El Instituto Nacional de Administración Pública, histórico apéndice del PRI, recibió casi 150 millones de pesos para una supervisión de El Zapotillo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), asociación civil expresamente dedicada a mejorar la labor de gobiernos, pero históricamente ligada a la formación de cuadros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió de parte del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un contrato sorprendente: casi 150 millones de pesos para “seguimiento técnico, administrativo y normativo de las obras relativas a la construcción de la presa y acueducto del sistema El Zapotillo”, no obstante el carácter específicamente de ingeniería de ese proyecto.
Se trata del convenio “específico de colaboración número CNA-OCLSP-DADPS-09-03-CC”, que si bien, data del 31 de agosto de 2009, apenas se hizo público a través de un proceso de transparencia promovido. El monto pactado en ese documento, firmado por el entonces director del organismo de cuenca, Raúl Antonio Iglesias Benítez, y el presidente del consejo directivo del INAP, José Rafael Castelazo de los Ángeles, asciende a 149 millones 741,517 pesos que se debieron erogar en los años fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012.
¿Qué debía hacer esa entidad cuya especialidad no es la ingeniería y cuyas cuentas son frecuentemente atacadas de opacidad? Según el documento, debía establecer una “gerencia externa” para las obras de la cortina artificial sobre el río Verde, y el tendido del acueducto que todavía en 2016 solamente se pretende hacer entre la presa y la ciudad de León, Guanajuato.
El convenio específico de colaboración abarca siete acciones: seguimiento técnico, administrativo y normativo del proyecto y la construcción de la presa El Zapotillo; seguimiento técnico-legal, administrativo y normativo “a los trabajos de tenencia de la tierra en la zona de afectación de la presa El Zapotillo y acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León Guanajuato”; macrodistribuidor y tanque de entrega; seguimiento técnico, administrativo y normativo de los proyectos presa Arcediano y acueducto obra de toma-Guadalajara y saneamiento de la zona conurbada de Guadalajara; equipos de transporte requeridos, “incluye mantenimiento y conservación”; instalación, mantenimiento y operación el sistema de monitoreo web para avances del proyecto presa El Zapotillo”; y “apoyo a trabajos fuera del área de influencia del proyecto” (sic).
La historia de varios de estos proyectos es de sobra conocida: Arcediano, al pie de Guadalajara en la barranca del río Santiago, fue cancelada por su alto costo de forma oficial en octubre de 2009, pero ya sonaban en agosto insistentes rumores de esa posibilidad (ver MILENIO JALISCO, 15 de junio y 6 de septiembre de 2009); en el caso del resto, se pospusieron en su mayor parte, y de hecho, apenas existen hoy unos cuantos metros del acueducto en el estado de Guanajuato.
No obstante, el contrato a favor del INAP estaba blindado: “Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños o perjuicios que pudieran darse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente cuando el desarrollo de los trabajos sea interrumpido por movimientos sociales, en el entendido de que en tal caso, las partes de común acuerdo tomarán las medidas necesarias para evitar daños tanto a ellas como a terceros”.
Solamente el final de los proyectos lo habría echado abajo, cosa que no sucedió más que en el caso de la presa de abastecimiento para Guadalajara; lo que no ha sido transparentado es si efectivamente se pagaron las remesas a lo largo de estos poco más de tres años, conforme a lo determinado en el convenio:
En 2009, 13 millones 336,802 pesos; en 2010, 46 millones 489,636 pesos; en 2011, 51 millones 274,642 pesos, y en 2012, 38 millones 640,436 pesos, para totalizar 149 millones 741,517 pesos.
Tampoco se conocen los “productos” de este contrato cuyo monto hace palidecer por “modesta” la cuestionada asignación del gobierno de Jalisco a la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (Unops), que ha sido impugnada por vía administrativa y judicial por organizaciones de la sociedad civil (ver ediciones del 17 y 18 de agosto de 2016).
Paralelamente al convenio con el INAP, la Conagua realizó la contratación de “servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obras”, es decir, en algunos puntos había traslapamiento de obligaciones con el convenio del INAP. Se trata del contrato SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP, firmado cuatro meses después del primero: el 3 de diciembre de 2009.
En este caso, son empresas que sí están en el ramo de ingeniería: Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil, SA de CV, y Oestec de México, SA de CV. En específico, se contrata “supervisión técnica, financiera y de control de calidad de diseño, desarrollo de ingeniería y construcción de la presa de almacenamiento El Zapotillo”, specto muy semejante a una de las tareas del convenio con el INAP.
Los trabajos son paralelos: van del 4 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2012. El monto es de 66 millones 122,584 pesos. Tampoco se conocen los productos de este segundo contrato.
Claves
Ser un centro de estudios superiores y de pensamiento especializado reconocido a nivel nacional, regional e internacional en Administración Pública, así como de consulta para las personas e instituciones interesadas en la materia.
Contribuir a la formación de profesionales de la Administración Pública, de manera que sean promotores del cambio institucional.
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Fortalecer y apoyar técnicamente las acciones y programas de los organismos.
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Promover y apoyar los procesos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, ética pública y corresponsabilidad social.
Promover en la Administración Pública una perspectiva sistémica que implica lo multidisciplinario y multisectorial.
Impulsar y coadyuvar en los procesos de innovación y desarrollo, científico y tecnológico de los Entes.
Contribuir a la aplicación de las políticas de gobierno abierto, gobierno digital, equidad de género y democracia participativa, sustentadas en las tecnologías de la información y la comunicación.
Coadyuvar en el mejoramiento y desarrollo de las instituciones de la Administración Pública, considerando la colaboración del Sistema INAP
Fuente: Estatuto del INAP(www.inap.mx)
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