El debilitamiento presupuestal de la Conanp abrirá las posibilidades a las grandes mineras, petroleros, talamontes y saqueadores clandestinos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Sea intencional o involuntario, el debilitamiento institucional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que ya padece severos recortes y se espera se le dé "tiro de gracia" en el presupuesto de 2016, es la oportunidad esperada por los grandes intereses mineros, del sector petrolero y del gas natural, de los desarrollos turísticos inmobiliarios, de los talamontes y de los cazadores y extractores de flora y fauna clandestinos que padecen los bosques y selvas del país.
"Estamos regresando a las condiciones históricas del capitalismo salvaje y de la acumulación originaria del capital. Dicho de otra manera, pareciera que en pleno siglo XXI estamos volviendo a la época de la Conquista intercambiando oro-recursos naturales por cuentas de vidrio y bonetes rojos o, por lo menos, a un Neoporfiriato", advierte, en un análisis preparado para MILENIO JALISCO, el investigador de la UdeG, y uno de los forestales más importantes del país, Enrique Jardel Peláez.
"En las áreas protegidas esto se manifiesta en proyectos mineros que amenazan la integridad de reservas como Sierra de La Laguna, Baja California Sur, con el proyecto minero Los Cardones; o la explotación de roca en Balzapote, dentro de la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, para la ampliación del puerto de Veracruz; que generan conflictos en su área de influencia, como la minera Peña Colorada en el caso de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima; o que bloquean la creación de nuevas áreas protegidas, como es la reserva de la biosfera de Wirikuta en San Luis Potosí. También está el caso de obras de infraestructura hidráulica, como la presa de Las Cruces, que afectará al humedal más importante de la costa del Pacífico en el continente americano, las Marismas Nacionales en Nayarit", añade.
Un artículo reciente "muestra que 1,609 concesiones mineras, que cubren un área de 1.49 millones de hectáreas se traslapan geográficamente con áreas protegidas, esto es, con el 75 por ciento de las áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biosfera, 47 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios de vida silvestre y 15 por ciento de los parques nacionales" (ver Armendáriz-Villegas et al. 2015. Metal mining and natural protected áreas in Mexico: Geographic overlaps and environmental implications. Environmental Science & Policy 48: 9 19,http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2014.12.016).
Así, "los decretos no representan un obstáculo para los proyectos mineros, cuyo impacto no se restringe a las áreas protegidas sino a también a sus áreas de influencia [...] en ningún momento las autoridades del sector medio ambiente y recursos naturales han defendido la postura de que las áreas protegidas deben serlo efectivamente: ser espacios dedicados a la conservación a largo plazo del patrimonio natural, de la biodiversidad y de ecosistemas que proveen servicios ambientales esenciales e insustituibles; las actividades productivas en zonas de amortiguamiento o de uso múltiple en las áreas naturales protegidas deben ser compatibles con la conservación, lo cual no es el caso de la minería a cielo abierto y, fuera de las áreas protegidas los proyectos mineros deberían sujetarse a estándares estrictos de protección ecológica y mitigación de impacto ambiental".
A mediados de 2014, los integrantes del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de numerosas organizaciones de la sociedad civil, científicos y ciudadanos interesados en la conservación, "habíamos publicado [el 27 de mayo de 2014] un desplegado dirigido al presidente de la República, llamándolo a participar en un proceso colegiado de reflexión y análisis acerca del futuro de las áreas protegidas, que constituyen espacios vitales para mantener un ambiente sano y preservar el sustento material y espiritual de nuestro futuro como nación. No hubo ninguna respuesta seria a esto, solo una manifestación de disgusto del entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud". Concluye Jardel: "las áreas protegidas y la conservación no son una verdadera preocupación para el actual gobierno; al contrario, las ven como un obstáculo al desarrollo".
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