Las reformas constitucionales de 2001 y 2011 le han restado poder a las empresas transnacionales para invadir comunidades indígenas y extraer sus riquezas, apunta experto
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La evolución de la relación entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano ha sido ininterrumpida desde el levantamiento zapatista de 1994. El especialista Francisco López Bárcenas, abogado por la Universidad Autónoma de Sinaloa pero originario de la mixteca oaxaqueña, ve un presente cargado de desafíos donde la lucha se debe seguir tanto en el terreno legal como en el de la opinión pública, frente a los enormes intereses “neoextractivistas” que enfrentan los aborígenes en las regiones más apartadas y ricas en recursos que tiene el país.
Esa materia es central dentro de su obra Autonomía y derechos indígenas en México, que ha venido a presentar ante un auditorio selecto en la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta ciudad, y luego, ya abierto a todo público, en la ciudad de Colima, este fin de semana.
Se trata de la sexta edición de una obra que comenzó a publicarse y a acumular conocimiento desde 1998.
López Bárcenas hace uso de varios privilegios personales: su cuna de origen en indígena, pero siguió la vida de un mestizo, lo que lo llevó a migrar. Su competencia lo instaló en un escenario privilegiado: los espacios del gobierno federal para generar legislación indígena hace más de una década. Ahora, está convencido de que “echarse para atrás” con los acuerdos de San Andrés, por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, no fue el presunto temor de que se propiciara el secesionismo del territorio nacional con autonomías indígenas. Cree que los intereses de los grandes capitales globales mineros, madereros, petroleros, presionaron para garantizar un espacio legal que les permitiera entrar a las tierras indias y sacar sus recursos por unos cuentos pesos.
Con lo que no contaban es con que las comunidades se defenderían. Y de cualquier modo, el despertar fue definitivo: hoy, lo indígena es un elemento ampliamente aceptado en igualdad por la mayoría de los mexicanos. Y legalmente, las reformas constitucionales de 2011, que dan nivel de la Carta Magna a los convenios y tratados internacionales, permiten potenciar la defensa de derechos frente a los “neoextractivistas”. Esta es parte de la conversación que sostuvo con MILENIO JALISCO.
¿Qué hubiera pasado si los Acuerdos de San Andrés hubieran entrado en vigor, qué hubiéramos ganado como país?
Debemos partir de que no se aceptaron, y fundamentalmente, porque ya estaba para la clase gobernante el modelo desarrollo que querían implementar, que era el despojo a las comunidades; lo vemos con las mineras, los acueductos, las obras de carreteras… creo que si se hubiera aceptado lo de san Andrés hubiera sido muy problemático esto para ellos.. Hubo tres cosas que se establecieron en San Andrés y que no se cumplieron: el territorio, que es algo básico para lo que estamos viviendo actualmente; el asunto de comunidades y pueblos como sujetos de derecho público, que implicaría que sus decisiones tuvieran efecto como de autoridad pública, y que se reconocieran sus derechos en la Constitución general y no se remitieran a los estados. ¿Qué hubiera pasado si sí? Hay varios escenarios, en un escenario optimista el gobierno cumple con los acuerdos de san Andrés, reforma la instituciones públicas para que puedan operar los derechos, y ahí se crea otro tipo de nación, como se ha ido generando en Bolivia, donde hubo una reforma constitucional más grande que la nuestra, aunque también ahí los grupos de presión son muy fuertes, pero parece que hubiéramos avanzado más rápido y mejor.
¿Zedillo tuvo miedo de generar condiciones para separatismos?
No creo, eso fue un distractor. Cuando se hizo la reforma en tiempos de Fox, me tocó operar la reforma, me toco hablar con diego Fernández de Cevallos, con Carlos Rojas; ellos se opusieron, señalaban que el problema de los indios era la pobreza, y no todos los aspectos de vulneración de derechos que además, son su causa
¿Hay avances en el tema, de cualquier modo?
Sí, más que un reconocimiento social, hay un reconocimiento político y jurídico, que tiene dos momentos: los acuerdos de san Andrés, con las reformas de agosto del 2001, porque no es despreciable que se reconozca que tienen derechos, aunque no se diga cuales, ni es despreciable que tengan acceso preferente a los recursos y el derecho a la consulta, que son muy útiles hoy; por ejemplo, en Real de Catorce, un amparo detuvo a las mineras por la violación del derecho a la consulta; el otro momento es en junio de 2011, en que se hace una reforma al artículo 1 de la constitución, y todos los tratados sobre derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución, eso de alguna manera ha cubierto el vacío que dejo San Andrés, pues esos acuerdos están basados en convenios y tratados internacionales.
¿Entonces, los grandes corporativos transnacionales se topan con esos cambios en sus proyectos extractivos?
Esa es justamente la disputa actual; considero que en México se liberalizó muchísimo la entrada de capital extranjero, al grado de que hoy no hay empresas extranjeras legalmente, hay empresas mexicanas según eso, basta con que abran su oficina y generen una sociedad […] sin embargo, tiene su lado bueno, la cláusula donde los capitales que vienen a México renuncian al acuerdo de superioridad de otros países, es decir, sólo pueden acudir a tribunales del país en primera instancia […] pero esto es también en materia de derechos humanos, el derecho también se ha globalizado.
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