Tribunales de Jalisco y Querétaro han admitido que las debilidades del programa de recepción de televisores viejos representa, como está, un grave riesgo a la salud de la población
Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Tribunales colegiados de distrito han concedido a organizaciones ecologistas de Jalisco y Querétaro, sendas “suspensiones provisionales” que impiden, bajo “el principio precautorio”, realizar el proceso de reciclado de hasta 40 millones de televisores analógicos que podrían ser desechados con el cambio a televisión digital, ante el notable riesgo a la salud que significa para millones de ciudadanos.
Se trata de los juicios de amparo indirecto 1/2016 de Jalisco y 3082/2015-II de Querétaro, los cuales, tras ser rechazados en los juzgados, fueron admitidos y ponderados por los colegiados, de manera que en el caso del estado del centro, a partir del 9 de marzo, y en esta entidad, desde el 8 de abril (acuerdo apenas publicado hoy), se deberá suspender todo el proceso de centros de almacenamiento, acopio, tratamiento, coprocesamiento, reciclaje, recolección, confinamiento y disposición final de miles de aparatos.
“En los dos juicios de amparo primero se pide la suspensión a efecto de que se aplique el principio precautorio establecido en el artículo 15 de la Declaración de Río de Janeiro; el principio precautorio consiste en anticiparse al daño, y para que se aplique se tendrá el juez que pronunciar con medidas cautelares, prohibiciones, o con una moratoria hasta en tanto no esté la legislación que se puede aplicar (…) lo más importante es que se evite el reciclaje, los componentes de óxido de plomo como los cromados contenidos en las carcasas de plásticos y en los tubos de rayos catódicos representan un grave riesgo para la población; si se llega a otorgar el reciclaje y a materializar estos actos se está poniendo en riesgo a la gente”, explicó la doctora en derecho Izarelly Rosillo Pantoja.
De este modo, las suspensiones otorgadas “tienen como efecto que se aplique el principio precautorio, ambas resoluciones señalan que bajo este principio precautorio se otorga la suspensión provisional (…) nosotros no estamos en contra del acopio, porque si no se pueden generar más residuos, pero sí en contra del acopio que no tiene plazo, porque la competencia exclusiva para el manejo de residuos peligrosos está sujetos a tratados internacionales, es competencia de la federación, no es competencia de los estados ni de los municipios, y suponiendo sin conceder que fuera responsabilidad de estos, no se les puede trasladar ninguna responsabilidad dado el riesgo inminente, sin un presupuesto claro para que puedan manejarlo, sin una capacitación y sin una estrategia de recolección”.
Por ello, “le pedimos al juez de distrito que se suspenda hasta en tanto no exista una infraestructura y un presupuesto acorde para un medio ambiente sano, hasta que la autoridades respondan a las obligaciones impuestas, ahora emergentes (…) por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco declaró que no ha llevado a cabo la celebración de ningún convenio, pero que ha abierto centros de acopio emergentes porque se han tirado residuos y componentes de forma dispersa en todo el estado”, es decir, se ha visto forzada por las circunstancias.
Por su parte, Sofía Chávez, de Proyecto EcoVía, informó que de modo paralelo se integra actualmente el expediente de hechos que se solicitó ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN). El gobierno mexicano tenía hasta el 15 de abril próximo para responder a la instancia regional sobre las presuntas violaciones e insuficiencias de su legislación en el caso de más de 40 millones de aparatos que podrían ser desechados, pero logró una prórroga y será hasta finales del mes de mayo cuando se entregue esa información.
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