Viejos... los cerros y el Teatro Degollado

Trece de los hombres y mujeres que forman parte de la clase de "adultos mayores" fueron reconocidos por el gobernador como triunfadores en el deporte de la vida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si es verdad ese dicho de Alfonso Reyes, de que los hombres sonríen porque han debido renunciar a muchas cosas, es fácil explicar la natural gesticulación que salía ayer desde el centro de los rostros ajados de trece viejos jaliscienses, homenajeados en el teatro Degollado.

Viejos de verdad, aunque la palabra ha sido abandonada y degradada a ofensa por las convenciones del lenguaje "políticamente correcto", atroz en pontificar desde la ignorancia sobre términos que eran de uso común cuando estos hombres y mujeres nacieron y crecieron, en un Jalisco que ya no existe, en el que sus ancestros ancianos eran eje de una estructura de familia que también voló por los aires con la modernidad.

No deja de ser paradójico: los viejos antes eran venerados y recibían como justo pago a una vida de compromiso con su clan, el lugar simbólico más importante de la familia, el del respeto a la experiencia y sabiduría acumuladas, el del fiel de la balanza en las decisiones, el del consejero ante las crisis más extremas. Los "adultos mayores", en cambio, requieren programas de gobierno para subsistir con alguna dignidad, expulsados del hogar y olvidados por una civilización de lo efímero en la que tener arrugas o canas contradice el afán de una eterna juventud, deslavada, aséptica y anodina.

Estos trece viejos recibieron como reconocimiento una artesanía, un "árbol de la vida" que después resultó que era un corazón - el joven presentador dudó sobre el nombre y la descripción del objeto rojo brilloso, ah, esa juventud vacilante -, más un cheque de 20 mil pesos, de manos del gobernador Aristóteles Sandoval y de su esposa, Lorena Arriaga, quienes les habrán parecido políticos demasiado noveles para tan alta responsabilidad como la de conducir a un estado territorialmente más grande que Costa Rica y más poblado que Uruguay.

Será que están ya en paz, pero no lucían intimidados ni por esa puesta en escena de lo político "compasional" (la compasión como espectáculo), ni por el recinto teatral, un edificio construido para cautivar con sus cinco pisos de palcos, con su candil colosal al centro de la amplia bóveda adornada por el fresco decimonónico de un Parnaso petrificado.

¿Por qué festejar a los septuagenarios a casi centenarios jaliscienses? "El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, promueve una cultura de envejecimiento activo, aprecio y respeto a la vejez, mediante la atención, asesoría y capacitación en relación a calidad de vida y participación social de 19,250 adultos mayores en 576 grupos [...] desarrolla desde el año 2000 el evento del Adulto Mayor Distinguido, en el que se evalúa la trayectoria de vida con base a vivencia de valores humanos y su impacto en beneficio de la sociedad, a nivel personal y familiar, favoreciendo en el desarrollo de alguna actividad artística, cultural, deportiva, profesional, altruista y/o científica, distinguiéndose como ejemplo en su familia y la comunidad en general", justifica el comunicado emitido para tan notable encuentro.

Así, los reconocidos responden a tres condiciones: la diversidad geográfica de Jalisco, sobrepasar los 65, la edad de jubilación; y hacer cosas notables al menos por sus núcleos sociales más inmediatos. José Nieves Bramasco López, por ejemplo, tiene 93 años y se desempeñó en el lejano y áspero Chimaltitán como maestro por 50 años, sin abandonar las tareas agrícolas; también escribió un libro de su municipio. María De Los Ángeles Dávila Aguiñaga tiene 68 años y vive en el oriental Ojuelos de Jalisco; es cantante de Mariachi y voluntaria de Cruz Roja, además de haber gestionado el primer plantel educativo; Alberta González Díaz pasa por los 76 años y habita Valle de Guadalupe; además de distribuir la hoja parroquial, lleva comida a los presos de Puente Grande.

Así se desgrana el resto de la nómina: en Jamay, María Guadalupe Jiménez Sahagún; en Concepción de Buenos Aires, Manuel Ochoa Hermosillo; en Tolimán, el ex alcalde J Paz Guerrero Michel; en El Limón, Javier Michel Isordia; en Tomatlán, la ex alcaldesa Bertha Onésima González Rubio; en Puerto Vallarta, Juan Manuel Gómez Encarnación; en San Marcos, Eva Amézquita Martín del Campo; en Tlajomulco de Zúñiga, Juan Manuel Enciso Camacho y María Ernestina de la Fuente Salas. La "más mayor" del grupo es María del Rosario Cabrera Gutiérrez, que tiene 96 años, de Acatlán de Juárez.

Son viejos y están en paz, dijo doña Eva Amézquita, al citar la conocida pieza de Amado Nervo, que irradió gratitud y también sentimientos fáciles a la larga y más inexperta audiencia que presenció la entrega de los trofeos de estos triunfadores en el mejor deporte de resistencia que existe: la pura vida.

SRN

La mujer, oportunidad de desarrollo perdida

Expertos debaten hoy temas de género, educación y acceso a tecnología.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

La mujer, más de la mitad del género humano, ha luchado por más de un siglo contra su exclusión del escenario de la política y lo público, pero en México y Jalisco está lejos aún hoy de gozar equidad frente a los varones. Para quienes ven en los números la prueba del desarrollo, es un rudo golpe: se desaprovecha un elemento altamente productivo que permite vertebrar esfuerzos comunitarios , producir más riqueza y fomentar la cultura cívica, la legalidad y la democracia.

“Yo creo que eso se tiene que hacer, porque se está invirtiendo mucho dinero, tiempo, esfuerzos, en incluir esta perspectiva de género en los proyectos, en instituciones, en diferentes espacios; entonces esta necesidad está latente y es algo que tiene que hacerse efectivo; a lo mejor nos ha faltado generar más espacios, en los que la mujer se desvincule del rol tradicional y sea la que lidere proyectos, microempresas, espacios de cambio”, apunta la especialista Ana Isabel López- Lendínez Muñoz, especialista en empoderamiento social del área de educación de la asociación civil tapatía, GeoAlternativa.

La especialista de origen andaluz acude a esta ciudad a participar, a partir de hoy, en el ciclo de talleres Yo Transformo, en sociedad con la organización ÁbacoEnRed, de Nicaragua, y colegas mexicanos.

El papel potencial de las mujeres va más allá de lo económico: “cuando los problemas son estructurales y de tal dimensión, hay que incorporar a todos los actores y actrices de la sociedad, y a las mujeres se les ha desvinculado de esta problemática de la violencia, y por supuesto que tendrían muchísimas cosas que proponer y serían muy efectivas para atajar este problema”, añade.

- ¿Ha sido útil tener a las mujeres en el discurso político en México;  vamos muy lentos o vamos en el camino equivocado?

- Yo creo que vamos en el camino justo, pero son procesos largos, o sea, las juntas de las mujeres, que haya mujeres ejerciendo cargos políticos, que haya mujeres liderando proyectos de desarrollo comunitario, ya a mayores niveles, es visibilizar que la mujer está presente en esta sociedad. Queda mucho, y América Latina va rezagada en comparación de Europa, pero son procesos que empezaron mucho antes allá , pero yo creo que van bien.

- ¿Usted está de acuerdo con lo que se ha dado por llamar “las cuotas de género”?

- En Europa fue y es un tema de mucha discusión […] acciones que se crean para favorecer a un sector de la sociedad que vive excluido o es más vulnerable. Evidentemente no quiere decir que todas las mujeres le quiten responsabilidad a los hombres en los cargos públicos; a lo mejor no son 50 por ciento de mujeres, sino 30 por ciento, pero el hecho que haya una medida que obligue o que exija que esas mujeres sean visibilizadas es esencial; lo que se tendría que hacer no es cuestión de si eres hombre o eres mujer, sino de tus capacidades, pero son medidas que de forma provisional ayudan a paliar una injusticia, y después, por decir de algún modo, ese acceso de mujeres a instancias políticas será más natural.

Por su parte, la directora de educación de GeoAlternativa, Marta Bravo, agrega que como todas las exclusiones sociales, derivan de un modelo educativo obsoleto. “Seguimos invirtiendo mucho en educación, pero ¿qué metodología estamos utilizando?, ¿estamos facilitando procesos donde las personas sean autoras de su propio aprendizaje, donde sean autoras de su superación, elijan qué es lo que quieran hacer en su vida, o seguimos reproduciendo un rol de educación bancaria, tradicional?”.

La clave la muestran los países exitosos: “allí, las herramientas metodológicas que utilizan son totalmente novedosas, de aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, empoderamiento personal, responsabilidad, educación por resultados”, advierte.

Nuevas tecnologías

Un componente esencial de ese nuevo modelo es el acceso a la tecnología, tercia el especialista en geomática libre de la misma agrupación, Alonso Morilla Meneses.

“A través de las nuevas tecnologías podemos incorporar nuevas tareas y aprendizajes, donde los alumnos toman las riendas de su propio aprendizaje, y podemos dividir las herramientas tecnológicas que queremos incorporar en tres grupos: uno, que nos permite encontrar información en la red; dos, herramientas que nos permiten trabajar en equipo, que optimizan el trabajo en equipo, y tres, herramientas  que nos permiten presentar resultados tanto a profesores como a los compañeros de aula”, refiere.

El experto participará en la impartición de un taller sobre el manejo de las posibilidades que da internet y sobre todo, cómo se puede construir un software libre con base en colaboraciones. Las sedes de Yo transformo son, integrado por tres talleres: “Transversalizando el género”, “Aprendizaje en la era digital” y “Facilitación para cambios sociales”, son Casa CEM Chapultepec, Hacker Garage y Metta Co-working, de esta ciudad. Más información en la página de Facebook “Ciclo de talleres: Yo Transformo”.

Indígenas deben ser asumidos como mayores de edad

Desterrar la visión paternalista, reintegrarles sus territorios y sus plenos derechos sobre sus recursos y permitir sus modelos de cultura y sus respuestas a los desafíos de lo moderno, la agenda esencial, advierte Francisco López Bárcenas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El despojo es la agenda más urgente a la que se deben enfrentar las comunidades indígenas mexicanas, ante el auge del “neoextractivismo” en el mercado global, con alta competencia por mercados y un auge productivo sin precedentes, advierte el abogado Fransico López Bárcenas, experto en derecho indígena.

En las crisis que se desatan en la disputa por recursos naturales que se ubican en territorios primordiales de los pueblos indios, “va a jugar un papel preponderante la movilización social, llevando el derecho como instrumento; el ejemplo de la presa El Zapotillo es clarísimo, cuántos juicios han ganado, seis, siete u ocho, pero sigue la presa, aunque tenga más de un año detenido […] en cambio, en Wirikuta, con un juicio de amparo paralizó toda al actividad minera, pero ellos además del amparo lograron una gran movilización social, muy importante, que da más vida a los derechos de ellos", destaca, entrevistado por MILENIO JALISCO por la presentación de su libro Autonomía y derechos indígenas en México.

- Pero el simbolismo de los huicholes es tremendo en este país.
- Así es, de ahí me da para decir que el derecho está jugando más un papel de instrumento, que de garantía.

- Aunque muchos grupos señalan que no tiene caso el tema legal, ¿no cree que es fundamental la estrategia conjunta?
- Sí, así es, el derecho ya no es lo que nos decían en la escuela, te decían que te garantizaba tus derechos, y la autoridad estaba obligada...

- Pero ustedes los abogados saben que siempre ha habido una lucha por el derecho, que no hay concesiones gratuitas…
- Sí, pero ahora a lo que llega el Estado es a reconocer, pero tú lo gestionas; yo ya te reconocí y a ver ahora tú cómo lo gestionas para que se garantice en la realidad. Es otra fase.  Ahora estamos en la ejecución de sentencias, y se trata de presionar para que se den. La denuncia pública, el cabildeo; en Wirikuta se fueron hasta la ONU, se metieron hasta las oficinas de las mineras allá en Canadá.

¿Hacia dónde camina el derecho indígena?
- Hay que ver cómo se va a llevar ese derecho, el reconocimiento, en término de territorios; el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de nivel constitucional, obliga al Estado a delimitar los territorios; ya no está en juego si tienen territorio o no, el problema es que no tenemos esa instancia que nos delimite, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario] puede ser la instancia, pero no tiene esos mecanismos, entonces ahí cómo le hacemos, pasamos de tierras a territorios; los pueblos tienen ese derecho, pero quién lo hace; otro ejemplo, la consulta, están claros los mínimos que se necesitan para que una consulta sea legal, que sea legitima, pero quién la hace, ahí tenemos problemas para al ejecución.

¿Por la gran desconfianza en las instituciones nacionales?
- Así es, pero en fondo también es un problema de modelo de Estado, el modelo de Estado vigente no da para esto; creo que tenemos que repensar el modelo, pero si estás repensando es en todo, hay que reacomodar todo.

- O sea, un país pluricultural y pluriétnico, y no solo ese Estado-Nación que tenemos desde la constitución de 1857…
- Así es, y pensar los tipos de democracia; hay lugares donde se habla de referéndum, de revocación de mandato, de democracia directa, de presupuesto directo, y no tenemos nada de eso, por lo menos a nivel federal […] los derechos indígenas pasan necesariamente por una reformulación de las instituciones.

¿Modificar el artículo 27 constitucional por el tema de las concesiones sobre recursos naturales?

Sí, modificar el 27, hay que repensarlo, la idea de que el presidente de la república, una sola persona, decida sobre los recurso del país, sin cortapisas, debería llevarnos a un mecanismo de vigilancia, de acotamiento, y si son recursos estratégicos, consultar a los pueblos […] el caso del agua es gravísimo porque es indispensable para vivir; por ejemplo, en 1804, que se creó el Código Napoleónico, hubo un debate fortísimo sobre los recursos naturales, esa idea de bienes que están fuera del comercio, o porque no se pueden comercializar, como el aire, o porque la gente decidía que estaban fuera porque eran indispensables; la misma burguesía decidió que había que dejar bienes comunes.

No obstante, López Bárcenas advierte que ni hay pretensiones secesionistas ni hay un afán de negarse al mercado; lo que los indígenas quieren es poder controlar sus territorios y administrar sus recursos, lo que lleva a figuras viables como la asociación con empresas o el pago de compensaciones reales por los servicios ambientales que las regiones indígenas suministran al resto de la sociedad.

“Pero en el tema de la extracción descontrolada estamos peor que en la Colonia; de hecho hay cifra del INEGI de lo que sacaron en 300 años los españoles, ese volumen salió en la época de Felipe Calderón, y en diez años recientes sacaron más oro y plata, que en 300 años. No sólo es un tema de nuevas tecnologías; en esos cambios hay un uso irracional, ahora se acumula mucho, para especular”.

En conclusión, apunta López Bárcenas, “los pueblos indígenas tienen una oferta qué hacerle a la sociedad mexicana; si dejamos de verlos con discriminación y racismo, como los pobres y los jodidos […] los pueblos  saben que tienen derechos, y no van a renunciar a ellos. Son mayores de edad, y bajo esa premisa tenemos que repensar cómo queremos vivir como mexicanos, incluyendo a los pueblos indígenas; desgraciadamente el actual gobierno no lo ve así, y si no lo rectifica habrá muchos conflictos”.

¿Cómo conciliar los derechos comunales con los derechos humanos, con sus usos y costumbres?

- Allí hay una discusión muy ideologizada; en Oaxaca acaba de pasar la reforma al segundo constitucional para que las mujeres participen, y la mayoría de las mujeres en las comunidades están en desacuerdo con esto, por una razón, en Oaxaca la participación son cargos, no derechos […] he visto caso de comunidades donde las han puesto como comisariados, no, espérense, ¿qué no ven que yo soy viuda y tengo seis hijos?; les pesa.

- Sin olvidar el tema de la libertad religiosa.
- Sí, yo he visto muchos conflictos religiosos, a veces tiene otro trasfondo, pero en muchos casos, cuando se ponen a platicar, llegan a acuerdos; en mi propia comunidad había problemas porque la gente suponía que los protestantes no querían hacer la fiesta, pero ellos dijeron, sí queremos hacer la fiesta, pero nadie nos ha invitado. Creo que se van adaptando,  en el caso que te comento lo que estaba en disputa eran las campanas, las tocamos o no las tocamos, ah bueno, si a todo, menos a las campanas […] a quién le interesaba si se tocaban o no las campanas, interesaba que participaran en los trabajos colectivos. Es un reto, somos una comunidad con muchas culturas, pero se puede.

La iglesia católica supo generar sincretismos y establecer tolerancias, ¿hacia allá deberían caminar las iglesias protestantes?

- Así es, es el gran logro de la iglesia católica es que supo pactar. Pero también ese tipo de pactos están haciendo agua ya. Pasa igual con los partidos políticos, se requieren cambios de actitud desde las instituciones para que realmente los indígenas asuman su espacio como ciudadanos y sujetos de derecho y de su propio desarrollo.

Indígenas, más fuertes ante la ley para defender sus derechos

Las reformas constitucionales de 2001 y 2011 le han restado poder a las empresas transnacionales para invadir comunidades indígenas y extraer sus riquezas, apunta experto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La evolución de la relación entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano ha sido ininterrumpida desde el levantamiento zapatista de 1994. El especialista Francisco López Bárcenas, abogado por la Universidad Autónoma de Sinaloa pero originario de la mixteca oaxaqueña, ve un presente cargado de desafíos donde la lucha se debe seguir tanto en el terreno legal como en el de la opinión pública, frente a los enormes intereses “neoextractivistas” que enfrentan los aborígenes en las regiones más apartadas y ricas en recursos que tiene el país.

Esa materia es central dentro de su obra Autonomía y derechos indígenas en México, que ha venido a presentar ante un auditorio selecto en la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta ciudad, y luego, ya abierto a todo público, en la ciudad de Colima, este fin de semana.

Se trata de la sexta edición de una obra que comenzó a publicarse y a acumular conocimiento desde 1998.

López Bárcenas hace uso de varios privilegios personales: su cuna de origen en indígena, pero siguió la vida de un mestizo, lo que lo llevó a migrar. Su competencia lo instaló en un escenario privilegiado: los espacios del gobierno federal para generar legislación indígena hace más de una década. Ahora, está convencido de que “echarse para atrás” con los acuerdos de San Andrés, por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, no fue el presunto temor de que se propiciara el secesionismo del territorio nacional con autonomías indígenas. Cree que los intereses de los grandes capitales globales mineros, madereros, petroleros, presionaron para garantizar un espacio legal que les permitiera entrar a las tierras indias y sacar sus recursos por unos cuentos pesos.

Con lo que no contaban es con que las comunidades se defenderían. Y de cualquier modo, el despertar fue definitivo: hoy, lo indígena es un elemento ampliamente aceptado en igualdad por la mayoría de los mexicanos. Y legalmente, las reformas constitucionales de 2011, que dan nivel de la Carta Magna a los convenios y tratados internacionales, permiten potenciar la defensa de derechos frente a los “neoextractivistas”. Esta es parte de la conversación que sostuvo con MILENIO JALISCO.

¿Qué hubiera pasado si los Acuerdos de San Andrés hubieran entrado en vigor, qué hubiéramos ganado como país?

Debemos partir de que no se aceptaron, y fundamentalmente, porque ya estaba para la clase gobernante el modelo desarrollo que querían implementar, que era el despojo a las comunidades; lo vemos con las mineras, los acueductos, las obras de carreteras… creo que si se hubiera aceptado lo de san Andrés hubiera sido muy problemático esto para ellos.. Hubo tres cosas que se establecieron en San Andrés y que no se cumplieron: el territorio, que es algo básico para lo que estamos viviendo actualmente; el asunto de comunidades y pueblos como sujetos de derecho público, que implicaría que sus decisiones tuvieran efecto como de autoridad pública, y que se reconocieran sus derechos en la Constitución general y no se remitieran a los estados. ¿Qué hubiera pasado si sí? Hay varios escenarios, en un escenario optimista el gobierno cumple con los acuerdos de san Andrés, reforma la instituciones públicas para que puedan operar los derechos, y ahí se crea otro tipo de nación, como se ha ido generando en Bolivia, donde hubo una reforma constitucional más grande que la nuestra, aunque también ahí los grupos de presión son muy fuertes, pero parece que hubiéramos avanzado más rápido y mejor.

¿Zedillo tuvo miedo de generar condiciones para separatismos?

No creo, eso fue un distractor. Cuando se hizo la reforma en tiempos de Fox, me tocó operar la reforma, me toco hablar con diego Fernández de Cevallos, con Carlos Rojas; ellos se opusieron, señalaban que el problema de los indios era la pobreza, y no todos los aspectos de vulneración de derechos que además, son su causa

¿Hay avances en el tema, de cualquier modo?

Sí, más que un reconocimiento social, hay un reconocimiento político y jurídico, que tiene dos momentos: los acuerdos de san Andrés, con las reformas de agosto del 2001, porque no es despreciable que se reconozca que tienen derechos, aunque no se diga cuales, ni es despreciable que tengan acceso preferente a los recursos y el derecho a la consulta, que son muy útiles hoy; por ejemplo, en Real de Catorce, un amparo detuvo a las mineras por la violación del derecho a la consulta; el otro momento es en junio de 2011, en que se hace una reforma al artículo 1 de la constitución, y todos los tratados sobre derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución, eso de alguna manera ha cubierto el vacío que dejo San Andrés, pues esos acuerdos están basados en convenios y tratados internacionales.

¿Entonces, los grandes corporativos transnacionales se topan con esos cambios en sus proyectos extractivos?

Esa es justamente la disputa actual; considero que en México se liberalizó muchísimo la entrada de capital extranjero, al grado de que hoy no hay empresas extranjeras legalmente, hay empresas mexicanas según eso, basta con que abran su oficina y generen una sociedad […] sin embargo, tiene su lado bueno, la cláusula donde los capitales que vienen a México renuncian al acuerdo de superioridad  de otros países, es decir, sólo pueden acudir a tribunales del país en primera instancia […] pero esto es también en materia de derechos humanos, el derecho también se ha globalizado.

Comunidades impugnan legalmente leyes energéticas

Abre camino a expropiaciones de territorios indígenas, advierten. En tribunales locales y en instancias internacionales crecen cuestionamientos contra proyectos mineros y de energía que se apropiarían de tierras de aborígenes mexicanos. En la foto, un monumento funerario en Chacala, Cuautitlán, tierra de extracción de hierro

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

A la par de impugnar la ocupación de sus territorios por parte de grandes mineras transnacionales, los ejidos y comunidades que han acudido a la ley para proteger sus derechos ancestrales, han impugnado artículos específicos de la Ley Minera reformada durante 2014, así como otros aspectos de la “reforma energética” que a su juicio amenazan la supervivencia de sus comunidades.

“La impugnación se debe a que se ratificó que la minería es de interés público, pero también se estableció esa calidad para otro tipo de aprovechamientos energéticos como el caso de hidroeléctricas, y eso es una amenaza para las comunidades porque pueden ser objeto de expropiación y pueden padecer medidas legales restrictivas muy fuertes”, explica el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda.

Los amparos de siete comunidades, reseñados por el representante legal de los comuneros de Zacualpan, en Colima, incluyen un capítulo de impugnaciones a las nuevas leyes, pero la oposición a las reformas en este sentido es considerablemente mayor.

Un grupo de organizaciones: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar (Centro de Análisis e Investigación), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, Greenpeace México, DECA Equipo Pueblo, AC; Alianza Mexicana contra el Fracking y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un escrito dirigido a Emilio Álvarez-Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace apenas un mes (13 de marzo de 2015), sintetizan el riesgo de las comunidades.

“La reforma constitucional y legal en materia energética en apariencia incluye principios de derechos humanos, respeto a las comunidades y sostenibilidad […] sin embargo, estas mismas leyes establecen figuras y procedimientos que lesionan los derechos humanos de las comunidades y pueblos ya que permiten el acceso preferente de las empresas a tierras, territorios y recursos naturales…”.

Precisan: hay un “empleo regresivo del concepto de utilidad pública, que ha sido concebido tradicionalmente como un mecanismo para proteger el interés general frente a intereses particulares. Un ejemplo emblemático fue la expropiación de la industria petrolera en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se pretende emplear en sentido totalmente contrario, es decir, en detrimento del bien común y en favor del sector privado”.

En otras palabras, “la reforma energética da preferencia a estas actividades a desarrollarse por parte del Estado y/o las empresas privadas nacionales o trasnacionales, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos de interés, ya sea población indígena, comunidades equiparables o no, ya sean terrenos en zonas rurales o urbanas, ya se trate  de actividades como la agricultura o la ganadería, actividades de desarrollo comunitario, o actividades de conservación de las fuentes de agua, el manejo forestal sustentable y la protección del medio ambiente, entre otras”.

El debate está abierto en juzgados de distrito, tribunales de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias judiciales internacionales.

Colegiado envía tres juicios más de Temacapulín a la SCJN

En un hecho sin precedentes en la historia judicial reciente, la corte tiene pendiente dictaminar cuatro juicios de amparo contra la presa, la obra más “judicializada” de esta época en el país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Jalisco es México, dice el eslogan, o tal vez un poco más. Porque de este estado, en particular de la región de Los Altos de Jalisco; en específico del pequeño poblado amenazado de Temacapulín, suman ya cuatro expedientes de amparo sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería pronunciarse en lo siguientes meses, en lo que constituye una oportunidad sin igual de generar jurisprudencia para juzgar las violaciones a derechos constitucionales, humanos y ambientales, que arrastra el crecimiento de la infraestructura del país.

De hecho, si se suman a estos cuatro juicios de amparo (1093/2014, 196/2010, 1046/2014 y el que atrajo desde diciembre pasado, 2246/2008), las dos controversias constitucionales que ya había determinado la SCJN (69/2012 y 93/2012), la suma son seis expedientes, lo que revela al conflicto de El Zapotillo, es el más “judicializado” al más alto nivel de todos los que existen en México, incluidos asuntos tan relevantes como el trasvase del río Yaqui, en Sonora.

Si se consideran los amparos a nivel de tribunales colegiados o de juzgados de distrito, las demandas civiles y administrativas, la suma de expedientes generados por la presa y su acueducto hacia la ciudad de León rebasa 20 expedientes.

“Tenemos la esperanza de que el máximo tribunal no se deje influir por los intereses del Ejecutivo y del Congreso de la Unión; es momento de mandar un mensaje claro a los ciudadanos de que será preservado el Estado de derecho y eso significa que los derechos individuales y colectivos no pueden ser aplastados por intereses de entidades de gobierno y de empresa”, dijo el asesor jurídico de Temacapulín, integrante del Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.

La decisión de enviar a la SCJN los tres nuevos expedientes fue decidida por unanimidad por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que preside Elías Banda Aguilar e integran los magistrados José Manuel Mojica Hernández y Jesús Sandoval Pinzón . La notificación a las partes apenas se hizo el pasado 25 de febrero. Este tribunal conoció de las revisiones incidentales en el marco de los juicios de amparo 1046/2014 y 1093/2014, recursos promovidos por la compañía constructora La Peninsular, concesionaria de la edificación del embalse artificial; así como la inconformidad de Aurora Jáuregui y codemandantes (hijos ausentes de Temacapulín) en el juicio de amparo 196/2010.

¿Cuáles son los argumentos del Colegiado?

No se tiene aún copia integral de las resoluciones notificadas, pero el abogado de Temaca considera que podrían argüirse los mismos motivos que llevaron al Cuarto Tribunal Colegiado a pedir la atracción el juicio 2246/2008).

Es decir, que no sólo la SCJN analice el interés jurídico de los quejosos, sino los derechos de la sociedad involucrados en un proyecto que puede causar impactos ambientales regionales y efectos económicos de largo plazo sobre la meseta de Los Altos de Jalisco, en posible perjuicio de casi 800 mil habitantes. Y a fondo, pronunciarse sobre la viabilidad legal de la política hidráulica que sigue el gobierno mexicano a la luz de los convenios internacionales de los que México es firmante y tienen rango constitucional.

Los magistrados, por unanimidad, justificaron que ese primer asunto “reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema a analizar, pues para verificar la legalidad de la resolución recurrida, se tiene que ponderar todos los aspectos de los derechos de medio ambiente sano, los aspectos socio culturales descritos y la afectación de la obra en los distintos poblados, así como los alcances que pueda tener lo decidido previamente en la controversia constitucional aludida; temas que se estima, involucran la reforma Constitucional que ponderó la aplicación de los tratados internacionales en materia de derecho ambiental y, en otro aspecto, el que no pueda soslayarse que al resolver sobre los conceptos de violación se analizarían los alcances de lo resuelto en la señalada controversia constitucional que, se estima, es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la citada atribución no se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito a través de los supuestos de los acuerdos generales 5/2001 ni 5/2013 en vigor” (MILENIO JALISCO, 6 de octubre de 2014).

Además, “es trascendente, por tratarse de un tema excepcional y novedoso, como lo es la legalidad de la construcción de una presa, bajo un entorno tan discutido y con tantas implicaciones sociales, ambientales y culturales, pues no existen tesis jurisprudenciales o aisladas al respecto, ni se advierte algún asunto de características similares que se haya resuelto por la SCJN”, puntualizan.

La corte deberá determinar la procedencia de las nuevas solicitudes en las siguientes semanas.

Análisis pendientes

El juicio de amparo 2246/2008 fue propuesto para el conocimiento de la SCJN ante la imposibilidad que asumieron los magistrados del Cuarto Colegiado de esta ciudad, situación que se repite con tres juicios más, ahora por parte del Tercer Colegiado

Una de las razones invocadas en el primer caso fue que “involucra el análisis de cuestiones de legalidad de permisología del proyecto, determinación de la legalidad del proyecto y su desarrollo, constitucionalidad de los acuerdos y convenios en las distintas esferas de gobierno, bajo el orden constitucional y ordinario que los rige, sino también, particularmente, aquellas normativas y acuerdos de los que México es parte y que atañen a las tendencias mundiales en la construcción de represas” marcadas en convenios internacionales de los que México es firmante

De este modo, “poder resolver directa o indirectamente sobre los derechos de tercera generación que se involucran en el problema jurídico planteado en el amparo promovido, aun cuando en él se plantee la transgresión a derechos fundamentales del quejoso, dada la interdependencia de los derechos humanos”.

Se reabrió el estero de San Pancho

Faltan acciones de la autoridad para retirar el bordo de la zona federal y restituir los daños a especies de flora y fauna, señalan vecinos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La novela de San Pancho –dicho para definir una compleja y enredada trama de los intereses económicos y políticos que han afectado al estero enclavado en la costa nayarita, con un papel ampliamente cuestionado de las instituciones públicas- no tiene aún fecha de terminación, pero al menos, los vecinos han logrado que se abra un segmento del bordo construido en la zona federal por la inmobiliaria vecina, con miras de que recupere su funcionamiento hidrológico.

Esto ocurrió con dos días de retraso respecto al plazo terminante que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estableció en el acta de clausura, según el organismo federal informó a los propios vecinos. Pero estos debieron hacer llamadas a las oficinas centrales, de la Ciudad de México, y a la delegación de Tepic, para recordar algo que se debía hacer de oficio. La acción que se realizó el pasado 19 de febrero fue abrir un tramo del bordo para que el agua fluyera a ambos lados, pero todavía no se restituye la zona federal completa ni mucho menos se restaura el daño sobre la vegetación riparia ni se ha determinado el modo en que se pudo alterar el ciclo de la fauna que habita el humedal contiguo al poblado homónimo, que hoy es uno de los centros de vacacionistas más importantes de la llamada Riviera Nayarit.

El personal de la Profepa informó a los vecinos que el asunto del arroyo Los Izotes y del estero San Pancho quedará en manos de las oficinas centrales, es decir, la delegación nayarita no conocerá más del asunto, ante la petición de los lugareños de que fuera directamente el procurador Guillermo Haro Bélchez el que canalizara el proceso. Pese a que se reabrió el bordo, los moradores de San Pancho están inconformes.

El otro gran pendiente es la conexión de las plantas de tratamiento para evitar que el humedal siga siendo contaminado, tarea que asumirá la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Falta un recuento definitivo de lo dañado para garantizar la reparación completa que el colectivo plantea. Preocupan tres aspectos mal estudiados en las manifestaciones de impacto ambiental que aprobó en 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por ejemplo, los rellenos se hicieron “contiguos a áreas de anidación de cocodrilos [Crocodylus acutus], especie protegida en la NOM-059 […] se menciona su presencia ‘según la señal indicativa en la playa’ pero se argumenta que ‘el cuerpo de agua es muy pequeño para mantener a una comunidad”, argumento con el que se pretende sustentar que no es sitio de reproducción. Tampoco se menciona la presencia de nutria de río (Lontra longicaudis) que se ha observado en la laguna, también protegida por la NOM-059.

En cuanto a flora, los documentos refieren la presencia de majagua (Hibiscus pernambucensis) "al norte del área del proyecto" e incluso se menciona que se va a retirar. “Lo que no se menciona es que la majagua forma parte de terrenos de inundación, humedales, que se integran a la laguna, no son un sistema independiente". La majagua fue derribada y se rellenó el terreno de inundación, en un “claro cambio de uso de suelo” aparentemente no autorizado.

Nueva ley de Agua privatizará el recurso y su uso, advierte consultor

Negocios multimillonarios detrás de los acueductos a León y Monterrey, desde Los Altos de Jalisco y la Huasteca, con la legislación que promueve el Ejecutivo, sin considerar derechos sociales y ambientales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La oleada de privatizaciones que abre en el sector agua la nueva ley que promueve el gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede llevar a profundizar la crisis ambiental y social por el recurso, advierte el consultor Miguel Ángel Montoya, en un análisis entregado a MILENIO JALISCO.

Dos ejemplos claros: los acueductos a León por la empresa española Abengoa y a Monterrey por el grupo constructor HIGA. Este último se ha hecho famoso con el escándalo de la "casa blanca" y fincas otorgadas a altos funcionarios del gobierno federal, es principal beneficiario de uno de los contratos más cuantiosos para una de las obras de infraestructura más grandes que se hayan hecho en la historia del país: el acueducto que lleva agua del río Pánuco, que irriga la región Huasteca, por casi 400 kilómetros, hacia la zona metropolitana de Monterrey.

"Las empresas que conforman el Grupo HIGA participan con aproximadamente 53 por ciento del contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI y este acueducto representa un hito en la historia de la administración de las aguas del país ya que por primera vez un grupo privado participará de manera directa en la operación del trasvase de aguas nacionales. Hasta ahora los grupos privados habían participado únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación", señala.

"A pesar de que el contrato para la construcción y operación del Acueducto Monterrey VI se ajusta a lo establecido por la Ley de Asociaciones Publico Privadas,  las disposiciones vigentes de la Ley de Aguas Nacionales  impiden la consolidación plena y expansión  del plan de negocios  del Acueducto Monterrey VI, esencialmente porque el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitan en el marco de la Ley vigente  a fungir  como operario para suministrar agua al organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterey [...] vale recordar que especialistas académicos y organizaciones  ambientalistas han demostrado que  esta obra resulta innecesaria para cubrir la demanda futura de agua en esa ciudad", refiere el consultor en materia de Gestión Integral del Agua y miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU).

Sin embargo "el panorama de negocios  cambiará y se diversificará para Grupo HIGA a partir  de la nueva Ley General de Aguas.  En primer lugar porque el solo hecho de ser operario de trasvases lo induce u obliga -y en esta "obligación" radica una de las claves del futuro negocio- a convertirse en concesionario de las Aguas Nacionales -párrafos segundo y tercero del artículo 114- mismas  que podrá disponer hasta por un periodo de  35 años con derecho a prorroga por similar tiempo [artículos 90 y 91].

De tal modo, que "disponiendo entonces de un considerable volumen de las Aguas Nacionales y al contar -por ejemplo- con  títulos de concesión para uso industrial o para uso mixto Grupo HIGA podrá destinar el agua trasvasada a las empresas que realizaran procesos de fracturación hidráulica en el norte del país [las cuales bajo este proyecto de Ley podrán obtener permiso de la Conagua  'para infiltrar aguas residuales en cualquier terreno cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos', según el artículo 136 fracción III] o a su vez venderla a los organismos operadores de agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano bajo el fundamento de satisfacer la demanda para dar cumplimiento al  derecho humano al agua (párrafo tercero artículo 114) o también optar por venderle  a la propia Conagua el agua que previamente le concesionó pero con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera [artículo 242], precio que además podrá fijar a discreción por la favorable  posición monopólica en el que las disposiciones de la futura Ley General de Aguas colocará a los consorcios constructores-operadores de infraestructura de trasvases al convertirlos en concesionarios de las Aguas Nacionales [artículo 114]".

Así "se entiende el porqué no importa que la capacidad de suministro del Acueducto Monterrey VI exceda la demanda futura de agua de Monterrey [...] ya que HIGA como concesionario - y no Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey- podrá destinarla a cuanto uso le autorice la Conagua bajo un esquema absolutamente permisivo que incluso le permitirá solicitar y obtener diversas concesiones de una misma fuente de suministro [artículo 85 fracción V]"..

Esto explica la razón por la cual el Ejecutivo Federal "incorporó en forma muy discreta desde su primer borrador en febrero de 2014 la figura de 'trasvase directo ... cuando lo realizan los asignatarios o concesionarios o indirecto cuando lo realiza el Estado en beneficio de los propios asignatarios"  y luego fue modificando el concepto mismo de trasvase que paso de ser un 'uso de las aguas nacionales de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta' hasta la versión final en cuyo Artículo 111 dispone: 'trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta, que realiza la Federación o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción".

De este modo, "se suprimen las figuras de 'asignación' y 'asignatario', que la ley actual emplea para dar un trato jurídico distinto a  quienes utilizan las Aguas Nacionales para el suministro público o para el consumo doméstico. Los consorcios operarios de trasvases a su vez serán  concesionarios de las Aguas Nacionales, quedarán libres de las restricciones y obligaciones que les impondría hoy la ley como asignatarios y "por el contrario, como concesionarios podrán gozar de una serie de beneficios como disponer de las aguas hasta por 70 años y poder registrar distintos usos para los volúmenes concesionados", además de que "ni siquiera será obligatorio ni necesario que de inicio registren parte de esas concesiones  como 'uso público'  o 'doméstico' pudiendo destinarlos a ese fin de manera posterior  evitando las restricciones para transferirlos o para cambiarlos  que implicaría el registro inicial bajo esa figura". Además, "bastará un simple permiso de Conagua para que las aguas trasvasadas y que después se destinen a procesos de fractura (Fracking)  puedan ser infiltradas en cualquier terreno bajo un  permiso de descarga".

Este modelo  de negocios "podrá replicarse a lo largo y ancho del país por este u otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases", como pasa con el trasvase del río Verde de Los Altos de Jalisco a la ciudad de León. "De este modo, la futura viabilidad y sustentabilidad de las cuencas en México quedara supeditada a los  criterios de rentabilidad de operadores privados [...] estamos  ante la presencia de una forma más voraz y agresiva de privatización que  no solo incluye el servicio público de suministro de agua sino la propia administración de las Aguas Nacionales".

El experto remata: "los trasvases son un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes de un país y son parte integral de las funciones de política pública de administración de las aguas por lo que las decisiones relativas a los mismos  deben quedar exclusivamente en manos del Estado bajo una legislación que restrinja y circunscriba su operación a situaciones específicas".