El gasto público en lo ambiental es irrenunciable

El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana, destaca que Centroamérica invierte más de su PIB en medio ambiente que México

Agustín del Castillo / Guadalajara. El Diario NTR Guadalajara

No pueden renunciar los gobiernos a invertir recursos del erario en lo ambiental, pues se trata de bienes públicos que deben beneficiar a todos porque son el eje del desarrollo, lo cual no puede ser garantizado por la gestión privada. Esto destaca la grave omisión que significan ya cinco presupuestos federales a la baja en el tema, desde 2015, advirtió el coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana Castellón.

“Por definición lo privado implica el control individual de un recurso o propiedad (mi casa, mi coche, mi rancho, mi dinero) para asegurar el bienestar individual y de mi familia y herederos. La dimensión pública implica el bien común, es decir, de toda la comunidad, de mi colonia, de mi municipio, de mi estado, de mi país. En lo público se busca el mayor beneficio para el mayor número de personas por la mayor cantidad de tiempo”, destacó en entrevista con El Diario NTR.

“Mientras el gasto privado se usa en lo que la dueño quiere, le haga o no le haga daño a terceros, el gasto público se debe definir mediante procesos democráticos participativos, tomando en cuenta las necesidades y opiniones de múltiples actores. Las sociedades humanas han avanzado gracias al gasto público, cuya inversión inicial en algunos casos es posteriormente continuada por privados a quienes algunas sociedades les otorga derechos para usar los resultados públicos de forma privada. El gasto público en tecnología de guerra, el gasto público en desarrollo de proyectos espaciales, el gasto de investigación en universidades públicas con financiamiento de instancias públicas, son ejemplos de tecnología desarrollada de forma pública que posteriormente se privatizó otorgándole los derechos de generar plusvalía a los nuevos dueños privados”, argumentó. Es el caso del internet, de tecnología de computadora, de los superconductores, por citar unos casos.

“Por ser a veces la iniciativa privada más eficiente que la pública en generar productos, algunos plantean que la privatización de lo público es positiva. Pero con la privatización la sociedad pierde control de los procesos para conducir su futuro. Cuando, como ocurre hoy en día, en que 82 por ciento de la riqueza generada en 2018 fue apropiada por 1 por ciento de la población del planeta, y 3.7 mil millones de personas más pobres, no vieron aumento alguno a su riqueza”, y además, “26 individuos tuvieron el año pasado la misma cantidad de riqueza que 3.8 mil millones de personas”. Es un contexto desigual, en el que “ni funciona la democracia ni se puede generar sistemas que cuiden el bien común; por el contrario, esto genera daños sociales”.

El ambiente, como el transporte, la salud, las carreteras, la comunicación y la educación, “es un área que requiere la inversión pública y también la conducción pública. Las grandes áreas nacionales y mundiales de producción de beneficios ecosistémicos como producción de agua, control de inundaciones, estabilizar el clima, proveer alimentos y medicinas, entre otros, no pueden ser manejadas como recursos privados; al contrario, como benefician a muchos deben ser pagados y manejados por los muchos que se benefician”. En ese contexto, “los privados, que contaminan el agua y el aire o destruyen la biodiversidad, le causan daño a sus vecinos, a sus compatriotas. Se requieren leyes y regulaciones, acordadas de forma democrática con la adecuada participación, para asegurar que la generación de bienestar para los privados no genere perjuicios a terceros. Hoy en día entendemos lo suficiente de economía y de ecología, para cuantificar los daños y los costos de la degradación ambiental tanto a la salud como a la economía”.

El ecólogo, experto en aves y fuertemente vinculado a la lucha social por la naturaleza y el clima, subrayó: “así como López Obrador comparó el salario de los maestros de México con los de América Central, también puede percatarse que Perú, Panamá, Honduras y Guatemala gastan desde dos a cuatro veces más de lo que gasta México en el tema, medido como porcentaje del producto interno bruto (PIB)”.

Julia Carabias, la ex secretaria de Medio Ambiente, analiza como en el periodo 2015-2019 la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 61por ciento; para la Comisión Nacional Forestal la caída fue de casi 70 por ciento, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua el ajuste alcanzó 60 por ciento a la baja.

“Para el año más reciente del que se dispone de información, 2017, los gastos en protección ambiental (GPA) alcanzaron el equivalente de 0.6 por ciento del PIB, según las Cuentas Económicas y Ecológicas de México que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales”. Es decir, el déficit de inversión es enorme.