El abogado de los quejosos destaca que se pone en entredicho el derecho internacional sin beneficio para Jalisco.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La sede internacional de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en Copenhague, Dinamarca, ya recibió notificación de los litigios que afronta su filial en América Latina por su papel polémico en la gestión de la cuenca del río Verde, donde los actores sociales y políticos cuestionan tanto el pago de 4.6 millones de pesos del erario del estado como la pertinencia de los “productos” que realiza para el gobierno.
“Hemos enviado copia de lo que hemos actuado tanto ante gobierno del estado, la Contraloría y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas [Sepaf], como del juicio de amparo que hemos interpuesto ante el juzgado cuarto, nos parece muy importante que ellos se den cuenta de cómo actúa su gente en Jalisco”, dijo el abogado de los demandantes, Alejandro López Aguayo.
El representante de los quejosos consideró que violar la Ley de Adquisiciones es “un atropello a la legislación local, y en consecuencia, al derecho internacional[…] hay cláusulas de inmunidad que protegen a estos entes, pero en este caso particularmente por cómo se están dando las circunstancias, no se justifica; no es posible que teniendo el gobierno del estado un observatorio ciudadano, que es un órgano ciudadano técnico especializado, que no cobra, que realmente es con las mejores instituciones y representantes del sector agua, y que tiene recomendaciones vinculantes, se vaya con una supuesta tercería, que no es tercería, sino una prestación de servicios, es un contrato administrativo que debe regirse por las leyes administrativas, y sorprende”.
López Aguayo advirtió que en una tercería, se acepta el arbitraje del ente en cuestión como vinculante para los demás; pero en este proceso, se trata simplemente de la entrega de ciertos productos que no le quitan al gobierno la posibilidad de decir la última palabra.
“Preocupa más porque en el fondo el tema es el control del río Verde, por el estado de Guanajuato, con la complicidad o convenios con empresas, en este caso internacionales; entonces la pregunta es si el estado, si el gobierno de Jalisco va a permitir que el estado vecino controle su propia región, decida cómo distribuir sus aguas y a fin de cuentas, también controlar el lago de Chapala a través del río Lerma y las presas. Eso estamos advirtiendo, Jalisco pierde en cualquiera de esos casos”.
El último capítulo del desencuentro entre la Unops y el observatorio, tras que el “producto temprano” alertara sobre la posibilidad de que la presa inconclusa desborde en alguna fuerte avenida de agua, lo que generó recelos de que se tratara de un “disfraz” para desalojar los pueblos reacios a su reubicación.
SRN
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