Manifiestan "el posible incumplimiento de la normatividad que rige en el estado para las adquisiciones y enajenaciones de bienes y la contratación de servicios, y en materia de austeridad".
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El procedimiento de contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) para el proyecto de sustentabilidad del río Verde , con un costo al erario de 6 millones 507,961 dólares (112 millones 652 pesos al tipo de cambio de ayer), violó la Ley de Adquisiciones y Obra Pública del estado al superar ampliamente el tope mínimo para obligar a licitación, además de tratarse de un trabajo que –al menos en parte- ya había sido elaborado para la Comisión Estatal del Agua por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este es en resumen de la denuncia que ayer hicieron pública colectivos que defienden la región de Los Altos ante el posible trasvase de aguas del río Verde a la ciudad de León, en conferencia de prensa, presidida por los presidentes de la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, Manuel Villagómez Rodríguez, y del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.
Allí se informó de la interposición de una "denuncia de hechos" en la Contraloría del estado, ante "el posible incumplimiento de la normatividad que rige en el estado para las adquisiciones y enajenaciones de bienes y la contratación de servicios, y en materia de austeridad y ahorro".
Así, "pedimos que el gobierno de Jalisco lleve a cabo una revisión legal del procedimiento de contratación llevado a cabo con la Unops [...] ante la posible ilegalidad en la celebración de los diversos actos jurídicos celebrados, específicamente por lo que se refiere al addendum y a su apéndice II", lo que incluye devolver los montos erogados y abrir expedientes "ante posibles responsabilidades administrativas y penales".
La responsabilidad es señalada para el gobernador Aristóteles Sandoval, y varios de sus colaboradores (los titulares de la SSG, de Semadet, de Sepaf, y el de la Consejería del Ejecutivo). El monto asignado a la Unops, agregan, es considerablemente mayor a 35 mdp, y de acuerdo a las leyes de presupuesto y las que rigen en adquisiciones, obligaban a una licitación pública.
Además, se deben "dar por terminados los actos jurídicos firmados con la Unops, en virtud de la existencia del trabajo para el que fue contratada"; el gobierno estatal también debería pronunciarse "sobre el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el estado", que ha recomendado impedir el trasvase de agua a León.
Si se necesita un tercero que apoye a ejecutar esas recomendaciones, le piden al gobernador "solicite el apoyo de la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que a través de la invitación que se haga al relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y al relator especial sobre el derecho a la alimentación, se realicen los trabajos correspondientes integrales en la zona geográfica correspondiente a El Zapotillo y su acueducto, y le sean proporcionados los informes y recomendaciones correspondientes respecto del impacto de dichos proyectos para las poblaciones afectadas por los mismos, desde una perspectiva del cumplimiento a los derechos humanos".
A la contraloría le piden "proceda conforme a derecho corresponda [...] y se dé vista a la Secretaría de la Función Pública para que proceda conforme a derecho"; el Ejecutivo, a juicio de los quejosos, deberá escuchar a los ciudadanos "que reclaman no ser excluidos, y se comprometa a una defensa articulada en los derechos de los jaliscienses al acceso... particularmente a los habitantes de la región de Los Altos como afectados directos –productores, ganaderos, empresarios-, en relación con El Zapotillo y su pretendido trasvase de aguas de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma".
'Temaca' se posiciona
"Las declaraciones externadas por el gobierno del estado de Jalisco son parte de una estrategia de hostigamiento contra los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, impulsada por el Gobierno de Jalisco en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua)", dijeron los activistas por Temaca en un comunicado, al reaccionar a la advertencia del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, que podría darse un desalojo para comenzar el llenado de la presa El Zapotillo. "...son sumamente preocupantes, desafortunadas y violatorias de los derechos humanos, pues se trata de un caso que se encuentra en juicio y que cuenta con suspensiones definitivas que no pueden ser violadas por las autoridades federales y estatales". El martes, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval aseguró que aún no se iniciará con este proceso.
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