El Zapotillo, crece el lobby sobre la corte

Grupos internacionales y locales, y jurídicos de dependencias, presentan argumentos extra para que los ministros fallen a favor de sus intereses.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

Amicus curiae es una de las aportaciones del derecho internacional para el funcionamiento de los tribunales mexicanos. Literalmente significa “amigos de la corte”, y según la Enciclopedia Británica es “una institución derivada del derecho romano utilizada principalmente en el derecho anglosajón. Su objetivo es abrir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover voluntariamente una presentación que contiene una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes…”.

Amicus curiae ha sido utilizada en los recientes juicios sobre la presa El Zapotillo que ha comenzado a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Organizaciones sociales hicieron apuntes a los ministros sobre lo que estaba en juego, de inicio, en los juicios  97/2015 y 302/2015, que ya fueron resueltos de modo desfavorable para los reclamos de los moradores de Temacapulín (en estos casos, respectivamente, Lauro Jáuregui Jáuregui y Aurora Jáuregui Becerra), si bien, con la ratificación de que sólo se puede edificar el embalse artificial a 80 metros, y de este modo, evitar inundar las propiedades de los quejosos ubicadas en el poblado alteño.

Destaca el caso del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC, por sus siglas en inglés), una entidad con sede en Estados Unidos, que señala su preocupación por el destino del agua del río Verde ante “una serie de decisiones arbitrarias e ilegales de las autoridades responsables”.

Otro Amicus curiae es el memorial de Habitat International Coalition de América Latina, que inició actividades en 1976 y constituye “una red internacional independiente y sin fines de lucro” conformada por más de 350 organizaciones, preocupada “por las políticas de desarrollo que pueden traer como consecuencia violaciones a los derechos humanos, como es el derecho a la vivienda adecuada y a que las poblaciones no sean desplazadas de manera forzada de sus tierras”.

Ambos amigos de la corte sostienen la importancia reconocida por los convenios y tratados internacionales relativos a temas como derechos humanos y medio ambiente, que tienen rango constitucional en el país, y que a su juicio, está en riesgo.

Estos dos documentos fueron ingresados al análisis del asunto numerado como 97/2015. Otras sugerencias no son tan explícitas: la del personal del jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de sus socios de los estados de Jalisco y Guanajuato, quienes “hablaron con los ministros en reiteradas ocasiones, y además de destacar el tema de las licitaciones multimillonarias que ya están falladas en los proyectos, aseguran que el bien de 500 personas no está por encima de los cinco millones de habitantes presuntamente beneficiados”, dijo un testigo de las intervenciones. Las agrupaciones de Los Altos también se hicieron escuchar: el patrimonio y la paz social de 800 mil personas están en riesgo si les quitan el agua. Al faltar dos amparos por fallarse, las presiones, se prevé, crecerán.