Grave, que el plan sancione la invasión de UGAs ambientales por fraccionamientos; si no se incluye al gobierno federal, será un ejercicio incompleto y riesgoso, sostiene ecólogo.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
No basta un acuerdo entre los nueve municipios metropolitanos y el gobernador del estado, cristalizado en el Plan de Ordenamiento Metropolitano (POTmet), para resolver el principal problema de la ciudad: su expansión desbocada.
Es necesario que el gobierno federal, que otorga subsidios y créditos en la zona de la periferia, se sume y adquiera un papel de responsabilidad del que carece desde comienzos de los años 90 del siglo XX, advierte el ecólogo Eduardo Santana Castellón.
Director del naciente Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, de la UdeG, cuyo eje temático es precisamente la ciudad, el especialista, que parte de la premisa de que los humanos no evolucionaron en las urbes – “La ciudad moderna emerge solamente en el último 0.02 por ciento de la historia humana”-, hizo un análisis, desde la perspectiva de ornitólogo y ecólogo, del nuevo instrumento, que fue publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco el pasado 20 de julio. Su inconsistencia ambiental le parece preocupante, pues sanciona y legitima la invasión de espacios no urbanizables, lo que disfraza como “inconsistencias” o “desfases” del ordenamiento ecológico, según el texto, que entregó a MILENIO JALISCO.
“El POTmet es una iniciativa positiva sin precedente en Jalisco para lograr la transformación de Guadalajara en una ciudad sustentable; el problema es que no logra integrar el componente socioecológico en sus análisis ni presenta estrategias o pautas de orientación a los municipios y al estado para que corrijan los problemas que el propio POTmet identifica”, destaca.
“Todas las recomendaciones nacionales internacionales identifican la expansión urbana como el más grave problema para lograr la sustentabilidad y resiliencia de una ciudad”, pero desde el diagnóstico del documento las cosas marchan mal “confunde el incumplimiento de ordenamientos con ‘desfases’ y pide corregirlos”; es decir, el ordenamiento territorial, que tiene tres sexenios en vigor, planteaba límites al crecimiento urbano que fueron rebasados; lo que el POTmet recomienda es recorrer esos límites a zonas no perturbadas, en vez de señalar la gravedad de ese incumplimiento (ver gráfico anexo).
Además, “el sistema verde periurbano que se plantea, se equivoca en dar prioridad a las reservas urbanas que estaban mal planteadas de inicio sin criterios ecológicos”. La expansión urbana que reconoce el documento “está supeditada a la diponibilidad de agua subterránea; esto no es sostenible al no contarse con información sobre esa disponibilidad, como el mismo POTmet admite”. El mapa más importante del diagnóstico es “el uso óptimo del territorio”, donde se supone que se integra todo el análisis transdisciplinario y transectorial, pero “no se explica adecuadamente y las fallas en la simbología no permite analizarlo […] en la imagen objetivo final no se ve una direccionalidad o estrategia para racionalizar la cantidad y calidad de las reservas urbanas. En esencia se pegó todo lo que ya existía en los planes parciales”. También opina sobre las polémicas “centralidades emergentes”, cuatro en particular, que parecen sancionar la expansión urbana; “no se ve que estén acorde a los perímetros de contención urbana vigentes por Conavi [Comisión Nacional de Vivienda] y Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano]”; de hecho, “el planteamiento final del POTmet lo que hace es legitimar y promover que continúe el escenario tendencial “ de expansión urbana, pues las reservas urbanas reconocidas en planes parciales han sido respetadas totalmente por el POTmet: 44,836 ha.
Si estas se urbanizaran completas hasta 2042, generarían una ciudad de más de 115 mil hectáreas contra una población de menos de 2 millones de habitantes más que ahora. La densidad por ha pasará de 61 habitantes a 57. En 1990 era de 180 habitantes por ha.
“Con la información que tiene disponible y el liderazgo que le han otorgado mediante acuerdos políticos los gobiernos municipales y estatal, se debe hacer un diagnóstico verdaderamente integrador y participativo, ya que el documento actual no lo logró”, sostiene. Debe “utilizar los instrumentos generados por el Imeplan para la aptitud territorial (uso óptimo del suelo), para evaluar y priorizar las superficies de reservas urbanas, y proponer una ruta crítica y mecanismos fiscales y regulatorios para reducir la extensión de la reserva territorial de 44,835 ha planteada erróneamente por el Imeplan, a solo 10,576 ha [escenario del Consejo Nacional de Población] o 13,513 ha [escenario al alza]”; también se deben modificar los mapas del documento “respetando el Ordenamiento Ecológico Territorial, para que no se incluyan zonas de reservas urbanas en las UGAs [unidades de gestión ambiental], y en los casos donde el crecimiento urbano haya violado la normatividad y esté dentro de UGAs, proponer mecanismos para sancionar a los responsables y recuperar una superficie similar en áreas verdes intraurbanas o periurbanas”, sostiene.
Se debe asegurar “que se corrija que ningún área de reserva urbana quede fuera de los perímetros de contención U1, U2, U3 [perímetros de contención urbana Sedatu/Canadevi]; elaborar una evaluación de impacto ambiental sobre las tendencias de expansión urbana que describe” el POTmet y sus repercusiones; “pero háganle como quieran, con o sin POTmet, la ciudad continuará expandiéndose mientras el gobierno federal continúe colocando créditos y subsidios en la periferia de la ciudad donde los desarrolladores inmobiliarios ya compraron sus tierras”.
¿Qué se necesita?
Santana Castellón considera fundamental que se escale a los tres niveles de gobierno la nueva instancia metropolitana cuya tarea sea “diseñar e implementar mecanismos fiscales con los créditos, subsidios, incentivos y multas, para desincentivar la especulación intraurbana y extraurbana, y para fomentar la construcción de vivienda en esquemas de usos mixtos. Que fomente la recuperación de plusvalía intraurbana mediante un marco legal adecuado y financiamiento efectivo para infraestructura y equipamiento para la regeneración urbana, que además incluya la compra/expropiación y consolidación de terrenos intraurbanos para insertarlos en el mercado de vivienda. Que además promueva permutas de los terrenos intraurbanos con terrenos periurbanos, fomentando la densificación, a la vez que los terrenos periféricos se incorporen a una nuevo anilllo de zona rural protegida para la producción agropecuaria y/o para la conservación de la naturaleza para proveer servicios ambientales a la ciudad”.
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Los problemas ambientales
No respeta las UGAs (unidades de gestión ambiental) y disfraza la invasión urbana como “desfase” de los polígonos del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial
No toca las 44,836 ha de reserva urbana de los nueve municipios aunque reconoce que son cuatro tantos más de las que necesita la metrópolis
Con sus “centralidades emergentes” no respeta los anillos del perímetro de contención urbana que ha planteado el gobierno federal como límite a zonas de subsidio y crédito de vivienda
No hace más que vincular declarativamente el agua a la disposición de reservas urbanas, pues reconoce carecer de información del acuífero metropolitano
No se somete a una dictaminación de impacto ambiental pese a que su entrada en vigor generará efectos ambientales mayores en las siguientes décadas para la ciudad
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