Los contextos jurídicos y los tiempos políticos poco ayudan a tener una eficaz gestión del territorio urbano y esto genera baja calidad de vida, advierten expertos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Al panorama de la fragmentación institucional que tiene la tarea de atender el desarrollo urbano de Guadalajara, se suma un contexto jurídico no armonizado, la existencia de múltiples instancias “meramente simbólicas” y proyectos políticos desconectados en tiempos y prioridades, advierte el consultor Jesús García Rojas.
“Se cuenta con el Código Urbano del Estado de Jalisco y sus Municipios, que erróneamente convocaron a revisar sin que esté aprobada la ya citada nueva Ley General de Ciudades y el Territorio [de carácter federal]; el Programa Estatal De Desarrollo Urbano, que deberá ser revisado cada seis años; los planes regionales de integración urbana y el Ordenamiento Ecológico Regional del Estado [que también] deben ser revisados cada seis años”; en contraste, los programas municipales de desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano se revisan cada tres años.
“Esto es un galimatías, planeación de corto plazo, reinventamos el país y los estados cada seis años y los municipios cada tres años y además agregue los presidentes municipales chapulines que tan solo duran dos años y súmenle a este escenario las malas finanzas públicas y las deudas públicas cada vez a mayor largo plazo, 17.5 años promedio, y sus encubiertas nuevas modalidades como PPS [proyectos de prestación de servicios] y APP [asociaciones público-privadas]”, destaca.
Por otro lado, hay innumerables organismos consultivos auxiliares, “multitudinarios, simbólicos, catárticos” de utilidad "casi nula": “el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad [Cesjal], el Consejo Estatal De Desarrollo Urbano [Cedu], este último derivado del Código Urbano y a que a pesar de su excesiva multirrepresentación [37] e invitados permanentes [17] , y siendo su responsabilidad el desarrollo urbano, curiosamente no hay ningún presidente municipal en su consejo; su concepción parece bien intencionada, mas por lo numeroso de sus miembros y complejidad resultan solamente de gran utilidad política, hacerlos sentirse consultados, estar en la jugada y tomarse la foto, mas no en la práctica, sus resultados medibles son magros”.
García Rojas lamenta lo que ve como un nuevo fracaso: “los municipios metropolitanos cuentan el deseado y cacareado Instituto Metropolitano de Planeación [Imeplan] en el que se tenían muchas esperanzas y expectativas y nació muerto, sin facultades, con muy poca y real participación ciudadana, y su futuro predecible como el de todos los institutos municipales de planeación existentes en el país, inútiles, todas sus recomendaciones son como llamadas a misa”.
Asociado están los efectos de la Ley de Coordinación Metropolitana, de la cual deriva “su cuestionado estatuto orgánico que en el capítulo cuarto, sección segunda, artículo 82, crea el Consejo Metropolitano Ciudadano, a cuyos representantes ciudadanos los elige la comisión edilicia de participación ciudadana o similar de los mismos: en síntesis, a los representantes ciudadanos los escoge el municipio a su gusto”.
También “existe el Consejo Metropolitano de Desarrollo urbano, que lo preside el titular del Ejecutivo, los presidentes municipales de la zona y secretarios de estado vinculados con la materia; sus funciones son ordenar y regular el crecimiento urbano, buscar las fórmulas para operar y administrar con eficiencia los servicios públicos, acordar las formas más eficaces para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento de gran magnitud”.
A este concierto de instituciones cuya utilidad es dudosa, se suma la Procuraduría Del Desarrollo Urbano, a la cual “su titular lo propone el Ejecutivo, lo selecciona el Legislativo, le paga el Ejecutivo, no actúa de oficio y es prácticamente inútil para los ciudadanos y muy útil para los desarrolladores”.
El consultor Alberto Orozco Ochoa, por su parte, destaca: “El entorno urbano en su estado actual debe considerarse para valorar la eficacia de la arquitectura interinstitucional vigente. Otra forma de evaluar es también mediante indicadores básicos que revisan el resultado en su conjunto de las gestiones que desde su medio realizan”.
Un indicador novedoso “que sirve como parámetro para revisar la capacidad de gestión urbana en México son los resultados del más reciente estudio presentado por ONU-Hábitat-México, donde se advierte que los 136 municipios del país con la mayor generación de créditos del Infonavit [Instituto del Indo Nacional de Vivienda para los Trabajadores] obtuvieron un valor promedio de 51.2 [en una escala del 0 al 100], resultado que se califica como ´moderadamente débil’ en su Índice de Prosperidad Urbana. Esta agencia responsable de los programas para los asentamientos humanos en la ONU concluye que ‘México se mantiene bajo la lógica de obra pública y no de desarrollo urbano integral”.
La mayoría de estos casos “van de la mano con el fenómeno de la expansión urbana que fomenta el crecimiento urbano insostenible, espacialmente disperso y fragmentado, además de alentar en buena medida la exclusión social […] lo dicho refuerza la necesidad impostergable de impulsar la tan esperada Ley de Ciudades y Territorio que permitiría posteriormente armonizar la normatividad en los ámbitos estatal y municipal, entiéndase como reforma urbana integral”.
Añade: “El hecho que existan vacíos e inconsistencias legales en materia de desarrollo urbano propicia crecimiento desordenado derivado del incumplimiento de planes y programas, además de anteponer enormes retos para los municipios que terminan proyectando finanzas públicas más deficitarias, al hacer cada vez menos costeable la provisión de sus funciones y servicios en la medida que aumenta la urbanización de sus territorios”.
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