miércoles, 6 de abril de 2016

Desarrollo territorial, “buenas” intenciones



La reingeniería que hizo el Ejecutivo para ligar el tema ambiental al de la gestión territorial ha creado atribuciones dispersas en tres secretarías que poco inciden en el tema, señalan expertos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El entramado institucional creado por el gobierno de Jalisco en 2013 para dar vida a las secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), pudo tener muy buenas intenciones, pero no mejoró la gestión del territorio metropolitano, advierten expertos consultados por MILENIO JALISCO.

“Cuando se crea la Semadet y se reforma la ley orgánica del Poder Ejecutivo para regular territorio y medio ambiente, vi la pertinencia de ello. Sin embargo, la reforma se quedó a medias ya que no se dotó de fortaleza y capacidad institucional a la Semadet. De igual manera es una secretaría de bajo perfil que tiene un presupuesto de menos de 0.3 por ciento del presupuesto total del gobierno estatal; además, sigue existiendo la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano) y no se homologaron las instituciones derivadas de Código Urbano con la ley estatal ambiental; me parece que faltó liderazgo para que Semadet asumiera realmente el manejo del territorio”, explica la doctora en derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

Es por eso que al tratar de sacar adelante un expediente de protección en la barranca del río Santiago, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) ha planteado la necesidad de construirlo desde el ámbito del control territorial real: los municipios, “una reserva estatal puede proteger valores ambientales pero no nos garantiza controlar la mayor amenaza que tenemos al norte de Guadalajara, que es la expansión de la mancha urbana”, añade.

El consultor Jesús García Rojas detalla el problema: “El tema de fondo y una observación relevante es que al darse los cambios organizacionales estatales la hoy SIOP desincorporó todas sus facultades en materia de desarrollo urbano que se asignaron a la Semadet, quedando una débil área de desarrollo territorial, ordenamiento ecológico y planeación urbana en dos direcciones generales, una de planeación y gestión urbana y otra de planeación y ordenamiento territorial, con funciones y objetivos poco claros, y sin facultades sobre la materia ya que son de los municipios; su existencia se supone es solo para darles información y asistencia mediante convenios de colaboración”.

No obstante, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, “si bien jurídicamente y administrativamente quedó desvinculada del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda, su titular es el secretario técnico del multitudinario CEDU (Consejo Estatal de Desarrollo Urbano) no la Semadet que sí es miembro propietario del mismo (…) la nueva Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en materia de planeación, quedó como una subsecretaría, que cuenta con una Dirección de Planeación Regional y Metropolitana. De este modo, “existe una evidente dispersión de funciones, desarticulación y se generaron vacíos y pérdida de control producto de la reestructuración (…) quedando prácticamente descoordinado el sector de ordenamiento territorial y ecológico, la planeación urbana, la coordinación metropolitana y la coordinación de vivienda en Jalisco”.

No es casual que los empresarios de la vivienda aglutinados en su cámara (Canadevi) soliciten la creación de la Secretaría de Vivienda estatal, “pienso se quedan cortos, y si me atrevo sugerir que es necesario poner orden y reorganizarse (…) esta dispersión de facultades y responsabilidades y desorden organizacional solo beneficia a que continúe el caos en la materia”.

Fragmentación

4.8 millones de habitantes del área metropolitana de Guadalajara son regulados en términos de desarrollo urbano por 90 a 100 instancias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, lo que explica una enorme fragmentación

A esto se agrega la desarmonía entre leyes estatales y federales, y normas municipales, así como proyectos políticos de corto plazo

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