Jesús García Rojas advierte sobre las inconsistencias del documento, y sobre la necesidad de una legislación general que obligue a cumplir.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Es fundamental que el Congreso de la Unión avance sobre la conformación de la Ley de Ciudades y Territorio para evitar que la entrada en vigor del Plan de Ordenamiento Territorial (POTmet) en Guadalajara signifique un triunfo de la simulación que permita proseguir el negocio de la expansión urbana, sostiene el consultor Jesús García Rojas.
El arquitecto de profesión destaca la relevancia que esta propuesta de ley tiene para de verdad poner freno a la caótica expansión de las ciudades mexicanas; señala que penalizar de forma estricta los abusos de alcaldes y servidores públicos y dar verdaderos derechos para ejercer a los ciudadanos, es un modo de dar legalidad y sustento social a todo el tema de ciudades compactas que pretende generar –de forma ambigua y frecuentemente equívoca– el POTmet.
El POTmet “ya es ley, está publicado en el periódico oficial del estado. Sin duda es un importante paso, el principio de algo muy relevante y nos da zonificación primaria y estructura urbana […] un buen ejercicio, bien intencionado, con buenos propósitos, un documento básico, primario, una fotografía, un registro de la situación actual que desnuda todas nuestras inconsistencias y falta de coordinación, y un plan a nivel idea lógico, que incorpora políticas públicas, conceptos y propósitos del gobierno federal e iniciativas que no han prosperado”.
Pero “emprender una apresurada tarea como esta no es nada fácil; ordenar lo general, cuando no está ordenado lo particular, donde impera el desorden y la discrecionalidad, cuando en la ley no hay organismos intermedios entre municipios y estados, cuando hay un Código Urbano que no aplica en la mayoría de los municipios y en donde sigue vigente el Reglamento de Zonificación, anarquía, desorden e interpretaciones que favorecen la opacidad y la corrupción; una Ley de Coordinación Metropolitana que podría mejorarse y también su estatuto orgánico”.
Adicionalmente, la gran debilidad “es el marco jurídico para los asentamientos humanos federal, estatal y municipal, que están cuestionados y en debate”.
García Rojas se pregunta: ¿Qué le falta como instrumento de ordenamiento al POTmet? “… se identifican la conveniente consideración de la marginación y el empleo, el exceso de reservas urbanas, el déficit de áreas verdes para lo que no proponen nada ya que las que tenemos se concesionan, aportan o venden a negocios privados”; hay aciertos y hay inconsistencias: “que sospechosamente Huentitán sea considerado como un nuevo centro urbano sustentable y que retomen atinadamente el viejo tema del banco de tierras para vivienda”, lo evidencian.
El área metropolitana “ya es policéntrica; en la zonificación probablemente se cayó en excesos en la propuesta de centralidades especialmente las emergentes para satisfacer presiones de intereses que contravienen el propósito del plan de ser compactos, cercanos, conectados y equitativos; hay que entender que finalmente el Imeplan es el coordinador y amanuense de los municipios”.
Ante esto, “si no hacemos reformas económicas y sociales de fondo, seguiremos dispersos, distantes, desconectados y desiguales. Ni las nuevas reglas de otorgamiento de subsidios de la SHCP, ni los perímetros de contención urbana de la Conavi, que por cierto ambos son negociables y laxos, y localmente el POTmet y sus centralidades, no detendrán la expansión urbana”.
Por eso urge a “retomar la Ley General de Ciudades y Territorio que abortó en el Congreso de la Unión por el cabildeo de desarrolladores y ayuntamientos”, además de “cambiar la política de subsidios totalmente, ya no darlos al frente como enganche, sino darlos en especie con tierra planificada”, plantea.
Expansión urbana
5 millones de viviendas abandonadas [en México] y el aumento del hacinamiento en los últimos 23 años
Causas: “políticas públicas equivocadas, apostar a ser un país maquilador-exportador de materias primas y de capital humano; las reformas constitucionales de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, donde abdica el estado mexicano a la rectoría en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y usos del suelo; a la Ley Agraria, a la Ley de Aguas Nacionales y las de los institutos de vivienda”
También, “estrategias facilitadoras, privatización de la oferta de vivienda, desalineación entre oferta y demanda, subsidios mal diseñados, especulación de suelo urbano, congelación de salarios, desempleo –60 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad–, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, pobreza extrema, desigualdad, marginación, migraciones del campo a la ciudad, asentamientos irregulares y obviamente migración del centro a la periferia”
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