 mil m3 al estado de Jalisco”.
Los decretos de los años noventa fueron hechos con datos obsoletos (1950-1981) que no representan la realidad de la región hoy, afectada ya por el cambio climático, objetan. En ese sentido, la exportación de aguas a la ciudad de El Bajío es una amenaza de colapso ambiental y social regional.
Convenio de 2005, para León
El convenio de 2005, vigente, señala en su cláusula tercera: “el estado de Jalisco manifiesta su conformidad para que la Comisión Nacional del Agua, de manera conjunta con ‘los Estados’, elabore los estudios, proyectos y obra para la presa en el sitio Zapotillo y el Acueducto de la presa Zapotillo a León”. Además, “la Conagua y el estado de Guanajuato aportarán los recursos necesarios para construir el sistema Zapotillo-León que permita aprovechar para la ciudad de León un volumen anual máximo de 119 millones 837 mil m3. La inversión marginal para regular y conducir los caudales, por un volumen anual máximo de 56 millones 764,800 m3, por la línea principal para ser aprovechados por las localidades de Los Altos de Jalisco será cubierto por la Conagua”.
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