Defienden bajo impacto en el río Los Horcones

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El Grupo Hidrogenerador de Occidente, responsable del proyecto de central mini hidroeléctrica Las Juntas, en el río de Los Horcones, defendió ayer la viabilidad ambiental del proyecto, tras entregar documentos a NTR Guadalajara sobre trámites realizados durante 10 años. Asegura que no necesitaba manifestación de impacto ambiental porque apenas modifica el suelo sobre un cuarto de hectárea, y por eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le eximió el trámite.

“El proyecto, con una capacidad de generación de 2.95 megawatts (MW), y generación estimada anual de 17 mil 500 MWH, suficiente para el abastecimiento de casi 6 mil viviendas, consiste en la utilización de la fuerza del agua en el río, para convertirlo en energía totalmente limpia”, destaca en una nota informativa. La empresa se considera sorprendida con la oposición de moradores de la zona sur de la bahía de Banderas, y destaca que la clausura total temporal que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “no tiene elementos fundados”, más allá de la duda de si se tienen todos los permisos, de acuerdo a lo que declararon los inspectores del organismo durante el procedimiento (ver NTR, 31 de enero de 2019).

La explicación del bajo impacto ambiental es que “se trata de una central tipo ‘al filo del agua’, en la que se utiliza el agua corriente por el río sin contar con un embalse tipo requerido por las grandes hidroeléctricas, por consiguiente, no existen afectaciones por la inundación de áreas con importancia ambiental y ecológica, por lo tanto, tampoco se requiere la construcción de grandes cortinas”.

Habrá un dique de 2 metros de altura, que a decir de la empresa, es pequeño si se consideran que el río tiene caídas de agua de 8 a 10 metros, es decir, “no hay alteraciones a los flujos ecológicos y nunca dejará de correr agua por el río”.

QUÉ DICEN LOS DOCUMENTOS

De acuerdo al trámite realizado ante la Semarnat, se construye una represa derivadora “de menos de 100 mil metros cúbicos”, una tubería de conducción hidráulica de 3 kilómetros de longitud que correrá a la orilla de la carretera federal 200, y la propia planta de hidrogeneración. El desplante de vegetación ya se hizo completamente en zona federal y no requirió más que el permiso del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues se trata de la servidumbre de la carretera.

La exención del trámite de impacto ambiental para la represa fue otorgada por la delegación Jalisco de la Semarnat el 8 de junio de 2010 (oficio SGPARN.014.02.01.01178/10); la relativa a la tala de árboles en la carretera sobre el derecho de vía, data del 25 de junio de 2018 (oficio SGPARN.014.02.01.01518/18).

“Nuestro proyecto no significa un daño al paisaje o a la calidad del agua; estamos perfectamente legales en cuanto a los permisos federales, contamos con las concesiones y licencias de construcción de la Comisión Nacional del Agua y del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, por lo que exhortamos a la sociedad vallartense a que se informe con nosotros para que vea que no deben temer efectos negativos, sino por el contrario, la gran oportunidad de generación de energía limpia”, sostuvo el Grupo Hidrogenerador de Occidente.

Los opositores al proyecto denunciaron hace una semana: “Según nuestras estimaciones, el río quedará seco la mayor parte del año excepto la temporada lluviosa; ya que desviaría hasta la última gota de agua hacia la tubería (…) cuando se les pidió mostrar permisos, (dijeron) que no estaban obligados a hacerlo. Sólo mostraron una lista de permisos que supuestamente se presentaron ante agencias locales y federales. La lista no incluía una manifestación de impacto ambiental (MIA) ni la evaluación de impacto social (evis)”. Hoy, la obra permanece cerrada. La empresa urge a que se corrija la medida, a su juicio, mal sustentada.

Algunos permisos

Título de concesión 08JAL138533/13EAOC11 en la Conagua

Permiso de construcción, folio 4492, en Conagua

Exenciones de MIA para represa y cambio de uso de suelo forestal (descritas en la nota) ante Semarnat

Permiso E/1502/AUT/2015 en la Comisión Reguladora de Energía

Permiso número JAL-IM-1162 en el Centro Jalisco SCT

Fuente: Grupo Hidrogenerador de Occidente

UN APUNTE OBLIGADO: TITO LUGO Y EL PERIODISMO EN JALISCO

Agustín del Castillo / Guadalajara

El pasado mes de marzo de 2016, la Asociación Mexicana de Hidráulica, capítulo Jalisco, que preside el ingeniero Guillermo Vargas Rojano, me invitó a dar una plática en un ciclo de conferencias en torno al agua, para poner en claro ante sus agremiados el papel de los medios de comunicación ante los conflictos que por el tema se dan en el país. Titulé mi intervención -que fue tal vez el 14 de marzo, al filo de la noche-, “Periodismo y los conflictos del agua, una agenda urgente”. Entre quienes me escuchaban se encontraba el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias, a quien conozco desde hace dos décadas y media y de quien siempre he tenido deferencias profesionales y un respeto irrestricto a mi trabajo como comunicador.

El día de ayer, al comparecer ante los diputados de la Comisión Especial del Agua, creada ex profeso para afrontar la crisis política y social desatada por la disputa de las aguas del río Verde, el funcionario se ha encargado de recordar mi punto de vista sobre el tema.

En esa aportación mía a las conferencias, recordé ante los ingenieros y administradores del agua una frase que le ha quedado muy nítida en la memoria al titular de la CEA Jalisco, y que en realidad es autoría del periodista argentino Horacio Verbitsky. La repito una y otra vez ante la urgencia de que la institución periodística no pierda la brújula sobre su papel esencial, que no es ser soporte y legitimador de los proyectos del poder, por más buenos que estos sean; sólo en la medida en que los periodistas lo recordemos, estaremos en posibilidad de mantenernos como un contrapeso de los poderes institucionales y fácticos, aquello que ha descrito recientemente Diego Petersen -a propósito de los frecuentes desencuentros de Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, con los medios de comunicación locales-, como “los perros guardianes de la democracia” (http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/06/27/es-el-tonito/), una vieja receta que en México ha sido especialmente complicada de cristalizar por la histórica colusión de prensa y poder que nos heredó el viejo PRI, y del que sus sucesores quieren echar mano como si fuera el patronato que el papado le concedió a la monarquía española sobre la iglesia católica, reclamado en el México independiente por gobiernos confesionales, laicos e incluso antirreligiosos... o sea, como si fuera parte inherente de la función del Estado, que no cree en la patraña esa de la “prensa libre” y siempre ve a un conspirador político detrás de esos fuegos vertidos por la libertad informativa (casos recientes: la cobertura de Mural de los antecedentes criminales del hoy ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia Carlos Vega Pámanes, o la cobertura crítica de los controles de confianza del jefe policiaco tapatío Salvador Caro Cabrera por Milenio Jalisco).

El caso es que hice mía en esa presentación la ruda y esencial definición de periodismo de Verbitsky. Periodismo “… es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?” (en “Un mundo sin periodistas”).

El pasado 27 de octubre, saludé a Tito Arias previo a una reunión de trabajo sobre desarrollo urbano en Casa Jalisco, que presidió la titular federal de ese tema, la ex regente capitalina Rosario Robles Berlanga. En esa ocasión, al lado del urbanista Francisco Pérez Arellano, el director de la CEA me recordó los puntos de mi plática de marzo, en tono que iba de la ironía al reproche, y particularmente dijo algo que me obligó a corregirlo: que yo había dicho que el trabajo de la prensa era generar conflictos porque vivimos del conflicto. Yo le dije, palabras más o menos: “no, no creamos conflictos, los encontramos; las sociedades democráticas viven inmersas en el conflicto y es nuestra tarea identificarlos y convertirlos en tema de discusión y debate por el bien de esa misma sociedad”.

Ayer, en palacio de gobierno, Lugo Arias ha vuelto a esa idea. Dijo: "Yo siento que eso nos ha afectado en Jalisco desde hace mucho, porque los medios de comunicación crean conflictos, fomentan el debate, informan lo que supuestamente se oculta, crean controversia y no son amigos de nadie […] la cuestión mediática que ha creado un punto de opinión negativa en la sociedad nos tiene en estas circunstancias” (ver http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=985819&md5=b8ec38b5e0b1023fe7bbdeba408e6852&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe).

El resumen que ofrece Mural parte de este primer párrafo: “Si no ha habido un avance en el tema de abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara, es porque los medios no lo han permitido”. Sigue: “El Comisionado Estatal del Agua insistió en que la sociedad, los políticos y los medios de comunicación son los causantes de que los proyectos como El Zapotillo no se lleven a cabo…”.

Peligrosas conclusiones, porque hace parecer que los medios de comunicación son enemigos de que la sociedad funcione bien. Y parece un guiño nostálgico a esos tiempos en que lo que se dictaba desde la presidencia de la república, o el palacio de gobierno, o el palacio municipal, se acataba, y todo era armonía y eficiencia: los desplazados eran un mal necesario pero casi nadie hablaba de ellos. Los efectos ambientales y económicos como los que afronta la meseta alteña con el trasvase de El Zapotillo a León ni siquiera formaba parte del sistema de cuentas y saldos de los proyectos.

Lástima que un ingeniero tan capaz como Tito Lugo no reconozca que la base de un sistema democrático es la discusión, que los datos de un proyecto incluyen territorio y sociedad, y no como antes, que pendían sólo de la decisión de élites, y que hoy nadie tiene de antemano el poder de imponer nada. O no debería. Pero si se considera el renovado prestigio de modelos autoritarios tipo Sudamérica o la retórica agresiva contra los medios del nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tal vez él está bien y nosotros mal en la interpretación de los tiempos históricos. Lo que refuerza la percepción de que vienen tiempos difíciles para las libertades básicas en este hemisferio.

No está de más recordar la manida frase del vizconde de Chateaubriand, premisa básica de las sociedades democráticas que nacieron tras la revolución francesa. “La libertad de prensa es el fundamento de todas las libertades […] prefiero la libertad sin Constitución a la Constitución sin libertad”. Lo primero que suprimen los dictadores es la libertad de prensa y caen como dominó todas las demás. Porque en materia de libertad, incluso para la más primaria, la de pensamiento, no debemos olvidar: si no se puede decir, no existe.

Megacontrato de Conagua a INAP… para revisar presas

El Instituto Nacional de Administración Pública, histórico apéndice del PRI, recibió casi 150 millones de pesos para una supervisión de El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), asociación civil expresamente dedicada a mejorar la labor de gobiernos, pero históricamente ligada a la formación de cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió de parte del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un contrato sorprendente: casi 150 millones de pesos para “seguimiento técnico, administrativo y normativo de las obras relativas a la construcción de la presa y acueducto del sistema El Zapotillo”, no obstante el carácter específicamente de ingeniería de ese proyecto.

Se trata del convenio “específico de colaboración número CNA-OCLSP-DADPS-09-03-CC”, que si bien, data del 31 de agosto de 2009, apenas se hizo público a través de un proceso de transparencia promovido. El monto pactado en ese documento, firmado por el entonces director del organismo de cuenca, Raúl Antonio Iglesias Benítez, y el presidente del consejo directivo del INAP, José Rafael Castelazo de los Ángeles, asciende a 149 millones 741,517 pesos que se debieron erogar en los años fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.

¿Qué debía hacer esa entidad cuya especialidad no es la ingeniería y cuyas cuentas son frecuentemente atacadas de opacidad? Según el documento, debía establecer una “gerencia externa” para las obras de la cortina artificial sobre el río Verde, y el tendido del acueducto que todavía en 2016 solamente se pretende hacer entre la presa y la ciudad de León, Guanajuato.

El convenio específico de colaboración abarca siete acciones: seguimiento técnico, administrativo y normativo del proyecto y la construcción de la presa El Zapotillo; seguimiento técnico-legal, administrativo y normativo “a los trabajos de tenencia de la tierra en la zona de afectación de la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato”; macrodistribuidor y tanque de entrega; seguimiento técnico, administrativo y normativo de los proyectos presa Arcediano y acueducto obra de toma-Guadalajara y saneamiento de la zona conurbada de Guadalajara; equipos de transporte requeridos, “incluye mantenimiento y conservación”; instalación, mantenimiento y operación el sistema de monitoreo web para avances del proyecto presa El Zapotillo”; y “apoyo a trabajos fuera del área de influencia del proyecto” (sic).

La historia de varios de estos proyectos es de sobra conocida: Arcediano, al pie de Guadalajara en la barranca del río Santiago, fue cancelada por su alto costo de forma oficial en octubre de 2009, pero ya sonaban en agosto insistentes rumores de esa posibilidad (ver MILENIO JALISCO, 15 de junio y 6 de septiembre de 2009); en el caso del resto, se pospusieron en su mayor parte, y de hecho, apenas existen hoy unos cuantos metros del acueducto en el estado de Guanajuato.

No obstante, el contrato a favor del INAP estaba blindado: “Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños o perjuicios que pudieran darse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente cuando el desarrollo de los trabajos sea interrumpido por movimientos sociales, en el entendido de que en tal caso, las partes de común acuerdo tomarán las medidas necesarias para evitar daños tanto a ellas como a terceros”.

Solamente el final de los proyectos lo habría echado abajo, cosa que no sucedió más que en el caso de la presa de abastecimiento para Guadalajara; lo que no ha sido transparentado es si efectivamente se pagaron las remesas a lo largo de estos poco más de tres años, conforme a lo determinado en el convenio:

En 2009, 13 millones 336,802 pesos; en 2010, 46 millones 489,636 pesos; en 2011, 51 millones 274,642 pesos, y en 2012, 38 millones 640,436 pesos, para totalizar 149 millones 741,517 pesos.

Tampoco se conocen los “productos” de este contrato cuyo monto hace palidecer por “modesta” la cuestionada asignación del gobierno de Jalisco a la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (Unops), que ha sido impugnada por vía administrativa y judicial por organizaciones de la sociedad civil (ver ediciones del 17 y 18 de agosto de 2016).

Paralelamente al convenio con el INAP, la Conagua realizó la contratación de “servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obras”, es decir, en algunos puntos había traslapamiento de obligaciones con el convenio del INAP. Se trata del contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, firmado cuatro meses después del primero: el 3 de diciembre de 2009.

En este caso, son empresas que sí están en el ramo de ingeniería: Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, SA de CV, y Oestec de México, SA de CV. En específico, se contrata “supervisión técnica, financiera y de control de calidad de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción de la presa de almacenamiento El Zapotillo”, specto muy semejante a una de las tareas del convenio con el INAP.

Los trabajos son paralelos: van del 4 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2012. El monto es de 66 millones 122,584 pesos. Tampoco se conocen los productos de este segundo contrato.

Claves

Ser un centro de estudios superiores y de pensamiento especializado reconocido a nivel nacional, regional e internacional en Administración Pública, así como de consulta para las personas e instituciones interesadas en la materia.

Contribuir a la formación de profesionales de la Administración Pública, de manera que sean promotores del cambio institucional.

Ofrecer educación superior especializada de calidad con equidad e inclusión, en el ámbito nacional e internacional, para generar un liderazgo de prestigio con base en la innovación, desarrollo y aportaciones relevantes para las tareas de gobierno y de la Administración Pública.

Promover la profesionalización de los servidores públicos para responder a las necesidades y demandas de las instituciones públicas y contribuir al desarrollo nacional.

Fortalecer y apoyar técnicamente las acciones y programas de los organismos.

Impulsar la calidad e innovación constante en la Administración Pública.

Promover y apoyar los procesos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, ética pública y corresponsabilidad social.

Promover en la Administración Pública una perspectiva sistémica que implica lo multidisciplinario y multisectorial.

Impulsar y coadyuvar en los procesos de innovación y desarrollo, científico y tecnológico de los Entes.

Contribuir a la aplicación de las políticas de gobierno abierto, gobierno digital, equidad de género y democracia participativa, sustentadas en las tecnologías de la información y la comunicación.

Coadyuvar en el mejoramiento y desarrollo de las instituciones de la Administración Pública, considerando la colaboración del Sistema INAP

Fuente: Estatuto del INAP(www.inap.mx)

Chalacatepec: con agua del mar… o de otro acuífero

La Conagua sugiere que se obtenga agua de mar y se desalinice, pero los desarrolladores tienen una respuesta distinta: traer el agua de la cuenca media-baja del río San Nicolás.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El megadesarrollo de Chalacatepec o Desarrollo Vistas, en Tomatlán, en el que el fondo de pensiones de los trabajadores de Jalisco tiene invertidos más de 50 millones de dólares, tendrá necesidades de agua que rebasan amplimente la disponibilidad del acuífero sobre el que está ubicado.

La Conagua ha sugerido que se obtenga agua de mar y se desalinice para obtener 3.5 millones de m3 anuales, pero los desarrolladores tienen una respuesta distinta: traer el agua de la cuenca media-baja del río San Nicolás, en el límite con La Huerta, en un proyecto cuya ejecución ya ha comenzado y cuyo potencial es de 17 millones de m3 anuales, sin afectar ninguna de las concesiones existentes en la zona.

"El acuífero Tomatlán clave 1424, pertenece a la región hidrológico administrativa Lerma Santiago Pacífico, se encuentra sujeto a veda para el alumbramiento de las aguas subterráneas emitida por el Ejecutivo Federal, publicada el 21 de septiembre de 1984 en el Diario Oficial de la Federación", señaló la Conagua al ser consultada por la Semarnat federal, en el marco del dictamen de impacto ambiental, emitido en junio pasado.

El proyecto demandará 650 mil m3 de "aguas claras" anuales, es decir, agua potablepara 4,600 cuartos. "En el supuesto de que el agua potable que se entregará en las habitaciones del desarrollo, que se reporta será potabilizada por ósmosis inversa, proceda del acuífero, se puede concluir del análisis [...] que no existe disponibilidad suficiente para otorgar concesión para el autoabastecimiento. Es preciso señalar que el promovente no presenta copia de la concesión para el aprovechamiento del agua subterránea y la concesión no fue localizada en el Registro Público de Derechos de Agua. Para que el desarrollo sea factible en su abastecimiento de agua, tendrá que realizar un proyecto en el que proponga la desalinización de agua salobre o salada procedente del mar de entre 3 y 3.5 millones de m3 que representa un gasto instantáneo de 95 a 110 litros por segundo", añade el oficio del organismo.

Los promotores, sin embargo, han volteado al río San Nicolás: allí se descubrió un manto subterráneo intocado en la parte media de la cuenca, que tiene agua para abastecer no solamente al desarrollo de 1,186 hectáreas, sino incluso varios módulos para los agricultores del ejido José María Morelos.

Desde tres años atrás, se hicieron sondeos en el sitio y primero se detectaron pozos con problemas de intrusión salina; "ampliamos la investigación durante más de un año, y llegamos hasta el río San Nicolás en la parte sur, y de ahí nos fuimos ocho kilómetros arriba y dimos ahí con un manto que nos da agua a menos de 30 metros; aforamos un par de pozos de la mano con la Conagua, vimos que hay abundancia de agua y es agua que se puede aprovechar sin afectar a nadie", dijo a MILENIO JALISCO el director del proyecto, Ricardo Santa Cruz (edición del 8 de septiembre de 2015).

"Lo siguiente fue trabajar con los agricultores y conformar siete asociaciones civiles, es decir, socializamos el proyecto del agua para que no fuera nada más para el proyecto sino que se beneficiara a toda la región [...] cada asociación es virtualmente un organismo operador, y a final de cuentas creamos una unidad de riego [...] tenemos 350 hectáreas que vamos a regar dentro del proyecto para el mango y otros cultivos, más otras 1,850 ha pertenecen a las otras seis organizaciones civiles conformadas por miembros del ejido de José María Morelos". Los 4,600 cuartos demanda menos de 35 por ciento del agua disponible para el desarrollo.

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Proyecto San Nicolás

Ya arrancó por parte de la Conagua un proyecto multianual que va a durar tres años en terminarse, con 500 millones de pesos de inversión, "en el cual se van a ver beneficiadas 232 familias, con sus parcelas con riego tecnificado, con hidrante parcelario; la tecnología que vamos a meter es la misma que en el distrito de riego 001 en Aguascalientes, que es conocido entre los agricultores como el sitio de riego más moderno en el país".

El agua de este proyecto abastece los 99 años en que se tiene planteado desarrollar el proyecto Chalacatepec, con un abastecimiento de 100 litros por segundo, de los cuales, 35 litros van a la parte inmobiliaria y el resto al riego agrícola. Las siete asociaciones demandarán 12 millones de m3 anuales, de los 17 millones disponibles.

Ayuntamientos apoyan a Observatorio y a trasvase

Piden respetar recomendación de cancelar el trasvase del río Verde a León, pero al tiempo, garantizar un convenio de distribución que da agua a León.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gazapo de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) de febrero pasado, con un punto de acuerdo que abrió la puerta a “legalizar” la presa El Zapotillo, tiene un nuevo capítulo: los ayuntamientos metropolitanos que controla el mismo partido, han sacado adelante posicionamientos para pedir que se respete la recomendación del Observatorio del Agua para que no se haga el trasvase de agua a León, pero al mismo tiempo, sin reparar en la contradicción, piden “respetar los convenios de distribución del río Verde” que garantizan justamente ese trasvase.

Son documentos acordados en el seno de las sesiones de ayuntamiento, a propuesta de los respectivos presidentes municipales. Todos tienen el mismo sentido: respaldo político al observatorio que pide defender los derechos de los alteños ante un posible despojo de su agua, pero demanda que se cumpla la distribución acordada durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que es la base del proyecto El Zapotillo, justamente el que lesiona los derechos de los casi 900 mil habitantes del altiplano jalisciense, de acuerdo al posicionamiento del grupo ciudadano creado por decreto del gobernador hace poco más de dos años.

En el caso de Guadalajara, el Pleno lo aprobó el pasado 13 de mayo de 2016 (acuerdo 26/08/16), y tiene seis puntos: uno, “El Ayuntamiento de Guadalajara reconoce el trabajo realizado por los integrantes del Observatorio del Agua y solicita a las autoridades correspondientes se atiendan todos y cada uno de sus planteamientos. En específico, este Ayuntamiento asume en el ámbito de su competencia la responsabilidad de participar en las gestiones y actividades para que se analice la construcción del acueducto Zapotillo-León, hasta en tanto no se lleve a cabo un efectivo proceso de información pública veraz y oportuna”.

Dos, “…se pronuncia porque el proyecto de la presa El Zapotillo cumpla cabalmente el convenio de distribución de agua de la cuenca del río Verde, con la finalidad de que Jalisco, la región de Los Altos y el Área Metropolitana de Guadalajara reciban la parte que les corresponda. Por ello le pedimos al Ejecutivo del Estado emprenda las acciones necesarias para garantizar certeza jurídica y técnica, respecto al abastecimiento del agua para nuestra ciudad, evitando la consumación irreparable en la vulneración de los derechos humanos de los jaliscienses”.

Tres, “Se solicite a la Comisión Nacional del Agua que informe al Ayuntamiento de Guadalajara, cuáles son las fuentes de agua probadas que garantizarán el abasto para nuestra ciudad, toda vez que, al haberse cancelado el Proyecto de Arcediano, así como invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el convenio de coordinación para llevar a cabo un Programa Especial para los Estudios, Proyectos, Construcción y Operación del Sistema Presa El Zapotillo y Acueducto el Zapotillo-Altos de Jalisco-León Guanajuato suscrito por parte de la Conagua y los Ejecutivos de los Estados de Jalisco y Guanajuato, nos encontramos en estado de incertidumbre técnica y jurídica”.

Cuatro, “Exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que también asuman las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano”. Quinto. “Este cuerpo edilicio solicita a la Conagua haga públicas y se revisen todas las acciones realizadas y proyectadas a la fecha, en cuanto a la ejecución del proyecto de la presa de El Zapotillo, así como del Acueducto el Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato, que incluya: a) un proyecto ejecutivo de presa, acueducto y trasvase, así como el estudio de su impacto socioeconómico, y; b) todos los estudios que en torno al proyecto se han llevado a cabo especificando, los que han requerido pago-inversión de los Ejecutivos Federales y Estatales, así como los montos que se han erogado”.

No es distinto lo que aprobó Tlaquepaque el 18 de mayo siguiente, o Zapopan, cuya sesión fue en el mismo mes (no precisa fecha el documento). La ambigüedad del pronunciamiento deja abierta cualquier posibilidad: negociar un acuerdo que “legitime” el trasvase o impedirlo.

Las dudas

La alianza del grupo político de Enrique Alfaro con el Observatorio para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, aunque ha dimensionado el conflicto político por las aguas del río Verde, ha derivado en pronunciamientos ambiguos que no terminan de generar confianza en las partes

Tanto los defensores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, poblados amenazados con la inundación de la presa El Zapotillo, como el movimiento a favor de los derechos económicos y sociales de la meseta alteña, no encuentran un aliado sólido para enfrentar a León, Guanajuato, respaldado en una ambigüedad análoga del gobierno de Jalisco, que tampoco ha sido contundente

Ipejal, su "reserva técnica" se duplicó en ocho años

El organismo que administra las pensiones ha cuadruplicado el valor de sus inmuebles en ese periodo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La reserva técnica del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) se duplicó entre 2007 y 2015; en el primer año citado, alcanzaba 14,293 millones 423 mil pesos, y ocho años después, con cuentas reportadas en septiembre de 2015, era de 30,034 millones 406 mil pesos, de acuerdo a los datos de la última acta de sesión ordinaria publicada en el sitio web del organismo.

Se trata del acta de sesión ordinaria 10/2015, correspondiente a septiembre de ese año, la cual es la última que se colocó en la página de transparencia; la reserva técnica es la suma de inversiones en mercados financieros, cartera de préstamos, bienes inmuebles y cuentas por cobrar.

En el primer rubro, se tenían invertidos 7,836 millones de pesos al final de 2007; en 2010, el primer año de la reforma a la ley, para permitir ampliar el espectro de inversiones, se fue a 8,099 millones, y en septiembre de 2015 se reportaban 11,985 millones en el mercado bursátil más de la tercera parte de la “reserva técnica total”.

n cuanto a la cartera de préstamos, pasó de 4,634 millones de pesos en 2007 a 12,560 millones a finales de 2015, la cifra histórica más alta. Los bienes inmuebles valían en conjunto 1,216 millones de pesos en la primera fecha del análisis; su engrose y ampliación, además de aumento de valores por plusvalías los colocaron en 4,250 millones en la última anualidad.

Los bienes inmuebles, con corte al mes de abril de este año, se distribuyen del siguiente modo: municipio de Guadalajara, 23 predios en condominio, trece casas, un departamento, dos locales comerciales, tres estacionamientos, un almacén, seis terrenos, cinco edificios, dos unidades médicas, m y una funeraria; en Zapopan, cuatro condominios, trece casas, ocho locales comerciales, ocho predios, un centro deportivo, una unidad deportiva, un salón de fiestas; en Tlaquepaque, dos terrenos, una unidad médica; en Tonalá, siete terrenos; en Puerto Vallarta, cuatro predios, entre lo principal.

estacan otras inversiones inmobiliarias en los municipios de Tlajomulco, Autlán, San Marcos, Lagos de Moreno, Casimiro Castillo, Acatlán de Juárez, Jalostotitlán, Tizapán, Tepatitlán de Morelos, Arandas, La Huerta, Ayutla, El Arenal, Chapala, Tapalpa, e incluso una reserva territorial en la ciudad de Querétaro.

El total reportado es de 170 terrenos e inmuebles en general. La política del Ipejal es que estos terrenos se manejan, cuando se trata de grandes extensiones rústicas en torno a ciudades, de reservas territoriales, y se suelen aportar para negocios inmobiliarios que patrocina el fondo en busca de aumentar sus ganancias.

Parte de este patrimonio ha sido obtenido como pago por los préstamos que suele aportar el Ipejal a distintas entidades públicas asociadas; en otros casos, son los pagos atrasados de las cuotas de los trabajadores. La idea es que los inmuebles sufren menos por los avatares económicos y por ello se consideran un modo de inversión sólida de las pensiones de los trabajadores, pues el reto es que se tenga recursos extra suficientes para amparar la tasa creciente de pensionados que debe ser atendida.

Ipejal tiene 2,400 mdp invertidos en fideicomisos

Ocho contratos vigentes se llevan menos de 10% de los recursos del fondo de pensiones; la mayoría en gobierno de Emilio González.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (Ipejal) tiene comprometidos alrededor de 2,400 millones de pesos en ocho fideicomisos firmados por la institución, siete de los cuales son posteriores a la reforma a la Ley de Pensiones, que data de noviembre de 2009, de acuerdo a la información publicada en su portal de transparencia.

Ante la instrucción que emitió el pasado 15 de mayo el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, sobre la necesidad de que se transparente completamente el modo en que se usan los recursos del fondo de pensiones, luego de las denuncias de opacidad de diversos sindicatos de trabajadores disidentes, que reclaman que la reforma de 2009 sea revocada, MILENIO JALISCO encontró en el sitio web de la institución (www.ipejal.gob.mx) ocho expedientes de fideicomisos, la modalidad de inversión que ha resultado más polémica en el curso de seis años de vigencia del modelo de manejo de los fondos hacia proyectos de inversión, en busca de diversificarlos y aumentar ganancias ante la merma de ingresos que significa un mayor número de pensionados y la disminución de trabajadores en activo que aportan al fondo, una crisis similar a la que han debido afrontar todos los sistemas de pensiones del mundo.

La página reporta la existencia de esos ocho fideicomisos, entre los que destacan los casos de Chalacatepec (89 millones de dólares) y de Santa Cruz de la Soledad- San Nicolás de Ibarra (28.8 millones de dólares), que de lejos son los que reciben más aportaciones del fondo, si bien, en el segundo caso, es un esquema progresivo que no ha podido prosperar por los problemas internos de la comunidad agraria de Santa Cruz de la Soledad. El grueso de estos contratos se ha generado entre 2009 y 2012, es decir, durante la gestión estatal de Emilio González Márquez, pero han sido respetados, si bien, en algunos casos modificados, por el gobierno en funciones.

No obstante, los recursos comprometidos en estos fideicomisos no son los mayoritarios del Ipejal si se compara contra sus valores patrimoniales totales, que rondan 30 mil millones de pesos, ni su cartera global de inversiones, que es ligeramente menor de 10 mil millones de pesos, de acuerdo a la información aportada en las sesiones de su consejo, cuyas actas son públicas, pero solamente se han publicado las relativas al año 2015, a diferencia de las del comité de transparencia (ver recuadro anexo).Ipejal tiene 2,400 mdp invertidos en fideicomiso

Los detalles

Los datos principales de los ocho fideicomisos son los siguientes:

Uno. Fideicomiso Chalacatepec (Rasaland-Ipejal). Firmado el 10 de diciembre de 2009 por un grupo de personas morales denominadas Chala Mar, Paraland y Chalalegre (parte de un conglomerado internacional denominado Rasaland) y el Ipejal, este último aportó 89 millones de dólares (1,655 millones 400 mil pesos al tipo de cambio actual) para un desarrollo que incluye alrededor de 1,200 hectáreas de superficie adquiridas de pequeña propiedad, pero con una fracción que permanece en conflicto legal con un grupo de ejidatarios de José María Morelos, de Tomatlán, quienes reclaman la tierra como parte de su dotación presidencial.

El proyecto ha avanzado lentamente pero, aseguran sus responsables, se debe a que han planteado un modelo de impacto ambiental fuertemente mitigado para que las condiciones naturales de la zona –dominada por selva baja caducifolia y manglares- no sean degradadas, dado que el sitio está rodeado por el extremo sur de la zona protegida de tortuga marina más grande de México, el Playón de Mismaloya, y por dos sitios Ramsar –humedales de importancia internacional-, justamente la laguna de Chalacatepec que da nombre a la zona, y Param-Xola; pero además, se trata de una región con baja precipitación natural.

En la administración de Aristóteles Sandoval, este fideicomiso fue modificado: de poseer 48.5 por ciento del proyecto en el contrato original, Ipejal redujo a menos de la mitad su inversión en Chalacatepec a sólo 36.5 millones de dólares (41 por ciento del monto original), mientras que los restantes 52.5 millones de dólares se canalizaron al proyecto de La Mandarina (cuya primera piedra se puso el pasado 16 de mayo) y al hotel Four Season de la Ciudad de México. Respectivamente tiene invertidos 24.1 millones y 22 millones 250 mil; los 6 millones 230 mil dólares restantes están disponibles “en efectivo”, de acuerdo a la versión que dio a este diario el empresario Ricardo Santa Cruz, responsable del proyecto.

Dos. Fideicomiso Jardines de La Primavera. Firmado el 19 de abril de 2012 entre el Ipejal y Proyectos Habitacionales CUDI, representado por su apoderado legal, José Luis Cuéllar de Dios. El fondo de pensiones aporta 178,249 metros cuadrados de superficie del predio El Tainstique, con un valor de adquisición de 139 millones 779,942 pesos, en los linderos del ejido Santa Ana Tepetitlán y el bosque La Primavera, y un recurso líquido por 11 millones 220 mil pesos para el fondo de operación del proyecto inmobiliario.

Tres. Fideicomiso XAMIX. Firmado el 19 de septiembre de 2014 entre el Ipejal y la sociedad mercantil XAMIX Construcción, cuyo administrador general es Pedro Ruiz Gutiérrez; el fondo aporta un terreno de 75,487 metros cuadrados para un desarrollo de 1,308 viviendas, en el cual, 55 por ciento de las utilidades son del Ipejal; el terreno que aporta es de 37 millones 642 mil pesos, según la escritura pública del contrato.

Cuatro. Fideicomiso GVA Sendero de la Luna. Es el más antiguo del grupo, pues data del 7 de abril de 2006, cuando gobernaba Francisco Ramírez Acuña y estaba lejos la modificación de la ley de Pensiones. El Ipejal aporta en este proyecto un terreno de 97 mil m2 con un valor de compra de casi diez millones de pesos en la zona de Coapinole, Puerto Vallarta, para la edificación de 160 casas a cargo de la empresa GVA Desarrollos Integrales, del empresario tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana.

Cinco. Fideicomiso La Toscana, instituido el 21 de diciembre de 2011 con una superficie global de 167,840 metros cuadrados aportados por el Ipejal, para que lo desarrollen las constructoras Grupo Inmobiliario Mendelssohn y Amadeus de Occidente, en el área colindante al fraccionamiento Valle Real, en Zapopan.

Seis. Fideicomiso Portales Tlaquepaque. Constituido el 7 de mayo de 2012 entre el Ipejal y la sociedad mercantil Lodela; la aportación de pensiones consiste en un predio de 61,532 metros cuadrados para la construcción de 300 viviendas.

Siete. Fideicomiso Santa Cruz de la Soledad. Signado el 22 de agosto de 2012 entre Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal es aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno. Este proyecto se encuentra en conflicto, pues el pasado 17 de abril, dos grupos ejidales se enfrentaron en el poblado, dado que los impulsores del desarrollo pretenden deponer a la presidente ejidal, María de Jesús Rodríguez, quien encabeza la resistencia a perder esos terrenos.

El pasado 13 de mayo, el líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, señaló que el Ipejal estaba con los empresarios “que pretenden consumar el despojo” y que aportaría recursos al desarrollo; al día siguiente, el presidente del consejo del Ipejal, Francisco Ayón López, negó que el actual gobierno hubiera “generado inversiones de ese tipo”, aunque la página de transparencia evidencia que el fideicomiso está en vigor.

Ocho. Fideicomiso GVA Seprogal-Virgo. Firmado el 11 de septiembre de 2012, de nuevo es el empresario José Manuel Gómez Vázquez Aldana y su socio los responsables de desarrollar una fracción del predio El Jagüey, de la ex hacienda de la Mora, en Zapopan; Ipejal se queda con 53 por ciento de las utilidades del proyecto.

Inversión en abengoa, opaca
La inversión de 600 millones de pesos que el Ipejal ha hecho en la subsidiaria mexicana de la transnacional española Abengoa, que construye el acueducto El Zapotillo-León, está en vías de no ser clarificada, puesto que ante solicitudes de información de ciudadanos sobre los detalles de la operación, el comité de transparencia del instituto ha determinado, en su sesión del pasado 11 de mayo, que esa información tiene el carácter de “reservado”.

Parte del argumento destaca: “este tipo de información debe protegerse por razones de interés público […] la información detallada genera: 1) incertidumbre en la administración de los recursos financieros; 2) interpretación equivocada de terceras personas sobre la finalidad de las inversiones; 3) confabulación de instituciones financieras en perjuicio de los rendimientos a favor del Ipejal; 4) politización de la información, causando que el Ipejal realice movimientos no programados, lo que ocasionaría que no se obtenga el rendimiento esperado; 5) aumento de la posibilidad de actos delictivos contra el Ipejal…” (sic).

El documento completo se puede consultar en http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Acta%2006%202016%20-%20Acta%20de%20Sesi%C3%B3n%20del%20Comit%C3%A9%20de%20Transparencia%20del%20IPEJAL.PDF.

Ipejal subsidia proyecto en Santa Cruz de la Soledad

Exigen cambio a la ley de pensiones, ante “evidencias” de inversiones de alto riesgo para los trabajadores.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El uso del fondo de pensiones de los trabajadores del estado es escandaloso, a juicio del presidente de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés.

No son solamente las inversiones en Chalacatepec, en la Villa Panamericana y en el acueducto El Zapotillo-León de la transnacional Abengoa; el líder gremial documentó ayer la aplicación de 260 millones de pesos del fondo para financiar un desarrollo inmobiliario en el ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, que cumple la misma norma de las anteriores inversiones: está inmerso en la polémica, lo que para Peña Cortés es sinónimo de “corrupción”, “riesgo” y “opacidad”.

En entrevista con este diario, el dirigente destacó que recién han documentado la existencia de un fideicomiso “con la misma forma de operar que en Chalacatepec; pareciera que existe colusión de funcionarios para defraudar trabajadores usando la Ley del Instituto de Pensiones […] igual que en el caso de Chalacatepec, la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado ha intervenido para imponer comisariados ejidales afines que entreguen las tierras de uso común de los ejidos a particulares, quienes a su vez las incorporan a fideicomisos usando la fuerza pública del estado para amedrentar a quienes se resisten”.

Esta circunstancia generó ya enfrentamientos en el ejido de Chapala (ver MILENIO JALISCO, 21 de abril de 2016), como ha sucedido también en el ejido José María Morelos de Tomatlán desde 2010. Aseguró Peña Cortés que las 1,200 hectáreas ejidales de ese núcleo campesino no han sido desincorporadas y que ello demuestra el riesgo que representa el proyecto Chalacatepec para los dineros de los trabajadores. Está además el caso del acueducto, donde se arriesgan 600 millones de pesos en una empresa como Abengoa, al borde del quebranto, añadió.

“Por eso insistimos en pedir al gobernador la remoción de Francisco Ayón López como presidente del Ipejal, porque existen muchos indicios que demuestran que representa a los intereses particulares y grupos económicos que están saqueando nuestros fondos pensionarios”, lo que debe venir acompañado de una auditoría externa para determinar los fideicomisos y demás inversiones. La solicitud al Congreso del estado es que se dé marcha a tras a las reformas de 2009 que hicieron posible que el fondo se invirtiera en proyectos de riesgo, y que se garantice la transparencia de la información de todo lo que se hace con ese dinero.

El 24 de mayo, los sindicatos de la federación marcharán por las calles de la ciudad en busca de obtener el eco en esas peticiones.

Colectivos, contra el uso electorero del tema agua

Demandan que por medio de la comisión especial del Congreso se debata con datos ciertos el tema y se establezca una medida obligatoria: la gestión integral del agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos de defensa del agua en Jalisco y en la región del río Verde, se pronuncian esta tarde en contra del uso “político-electoral” del tema agua, y reclaman la solución de fondo de este problema: llevar a la realidad la “gestión integral del agua”, lo que significa que el recurso es un derecho básico para las personas, se aprovecha en condiciones de sostenibilidad hídrica en sus cuencas, y permite la generación económica, pero nunca por encima de la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, tiene un proceso “resiliente”.

“Reconociendo que no existe información vigente, real, suficiente y pública para una adecuada revisión sobre los decretos y convenios de distribución del agua del estado de Jalisco, El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados y la Plataforma Ciudadana Tómala, planteamos el pasado 13 de abril al Diputado Ismael del Toro y al Poder Legislativo la creación de una Comisión Especial para la Gestión Integral del Ciclo del Agua en el estado de Jalisco”.

Dicho órgano debe cumplir con los siguientes objetivos: uno, “iniciar un debate público, participativo y trasparente entre todos los actores involucrados en la gestión del agua, para la revisión y construcción de una nueva gestión integral del agua para el área metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco”; dos, “convocar a comparecer a las autoridades de Jalisco, del agua y ambientales [SIAPA, Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Estatal del Agua, secretaría de Gobierno y el propio jefe del Ejecutivo] para que presenten sus informes sobre el estado y situación actual del agua y las cuencas, los inventarios de agua subterránea y superficial, así como la metodología y los sistemas de medición y monitoreo en que se basa dicha información”.

Tres, “solicite al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la información en materia de la gestión del agua y manejo de cuencas, en especial la Cuenca del Río Verde, y las sub-cuencas del ahogado, Río Blanco y Atemajac.”; cuatro, “integre a esta información, el análisis participativo de las necesidades, perspectivas y competencias, que corresponden a las materias en desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, medio ambiente y desarrollo sustentable, derechos humanos, salud e higiene, participación ciudadana y acceso a la información pública; recursos hídricos y pesca, y desarrollo forestal”.
Cinco, “convoque a especialistas, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil, a revisar, debatir y construir una nueva gestión integral del agua para el área metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco”.

Los colectivos “celebramos que nuestra propuesta ciudadana fue respaldada por el diputado Ismael del Toro y la fracción parlamentaria de su partido, y el pasado martes 26 de abril en sesión del pleno, fue presentada a través de un acuerdo legislativo con el respaldo de 26 diputados. Sin embargo, las autoridades y los políticos de Jalisco de todos los partidos no deben seguir hablando de revisión de convenios de distribución de agua si se desconoce el estado actual de las fuentes hídricas en el estado de Jalisco”.

Agregan: “no se puede seguir amenazando a las comunidades afectadas, engañando y confundiendo a la ciudadanía sobre la emergencia de ‘escasez’ del agua en la zona metropolitana y la ‘urgencia’ de la Presa el Zapotillo, sin datos actuales, confiables y verdaderos, poniendo en riesgo a la comunidad de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la estabilidad de la cuenca del río Verde en los Altos de Jalisco”.
Además, “no se puede afirmar que el proyecto está terminado cuando el Zapotillo es la obra más judicializada en México, con más sentencias a su favor [de los afectados con la obra] que lo mantienen detenido. No se puede amenazar sobre un llenado temprano de la presa para este temporal, con afirmaciones irresponsables de parte del secretario General de Gobierno de Jalisco, que en la etapa actual de construcción de la presa podrían en total riesgo a las comunidades afectadas”.

Por lo tanto, “no queremos más debates mediáticos “electoreros” entre políticos que se disputan el agua y solo aparentan defenderla. De esto la sociedad, la comunidad de Temacapulín, los especialistas y las organizaciones sociales ya estamos cansados. Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara requieren urgentemente de una nueva gestión integral del agua construida por todos los sectores involucrados, las comunidades afectadas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil”.

El principio básico y no negociable: “el agua es un derecho de los pueblos, fundamental para vida, esencial para el planeta, es de todas las personas y los seres vivos; no es un botín político”, por lo cual “continuaremos impulsado y exigiendo la conformación de esta Comisión Especial para la Gestión integral del Ciclo del Agua en el Congreso de Jalisco. Con acciones creemos, con solo discursos dudamos”.

Asociación Ganadera reclama interés público contra acueducto

El abogado de los quejosos señala que la producción de alimentos es prioridad nacional, y que la constitución protege a las asociaciones ganaderas como la de San Juan de los Lagos

Agustín del Castillo - Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen en sus manos definir el destino de una región que aporta un quinto de la proteína de origen animal en el país, Los Altos de Jalisco, y que depende de forma crítica del agua para su estabilidad económica y social, pues alberga más de 800 mil habitantes, apunta en un memorándum dirigido al ministro José Fernando Franco González Salas, ponente en la determinación de atraer el expediente de revisión 600/2014 interpuesto por los ganaderos de San Juan de los Lagos.

“En el presente expediente se discuten los argumentos esgrimidos por los Afectados por la construcción del acueducto que llevará el agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato […] la ahora recurrente dentro del juicio es la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Jalisco, integrada aproximadamente por 800 socios y quienes en Asamblea de Asociados decidieron acudir a las instancias jurisdiccionales ante la afectación de sus derechos”, explica el documento firmado por el abogado Alejandro López Aguayo el pasado 8 de abril (expediente de solicitud de atracción 526/2015).

En el mismo juicio, al ejido Agua de Obispo, se le otorgó la suspensión de plano (amparo indirecto 1390/2014), pero no se reconoció la personalidad de interés público que tiene una asociación ganadera, añade.

El abogado reclama “la aplicación del principio precautorio, previsto en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, ante la situación de vulnerabilidad hídrica, en un contexto de cambio climático, y por los impactos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos que afectarán a la Asociación quien ejerce su objeto social en la región de Los Altos de Jalisco, específicamente en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco”.

Destaca “la protección constitucional a la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, Jalisco”, pues el artículo 27, fracción XX, y la Ley de Organizaciones Ganaderas, consideran a este tipo de organizaciones “como entidades de interés público, lo que las hace copartícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la alimentación, es decir, a garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca, y para lo cual requieren tener agua suficiente y disponible, para la producción de los mismos y para el consumo personal”.

Es caso similar al ejido citado, al que sí se le reconoció la tutela constitucional específica contenida en el citado artículo 27, “con fundamento en los artículos 126, 129, 130, 131, 132 y demás relativos de la Ley de Amparo, toda vez que se acredita el daño inminente e irreparable que sufriremos, además que se justifica el interés social para su otorgamiento, y bajo la tutela del principio precautorio, que determina que, con el fin de proteger el medio ambiente, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica y absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, y por tratarse de una afectación a los derechos humanos”, pues “se afecta el derecho de propiedad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de acceso al agua, el derecho a la alimentación y el derecho al desarrollo con dignidad, por lo que se solicita el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados”.

Los quejosos, puntualiza el memorándum, “nos veríamos afectados en nuestros derechos y bienes por la pretendida construcción del acueducto, al trasvasarse un recurso –el agua- que hoy por hoy ni siquiera está garantizado para la realización de sus actividades de la asociación y del ejido, e inclusive para el consumo humano de sus socios ganaderos, ejidatarios y de los habitantes del municipio […] se está pues frente al hecho de proteger a la asociación ganadera, como ente de interés público y a sus socios ganaderos y sus familias que habitan en el citado municipio, así como al ejido y a sus ejidatarios, en sus derechos de acceso al agua para el consumo humano y para la realización de sus actividades agropecuarias tendientes a hacer realidad la soberanía alimentaria y la propia seguridad alimentaria”, concluye.

Se escala conflicto legal por acueducto a León

La Corte ha decidido atraer un nuevo tema: otorgar o no “suspensión definitiva” a los ganaderos de San Juan para que no se construya el ducto que llevaría agua de El Zapotillo a la ciudad de León.

Agustín del Castillo - Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado atraer el recurso de revisión interpuesto en el marco del juicio de amparo 1390/2014 por la asociación ganadera local de San Juan de los Lagos, que reclama a la justicia federal le otorgue “suspensión provisional” para impedir las obras del acueducto El Zapotillo-León.

Como parte del mismo juicio, el ejido Agua de Obispo sí logró el cometido: tiene vigente esa medida cautelar para todo el territorio del núcleo agrario en lo que se desahoga el proceso.

El recurso de revisión de los ganaderos fue ventilado bajo el expediente 600/2014 en el Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de Guadalajara, pero los magistrados consideraron que era importante dar vista al máximo tribunal del país, ante la naturaleza de los derechos involucrados. Los quejosos reclaman que por ley, las asociaciones ganaderas son sujetos de interés público, y deben tener un tratamiento protector similar al de los ejidos, situación que el juzgado de origen les negó (Juzgado 7 de Distrito en materia Administrativa de Guadalajara).

“Este Tribunal Colegiado solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga a bien ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 600/2014 (…) se está en presencia de un asunto de interés y trascendencia cuando el problema jurídico que debe dilucidarse es excepcional (...) En estos casos, por la propia naturaleza del problema jurídico, es claro que el criterio que se sustente puede afectar de manera significativa a la sociedad o los actos de gobierno”, señala la resolución del colegiado, emitida el 9 de noviembre de 2015.

La atracción del asunto, añade el tribunal, “permitiría […] determinar los alcances y realizar en todo caso una ponderación entre los derechos fundamentales a la vivienda y un medio ambiente sano, con relación al beneficio o a la utilidad pública de la construcción de una obra de infraestructura de grandes dimensiones […] interpretar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, con relación al derecho de consulta prevista en tal numeral, con motivo de la realización de obras que requieran devaluación de impacto ambiental; y, evitar el pronunciamiento de una sentencia que resulte contradictoria, con lo determinado porla Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 93/2012”, en la que declaró la invalidez del convenio que dio origen al proyecto de presa El Zapotillo a 105 metros de elevación, y la restringió a un convenio original, a 80 metros.

Además, “a juicio de este órgano jurisdiccional podrían verse afectadas áreas o sectores de importancia económica, en la especie, la agrícola y ganadera de la región a que se dedican los quejosos, en relación con la utilización del agua, donde se realiza la obra de grandes dimensiones vinculada a las normas, actos y omisiones reclamadas”.

Este acuerdo, del 9 de noviembre de 2015, fue discutido y votado el pasado 20 de abril en la segunda sala de la SCJN. Se aprobó ejercer la atracción, pero no fue unánime la votación. Los ministros Eduardo Medina Mora y Margarita Luna Ramos se opusieron, para que el proyecto del ponente José Fernando Franco González Salas saliera adelante por estrecho margen (tres votos a favor).

La decisión pendiente: si se otorga la suspensión definitiva a los ganaderos para que los concesionarios del acueducto, hasta ahora, la transnacional Abengoa, no puedan ejecutar el proyecto. El expediente es el 526/2015. Más allá del trabajo interno de la segunda sala, los cabildeos de las partes sobre esta trascendental decisión han comenzado.

El tema El Zapotillo es el más judicializado de México en cuanto a obras de infraestructura. Además de tres suspensiones obtenidas por habitantes de Temacapulín contra la edificación de la presa, y de una controversia constitucional que también lo impide, los ejidatarios de Agua de Obispo tienen una “suspensión de plano” que impide el acueducto en su territorio. Y los ganaderos de San Juan van por lo mismo.

Del Toro anuncia comisión especial para el agua

Ese compromiso lo hizo ante los moradores de Temaca, en una visita que encabezó hoy junto con otros tres legisladores de ese instituto político.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El próximo martes 26 de abril, el diputado Ismael del Toro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en Jalisco, presentará su propuesta para crear la “comisión especial temporal para la gestión integral del agua en Jalisco”, con diversos propósitos, entre los que destaca cancelar el acueducto a León y salvar al poblado de Temacapulín.

Ese compromiso lo hizo ante los moradores de Temaca, en una visita que encabezó hoy junto con otros tres legisladores de ese instituto político.

“Se compromete a escuchar a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el conflicto por la presa El Zapotillo y presentar el próximo martes al Congreso de Jalisco esa comisión especial”, dijo el integrante del Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Como respuesta, el padre Gabriel Espinoza, presidente de Salvemos Temaca, les dijo a sus invitados: “los pequeños pueblos han dado grandes lecciones. Y no somos egoístas los pueblos con el agua, pero el trasvase es una afectación ambiental, cultural y contra los derechos de los pueblos, por eso estamos en contra de la presa El Zapotillo y del acueducto”.

Además de Ismael del Toro, acudieron Mario Castellanos, Adriana Medina y María Elena de Anda Gutiérrez. La visita fue por la mañana e incluyó Morones, El Cristo de la Peñita, la Basílica, el museo y el acto final fue en los portales de Temaca. Del Toro se comprometió con los representantes del pueblo –además del sacerdote, los señores Abigaíl Agredano, Alfonso Íñiguez Pérez, Jesús Jáuregui e Isaura Gómez- “escuchar en todo momento y estar en comunicación”.

Temacapulín vive en amenaza de desaparecer bajo las aguas de la presa El Zapotillo si el proyecto se concreta a 105 metros de altura, lo que por el momento está impedido por cuatro suspensiones judiciales; no obstante, para prevalecer a 80 metros la altura de la cortina aprobada requiere complejas obras de ingeniería de las que ni siquiera existen esbozos. La disputa se ha demorado ya por diez años.

El Zapotillo seguirá suspendido al menos por otros cinco meses

Cuatro resoluciones judiciales firmes impiden el avance del megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua; ayer se anunció la ratificación de la última “suspensión definitiva

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer se notificó en estrados judiciales la ratificación de la suspensión definitiva 1093/2014 emitida a favor de un grupo de quejosos denominado "hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara", hecho jurídico cuyos efectos, junto al de otros dos expedientes judiciales con las mismas características, así como una resolución de controversia constitucional, mantendrá en pausa la edificación y operación de la presa El Zapotillo, enclavada en el río Verde.

El Colectivo de Abogados informó a MILENIO JALISCO que la notificación corresponde a la resolución del pasado 14 de abril que emitió el IV Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, instancia que "resolvió confirmar y conceder la suspensión definitiva en el amparo de los hijos ausentes de Temaca; es la determinación a un recurso presentado por el gerente de lo contencioso de la Comisión Nacional del Agua, recurso de revisión en el incidente de suspensión 156/2015 derivado del juicio de amparo 1093/2014, que está radicado en el Juzgado 1 de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo con sede en Jalisco".

El ministro ponente fue Juan Bonilla Pizano; como la resolución apenas está "para engrose", no se conocen aún los argumentos esgrimidos por los tres ministros del tribunal, sino el sentido de la resolución y el impacto que traerá sobre el megaproyecto de agua cuya finalidad es abastecer a las ciudades de León y Guadalajara.

Esta suspensión definitiva impide que se cambie el estado de las cosas –ante la presunción de que serían irreparables los derechos afectados si siguiera adelante el proceso constructivo-, mientras no se dicte la sentencia final del juicio.

Según la revista electrónica Amparo, una suspensión definitiva "conlleva la tramitación de un incidente que concluye con una resolución en la que el Juez de Distrito ordena a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren durante el tiempo que lleve la tramitación del juicio. La formación de un cuaderno especial e independiente del cuaderno principal radica en que lo que el quejoso argumentó dentro del cuaderno principal no influye dentro del cuaderno incidental por tratarse de cuestiones diversas aun cuando guarden relación entre sí" (http://revista-amparo.webnode.mx/news/suspension-del-acto-reclamado/).

En idéntica situación por efectos se encuentran los amparos 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y el que tiene el expediente 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, pues ambos también han recibido ratificación a sus resoluciones definitivas. Tendrán que esperarse al desahogo de los juicios principales y la emisión de sentencia para determinar, a fin de cuentas, si El Zapotillo es legal más allá de los 80 metros a que está permitido se le edifique hasta ahora, en vez de los 105 metros de altura contra los que se ampararon los quejosos por el efecto de inundación de su poblado que esa altura del agua les significa.

El cuarto juicio que impide seguir la presa a 105 metros es la controversia constitucional 93/2012, fallada en agosto de 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del Congreso de Jalisco, contra actos del gobernador del estado, quien violó las facultades soberanas de ese poder al no consultarlo respecto al aumento de 25 metros en la altura de la cortina, en relación con la asignación presupuestal que ello significaba. De este modo, hay cuatro obstáculos que impiden, por un periodo que podría ser de al menos cinco meses, que el proyecto de agua más ambicioso de la región siga adelante.

Violación de derechos no ha sido analizada por la SCJN

Destaca el Colectivo de Abogados la necesidad de ponderar los derechos humanos básicos que se están afectando con el megaproyecto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con los casos judiciales contra la presa El Zapotillo, la defensa de los moradores de Temaca ha podido beneficiarse de las recientes reformas constitucionales que reconocen la importancia jurídica de acuerdos y tratados firmados por la presidencia y ratificados por el Senado, que da primer lugar a los derechos humanos y ambientales de la sociedad mexicana en los litigios que los involucren. Pero pareciera que no terminan de asumir la gravedad de ese mandato, señala Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados.

“Dentro de lo positivo de los juicios, amparos y controversias constitucionales ha sido el fallo de la II Sala de la SCJN respecto a la controversia 93/2012, presentada por el Congreso de Jalisco, misma que se resolvió el 7 de agosto de 2013 en el cual deja sin efecto el Convenio de 2007 suscrito entre la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato respecto a la altura de 105 metros de la cortina de El Zapotillo, por lo que queda vigente el Convenio de 2005 suscrito por las mismas entidades para una altura de cortina de 80 m”.

Los jueces de distrito, en especial el 1 de Guadalajara, han hecho su parte: “concedió las suspensiones provisionales y definitivas, mismas que combatieron con quejas y recursos de revisión las autoridades demandadas, recursos que conocieron los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en sus fallos solicitaron que la SCJN ejerciera la facultad de atracción dada la relevancia del asunto, la cual en la mayoría de los casos hizo, confirmando las resoluciones del juzgado de origen”.

Sin embargo, añade, “lo negativo es que en algunos juicios de revisión, como el 97/2015, la Segunda Sala de la SCJN lo declara infundado, así como el recurso de inconformidad 302/2015 […] la Corte argumentó que como no se han rebasado los 80 m de altura de la cortina de la presa El Zapotillo estos no han invadido la esfera de derechos” de los quejosos.

Pero la realidad es que “los ministros no han entrado al fondo del asunto y no han visto la violación de derechos humanos de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como el derecho al medio ambiente sano, a la vivienda, de audiencia y defensa, de propiedad, de libertad de cultos y creencias religiosas, el derecho al desarrollo integral y democrático, de consulta y participación en la planeación democrática del desarrollo nacional y acceso a la información, entre otros, y por ende no se han emitido fallos favorables a los quejosos  desde la perspectiva del respeto y protección de los derechos humanos y mucho menos tesis jurisprudenciales”.

Ello, “no obstante que el respeto, protección y garantía de los derechos humanos se encuentran consagrados en el artículo primero constitucional y en los tratados que en la materia haya suscrito el Estado mexicano. Cuesta mucha trabajo que los ministros en sus resoluciones sean garantistas de los derechos humanos”, destaca.

Gobiernos alteños piden detener trasvase a León

Diputados federales y locales, 21 presidentes municipales y representantes sociales destacan grave amenaza para Los Altos por el trasvase de 120 millones de m³ del río Verde.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Presidentes municipales de la región alteña, diputados locales y organizaciones sociales de la demarcación, acordaron un trabajo conjunto en busca de evitar que se concrete el trasvase a la ciudad del León de las aguas del río Verde, con el proyecto El Zapotillo, ante el cúmulo de perjuicios que entraña para la economía y la sociedad locales.

MILENIO JALISCO obtuvo copia de la minuta de trabajo  de la reunión que se realizó el 8 de abril pasado en Tepatitlán de Morelos, a la que acudieron 21 presidentes municipales de las regiones Los Altos Norte y Los Altos Sur, legisladores y representantes de organizaciones sociales, y que por primera ocasión en casi diez años, significa un abierto cuestionamiento al megaproyecto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por parte de la generalidad de los gobiernos locales.

Estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso local, Felipe de Jesús Romo Cuéllar; la presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la misma legislatura, Mónica Almeida López, y la diputada María Elena de Anda Gutiérrez, también congresista local; los diputados federales Evelyng Soraya Flores Carranza y Elías Octavio Íñiguez Mejía; por las organizaciones, asistieron el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, también presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco; el secretario técnico de esta última organización, Antonio Gómez Reina, y el representante del Foro Ganadero en Jalisco, Alejandro López Aguayo, así como rectores de los centros universitarios de la UdeG y representantes del obispado católico de San Juan de los Lagos.

Los presidentes municipales “agradeciendo el apoyo de los diputados federales y locales y autoridades [sic] únicamente solicitando el apoyo para evitar que el agua se trasvase al estado de Guanajuato”, señala el documento en su parte final.

Durante la reunión, se expuso la problemática general por el proyecto: los ayuntamientos pierden autonomía en su gestión del agua, se les pretende obligar a consumir y pagar el agua de un acueducto privado, y la supuesta “compensación ambiental”, la descarga de hasta 120 millones de metros cúbicos a través del río Turbio hacia Chapala, es de calidad dudosa dado que la tecnología de tratamiento de León no da para limpiar los metales pesados y los tóxicos de su industria curtidora.

“La disponibilidad del agua se ha reducido y aumenta la demanda; la producción agropecuaria de Los Altos de Jalisco será la más afectada por el aumento de la temperatura [como efecto del cambio climático] conforme se vaya avanzando hacia el año 2050 […] temperaturas en aumento que causarán sequías prolongadas”, advirtió a los concurrentes el secretario del observatorio.

El Foro Ganadero de Jalisco clamó por un respaldo en los derechos de los alteños por parte de los representantes populares, “para que en verdad exista justicia y se legisle en la materia”, de acuerdo al aserto de Alejandro  López Aguayo.

Juan Guillermo Márquez terció: “este proyecto es una amenaza para el derecho al agua y a la alimentación de los jaliscienses y del país. Se atenta contra el tejido productivo y social de la principal región que abastece de alimentos al país y a un subsecuente incremento en los precios de los alimentos […] diversos estudios muestran que en Los Altos de Jalisco y en la cuenca del río Verde no sobra agua, por lo tanto no se puede compartir lo que no se tiene, para que otra cuenca aumente sus reservas de agua”, agregó.

Del mismo modo, “Chapala tampoco gana, ya que las aguas residuales de la ciudad de León son reutilizadas en la agricultura y la industria”, con lo que el estado de El Bajío incumple los acuerdos del río Lerma y además, se niega a utilizar opciones reales de abastecimiento de su principal ciudad, que existen en el interior de su territorio.

En particular, destacó, “que Guanajuato , que tiene 6 por ciento del territorio de la cuenca, se quedaría con 67 por ciento del gasto” en el caso particular del proyecto de cortina a 80 metros; que “no se ha tomado en cuenta el caudal ecológico” ni se considera “el principio precautorio por cambio climático” que debería impedir el trasvase a priori.

Las propuestas concretas: “Cancelar el trasvase. Dejar la presa como reserva de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y Los Altos, a una altura que no inunde al poblado de Temacapulín. León y Guanajuato pueden, entre otras alternativas, eficientar el riego en sus cultivos y disponer de su agua superficial y subterránea”.

Los ayuntamientos tienen instrumentos legales y de planeación: plantear controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia [contra los decretos, las vedas y los ejercicios presupuestales que les afectan y no les fueron consultados]; controlar el cambio de uso de suelo; detener las licencias de construcción del acueducto, negar la subdivisión de predios, y “los más importante: que nos convenzamos de tomar una gestión integral del agua”.

“Tlajo” pide nuevos abastecimientos

Tlajomulco de Zúñiga no resolverá su crisis del agua en tanto no exista un abastecimiento externo, ya que el subsuelo no es suficiente para satisfacer la creciente demanda, puntualizó su alcalde, Alberto Uribe Camacho, quien ante la disminución en los niveles de los 115 pozos que surten del vital líquido a los habitantes, solicitó una dotación a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Tenemos poco apoyo de la CEA, tenemos que buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Yo puedo seguir llenando de pozos a todo Tlajomulco, el asunto es que el agua se sigue sacando de donde mismo, del subsuelo que no da y es muy costoso”, recalcó.

El funcionario mencionó que es necesario debatir este tema trascendental para la metrópoli, empezando por la idea de construir un segundo acueducto: Chapala-Guadalajara, el cual no sólo podría solucionar el desabasto sino también mejoraría la infraestructura que tiene una vida de 30 años, de los que ya lleva 26.

Respecto a la incorporación del municipio en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), dijo sentirse desconcertado ya que el sistema solo quiere hacerse responsable de la Zona Valle, cuando el rezago en el suministro de agua es generalizado. (Mariana Coronado Mendoza/Guadalajara)

9 puntos

1. La cuenca del Río Verde es deficitaria

2. En esta cuenca existe gran cantidad de acuíferos sobreexplotados y se tiene desconocimiento hidrogeológico total de los mismos

3. Simultáneamente se tienen vedas vigentes y decreto de reserva de agua que supuestamente sobra, lo que es contradictorio

4. El campo de Los Altos quedaría sin acceso a mayores volúmenes agua para producir alimentos, a diferencia las industrias asentadas en el área conurbada de León, Guanajuato

5. Como muestra de la sobrevaloración de la disponibilidad de agua superficial en la cuenca, existen, por lo menos 3 presas ubicadas aguas arriba del sitio de la construcción de la presa El Zapotillo –Plutarco Elías Calles, El Cuarenta y Elías González Chávez- mismas que operan muy por debajo de su capacidad de diseño por falta de caudal

6. Desplazamiento forzado de personas por inundación de tres poblaciones

7. Jalisco pierde soberanía hídrica con el trasvase

8. Bajo escenario de sequía, Jalisco se encontraría con una alta vulnerabilidad hídrica y Guanajuato tendría asegurada el agua a través de dos cuencas

9. En el proyecto de trasvase Zapotillo-Los Altos-León no está considerado un escenario de calentamiento global

Defensores de Temaca acusan a López Lara de "infundir miedo"

Los colectivos reaccionaron a las declaraciones sobre el inminente desalojo de los pueblos alteños por el llenado de la presa El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las declaraciones de la pasada semana del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, confirmadas parcialmente por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, "en relación a su intención de desalojar a las personas que supuestamente ya vendieron y han sido indemnizadas, por haber llegado a acuerdos con el gobierno federal y estatal", en Temacapulín, suscitó hoy un enérgico posicionamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

"Las declaraciones son parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo [...] son sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos, pues se trata de un caso que se encuentra en juicio y que cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales. Además, de que se lleva a cabo, en su etapa inicial, el estudio de Naciones Unidas contratado por el gobernador sobre el río Verde y la presa El Zapotillo, estudio que concluirá hasta el 2017".

Agregan: "consideramos contradictorio y amenazante lo señalado por Roberto López Lara, en relación a la posibilidad del llenado de la presa, obra que según en el imaginario del funcionario ya está terminada. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por el Gobierno del estado a través de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz y del equipo de Naciones Unidas de la UNOPS-PNUMA contratado por el gobernador, para realizar el estudio Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, en donde se invierten 4.3 millones de dólares recursos que pagaremos entre todos los habitantes de Jalisco". Recuerdan que "la Semadet y la Unops-PNUMA negaron rotundamente que el citado estudio considerara el posible llenado de la presa en el temporal y establecieron el compromiso con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de realizar las modificaciones necesarias al convenio –adenda- y eliminar  el producto temprano que contempla el posible llenado de la presa. Acuerdo que no se ha cumplido aún".

Como señaló el ex relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, "los desalojos implican “[…] graves violaciones de una serie de derechos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la seguridad de hogar, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación […] intensificando la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente mujeres, niños, y pueblos indígenas”.

Así, "al ser los desalojos, procesos que implican graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que se hagan en consulta con los pueblos afectados, cumpliendo los principios de necesidad y proporcionalidad y como última instancia, antes de haber agotado todo el estudio de posibles alternativas y todo esto no ha ocurrido en el caso de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo".

Para el caso del reasentamiento, "no existe un lugar de reubicación que sea aceptado por la comunidad, incluso la reubicación fue declarada nula por el Tribunal Administrativo del Estado y se determinó como no adecuada por el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en su informe de visita a México y Temacapulín en junio de 2011, resaltando que la reubicación y la presa El Zapotillo violan una serie de derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, al agua, a vivienda adecuada, al medio ambiente, a la consulta y a la información  de los habitantes de Temacapulín".

Según peritajes de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, "más de 70 por ciento de las casas de la comunidad de Temacapulín deben ser consideradas Patrimonio Histórico, por lo que la única acción posible en relación con estas edificaciones es la de restauración y conservación; no así la de demolición que sería contraria a los derechos culturales de los pueblos", recuerdan.

Por si fuera poco, "actualmente, están sub judice, varios expedientes de juicio de amparo: 1045/2014, 1046/2014 y 1093/2014, radicados en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, suspensiones que ha ratificado la II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

En ese contexto, "en Asamblea Comunitaria de Temacapulín se acordó no permitir desalojos, ni demoliciones de casas, ni ocupación de terrenos para lo que se tomarán las medidas necesarias, ya que el desalojo y destrucción de nuestra comunidad no es justificado, pues existe el fallo del 7 de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia constitucional expediente 93/2012, en la que se determina que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo deberá ajustarse al proyecto original (80 metros)".

Los colectivos que luchan por esos poblados "queremos manifestar que seguimos construyendo alternativas y posibilidades de un mejor manejo del agua, que nos permita a todos tener condiciones de vida digna, como siempre hemos dicho: agua para todos, agua para siempre, por lo que se nos hace inaudito que el gobierno de Jalisco y la Conagua hayan hecho este tipo de declaraciones tendientes a confundir a la opinión pública, crear conflictos intercomunitarios e infundir miedo".

Guanajuato contra Jalisco: El Zapotillo, “conflicto intratable”

El agua se ha transformado en “recurso político” debido a la escasez, y el conflicto se acentúa ante la percepción de “injusticia” a favor del estado de El Bajío, señala investigador del CIDE.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua y sus disputas como elemento esencial de la política en regiones de escasez y gran desarrollo es una de las premisas centrales del trabajo de Raúl Pacheco Vega, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien aborda, en el caso El Zapotillo, un conflicto que se ha convertido en “intratable”.

“El agua, originalmente un recurso natural, ha comenzado a transformarse en años recientes en un recurso político. La distribución inequitativa del vital líquido no solamente de forma aleatoria, por la ubicación geográfica de cada urbe, sino también debido a intervenciones antropogénicas, es uno de los elementos de organización social que puede convertirse en detonadores de conflicto entre individuos al seno de comunidades y organizaciones”, destaca al abordar una de las agendas más notorias del país.

“Cuando una disputa por recursos naturales se vuelve sumamente difícil de resolver, dura un periodo sumamente largo y hay un grado alto de divergencia en las posiciones de los actores involucrados en el enfrentamiento, se dice que estamos frente a un conflicto intratable”, subraya en “El caso de la disputa por presa El Zapotillo entre Guanajuato y Jalisco” artículo publicado por la revista Waterlat-Gobacit Network, working papers (con fecha julio de 2015).

“Es característico de un conflicto intratable el que la pugna por el recurso hídrico permanezca en un estado álgido. Tal es el caso del proyecto río Verde, del que la construcción de la presa El Zapotillo forma parte […] este tipo de propuestas de trasvases interestatales e intermunicipales presentan elementos que generan discordias, tensiones y contrapuntos entre diversos actores. Hay quienes consideran que es injusto que un proyecto de esta magnitud y naturaleza beneficie a León en mayor medida que a Guadalajara. Las disparidades y asimetrías en cuanto a disponibilidad del recurso hídrico se hacen más patentes al analizar casos en los cuales se comparten cuerpos de agua, con fórmulas distribucionales inequitativas, o aquellos en los cuales se deteriora la calidad de vida”, destaca.

Entre las diversas definiciones que el autor usa, una resume bien los elementos: “los conflictos intratables se caracterizan por ser prolongados, irreconciliables, en ocasiones violentos, de naturaleza suma-cero [disputas en las cuales hay ganadores y perdedores, contrariamente a una situación de tipo ganar-ganar], centralizados, y en el que al menos una de las partes tiene un interés en continuarlo. Son también demandantes, estresantes, en ocasiones dolorosos, agotadores y costosos en términos materiales y humanos”.
Por el contrario, “los problemas más tratables son aquellos en los cuales las reglas de organización e interacción [es decir, las instituciones] son mejor diseñadas. Al igual que los conflictos en los cuales los participantes pueden llegar a un acuerdo consensuado, y donde el proceso de confrontación se reduce en escala en lugar de crecer; más aún, cuando las partes en discordia tienen roles definidos y es fácil determinar quién participa en la disputa”.

De qué modo se desarrolló el conflicto para llegar a “un estado de intratabilidad”, es parte este análisis. “La mayor parte de los conflictos intratables por agua en México son por la construcción de presas […] por los impactos ambientales negativos que pudiera tener sobre las poblaciones. En este caso, el grado de intratabilidad está directamente correlacionado con el grado de escalamiento del conflicto y la incapacidad de los actores de alcanzar un acuerdo en sus marcos de referencia”.

La evolución demuestra que entre 2005 y 2015: “La posición de los gobernadores de Jalisco ha sido fluctuante. El actuar de Guillermo Cosío Vidaurri, Carlos Rivera Aceves y Alberto Cárdenas Jiménez nos hace pensar que estaban a favor de la construcción de presas que contribuyeran al abasto de agua tanto de Guadalajara como de León […] durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña se proyectó construir la presa en el municipio alteño de Jalostotitlán, inundando a los pueblos de San Nicolás y San Gaspar, pero como el gobernador no tenía una buena relación con su similar de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, decidió apoyar la movilización de los habitantes de San Gaspar y canceló el proyecto de presa”.

Es a partir de este momento “en el que se empezó a considerar la ubicación actual […] su sucesor, Emilio González Márquez se mostró a favor del proyecto, incluso pretendía que se aumentara la altura de la cortina a 105 metros para que Guadalajara recibiera más agua, aunque esto significara la inundación de Temacapulín […] El actual gobernador, Aristóteles Sandoval, aparentemente está a favor de construir la presa pero en contra de que se inunde el pueblo de Temacapulín, pues en enero de 2013 anunció en su cuenta de Twitter que este pueblo no se inundaría, lo que significa volver al proyecto original de la cortina con una altura de 80 metros”.

Al tiempo, la posición de la sociedad civil en Jalisco “pasó de ser neutral a estar mayoritariamente en contra, pues gracias a las movilizaciones de las organizaciones antes descritas se enteraron que la construcción de esta presa afectaría a su estado y beneficiaría más a Guanajuato. En cambio, da la impresión de que hay uniformidad de criterios del lado de este último estado. La gran mayoría de los actores involucrados, el gobierno estatal, el ayuntamiento de León y la sociedad civil están a favor de que se construya la presa, pues aseguraría el abasto de agua potable en León, se dejarían descansar los mantos acuíferos para lograr su recarga y más luego de los años 2011 y 2012 en los que las lluvias fueron insuficientes”.

¿Cómo se resuelven los conflictos intratables?  “…el agua es una fuente de conflicto político, que en ocasiones se torna incluso violento. Su calidad de recurso natural se ha transformado, haciéndose un recurso más bien político […] es importante buscar maneras para resolver conflictos por recursos naturales, y de modo muy específico, por el agua. Una percepción de inequidad por la desigual distribución de agua al seno de una cuenca puede ser un factor que incrementa la polarización”.

CLAVES

Escasez, el motor de conflictos

“México se encuentra dentro de los países con mayor disparidad y divergencia en volumen de agua disponible per cápita en el mundo, y algunas de las zonas en el país se consideran como de alto estrés hídrico”

“El incremento de la población en zonas urbanas y la frecuente migración en búsqueda de oportunidades hacia los centros urbanos incrementan el grado de presión sobre el recurso”

México “recibe aproximadamente 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua de precipitación: 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera; 21.1% escurre por los ríos y arroyos, y 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos

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