Comuneros disidentes denuncian ante el diputado Augusto Valencia un negocio millonario que está cercando cada vez más al área protegida Nixticuil-El Diente-San Esteban.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Comuneros de San Esteban denunciaron a su comisario de bienes comunales por vender ilegalmente 90 hectáreas de la superficie que les fue reconocida y titulada, justo en el área del bosque del Nixticuil, y señalaron como beneficiados a grandes fraccionamientos como Mirasierra, La Cima, Río Blanco, Sendas Residencial y La Cantera.
Se trata de negocios propiedad de Raymundo Gómez Flores y las familias Leaño, García Arce y Errejón Alfaro, algunos de ellos cercanos al político de Movimiento Ciudadano, en especial, los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus.
No obstante, los quejosos contaron con el apoyo del hoy diputado y ex regidor de ese partido, Augusto Valencia, para presentar a los medios las evidencias de los malos manejos de las tierras de la comunidad.
“Hay una serie de fraccionamientos que están presionando esta área natural protegida; este fin de semana estuve con pobladores de El Tigre II, en asentamientos que les faltan las escrituras, y ya se puede ver esta mancha de desarrollo amenazante (…) los comuneros se han inconformado porque han tenido falta de representación, y hay un fideicomiso que ha ido generando toda una bolsa de recursos para manejar una cantidad de predios muy importantes, pero los propios comuneros han sido víctimas de decisiones que les están arrancando su propio territorio, en actos de corrupción que han ido documentando”, señaló el legislador, en conferencia de prensa.
Y si bien, el alcalde Lemus Navarro se comprometió a no dar nuevos permisos, “el problema fue en la administración anterior (…) por eso, tenemos que demostrar las irregularidades; el problema es que ellos(los comuneros quejosos) están contra la pared, y los han ido despojando”, añadió.
Al respecto, el comunero Miguel Esteban aseguró que “nuestros terrenos están en zonas protegidas, hay varias inmobiliarias que se están dando a la tarea de querer fraccionar esas zonas, entonces por eso venimos aquí, para que se refuercen los apoyos a los decretos, los que se habían acordado (…) son 90 hectárea las que las inmobiliarias quieren desarrollar. El terreno todavía está virgen ahí, pero tenemos noticias de que ya quieren fraccionar, están haciendo gestiones ante el ayuntamiento de Zapopan para los permisos de construcción, es el motivo por el que estamos aquí, para que no se den esos permisos”.
El desorden es completo, agregó: “hay muchas fincas de personas que no son comuneros, que andan comprando terrenos, no sé a quién se los compren; les dan permiso de construcción con una constancia que el comisariado, Carlos Carrillo, les expide; eso es un negocio del comisariado, porque legalmente no sirve, los terrenos de esta comunidad ya están certificados y quedaron en uso común para 125 comuneros”. Las tierras de uso común, según la Ley Agraria vigente, no pueden ser aparceladas ni fraccionadas.
Por su parte, Pablo Díaz Meza, también comunero, lamentó el tráfico informal de tierras comunales, pues “una comunidad indígena no se puede vender porque así lo dice el decreto presidencial, que no puede venderse; pero ahorita la comunidad está desapareciendo en la parte donde estamos, más que nada y casi nos están acabando porque están vendidos, y resulta que los compañeros comuneros han sido engañados a través de un acta de asamblea donde se les dice que es para una cosa, y se aprueba otra cosa en la asamblea, entonces (…) nos están acabando con todo y nuestros títulos virreinales; incluso hay partes donde el ayuntamiento no interviene para nada, para parar las obras que se están haciendo en la zona, y al rato va a ser un problema, hasta muertes puede haber y no están haciendo nada”.
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