Acusan campesinos al gobierno del estado de promover intereses empresariales en perjuicio de su patrimonio
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, se ha enfrascado en un conflicto interno debido a los intereses de un grupo empresarial que pretende incorporar 130 hectáreas a un fideicomiso para hacer un corredor de fraccionamientos en el lindero con el lago.
El pasado domingo 17 de abril, “aproximadamente a las 0.26 horas comenzó un operativo de la fuerza pública por parte del Gobierno de Jalisco y de la Procuraduría Agraria, en un tráiler llevaron equipo para vallas metálicas y un contingente de más quince patrullas con 12 policías por vehículo, esto, es, aproximadamente 180 policías que tomaron la plaza principal donde se ubican la delegación municipal y el templo y bloquearon los accesos de la casa ejidal y de la plaza del poblado”, señala María de Jesús López Rodríguez, vocera del grupo que denuncia la agresión.
La idea era sustituir a las autoridades del núcleo agrario, dado que las vigentes se oponen a la venta de tierras. Pero no prosperó.
“Aproximadamente a las 9.30 horas, llegó el personal de la PA: la jefa de residencia María del Rosario Santos Becerra; el Jefe del jurídico Juan Martín, el visitador agrario Ricardo Espinoza, y personal de la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado de Jalisco; el notario público número 4 de Chapala, Juan José Rodríguez Ávila; y restringieron el acceso a la casa ejidal, impidieron el acceso en la a ejidatarios adultos mayores que estaban apoyados por familiares para su traslado”, explica en un testimonio ofrecido a MILENIO JALISCO.
Media hora después, la presidente del ejido, María de Jesús Rodríguez, “les dio a conocer a los responsables del operativo anterior que existía un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal del estado de Jalisco y que se decretó la suspensión de plano contra actos de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada, golpes, tortura y maltrato físico; sin embargo, aproximadamente a las 10. 56 horas golpearon los policías a la quejosa”, advierte.
Unos minutos después del incidente, “los integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia en funciones, en cumplimiento del acuerdo de fecha 16 de Abril de 2016 emitido por los representes ejidales de este poblado, en que se acordó suspender [esta] asamblea general convocada por la PA y mantener cerrada la casa ejidal, levantaron el acta de no verificativo de la asamblea, se leyó por uno de los integrantes del comisariado, se firmó por los representes ejidales y ejidatarios presentes y quedó suspendida”.
Personal de la PA pretendió leer la convocatoria, sin embargo los representantes ejidales se opusieron. A las 11.10 am los empleados de la procuraduría y un grupo de ejidatarios “minoritario” se movió de la zona “y se metieron al templo del poblado e hicieron una reunión, exclusivamente con los ejidatarios que promovieron la remoción de los representantes ejidales”, los afectados “se acercaron al templo y quisieron entrar para saber de qué se trataba la reunión, y no pudieron hacerlo porque el acceso fue bloqueado por la fuerza pública del gobierno de Jalisco […] es claro que en el templo no se realizó ninguna asamblea de ejidatarios, ya que no hubo convocatoria que indicara que en el templo se realizaría, además en las asambleas ejidales el acceso a los ejidatarios es libre y no se puede impedir la participación de todos los ejidatarios y en esta reunión realizada en el templo ni siguiera a los representes ejidales se les permitió la entrada a la reunión”, repone la vocera.
El desacato de la suspensión ha sido reclamado ante el juez de distrito. “Pero los intereses que estamos afectando son muy grandes”, repone López Rodríguez.
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