Construir una área protegida desde los nueve municipios permite enfrentar las presiones inmobiliarias, señala la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La protección de la barranca del Río Santiago que proponen los colectivos del norte de la ciudad pretende la construcción "desde abajo" de un esquema que garantice hacer frente a la mayor amenaza de la zona que es el cambio de uso de suelo hacia la urbanización, advierte la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
La abogada ambientalista pone en relieve que una reserva estatal o federal no presenta esta opción, porque de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios son los que regulan el uso de suelo de los centros de población.
"Mi argumento es que el modelo debe ser a la inversa, porque si se hace estatal, se va a quedar como todas las áreas protegidas estatales, sin un manejo efectivo, no hay una ONG detrás, y siguen haciendo lo mismo las comunidades y pueblos. Lo único que tienen es un decreto, que cuando hay una ONG preocupada en un ecosistema, eso nos sirve para llevar todo eso a juicio, pero no tienen un manejo efectivo de campo", detalla.
Gutiérrez Nájera destaca los múltiples esfuerzos que se han desplegado en los últimos veinte años para tratar de defender en parte o completa esta gran falla con la que colinda el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ha sido infructuoso porque se ha carecido de voluntad política, y cuando se ha logrado emitir decretos, como en el caso de Zapopan y Guadalajara, hay un nulo interés de las administraciones en asignar directores y recursos para un manejo de los recursos naturales que sea justificable. A esto se agrega que se sigue viendo a la barranca como un gran basurero y por eso se instalan rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales y se vierten miles de litros por segundo de aguas negras, desde la conurbación tapatía.
Respecto a la amenaza del desarrollo urbano, no solo la ciudad ha tomado de forma desordenada la ceja de la barranca en los municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan, sino que existe la posibilidad de que la especulación inmobiliaria "brinque" hacia el otro lado a través del puente del camino a Matatlán, pues está documentado que Zapotlanejo tiene por ese lado más de 8,000 áreas de reserva urbana.
"De hecho es un riesgo grande, por eso nuestra propuesta parte de los municipios, para con ellos reconocer el crecimiento urbano y como éste debe ser limitado hacia la barranca. En la reunión que tuvimos ayer, el director de Ecología de Zapotlanejo manifestaba buena voluntad de que trabajáramos con él y sacáramos el decreto, así que coincido en estas amenazas, que hay que detener a nivel municipal".
La gestión municipal tiene la ventaja de que ha contado con el visto bueno de los directores de Ecología de varios de estos municipios, que son Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, Ixtlahuacán del Río y San Cristóbal de la Barranca.
"Hemos tenido una recepción muy buena de parte de la dirección de Ecología de Zapotlanejo, me llama la atención porque ahí hay muchos intereses inmobiliarios, sin embargo debemos de aprovechar la circunstancia para tratar de sacar pronto adelante la nueva área natural protegida. Esta innovación obligada por las circunstancias, también nos lleva a tratar de sacar pronto el expediente debido a que no se puede pasar más tiempo con solo propuestas y diagnósticos mientras la amenazas siguen destruyendo la naturaleza del lugar", puntualiza.
Claves
Reserva federal
A partir de 2001, cuando empezó a generarse el proyecto Arcediano, el gobierno estatal se vio obligado a establecer como "medida de mitigación" el área natural protegida de las barrancas de los ríos Santiago y Verde
La Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas la sometió a consulta en los años 2008 y 2009 bajo la categoría de "área de protección hidrológica"
El proyecto se frustró en 2009 cuando la Conagua y el gobierno de Jalisco cancelaron la construcción de la presa
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