Los colectivos reaccionaron a las declaraciones sobre el inminente desalojo de los pueblos alteños por el llenado de la presa El Zapotillo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Las declaraciones de la pasada semana del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, confirmadas parcialmente por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, "en relación a su intención de desalojar a las personas que supuestamente ya vendieron y han sido indemnizadas, por haber llegado a acuerdos con el gobierno federal y estatal", en Temacapulín, suscitó hoy un enérgico posicionamiento del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
"Las declaraciones son parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo [...] son sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos, pues se trata de un caso que se encuentra en juicio y que cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales. Además, de que se lleva a cabo, en su etapa inicial, el estudio de Naciones Unidas contratado por el gobernador sobre el río Verde y la presa El Zapotillo, estudio que concluirá hasta el 2017".
Agregan: "consideramos contradictorio y amenazante lo señalado por Roberto López Lara, en relación a la posibilidad del llenado de la presa, obra que según en el imaginario del funcionario ya está terminada. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por el Gobierno del estado a través de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz y del equipo de Naciones Unidas de la UNOPS-PNUMA contratado por el gobernador, para realizar el estudio Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, en donde se invierten 4.3 millones de dólares recursos que pagaremos entre todos los habitantes de Jalisco". Recuerdan que "la Semadet y la Unops-PNUMA negaron rotundamente que el citado estudio considerara el posible llenado de la presa en el temporal y establecieron el compromiso con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de realizar las modificaciones necesarias al convenio –adenda- y eliminar el producto temprano que contempla el posible llenado de la presa. Acuerdo que no se ha cumplido aún".
Como señaló el ex relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, "los desalojos implican “[…] graves violaciones de una serie de derechos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la seguridad de hogar, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación […] intensificando la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente mujeres, niños, y pueblos indígenas”.
Así, "al ser los desalojos, procesos que implican graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que se hagan en consulta con los pueblos afectados, cumpliendo los principios de necesidad y proporcionalidad y como última instancia, antes de haber agotado todo el estudio de posibles alternativas y todo esto no ha ocurrido en el caso de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo".
Para el caso del reasentamiento, "no existe un lugar de reubicación que sea aceptado por la comunidad, incluso la reubicación fue declarada nula por el Tribunal Administrativo del Estado y se determinó como no adecuada por el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en su informe de visita a México y Temacapulín en junio de 2011, resaltando que la reubicación y la presa El Zapotillo violan una serie de derechos, entre ellos el derecho a la alimentación, al agua, a vivienda adecuada, al medio ambiente, a la consulta y a la información de los habitantes de Temacapulín".
Según peritajes de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, "más de 70 por ciento de las casas de la comunidad de Temacapulín deben ser consideradas Patrimonio Histórico, por lo que la única acción posible en relación con estas edificaciones es la de restauración y conservación; no así la de demolición que sería contraria a los derechos culturales de los pueblos", recuerdan.
Por si fuera poco, "actualmente, están sub judice, varios expedientes de juicio de amparo: 1045/2014, 1046/2014 y 1093/2014, radicados en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Jalisco, suspensiones que ha ratificado la II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
En ese contexto, "en Asamblea Comunitaria de Temacapulín se acordó no permitir desalojos, ni demoliciones de casas, ni ocupación de terrenos para lo que se tomarán las medidas necesarias, ya que el desalojo y destrucción de nuestra comunidad no es justificado, pues existe el fallo del 7 de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia constitucional expediente 93/2012, en la que se determina que la altura de la cortina de la presa El Zapotillo deberá ajustarse al proyecto original (80 metros)".
Los colectivos que luchan por esos poblados "queremos manifestar que seguimos construyendo alternativas y posibilidades de un mejor manejo del agua, que nos permita a todos tener condiciones de vida digna, como siempre hemos dicho: agua para todos, agua para siempre, por lo que se nos hace inaudito que el gobierno de Jalisco y la Conagua hayan hecho este tipo de declaraciones tendientes a confundir a la opinión pública, crear conflictos intercomunitarios e infundir miedo".
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