Tribunales federales suspendieron en Jalisco y Querétaro el proceso de recuperación y reciclaje de aparatos analógicos, ante los graves riesgos para la salud.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Ayer se notificó formalmente la resolución del recurso de queja 133/2016, por medio de la cual el Tribunal Colegiado número II de esta ciudad concedió “suspensión provisional” a diversas organizaciones de la sociedad civil, con el efecto de suspender en Jalisco el programa de reciclaje y acopio de televisiones viejas montado a instancias del cambio a televisión digital, ante la evidencia de que sus carencias pueden repercutir seriamente en la salud de millones de ciudadanos.
Como sucedió un mes atrás en el estado de Querétaro, la “suspensión provisional” impide, bajo “el principio precautorio”, realizar el proceso de reciclado de más de 500 mil aparatos de desecho, de los cuales, el sistema de centros de acopio de ayuntamientos y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) apenas ha captado alrededor de diez mil.
El investigador Gerardo Bernache, del CIESAS occidente, destacó que podrían ser casi diez mil toneladas de desechos peligrosos en Jalisco, para las cuales no hay un manejo seguro ante la debilidad e inconsistencias del programa institucional.
Se trata de los juicios de amparo indirecto 1/2016 de Jalisco y 3082/2015-II de Querétaro, los cuales, tras ser rechazados en los juzgados, fueron admitidos y ponderados por los colegiados, de manera que en el caso del estado del centro, a partir del 9 de marzo, y en esta entidad, desde el 8 de abril (acuerdo apenas publicado ayer), se deberá suspender “todo el proceso de centros de almacenamiento, acopio, tratamiento, coprocesamiento, reciclaje, recolección, confinamiento y disposición final de miles de aparatos”, explicó la doctora en Derecho, Izarelly Rosillo Pantoja.
“En los dos juicios de amparo primero se pide la suspensión a efecto de que se aplique el principio precautorio establecido en el artículo 15 de la Declaración de Río de Janeiro; el principio precautorio consiste en anticiparse al daño, y para que se aplique se tendrá el juez que pronunciar con medidas cautelares, prohibiciones, o con una moratoria hasta en tanto no esté la legislación que se puede aplicar (…) lo más importante es que se evite el reciclaje, los componentes de óxido de plomo como los cromados contenidos en las carcasas de plásticos y en los tubos de rayos catódicos representan un grave riesgo para la población; si se llega a otorgar el reciclaje y a materializar estos actos se está poniendo en riesgo a la gente”, subrayó.
De este modo, las suspensiones otorgadas “tienen como efecto que se aplique el principio precautorio, ambas resoluciones señalan que bajo este principio precautorio se otorga la suspensión provisional (…) nosotros no estamos en contra del acopio, porque si no se pueden generar más residuos, pero sí en contra del acopio que no tiene plazo, porque la competencia exclusiva para el manejo de residuos peligrosos está sujetos a tratados internacionales, es competencia de la federación, no es competencia de los estados ni de los municipios, y suponiendo sin conceder que fuera responsabilidad de estos, no se les puede trasladar ninguna responsabilidad dado el riesgo inminente, sin un presupuesto claro para que puedan manejarlo, sin una capacitación y sin una estrategia de recolección”.
Por ello, “le pedimos al juez de distrito que se suspenda hasta en tanto no exista una infraestructura y un presupuesto acorde para un medio ambiente sano, hasta que la autoridades respondan a las obligaciones impuestas, ahora emergentes (…) por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco declaró que no ha llevado a cabo la celebración de ningún convenio, pero que ha abierto centros de acopio emergentes porque se han tirado residuos y componentes de forma dispersa en todo el estado”, es decir, se ha visto forzada por las circunstancias.
Por su parte, Sofía Chávez, de Proyecto EcoVía, informó que de modo paralelo se integra actualmente el expediente de hechos que se solicitó ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN). El gobierno mexicano tenía hasta el 15 de abril próximo para responder a la instancia regional sobre las presuntas violaciones e insuficiencias de su legislación en el caso de más de 40 millones de aparatos que podrían ser desechados, pero logró una prórroga y será hasta finales del mes de mayo cuando se entregue esa información.
Tres expedientes
Petición SEM-15-002, CCAAN. Esta petición fue presentada el 24 de agosto de 2015 y denuncia “las posibles afectaciones a 112 millones 336,538 mexicanos al ser dejados en estado de indefensión violentando el derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud por el riesgo de liberación de hasta 67,319 toneladas de óxido de plomo (dato nacional) y de retardantes de flama bromados al ambiente, contenidos en los residuos de las televisiones analógicas”
Amparo indirecto 3082/2015-II “en el que se reclaman el proceso administrativo y los acuerdos para realizar la instalación de centros de almacenamiento, acopio, tratamiento, coprocesamiento, reciclaje, recolección, confinamiento y disposición final de los televisores analógicos…”, en Querétaro
Amparo indirecto 1/2016 con el reclamo de actos similares a los del estado de Querétaro
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