El Congreso prepara una reforma integral del Código Urbano; se deben frenar excesos de ayuntamientos y TAE, señala el CEDU.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Congreso del estado tiene en sus manos la reforma integral del Código Urbano, en más de 200 preceptos, para que se ajuste a la realidad, y entre estos cambios, se prevé sancionar de forma estricta a los funcionarios que incurran en actos u omisiones que afecten los intereses de la ciudad, dijo la representante del Congreso del estado en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU), Lizette Flores Núñez.
"Se está trabajando la reforma integrada al Código Urbano, en la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso del estado, que modifica más de 200 preceptos del código, y entre ellos se adicionan varios artículos a partir del 392, 395 bis, y la intención era esta, crear un capítulo nuevo de delitos urbanísticos, donde ya se establecen sanciones, tanto económicas como penales, privativas de libertad, a servidores públicos que incurran en este tipo de omisiones, que se convertirían en delito, y cabe señalar que está siendo revisada, los tipos penales por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, ese sería el proceso ordinario a seguir, probablemente para que sea discutido la próxima semana y pueda pasar al pleno, a lectura", explicó en conferencia de prensa.
La funcionaria descartó que imponer delitos sea un exceso que genere inacción en las áreas administrativas de los ayuntamientos y del Tribunal de lo Administrativo, pues ambas instancias son responsables, por actos u omisiones, del caos urbanístico que padece actualmente el área metropolitana de Guadalajara.
"No creo que sea tan rígido, creo que es necesario, creo que esto responde a una queja ciudadana, como lo comenta nuestro coordinador del CEDU, el arquitecto García Curiel; se presentó en el taller de dictaminación, y creo que el código debe ser adecuado a las necesidades sociales; la realidad social nos muestra la necesidad de imponer sanciones penales, estamos convencidos de ello", añadió.
La conferencia, convocada para posicionar al CEDU sobre la ausencia de procurador en el ramo, sirvió para analizar a las instancias que permiten que por medio de recursos en el TAE, muchos desarrolladores se salgan con la suya.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Benjamín Cárdenas Chávez, dijo que no es solamente un problema del tribunal.
"Nosotros este tema lo hemos comentado en el TAE, y ha habido una coincidencia en que los municipios poco han hecho en lo que corresponde a los derechos de desarrollo urbano [...] también hay pecados de omisión de los ayuntamientos, y al no defender estos temas en los tribunales, creo que también llevan una parte de la responsabilidad muy importante".
Estas omisiones, añadió el coordinador, Héctor García Curiel, "vuelven a generar lagunas e incertidumbre, que en nada abona en resolver tanta problemática, con autorizaciones fuera de contexto; exigimos claridad, exigimos que se aplique la legalidad, porque cualquier laguna que se vislumbra en la legislación, está siendo aprovechada, y hay que decirlo con todas sus letras, por desarrolladores abusivos, que están viendo la manera, en los tribunales, de obtener las autorizaciones que deben ser de las autoridades municipales; estamos viendo construcciones, edificios, y algún otro tipo de edificaciones, fuera de contexto, porque son los jueces los que les están aprobando estas edificaciones, y no los técnicos especializados en desarrollo urbano, que son los que saben de estos temas".
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