40% de urbanizaciones en La Primavera son privadas

El fenómeno de la ilegalidad en asentamientos privados se ha dado sobre todo en fraccionamientos que ya existían, y se expanden silenciosamente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El último cambio de suelo importante al interior del polígono protegido de La Primavera, lo constituye el rancho de La Cuesta, construido a mediados de la década pasada, hoy conocido como Pic Nic, que se ubica en el ingreso oriente del área de protección de flora y fauna, sobre prolongación Mariano Otero. Su edificación llevó a la construcción de bardas perimetrales y a instalar malla ciclónica sobre el camino, además de fincas y corrales que están en uso.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entonces bajo la responsabilidad de Martha Ruth del Toro, sancionó a su propietario, Ramón Sánchez Enríquez, por carecer de autorización en materia de impacto ambiental, pero al establecer un “expediente de daños”, que el sancionado cumplió en todos sus términos, le dio legalidad al proyecto.

El pequeño propietario siempre ha defendido la vocación ambiental de su proyecto: lo tiene registrado como unidad de manejo para conservación de vida silvestre (abreviada a Uma), reproduce venado cola blanca y suelta ejemplares para contribuir a la repoblación del bosque. Ha instalado una torre de detección de incendios y presta siempre sus instalaciones para los combates de incendios, como ocurrió el pasado mes de abril, en que se siniestraron más de tres mil hectáreas.

Más allá de que las bardas y las mallas siguen allí, lo que genera cuestionamientos permanentes de ambientalistas que visitan la zona, se puede decir, en descarga de este particular, que una mayoría de propietarios con derecho sobre el bosque tienen poco o nulo interés en su preservación. Si no existiera una dirección, si no hubiera programa de manejo, nadie se ocuparía de los incendios o de los saqueos sobre sus predios. Es una realidad para buena parte de los que tienen derechos sobre los alrededor de 421 predios, que al menos en el último corte, existían en el bosque (ver MILENIO JALISCO, 6 de marzo de 2014). Don Vicente Arregui, uno de los más veteranos propietarios, es también de los que nunca ha visto su rancho de 400 hectáreas, enclavado entre Cerro de San Miguel y Llano Grande, como una oportunidad para especular.

“Construí una cabaña en el setenta cuando la compré, después la arregle, pero todo fue antes del decreto de 1980. Tengo una pequeña parcela, quince hectáreas, donde sembramos maíz, porque como es zona alta, no se da la caña. Lo demás es bosque y cerro, y de hecho, en la propiedad esta la torre tres, la uno y la dos están en Planillas y Nejahuete, y la de cerro de San Miguel, está dentro de la propiedad”. De este modo, el rancho de don Vicente Arregui se ubica contiguo a la zona con mayor diversidad biológica de La Primavera. Su responsabilidad como dueño es alta.

“Por allí tengo fotos de pumas, por allí llega el águila real. Antes no había casi apoyos, tuvimos un incendio fuerte hace 20 años, nos pegó fuerte desde San Miguel a la zona de la falda del cerro de Planillas. Luego otro llegó hasta el cerro de San Miguel y hacia Llano Grande, por Tala, de hace seis años. No había las brigadas ni los medios que hoy tienen. En 1998 casi me andaba quemando, de hecho se me quemo parte de la casa; así que con la gente que tenía traté de apagar todo, sin estar capacitados, por lo menos en la finca, porque ya en el campo qué haces, mejor ni meterte. Yo sí he visto que bajado mucho la incidencia de incendios en los últimos años. Ya es ganancia”.

Don Vicente ha tenido algunos financiamientos por servicios ambientales; “uno fue para restauración y otro para restauración y conservación, para hacer represas en los arroyos para el tema de la erosión, y fueron dos fonditos […] hace poco metimos otra solicitud, pero ese tipo de fondos los han ido reduciendo, y no alcancé…”.

“Para mí esto de mi rancho ha sido un asunto personal, un asunto hasta de salud; hace cinco años tuve un problema de salud y me dijeron los doctores que gracias a que estoy en el cerro, eso me ayudó a recuperarme y a estar en actividad; es un lugar al que tengo un aprecio y me ha dado satisfacciones en el plano personal, de goce, de disfrute, en la cuestión familiar y de la naturaleza, no tanto en lo económico; el maicito apenas da para mantener el lugar”.

La positiva gestión de los últimos años, en la que reconoce al organismo público descentralizado, pese a estar enfrentado junto con otros parvifundistas por el tema de lo que consideran una representación raquítica en la junta de gobierno, ha hecho prosperar fauna y flora. “Me ha tocado encontrarme con pumas, y sí me han afectado, porque me mataron una vaca, y le reclame a al OPD, oye me mataron a una vaca. Pero no sirvió, porque debía haber llenado unos requisitos para acreditar el daño y que me repusieran la vaca, no se pudo, pero al menos ayudó al bosque…”.

- Siempre ha circulado la historia de que uno de los hermanos Zuno mató al último puma como en 73 o 74, ¿es verdad?

- Ah sí, me acuerdo lo de ese puma, fue famosísimo, hasta salió en la foto, fue por el lado de Tala. Algunos de los Zuno eran guías de cacería en la costa, ellos organizaban y cobraban a los americanos hasta diez mil dólares, y los llevaban a cazar jaguares. En La Primavera dejó de haber puma mucho tiempo.

Fueron más de 20 años para que se escucharan los primeros rumores del regreso del Puma concolor. “Yo me enteré por lo de las fotos, y luego ya me los encontré personalmente. Si retrataron ya a dos parejas es una buena señal”.

Gracias a la técnica del fototrampeo, don Vicente ha detectado en su predio a muchos herbívoros, a búhos de grandes dimensiones [reales o cornudos] e incluso a al águila real.

- ¿No hubo lobos? Está muy cerca el rancho de La Lobera.

- Sí, pero hace como 100 años; si llegó a haber, esos no los vieron ni mis abuelos…

Finca por finca

En el año 1993, estaban construidas sobre propiedad particular, fincas que ocupaban una extensión de 9.3 hectáreas, diseminadas por el norte, el oriente y el sur del bosque. En 2015, el análisis de fotos satelitales reveló una superficie ocupada de 36.45 ha, para constituir prácticamente 40 por ciento de las urbanizaciones al interior del polígono protegido.

La zona con mayor incidencia está al norte: el gran fraccionamiento de Los Robles, que colinda con el ejido Emiliano Zapata y que ocupa la mayor parte de esa superficie: prácticamente 21 ha. El problema de este crecimiento se ha dado ante la indefinición de límites municipales, pues las licencias las otorga El Arenal, pero Zapopan está al norte y Tala al sur. En 1999 sólo crecía sobre 9.5 ha, lo que demuestra que no ha dejado de crecer.

Otro fraccionamiento grande es Pinar de la Venta, pero es preexistente al decreto y sus zonas de crecimiento, como el caso de El Palomar y Bugambilias, no están dentro del régimen protegido.

Al sur, la antigua brecha a San Isidro Mazatepec, que nunca se terminó, es la que presenta más “invasión hormiga”, propiciada por la atomización de las viejas propiedades de Cástulo Romero y Jorge Dipp, o el desinterés de muchos propietarios que al verse impedidos a fraccionar con el decreto de 1980, abandonaron sus predios, al grado de que mucho ni siquiera saben su ubicación actual.

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Claves 

Historia de los asentamientos 

Fraccionamientos privados y ejidales en el interior del polígono protegido de La Primavera

Año 1993

En la zona del cerro de El Colli: Volcán del Colli, La Gloria del Colli y 12 de diciembre, 1.53 hectáreas

En el ejido Santa Ana Tepetitlán: Lomas de La Primavera, 704 m2 La Cebada, 1.3 ha

Colonia López Mateos, 2.75 hectáreas y “Centripostes”, 0.9 ha

La Venta del Astillero, 3,550 m2 En

Los Robles, 7.02 ha

Año 1999

Zona de El Colli: 2.34 ha

Santa Ana Tepetitlán: Lomas de la Primavera, Brisas de La Primavera, Arenales Tapatíos y El Tizate, 1.74 ha

La Cebada, 3.82 ha Colonia López Mateos, 2.75 ha, Centripostes 0.9 ha (sin cambios significativos)

La Venta del Astillero crece a 1.59 ha Los Robles se va a 9.48 ha Año

Año 2008

Zona de El Colli, crece a 6.04 ha, aparecen instalaciones del Cinvestav (Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN)

Ejido Santa Ana Tepetitlán, crecen a 7.34 ha

La Cebada, crece a 6.05 ha

Colonia López Mateos crece a 2.9 hectáreas y Centripostes se duplica a 1.83 ha

La Venta del Astillero, crece a 6.49 hectáreas

Pinar de la Venta, sobre 6,100 m²

Los Robles, se va a 15.83 ha

Año 2011

Zona de El Colli: crece a 6.56 ha. En El Bajío se consolida la instalación del Cinvestav, y la Villa Panamericana invade con 2.5 ha el polígono protegido

Ejido Santa Ana Tepetitlán: crece a 10.59 ha

La Cebada crece a 7.48 ha

Colonia López Mateos se mantiene con 2.9 ha y Centripostes con 1.83 ha. Rancho La Cuesta o Pic Nic, con 5,700 m²

La Venta del Astillero crece a 10.21 ha de asentamiento humano

Los Robles crece a 16.7 ha

Año 2015

Zona de El Colli crece a 7.41 ha

Ejido Santa Ana Tepetitlán, se va a 20.51 ha

La Cebada crece a 8.05 ha Colonia López Mateos y Centripostes se mantienen en 2.9 y 1.83 ha. Zona del Pic Nic se va a 1.24 ha de construcciones

La Venta del Astillero crece a 15.04 ha y Pinar de la Venta registra dentro del polígono 9,800 mz

La Mesa del Burro, 1.3 ha

Los Robles crece a 20.92 ha

Año 2017

Ejido Santa Ana Tepetilán, 29.91 ha

La Venta del Astillero, 18 ha

Fuente: análisis de fotos de satélite y ortofotos entregado al gobierno del estado, 2018

La fiscalía, omisa con los invasores del Cerro del 4

Ayuntamiento ordena al síndico interponer amparo contra quince meses de inacción de la fiscalía.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Tlaquepaque ha aprobado pedirle a su síndico municipal que interponga una demanda de amparo contra la inacción de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, respecto a la denuncia interpuesta en agosto de 2016, para determinar las invasiones de particulares al parque central o Metropolitano Cerro del Cuatro.

"Solicité en la última sesión de cabildo, que el pleno se autorice al síndico municipal para presentar el amparo, pues son ya quince meses sin ningún resultado ante presuntos actos de despojo en la propiedad municipal; no se ha registrado ninguna actuación ni actualización en el expediente", dijo a MILENIO JALISCO la regidora Daniela Chávez,

"El pasado miércoles 17 de los corrientes, me apersoné directamente ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado, para revisar el estado de avance de la averiguación previa con número de expediente 27773/16, asignada a la Agencia del Ministerio Público número 2, Turno Matutino, en el cual constaté que desde el día 18 de octubre del año 2016, hace más de quince meses, en que se giraron oficios a la Policía Investigadora, sin que desde entonces se registre ninguna actuación ni actualización en el referido expediente", señala en el escrito que entregó al cuerpo edilicio.

Esto, "en perjuicio del interés público y colectivo que en este caso la Fiscalía General del Estado de Jalisco está obligada a resguardar, con el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales y legales", advierte.

La denuncia original, señala que el 2 de julio de 2016, durante la primera reforestación del área verde, "se acercaron a los funcionarios, en momentos distintos y de forma separada, vecinos aledaños a esta zona [sic], los cuales mencionaron con preocupación que recientemente diversas personas se han establecido para habitar en la franja del parque [...] sin tener derecho alguno para poseer, muchos menos con título de propiedad o escrituras que los acrediten como dueños...".

El modus operandi de los invasores: "establecerse inicialmente con tablones, polines, tubos, mallas, lonas y demás que permitan crear una vivienda momentánea, y que inclusive alguno de ellos tienen la intención de construir vivienda de material permanente, a pesar de no ser propietarios del terreno, argumentando que las autoridades no pueden hacer nada al respecto ya que es una zona protegida y que la policía municipal no la puede quitar, solamente un juez".

Además de esos actos constitutivos de delito, la regidora destaca que hay un problema de sanidad asociada a la calidad provisional de las viviendas de los invasores y su falta de servicios, así como a la topografía del lugar, donde suele haber riesgos de deslizamientos por tratarse de terreno inestable.

"Esto como una acción de seguimiento de recuperación de espacios verdes y la declaratoria que se encuentra en el Congreso para declararla zona de recuperación ambiental; además de que esta situación arriesga la integridad física de los posesionarios por las condiciones insalubres en las que habitan y el riesgo por los deslaves", insistió.

SRN

La AMG del presente es una ciudad cerrada

Desde el tema de la seguridad hasta el del estatus, las urbanizaciones cerradas o cotos dominan la oferta de clases medias y bajas, señalan estudiosos.

Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El área metropolitana de Guadalajara ya no crece como lo hizo por cuatro siglos y medio, en una ciudad abierta donde los vecinos se reconocen y comparten sin restricción los espacios comunes. Para bien o para mal, la oferta inmobiliaria es hoy abrumadoramente en entornos confinados, un asunto apalancado por necesidades legítimas de seguridad, de eficiencia y de autogestión, y en no pocas ocasiones, vendido bajo la promesa del privilegio.

Es la ciudad de los cotos. Según el investigador Bernd Pfanennstein, de 12 a 14 por ciento de la mancha urbana –alrededor de nueve mil hectáreas- ya tienen que ver con estas demarcaciones cerradas, un concepto tan exitoso que incluso los fraccionamientos inviables de Tlajomulco o El Salto presentan esa configuración. ¿Por qué los compradores de vivienda se sienten seducidos por este tipo de entornos controlados? Cuatro estudiosos de la ciudad le responden la pregunta a MILENIO JALISCO.

La actual “es una ciudad que obedece al esquema de ciudad cerrada; todo lo nuevo que se está haciendo alrededor de la ciudad, en un desarrollo expansivo, en una periferia, es bajo la lógica de un desarrollo cerrado; lo que se construye intraurbano son torres, con costos fuera del alcance para el común de la población; pero la periferia ofrece cotos o fraccionamientos cerrados que son lo que están al alcance de la gente, no hay alternativas en ese sentido”, señala el consultor urbano Alfredo Hidalgo Rasmussen.

Los primeros modelos fueron desarrollos campestres, bajo la justificación de vivir cerca del bosque o en áreas agrícolas o no tanto de dispersar la ciudad; “ahora muchos de estos están ya dentro de la mancha urbana, y hay una combinación entre una voluntad original , que apunto a esquemas mucho mas comunitarios, es decir, una serie de personas que compartían intereses y que decidían vivir en una comunidad, sobre la base de autogestión agrícola o ecológica, como Los Guayabos […] ahora la tendencia es un esquema de urbanización a lo que podemos llamar los paisajes en zonas urbanas, y ya se convierte en una norma lo que era excepción, y se junta con el discurso de la seguridad, la idea de reducir el índice de victimización o el sentimiento de inseguridad creciente; entonces la privatización se convirtió en un elemento de venta sumamente fuerte y muy exitoso, el ciudadano incluso lo exige”, añade.

Esto legitima la privatización del espacio público “en pro de la seguridad”, y se afectan principios básicos como la libre circulación, Zapopan es a juicio del académico un ejemplo exacerbado. Sacrificar espacios y bienes públicos nunca repercute en una mejor ciudad, pero hace falta construir alternativas sobre todo para las clases medias y bajas.

Héctor Castañón, del Centro de Investigaciones Urbanas (http://cita.org.mx), apunta: “pensando en los cotos de Tlajomulco hay como un coincidencia de mercado, entre lo que la gente busca y lo que le conviene a los desarrolladores de vivienda que generan este tipo de entornos; la gente busca seguridad, está muy arraigado el discurso de la preocupación, de proteger su patrimonio, entonces este tipo de entornos promete seguridad, promete mantener a raya a los invasores, en esta lógica de una comunidad cerrada; por otro lado se ha convertido en un modelo aspiracional, donde la idea de exclusividad se vende nuevamente para mantener a los que no pertenecen a una comunidad, a raya…”.

Jorge Fernández Acosta, académico del CUAAD, admite que el tema de la seguridad es el que lo hace atractivo. “La gente tiene miedo de vivir la ciudad en directo, en la calle, y encuentra un lugar de resguardo; el modelo no ha cambiado mucho históricamente, recuerda la etapa medieval, las ciudades amuralladas, obviamente me parece que tiene que ver también con una cuestión aspiracional, de estatus, de sueños…”.

Finalmente, Jesús García Rojas (ver edición del 3 de abril de 2017), pide que se mire el fenómeno sin prejuicios y pone como ejemplo los desarrollos del Infonavit como precursores positivos de la idea de fraccionamientos confinados, aunque alerta sobre la necesidad de preservar espacio público y movilidad.

Opinión invitada

Proliferan urbanizaciones cerradas en Tlajomulco

Es necesario cuestionar y reflexionar los impactos de las urbanizaciones cerradas de manera prioritaria en temas de espacio público, dice experto.

La Nueva Agenda Urbana de ONU-HABITAT (2016) así como la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Gobierno Federal (2016) incluyen el tema de la segregación socio-espacial como un reto urbano que dificulta construir ciudades prósperas y socialmente responsables.

Haciendo referencia a un contexto urbano concreto, el estudio académico elaborado por Pfannenstein, Anacleto y Sevilla (2016) señala que, a inicios del año 2015 el Área Metropolitana de Guadalajara tenía más del 12 por ciento de su superficie urbana en un concepto de urbanización cerrada. En particular, el crecimiento expansivo en superficie y cantidad absoluta de este esquema de vivienda en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga es discutible pues, ambos municipios, concentran cerca del 60 por ciento de la cantidad absoluta de desarrollos cerrados.

En el municipio de Zapopan se dio de 2005 a 2015 un crecimiento de las urbanizaciones cerradas de más de 37 por ciento (ver MILENIO 16 de enero de 2017), un dato que muestra la importancia para documentar y entender el impacto territorial de este modelo habitacional.

Para el caso particular del municipio de Tlajomulco de Zúñiga se estima que la superficie aumentó casi el doble del año 2005 al 2015, mientras que en el número de unidades habitacionales la cantidad se ha triplicado (ver mapa). Más de 30 por ciento del área urbana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga está desarrollado en un esquema de ciudad cerrada y amurallada.

El fenómeno de la urbanización cerrada y su impacto territorial en el Área Metropolitana de Guadalajara, siendo la segunda metrópoli de mayor tamaño en México, debe promover la reflexión sobre la segregación socio-espacial, la privatización de la ciudad y la gestión del suelo. El uso de los sistemas de información geográfica permiten alcanzar nuevos horizontes mediante la obtención de datos territoriales de interés municipal y metropolitano además de, permitir una mejor comprensión del fenómeno urbano a diferentes escalas. A través de dichos sistemas, se ofrecen nuevas posibilidades en el proceso de planeación y gestión del territorio, mismas que se han podido emplear en el análisis del fenómeno residencial de acceso restringido.

En referencia a la base de datos que documenta las condiciones existentes del territorio, se deben de desarrollar instrumentos de planeación territorial que consideren el impacto que dicho esquema de ciudad amurallada fomenta, sobre todo, la problemática de la segregación. Seguir con la privatización de espacio público y la construcción de muros será un camino del que pronto no se encontrará la salida y, de continuar el escenario del crecimiento expansivo de las urbanizaciones cerradas, la metrópoli estará en camino a la ciudad amurallada y fortificada, una ciudad cerrada de uso exclusivo, interrumpida de manera significativa e irreversible.

Es necesario cuestionar y reflexionar los impactos de las urbanizaciones cerradas de manera prioritaria en temas de espacio público, movilidad y accesibilidad, morfología urbana, ordenamiento del territorio y procesos de exclusión y segregación. Se debe apostar a la actualización de los instrumentos de planeación territorial – de los tres niveles de Gobierno - para que contemplen la evolución de las urbanizaciones cerradas y disminuyan la desigualdad y fragmentación del entorno urbano. Se debe de plantear la necesidad de modificar la normatividad urbana a la realidad construida y existente en nuestro entorno urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, así como, en otras ciudades más de la República Mexicana.

Las características de la oferta de acceso al suelo urbano parecen fomentar la cohesión social al mismo tiempo que influyen en el proceso de exclusión. Debemos de traducir el discurso académico a la implementación de políticas públicas. Se debe de desarrollar una política integral, a la par de un debate crítico sobre la responsabilidad de los diferentes actores en la planeación y gestión del suelo urbano con el fin de producir un modelo socialmente responsable.

Referencia:

Pfannenstein, B., Anacleto, E., Sevilla, S. (2016): ¿La ciudad cerrada y exclusiva? El impacto y la expansión territorial de las urbanizaciones cerradas residenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara (México)". Working Paper Series Contested Cities, Serie IV, International Conference "From CONTESTED_CITIES to Global Urban Justice", WPCC-163505, 1-11. Madrid, España (ISSN: 2341-2755).

Link: http://contested-cities.net/working-papers/2016/la-ciudad-cerrada-y-exclusiva-el-impacto-y-la-expansion-territorial-de-las-urbanizaciones-cerradas-residenciales-en-el-area-metropolitana-de-guadalajara-mexico/

*Bernd Pfannenstein es docente, investigador y consultor; catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara y colaborador del programa "Innovative Governance of Large Urban Systems" de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Este trabajo fue presentado ayer en la Association of American Geographers en Nueva York, y hoy en el MIT Urban Planing de Boston

Correo: b.pfannenstein@outlook.com
Twitter: @Pfannenstein_B

Zapotlanejo, la conquista sobre una frontera cinco veces secular

Las estructuras políticas y económicas de la ciudad buscan abrir la vieja colindancia norte y este de Guadalajara, en lo que antes fue el primer municipio de Los Altos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO 

El meteórico ascenso de Zapotlanejo, que pasó en una década de ser un modesto municipio de 55,827 habitantes (conteo 2005 del INEGI) en la entrada a la región de Los Altos, a constituir la última pieza del complejo mapa del área metropolitana de Guadalajara, demuestra con meridiana claridad cómo las fuerzas del mercado se imponen a los tibios esfuerzos de los planeadores y a ambiciosas pero al menos hasta hoy fallidas tentativas institucionales, como el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet).

La meseta occidental del municipio, históricamente la más marginada, concentra la mayor parte de las 8,766 hectáreas de reserva urbana autorizada por el ayuntamiento local. Sin servicios básicos, dotada de caminos de tierra y algunas rutas pavimentadas secundarias, está en un territorio accidentado poblado de pastizales ralos y vegetación secundaria por la crónica escasez de agua, pero con una vista espectacular a la barranca del río Santiago, cuyos casi 500 metros de profundidad siempre mantuvieron a raya la urbanización.

Pero los tiempos cambian: apenas en diciembre pasado, la inmobiliaria universitaria Uniterra, de la Universidad de Guadalajara, presentó en fase de plan maestro su nuevo centro universitario ubicado en la zona, que coloniza el borde de la barranca, en un proyecto que recuerda al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), enclavado más al norte por el mismo cañón, pero del otro lado del río. Construir este ambicioso proyecto de 497,194 metros cuadrados (casi 50 hectáreas) hoy en medio de nada, no puede ser leído de modo inocente.

La casa de estudios contó con la diligente actuación del ayuntamiento local, que desde 2009, en la primera gestión de Héctor Álvarez Contreras (PAN, hoy PMC) ha promovido, todavía de forma infructuosa, un megaproyecto habitacional de hasta 250 mil viviendas que se conocía como Valle de Santiago, de la poderosa constructora Urbi, que contaba además con los buenos oficios del hoy senador jalisciense, Arturo Zamora Jiménez (PRI). De este modo, se le donaron cuatro predios denominados Potrero de la Arteja (sic). Dos importantes tendidos de infraestructura pasan por allí: el acueducto Presa Calderón-Guadalajara y una red de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permite prever el acceso a esos recursos esenciales.

El proyecto cuenta con 25 componentes, y "será un centro educativo temático de tecnologías sustentables, donde el aprovechamiento de la energía solar base fundamental del abastecimiento de energía eléctrica trato amable que logrará armonía con el medio ambiente y la naturaleza [sic], con un alcance regional resolverá las necesidades de educación de la región de Zapotlanejo", destaca la presentación de Uniterra. 83 mil m2, más de la sexta parte del predio, es para alojar 24,360 paneles solares.

Si está en medio de nada, ¿quiénes acudirán a las clases? Como en otros casos, este centro universitario detonará la urbanización contigua. Lo hizo el propio CUAAD al norte de la ciudad; lo generó el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en el valle de Tesistán y frente al bosque La Primavera, y lo hace de forma incipiente el último centro construido: CUTonalá, enclavado contiguo a una infraestructura nueva que ayuda fuertemente a llevar desarrollos habitacionales más allá de la periferia urbana: el llamado "nuevo periférico", construido, bajo presiones de desarrolladores inmobiliarios, por el gobierno de Emilio González Márquez.

¿Cuál es el incentivo, además de tener un plantel de educación superior al lado? La tierra barata. "Necesitamos precios competitivos para construir para la gente que menos tiene, que es la gran mayoría de la vivienda que se hace; y necesitamos tierra en la periferia para este mercado que es enorme porque es gente que no podemos excluir, tiene todo el derecho [...] el reto no es decir que ya no queremos casas, las casas vienen a cumplir con una demanda existente de los jaliscienses; lo que debemos de buscar es llevar infraestructura", dice el presidente del capítulo Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Guillermo Salcedo González.

Y no obstante que señala casos como Carretera a Colotlán, El Salto, Tlajomulco o Ixtlahuacán de los Membrillos, donde ya hay urbanizaciones, la zona de Zapotlanejo permanece intocada en su mayor parte. "La infraestructura no es nada más calles y agua y electricidad, es fuentes de trabajo, escuelas y comercios; pero hasta ahorita yo no conozco ningún lado del mundo donde llegue un centro comercial o un hospital o una fuente de servicios y se instale donde no hay nadie; se instalan donde hay gente para que puedan mantenerse, entonces es lógico que primero llegue la vivienda, y luego lleguen los servicios, lo que es importante es que lleguen los servicios". Es un nuevo paradigma roto.

El especialista del Centro de Investigaciones Urbanas, Héctor Castañón, señala: "con Zapotlanejo desde su incorporación al área metropolitana, hemos visto con muchas dudas acerca del sustento técnico de la medida; yo creo que es más bien un cálculo político del balance de fuerzas en la ciudad, porque la incorporación de Tala [municipio del poniente, que colinda con Zapopan] tendría más sentido; yo veo una intención clara de los gobernantes de MC [Partido Movimiento Ciudadano] de meterlo, porque la inclusión de Zapotlanejo a nivel técnico tiene pocos elementos de soporte; el tema es que ya están dispuestos los ejes en los cuales podría ocurrir la expansión urbana, con el tema del libramiento [...] , la mancha urbana discontinua ya llega hasta allá; es doblemente preocupante porque la capacidad institucional de un municipio como Zapotlanejo es muy débil, si incluso un municipio presuntamente fuerte como Zapopan no puede encontrar los mecanismos de control de la expansión".

Héctor Castañón sostiene que no existen en la actualidad los mecanismos para frenar la expansión. Coincide el catedrático del CUAAD, Jorge Fernández Acosta: "la ciudad está bajo el control de las fuerzas económicas, ahorita estamos haciendo las cosas al revés: primero desarrollamos, hacemos vivienda, y luego vemos cómo resolvemos el problema; aquí hay que habilitar la infraestructura, poner servicios planificados, coordinar el tipo de vivienda o de urbanización deseable, poner límites, y luego entonces ya podría ser; en este momento las políticas deberían ser para frenar de tajo la expansión urbana en Zapotlanejo, y voltear a otros lugares; pero ni Consejo de Coordinación Metropolitana, ni el Imeplan (Instituto Metropolitano de Planeación) ni un instrumento como el POTmet pueden hacerlo".

"Brincar" la ciudad al otro lado del río Santiago para extenderla es un viejo debate. Era un sueño de los especuladores de los años 50 y 60, aseguraba el famoso urbanista Jorge Camberos Garibi, uno de los padres de la legislación urbana de Jalisco, que detonó en los años 90 del siglo XX.
El tema trae a colación la historia antigua de Guadalajara, una urbe que cumplió hace dos días 475 años de su fundación definitiva. Previo al arribo de Atemajac, los vecinos españoles se instalaron en la árida meseta de Tlacotán, en el hoy municipio de Ixtlahuacán del Río, un ecosistema muy similar al de Zapotlanejo, del que lo divide otro gran río: el Verde, que recorre todo Los Altos de Jalisco.

Dicen los cronistas que la aridez del terreno era poco propicia para obtener alimentos, que el agua escaseaba y abundaban los indígenas hostiles, lo que obligó abandonar la zona en 1541. Hoy, que la indómita raza caxcana ha desaparecido, los desarrolladores parece que cuentan con la tecnología, los recursos económicos y los compromisos políticos para realizar la ansiada colonización, allende la frontera invicta que impuso natura por casi cinco siglos.

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Claves

El POTmet y el futuro de Zapotlanejo

La inclusión del municipio de Zapotlanejo al AMG, "contribuye al aumento de superficie no urbanizada, ya que de 72,233 ha de este municipio, solo 1.6% está urbanizado (1,170 ha)"

Tendencia futura sin intervención: "una tendencia de crecimiento expansivo principalmente en los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo. [...] en términos porcentuales, los municipios que experimentarían un crecimiento urbano más marcado, serían Juanacatlán (con 475%) y Zapotlanejo (con 370%)"

Reservas urbanas del AMG. "El uso de las reservas urbanas es principalmente habitacional, con 65% (28,974 ha). Destaca Zapotlanejo, al ser el municipio con mayor reserva con uso habitacional, al tener 8,753 ha. Le sigue Tlajomulco con 6,506 ha y Zapopan con 5,697 ha"

Centralidades emergentes, impuestas fuera de metodología, por los ayuntamientos de Zapopan y Zapotlanejo. En el primer municipio, Colotlán y La Azucena; en el segundo, delegaciones de Matatlán y La Purísima (la zona a urbanizar pegada a la barranca)

Comunicaciones: corredor metropolitano Zapotlanejo – Tonalá. "El corredor comunicará a la cabecera municipal de Zapotlanejo con el perifériconuevo a la altura del fraccionamiento Urbi, esto proporcionará mayor conectividad al municipio de Zapotlanejo con Guadalajara"

Corredor Central Nueva – Zapotlanejo Centro. "Este corredor busca la integración del oriente de la metrópoli por medio de un sistema de transporte masivo, conectando desde la Central Nueva de Tlaquepaque, por medio de la carretera libre, hasta la cabecera municip

Línea Alimentadora Metropolitana AM – 11 Zapotlanejo "comunicará a la cabecera municipal de Zapotlanejo con la extensión de la línea 2 del Tren Ligero en Tonalá aunado a la red de transporte masivo y alimentadoras, los habitantes de Zapotlanejo contarán con opciones para los desplazamientos en la metrópoli"

Fuente: POTmet

POTmet “fracasará” sin ley de ciudades federal

Jesús García Rojas advierte sobre las inconsistencias del documento, y sobre la necesidad de una legislación general que obligue a cumplir.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Es fundamental que el Congreso de la Unión avance sobre la conformación de la Ley de Ciudades y Territorio para evitar que la entrada en vigor del Plan de Ordenamiento Territorial (POTmet) en Guadalajara signifique un triunfo de la simulación que permita proseguir el negocio de la expansión urbana, sostiene el consultor Jesús García Rojas.

El arquitecto de profesión destaca la relevancia que esta propuesta de ley tiene para de verdad poner freno a la caótica expansión de las ciudades mexicanas; señala que penalizar de forma estricta los abusos de alcaldes y servidores públicos y dar verdaderos derechos para ejercer a los ciudadanos, es un modo de dar legalidad y sustento social a todo el tema de ciudades compactas que pretende generar –de forma ambigua y frecuentemente equívoca– el POTmet.

El POTmet “ya es ley, está publicado en el periódico oficial del estado. Sin duda es un importante paso, el principio de algo muy relevante y nos da zonificación primaria y estructura urbana […] un buen ejercicio, bien intencionado, con buenos propósitos, un documento básico, primario, una fotografía, un registro de la situación actual que desnuda todas nuestras inconsistencias y falta de coordinación, y un plan a nivel idea lógico, que incorpora políticas públicas, conceptos y propósitos del gobierno federal e iniciativas que no han prosperado”.

Pero “emprender una apresurada tarea como esta no es nada fácil; ordenar lo general, cuando no está ordenado lo particular, donde impera el desorden y la discrecionalidad, cuando en la ley no hay organismos intermedios entre municipios y estados, cuando hay un Código Urbano que no aplica en la mayoría de los municipios y en donde sigue vigente el Reglamento de Zonificación, anarquía, desorden e interpretaciones que favorecen la opacidad y la corrupción; una Ley de Coordinación Metropolitana que podría mejorarse y también su estatuto orgánico”.

Adicionalmente, la gran debilidad “es el marco jurídico para los asentamientos humanos federal, estatal y municipal, que están cuestionados y en debate”.

García Rojas se pregunta: ¿Qué le falta como instrumento de ordenamiento al POTmet? “… se identifican la conveniente consideración de la marginación y el empleo, el exceso de reservas urbanas, el déficit de áreas verdes para lo que no proponen nada ya que las que tenemos se concesionan, aportan o venden a negocios privados”; hay aciertos y hay inconsistencias: “que sospechosamente Huentitán sea considerado como un nuevo centro urbano sustentable y que retomen atinadamente el viejo tema del banco de tierras para vivienda”, lo evidencian.

El área metropolitana “ya es policéntrica; en la zonificación probablemente se cayó en excesos en la propuesta de centralidades especialmente las emergentes para satisfacer presiones de intereses que contravienen el propósito del plan de ser compactos, cercanos, conectados y equitativos; hay que entender que finalmente el Imeplan es el coordinador y amanuense de los municipios”.

Ante esto, “si no hacemos reformas económicas y sociales de fondo, seguiremos dispersos, distantes, desconectados y desiguales. Ni las nuevas reglas de otorgamiento de subsidios de la SHCP, ni los perímetros de contención urbana de la Conavi, que por cierto ambos son negociables y laxos, y localmente el POTmet y sus centralidades, no detendrán la expansión urbana”.

Por eso urge a “retomar la Ley General de Ciudades y Territorio que abortó en el Congreso de la Unión por el cabildeo de desarrolladores y ayuntamientos”, además de “cambiar la política de subsidios totalmente, ya no darlos al frente como enganche, sino darlos en especie con tierra planificada”, plantea.

Expansión urbana

5 millones de viviendas abandonadas [en México] y el aumento del hacinamiento en los últimos 23 años

Causas: “políticas públicas equivocadas, apostar a ser un país maquilador-exportador de materias primas y de capital humano; las reformas constitucionales de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, donde abdica el estado mexicano a la rectoría en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y usos del suelo; a la Ley Agraria, a la Ley de Aguas Nacionales y las de los institutos de vivienda”

También, “estrategias facilitadoras, privatización de la oferta de vivienda, desalineación entre oferta y demanda, subsidios mal diseñados, especulación de suelo urbano, congelación de salarios, desempleo –60 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad–, pérdida de poder adquisitivo, pobreza, pobreza extrema, desigualdad, marginación, migraciones del campo a la ciudad, asentamientos irregulares y obviamente migración del centro a la periferia”

Enrique Alfaro se equivoca, señala Vive Huentitán

El derecho a la ciudad permite a cualquier habitante de la misma intervenir en los asuntos públicos, destaca el urbanista Jorge Fernández

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El grupo social Huentitán Vive, que vertebra la oposición a la pérdida de un espacio público a favor de los empresarios del proyecto Iconia, expresaron su preocupación por el discurso “descalificador” del presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, a quien pide “se baje del ring” y discuta con argumentos sólidos cuál es el mejor camino para rescatar la zona norte de la ciudad sin afectar los bienes públicos.

“Estamos de acuerdo con el plan Maestro (con algunas mejoras y adecuaciones para responder a las verdaderas necesidades de la zona); estamos a favor de la inversión en infraestructura y servicios públicos de calidad para Huentitán. No tenemos intereses de tipo económico ni partidista. Sí, somos y hacemos política y la ejercemos a través de la crítica sana y propositiva. No estamos de acuerdo con el proyecto Iconia y menos en validarlo mediante su puesta en marcha. Queremos y exigimos la recuperación del terreno y que el ayuntamiento haga efectiva la multa por incumplimiento. Que se finquen créditos fiscales a favor del municipio”, señalan en un pronunciamiento enviado a MILENIO JALISCO.

“Demandamos la expedita gestión para cancelar el convenio de asociación abusivo en contra del interés público”. Y como se vive en una democracia y no en una dictadura, “somos ciudadanos de la metrópoli y tenemos derecho a opinar de cualquier tema o asunto que afecte el bien común”, advierten.

Respecto al discurso del presidente municipal en que los descalifica al tiempo que defiende su plan maestro para la zona (ver edición del 15 de julio de 2016), el urbanista Jorge Fernández Acosta, asesor técnico de la agrupación, señaló: “la declaración contrasta con las ideas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal Guadalajara 500 respecto al déficit de áreas verdes en la ciudad y en donde se plasma la obligación de incrementarlas. A partir de eso, pienso en cuáles son en verdad las políticas públicas en la materia, de las que habla Alfaro en su discurso. Asimismo reflexiono, con relación a ello, quién está a cargo de llevarlas a cabo. La barranca de Huentitán es una de las más importantes reservas megadiversas y el decreto como área natural protegida va más allá de sí mismo: Lo relevante deberá ser la instrumentación de los programas de manejo ambiental y las políticas que permitan comprender que quizá no exista compatibilidad con los proyectos declarados”.

Segundo, “cuando el presidente municipal menciona a quienes son sus aliados, nos remite a aquellos proyectos que le han fallado a la ciudad y se han aprovechado de la abusiva práctica de usufructuar con los bienes públicos para beneficios particulares y que, además, han incumplido: El museo barranca, los viveros de Extra en el Parque Natural Huentitán, el CUAAD (Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la UdeG) y la violación a la cota 1500 (metros sobre el nivel del mar), el terreno para el recinto ferial… ¡Vaya alianzas! Tal vez sería conveniente ser preciso y señalar específicamente a los grupos de interés contrarios a los proyectos que hoy nos interesan”.

Tercero, “con sus declaraciones es evidente que ahora se le da la espalda a quienes lo respaldaron mediante su voto y confianza. Hubo promesas y compromisos que hoy se han transformado en insultos hacia la inteligencia ciudadana. Muestra hoy un enfadado discurso contra las bases. Sería interesante conocer a fondo el procedimiento metodológico para las encuestas. El ejercicio de preguntar casa por casa debió costar muchos recursos y en verdad me gustaría conocer una por una. Vecinos de la zona declaran no haber participado ni opinado”.

Cuarto, “en el Derecho a la Ciudad, el hecho de no vivir en una zona no impide participar o aportar ideas relativas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Los ciudadanos tenemos la obligación de observar y señalar, o hasta denunciar, las buenas o malas prácticas o proyectos que impliquen impacto metropolitano. Somos usuarios y corresponsables de lo que acontece en la ciudad y asumimos nuestro compromiso sustentado en la idea de hacer ciudad con base un elevado espíritu de colaboración y comunidad”.

En su quinta y última consideración, añade: “ Huentitán es una zona con alto potencial social para el desarrollo cualitativo de la ciudad y demanda acciones contundentes para alcanzar la categoría que le corresponde como centro articulador de la zona norte de la metrópoli. El gran cuadrante urbano de los dos huentitanes requiere mucho más que el Plan Maestro, requiere políticas culturales y sociales, programas recreativos y deportivos, conectividad y vías de acceso también en la zona de Huentitán El Bajo. Vaya, todas las bondades del plan pero ajustadas a la realidad que demanda el potencial para la redensificación que posee”.

Límites municipales fuera de ley

El mapa aprobado en 2012 y las leyes en la materia están en duda, pero además, no se agotaron los procedimientos legislativos para generar límites ciertos y aceptados.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El 27 de marzo de 2012, el entonces Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IITEJ) publicó el mapa general del estado de Jalisco, en el cual se determinan límites municipales, fruto de un trabajo exhaustivo de esa entidad desde cinco años atrás; estos límites alteran significativamente los que las propias demarcaciones manejan como oficiales hasta el día de hoy.

El saldo es que el movimiento de fronteras en el papel dejan a alrededor de 40 mil hectáreas de los nueve municipios metropolitanos en una demarcación diferente. Pero como ese decreto no derivó en un trabajo legislativo para aplicar lo que dice el decreto 19,156, del año 2001, “que establece el procedimiento para delimitación y demarcación territorial de los municipios del estado de Jalisco”, no es un mapa que esté vigente.

Un segundo problema es que si se intentara agotar ese procedimiento ahora por parte del Congreso, tendría que clarificarse primero si el mapa de 2012 es un trabajo del que se puede partir, dado que los transitorios de la ley orgánica que dio vida a la entidad que sucedió al IITEJ, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (INEGI) (publicada el 7 de diciembre de 2013), abrogan la ley anterior y “los ordenamientos que se opongan al presente decreto”.

Es decir, los legisladores son la base de corrección y generación de los límites municipales para eliminar el “limbo” en que viven miles de ciudadanos metropolitanos. Pero primero deben determinar si con el instituto creado en diciembre de 2013 no se abroga el mapa generado por el organismo antecesor, entre 2008 y 2012; en segundo lugar, deben ser explícitos respecto a la vigencia o no de la ley para fijar los límites, y que en caso de que siga en vigor, agotar el procedimiento que fija el decreto de delimitación de municipios -arriba aludido-. Ninguna de las dos cosas han sucedido y el mapa de 2012 no está vigente en las relaciones entre municipios del estado.

El procedimiento debería ser: (artículos seis a 16) el Congreso remite a cada municipio la información territorial y el manual de procedimientos para que estudien la propuesta de límites y su fundamentación, lo cual debe ser respondido en 60 días naturales. Si el ayuntamiento está de acuerdo, debe manifestarlo por escrito con el acta de sesión de cabildo donde se haya optado por esa valoración. Si hay desacuerdo total o parcial, presentará sus argumentos documentales. Si agotados los 60 días no hubiera manifestación a favor o en contra, se tomará por aceptada la propuesta.

La autoridad municipal puede solicitar ampliación del plazo para responder hasta por 30 días más. El resultado se debe plasmar en un mapa georreferenciado, lo que obliga además a consultar a los municipios colindantes.

En caso de desacuerdo se procede a una conciliación, periodo de 40 días naturales. “Las autoridades municipales interesadas estarán obligadas a nombrar uno o varios conciliadores, en forma conjunta” (artículo 12). Al terminar el periodo se debe emitir un informe y una propuesta de límites acordada entre las partes, la cual será plasmada en un mapa georreferenciado para un decreto definitivo.

Pero si el desacuerdo persiste, el Congreso abre 30 días naturales más para recibir pruebas y alegatos a través de su comisión de Gobernación, que sobre esa base, “elaborará un proyecto definitivo de límite territorial” que se propondrá al pleno, que conforme al artículo 35 fracción tercera de la Constitución Política de Jalisco, emitirá un decreto contra el cual “no procede recurso alguno” (artículo 17).

Nada de esto ha sucedido a los cuatro años de que se publicó el mapa oficial. Es lógico dudar si las determinaciones de zonificaciones que contempla el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) en las 40 mil hectáreas aludidas tienen alguna posibilidad frente a esa indeterminación jurídica.

También se puede dudar sobre la no inclusión del INEGI que ha elaborado propuestas de límites en el pasado, y si eso no deja más endeble aún al POTmet. De hecho, el mapa del anexo cartográfico del programa revela con claridad las diferentes versiones de límites municipales: todas difieren. Límites de 1979, mapa estatal de 2012, Inegi de 2010, límite municipal de 2011 y extensión de planes municipales  2011. Otro dato más que contradice el “blindaje” del POTmet.

Preguntas para los diputados

Las dos preguntas más importantes sobre los verdaderos límites municipales:

1 A partir de la creación del organismo público descentralizado Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en 2013, ¿la norma sobre el procedimiento para delimitación y demarcación de municipios del estado de Jalisco, de 2001, sigue vigente?

2 En caso de estar vigente, ¿los límites municipales contenidos en el mapa general de Jalisco 2012 están pendientes de seguir el procedimiento de aprobación desde el Congreso con los respectivos municipios?

El Potmet no basta para inducir a urbanizar ejes viales

El director del IMTJ, Mario Córdova, subraya la necesidad de políticas públicas que frenen la expansión y estimulen urbanización en casi 3 mil ha contiguas a Tren Ligero y Macrobús

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La clave para que alrededor de tres mil hectáreas identificadas como espacio óptimo de crecimiento urbano, por ubicarse en cercanías de algún corredor de transporte masivo como Tren Ligero o Macrobús, puedan realmente integrarse al paquete de respuestas a la expansión anárquica de la ciudad, no la da el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), reconoció el director del Instituto de Movilidad y Transporte (IMTJ) de Jalisco, Mario Córdova España.

“Yo creo que no basta con un papel, sobre todo si tiene cierto grado de ambigüedad, cuando deja gran cantidad de reservas urbanas para la especulación, y no las que la ciudad necesita según sus proyecciones demográficas”, dijo en entrevista con MILENIO RADIO.

“Es evidente que el gobierno en su nivel estatal y los gobiernos municipales deben generar incentivos económicos para que esto suceda; que en las partes en que hay mayor cantidad se servicios y de equipamientos, la gente de escasos recursos pueda vivir en ellas, en lugar de una gentrificación [expulsión de población de bajos niveles socioeconómicos] que segmenta a las clases ricas de la gente pobre; darle más oportunidad de vivir en estos entornos sociales, que tienen un gran potencial de cambio”, agregó.

Sin embargo, “esos incentivos no existen, lo que existen son ciertos programas institucionales que empujan la vivienda, programas en donde predomina el sector inmobiliario, el sector de los vivienderos, como se les dice, que hacen su cabildeo, manejan sus influencias, para seguir haciendo lo mismo, aunque hoy lo llamen sustentable, entre otros términos novedosos que manejan, lo que es la dispersión de la ciudad”.

El experto consideró que se debe trabajar para que el potencial de los corredores de transporte sea realmente aprovechado, a favor de generar una ciudad más compacta y con mejores niveles de vida.

“Es un asunto que no es nuevo, lleva ya mucho tiempo planteándose: hacer del trasporte un elemento correlacionado con el desarrollo, como eje estructurador de su crecimiento, porque el transporte es un espacio masivo que traslada a muchas personas, y lo ideal no es que los transporte de un extremo a otro, como hacen la mayoría de usuarios de la Línea 1 del Tren Ligero, que tiene su historia desde 1974, que es cuando se hizo la intervención urbanística en Federalismo, y fue creciendo con los años hasta conectar con el Periférico al norte y al sur; en todos estos años podemos observar esto, sobre todo en el tramo central, y te das cuenta que no ha sufrido grandes transformaciones, así que la mano invisible del mercado no es suficiente para transformar estos ejes”, advirtió.

La regulación estatal es indispensable, “gestionando la inversión privada y pública en la intervención de estos espacios, para que finalmente el gran espacio de trasporte que tenemos esté relacionado con el espacio urbano adyacente, y se generen viajes cortos en lugar de viajes largos; si vemos el tren, la mayoría de sus viajes son hacia los extremos, al sur por todo el crecimiento que se dio hacia Tlajomulco, y al norte por el crecimiento desbordado en Mesa Colorada”.

El ejemplo de la Línea 1 se replica en la Línea 2, la cual fue trazada con la idea de que se daría una fuerte urbanización hacia el oriente, rumbo a Tonalá, cosa que se dio de forma menor en comparación con Tlajomulco, al grado de que esta segunda demarcación ya superó en población a la primera.

Los territorios lindantes con el gran transporte están, así, desaprovechados. “Se está dando la verticalización en las áreas socioeconómicas más fuertes, con todos los problemas de accesibilidad que esto conlleva, porque la infraestructura vial es la misma, y por otro lado la vivienda social se está dando en la periferia, con grandes problemas de conectividad, de transporte y de servicios; estamos en un desorden en los dos extremos”, subrayó. Y es urgente cambiar.

Reservas urbanas rebasan 400% las necesidades del AMG

Vía a Colotlán y Zapotlanejo podrían albergar todo el crecimiento poblacional de 30 años... a condición de que no crezca el resto de la metrópolis. La necesidad de suelo es de 6,875 ha.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si Guadalajara aspira a una contención urbana y “compacidad” similar a una ciudad latinoamericana ejemplar en ese sentido, como Medellín (Colombia), con uno de los mejores niveles de vida de la región, solo necesita disponer a 30 años de alrededor de 20 por ciento de las reservas urbanas disponibles, que ascienden a 44,835 ha.

En el escenario de más alto crecimiento poblacional (un millón 756 mil pobladores más), la necesidad son 8,784 hectáreas; en el de bajo crecimiento (un millón 374 mil moradores más), la necesidad de suelo es solamente de 6,875 ha, según los datos del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), página 335.

Sin embargo, este suelo “disponible”, que se ubica en todos los linderos de la actual metrópolis, significa el tamaño del negocio que pretenden los desarrolladores inmobiliarios, cuyo poder de lobby ha quedado manifiesto en la configuración del propio POTmet, como antes se había expresado en la generación de esas reservas por parte de los cabildos locales, sin consideraciones técnicas mínimas en la mayoría de los casos.

La creación de cuatro “centralidades emergentes” en medio de suelo no apto para urbanización, en Zapopan y Zapotlanejo, son los casos más extremos que demuestran ese poder. La carretera a Colotlán, de acuerdo a cifras del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, tendría “derechos de vivienda” sobre 80 mil unidades, unos 320 mil moradores nuevos; y del lado de Zapotlanejo, el Desarrollo Urbano Integral Sustentable Valle de Santiago, con casi 250 mil casas y un millón de habitantes, explica bien la “centralidad emergente” de Matatlán sobre zona que ni siquiera cuenta con pavimento. Si ambos prosperan, podrían contener toda la población nueva de las siguientes tres décadas. Sin necesidad de un solo metro cuadrado extra.

En ambos casos, la frontera de la ciudad se empuja entre cinco y diez kilómetros, lo que aumenta los vacíos urbanos y hace crecer amenazas en zonas naturales como las barrancas de los ríos Verde y Santiago, que están por decretarse área natural protegida, o el macizo boscoso Nixticuil-San Esteban, de por sí invadido actualmente por fraccionamientos más modestos.

“Las reservas urbanas en el Área Metropolitana de Guadalajara [AMG] son un factor determinante para la expansión de la ciudad y deben ser administradas por los municipios con base en las necesidades de la ciudad: para vivienda, servicios, equipamientos, espacios verdes y abiertos”, añade el documento (pág. 222).

Las reservas urbanas vigentes, se distribuyen del siguiente modo: Tlajomulco está en primer lugar con 12,019 ha; seguido de Zapo-tlanejo con 8,776 ha y Zapopan con 8,270 ha.

“El uso de las reservas urbanas es principalmente habitacional, con 65 por ciento (28,974 ha); destaca Zapotlanejo, el municipio con mayor reserva con uso habitacional, 8,753 ha. Le sigue Tlajomulco con 6,506 ha y Zapopan con 5,697 ha”. El uso mixto (habitacional, comercial y en algunos casos pequeña industria) tiene 15 por ciento, es decir, 6,781 ha, renglón que encabeza Tlajomulco 1,835 ha, seguido por Zapopan con 1,482 ha e Ixtlahuacán de los Membrillos con 1,663. Juanacatlán y Zapotlanejo no “consideran el uso mixto para sus reservas”.

Es ilustrativo que las superficies de áreas verdes sigan la tendencia histórica de escasez de los últimos 30 años en el AMG: apenas 2 por ciento (1,040 ha); comercios y servicios a la industria ascienden a 6 por ciento (2,221 ha) y otros usos como turístico, instalaciones especiales y agropecuario también rondan 2 por ciento (1,094 ha).

“En el escenario (indeseable) de proyección poblacional alta donde se mantiene el crecimiento urbano con la densidad actual (67.7 habitantes/ha), la ciudad requiere 26,166 hectáreas para consumirse hacia el año 2045”, lo que marca una sobreoferta de reservas urbanas de unas 18 mil ha.

“La determinación de las reservas urbanas debe prever escenarios de sobre demanda y prácticas especulativas de los desarrolladores inmobiliarios, por lo que su extensión debe superar las proyecciones de crecimiento actuales, sin embargo, deben estar acompañadas de estrategias de aprovechamiento y proximidad que impidan la dispersión de los nuevos desarrollos urbanísticos”, advierte en la pág. 336.

La historia cambia si se considera que, en su comunicado de ayer, el director del Instituto Metropolitano de planeación (Imeplan), Ricardo Gutiérrez Padilla: “Como criterio de actuación de las autoridades territoriales, prevalecen los instrumentos locales [municipales] por sobre los estatales, porque así lo establece la Constitución General de la República y lo ha resuelto la SCJN”. Esto implica que el control de estas reservas siempre quedará sujeto a un acuerdo político metropolitano hoy aparentemente sólido, pero siempre sujeto a voluntades. Es allí donde el lobby inmobiliario siempre actúa.

IMEPLAN: POTmet se publicará

El POTmet “es un instrumento técnicamente sólido, que ha cumplido todos los requisitos legales y procesales para su aprobación, por lo que será publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, a la brevedad”, aseguró ayer el titular del Imeplan, Ricardo Gutiérrez Padilla.

No obstante la evidencias aportadas por MILENIO JALISCO sobre la precariedad ambiental y jurídica, y las contradicciones del documento de 525 páginas que se pretende sea el eje rector del desarrollo de Guadalajara a tres décadas, aseguró que la Semadet habría reconocido “la diferencia de interpretación [sic]… ha sido aclarada, reconocida y superada”. Por su parte, la dependencia respondió escuetamente que las mesas de “armonización” ambiental apenas están en fase de instalación.

POTmet, “inconsistente” en materia ambiental

El documento no cumple con la zonificación planteada por los ordenamientos ecológicos y no analiza las demandas futuras de agua, advierte la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (abreviado POTmet) no está ajustado a lo que establece una norma previa, vigente desde 2001: el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial; tampoco le da la dimensión de tema base a lo ambiental, no pondera demandas futuras de agua, drenaje y otros servicios públicos, y privilegia lo urbano sin asumir la condición de sistema ecológico-territorial que implica toda ciudad.

Estos señalamientos son fruto de un detenido análisis del documento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), que entregó al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) el pasado 30 de mayo, en el marco de la consulta pública del documento, que fue ratificado por los nueve ayuntamientos metropolitanos la semana pasada, no obstante que la carencia no fue subsanada.

La decisión de la junta de coordinación metropolitana, tras aprobar el POTmet, fue señalar el exhorto de la autoridad ambiental para hacer los ajustes, al final de la sesión ordinaria del pasado 27 de junio, cuando el texto fue oficialmente declarado el nuevo plan vigente en la ciudad; el titular del Imeplan, Ricardo Gutiérrez Padilla, declaró a los medios que habría una observación rigurosa de lo que señala el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (POET) de 2001, actualizado en 2006. Lo cierto es que no son omisiones menores.

En el oficio 0729/2016 de la Semadet, la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, destaca 22 observaciones que le llevan a considerar que el plan es “un ensayo estructurado como instrumento de planeación metropolitana, de alcance general y con elementos metodológicos inconsistentes”.

Agrega: “El marco jurídico no relaciona el conjunto de normas que operan el AMG y la forma de aplicación de éstas, por lo que la propuesta resulta contradictoria con otros instrumentos jurídicos como es el POET de Jalisco, los programas de ordenamiento ecológicos locales de Zapopan y Tlajomulco, así como los planes parciales de desarrollo urbano”.

Siete unidades de gestión ambiental de los municipios metropolitanos (111, 141 y 133, de Zapopan; 143 y 139, del sur de la metrópolis, 135 y 140 de Zapotlanejo) no son observadas en la zonificación del plan territorial, con categorías de manejo ajenas y muchas veces contrarias a lo que dictamina el documento fundamental de la política ecológica estatal.

“No se hicieron proyecciones de las demandas futuras en materia de agua potable, drenaje y otros servicios públicos; tiene una visión limitada de los aspectos ambientales, su descripción es muy general y no existe un modelo de análisis que lo relacione a la problemática socio-territorial; no se consideraron aspectos de equilibrio ambiental, gestión integral de microcuencas, disminución de la vulnerabilidad socio-ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático”.

Además, continúa, “se hacen análisis de sobreposición con los polígonos de los diferentes ordenamientos ecológicos pero no se enfatiza el alcance del proyecto metropolitano en el impacto socio-ambiental de la ciudad”.

De este modo, “es un instrumento aislado que responde casi exclusivamente al sector urbano”; que “considera a la gestión ambiental como un componente más del modelo de gestión estratégica, sin que exista un método de ponderación previa de los componentes ambientales”, y que “no contextualiza la problemática del AMG como parte de un proceso en el tiempo”.

Así, “proyecta escenarios en términos de las necesidades de la metrópolis, con soluciones parciales de alcance urbanístico”, pero sin proyectar el tema de los servicios “no obstante que se trata de una visión al año 2042”; además, “deja sin análisis al sector rural y no hace ninguna propuesta al respecto”.

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Otras carencias

Hay omisiones en el análisis del POTmet en el tema de áreas naturales protegidas y no se desarrolla el sistema verde periurbano no obstante el gran valor ambiental que tienen para la ciudad

Las relatorías de los talleres de consultas no se vieron reflejadas en el producto final

Hay propuestas inconsistentes en el componente de estrategias; en materia de vivienda, hace falta actualizar planes de desarrollo urbano para hacer realidad la verticalización

Fuente: La Semadet

La gestión de ciudad, en manos de 90 instituciones

El Área Metropolitana de Guadalajara padece una enorme fragmentación de instancias responsables de alguna etapa de la urbanización, lo que explica desarticulación e ineficacia.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La expansión urbana del Área Metropolitana de Guadalajara, la mayor enfermedad del conglomerado de casi 4.8 millones de habitantes, no es un proceso caótico por falta de instituciones; por el contrario, podría pensarse que 90 instancias de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil son tantas, que terminan por generar la misma desarticulación, pero si se considera lo que cuestan al erario, a un precio mayor.

A esta conclusión llegan, por vías diferentes, los consultores Alberto Orozco Ochoa y Jesús García Rojas, quienes entregaron a MILENIO JALISCO sendos análisis del problema.

Orozco Ochoa llevó el detalle hasta enumerar cada una de las instancias que tienen en algún momento la responsabilidad. El resultado de su trabajo está en el recuadro de al lado: 33 instancias municipales, cinco intermunicipales, 22 no gubernamentales, 19 estatales y once federales para un total de 90. Pero los ramales se pueden extender aún más si se consideran que, por ejemplo, el CESJAL (Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco) tiene asientos para 20 instituciones distintas, la mitad de las cuales no figuraban en el mapa inicial; o que el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano incorpora hasta 37 representaciones, de acuerdo al detalle ofrecido por García Rojas.

“El desajuste entre los límites funcionales y administrativos es un reto para el desarrollo de políticas metropolitanas. Seguramente apenas comenzamos a comprender las consecuencias derivadas de la toma de decisiones que sin duda ha fomentado mayor fragmentación institucional al pretender optimizar mecanismos para una mejor gestión urbana. Cito a Rojas (2008), quien sostiene que ‘los problemas actuales a los que se enfrentan los territorios y las administraciones son la descentralización y fragmentación de la administración metropolitana’. En México, esta tendencia ha sido fomentada por las políticas descentralizadoras que se implementaron en dos momentos trascendentales con las reformas de 1983 y 1999 para los municipios”, apunta Orozco Ochoa.

Agrega: “La tradición por innovar la planeación y la consecuente evolución normativa es algo emblemático en el caso de Jalisco. Esta capacidad innovadora del estado prevalece desde principios de 1970 hasta últimas fechas si hablamos específicamente en materia de desarrollo urbano — lo digo con respecto a la Ciudad de México y otras entidades federativas. Sin embargo, también ha propiciado que Jalisco sea uno de los estados donde identificamos mayor grado de fragmentación institucional en materia de desarrollo urbano. El número de organismos, dependencias y asociaciones es amplio y si los analizamos conforme su objeto, seguramente se confirmen multiplicidades de esfuerzos”.

Ex titular del Imeplan, Orozco Ochoa recuerda que “al momento de diseñar el Régimen de Coordinación Metropolitana del AMG, que sigue vigente, el mapeo institucional realizado sumaba al menos 84 formas de representación (pública, privada y de la sociedad civil) que han participado activamente en la gestión metropolitana en los últimos años”, pero creció al menos en cuatro al sumarse en 2015 el Ayuntamiento de Zapotlanejo a la conurbación.

A partir de este diagnóstico “surgió la pertinencia de crear un órgano colegiado denominado Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana con el objeto de integrar las dependencias de los municipios, integrantes del gobierno del Estado y del Imeplan, para apoyar en la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano, además de contribuir a una adecuada coordinación intergubernamental para armonizar las políticas metropolitanas con las políticas municipales, estatales y federales”, subraya.

García Rojas ve las cosas desde afuera: “la planeación urbana en México es de corto plazo, federal y estatal de seis años, municipal de tres años, los planes y estudios de gran visión o de largo plazo son ejercicios optativos con vigencia indefinida, pero no obligatorios. Vivimos una anarquía urbana desde 1993, cuando se modificó la Ley General de Asentamientos Humanos y se delegó a todos los municipios del país sin estar preparados para ello la facultad del ordenamiento territorial, la planeación y usos del suelo de sus municipios (...) desatándose un gran desorden y corrupción generalizada que aún persiste”.

En esos mismos años “se dio un paquete de reformas que tenía como objetivo la ya no intervención del estado y fomentar gobiernos facilitadores, que incluía a los institutos de vivienda que se convirtieron en hipotecarias, se privatizo la oferta de vivienda, pasando a un mercado libre e integrado de vivienda que se convirtió en libertinaje, se dejó de hacer ciudades para hacer simplemente casas, cada vez más lejos de los centros urbanos para hacerlas asequibles a ingresos que perdieron su poder adquisitivo originado por salarios congelados por más de 32 años, consecuencia de esto es la pérdida de la superficie promedio construida de la vivienda de 24 m² entre 1997 y el 2006 y sigue a la fecha, la facultad de elegir donde vivir quedo y sigue secuestrada por la condición de pobreza de los trabajadores, que han pretendido mitigar con subsidios mal diseñados que solo benefician a los constructores para desplazar sus inventarios y que no llegan a las entidades y localidades con mayor grado de marginación”.

El efecto: “la indeseable expansión urbana, las cuatro desarrolladoras más grandes del país en concurso mercantil y cinco millones de viviendas abandonadas por diversas causas”, más de 70 mil de estas en la conurbación tapatía.

Al ruido generado por la delirante existencia de instituciones de todos los ámbitos, se agrega el tema de la judicialización del desarrollo urbano.

“Los municipios, si bien suscriben acuerdos de coordinación con la federación y los estados, como lo señala el artículo 115 constitucional son libres y soberanos, en consecuencia, revisan y cambian sus planes de desarrollo urbano cada tres años y basta una mayoría simple en cabildo para cambiar un uso de suelo; o en su defecto si se niega, el interesado recurre al Tribunal Administrativo del Estado (TAE), para que le otorgue los cambios de uso de suelo que los municipios le negaron, de tal suerte que coloquialmente se comenta que el TAE autoriza más cambios de usos de suelo que los municipios”, puntualiza García Rojas.

Metrópolis, la gestión fragmentada

Instancias municipales
9 comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano
1 comisiones Edilicias de Asuntos Metropolitanos
1 Comisión de Planeación Urbana (COPLAUR-GDL)
1 Patronato del Centro Histórico de Guadalajara
9 Dependencias de Planeación (Municipal)
9 Dependencias de Obras Públicas (Municipal)
3 Dependencias de Ordenamiento Territorial (Municipal)

Instancias intermunicipales
1 Junta de Coordinación Metropolitana AMG
1 Instituto Metropolitano de Planeación AMG (Imeplan)
1 Consejo Ciudadano Metropolitano AMG (Órgano Consultivo)
1Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana AMG (Órgano Técnico Colegiado)
1 OPD Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)

Instancias No Gubernamentales
1 Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Jalisco (Canadevi)
1 Asociación de desarrolladores Inmobiliarios (ADI-Occidente)
1 Consejo Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)
1 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco (CMIC)
1 Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco)
1 Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco (Coparmex)
1 Sociedad Mexicana de Ingenieros en Jalisco (SMI-Jalisco)
1 Cámara Nacional Empresas de Consultoría en Jalisco (CNEC-Jalisco)
1 Asociación Civil Guadalajara Ciudad Creativa Digital AC
1 Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco
4 Instituciones Académicas que participan activamente en la gestión metropolitana AMG
3 Colegios Profesionales en Jalisco que Participan activamente en la gestión metropolitana AMG
5 Organizaciones de la Sociedad Civil que participan activamente en la gestión metropolitana AMG
Total: 22

Instancias Estatales
1 Consejería del Ejecutivo (Gobierno del Estado)
1 Dirección General Planeación y Gestión Urbana (Semadet)
1 Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (Semov)
1 Dirección General de Gestión y Fomento Urbano (SIOP)
1 Dirección General de Planeación (Sedeco)
1 Dirección General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico (SICT)
1 Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur)
1 Subsecretaría de Planeación (Sepaf)
1 Consejo Estatal de Desarrollo Urbano (CEDU- Órgano Consultivo)
1 Comisión Estatal del Agua (CEA)
1 Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de Jalisco
1Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco
1 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG)
1 Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi)
1 Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (Fideur)
1 Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital (SICT)
1 OPD Bosque La Primavera (Semadet)
1 Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL)
1 Tribunal Administrativo del estado (TAE )
Total: 19

Instancias Federales
1 INEGI Dirección Regional de Occidente
1 Sedatu Delegación Federal en Jalisco
1 SCT Delegación Federal en Jalisco
1 Semarnat Delegación Federal en Jalisco
1 Organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
1 Dirección de Coordinación Metropolitana (Sedatu)
1 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu)
1 Subsecretaria de Ordenamiento Territorial (Sedatu)
1 CIESAS-Jalisco
1 INAH-Jalisco
1 tribunales federales (juzgados y colegiados)
Total: 11

Gran Total: 90

Fuente: Alberto Orozco/ consultora Plannung/ archivo Milenio Jalisco

Dan nuevo revés contra planes parciales de GDL

El Juez V de distrito dio suspensión definitiva a detractores de planes del norte de la ciudad; se evita aplicar nuevos instrumentos hasta que finalice el juicio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El juez quinto de distrito en materias Administrativa y del Trabajo, Édgar Vizcarra Pérez, otorgó “suspensión definitiva” a los quejosos que interpusieron el juicio de amparo 119/2015, un grupo de ciudadanos que denuncian la imposición arbitraria de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, respecto a los subdistritos urbanos de las zonas 02, 03 y 04,  enclavados en la zona de la barranca Huentitán – Oblatos, al norte de la ciudad.

De este modo, grandes proyectos de desarrollo que se habían planteado con base en la nueva planeación generada para la demarcación deberán ser suspendidos, lo que afecta obras tan importantes como el nuevo recinto ferial de las Fiestas de Octubre, que se pretendía tener listo para este año, o el emblemático y polémico proyecto de Iconia, fuertemente cuestionado por la entrega a desarrolladores privados de una de las últimas superficies comunes que le quedaban al municipio, si bien, la suspensión está condicionada a la vigencia de ordenamientos ecológicos de protección, lo cual acreditaron los quejosos con planos del vigente Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico (POET).

Esta sentencia fue emitida el pasado 6 de abril, tras conocerse las posturas de las autoridades demandadas en el juicio de garantías, esto es, el Ayuntamiento de Guadalajara, y en particular, el presidente municipal y el director de Obras Públicas.

“Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable (…) dado que al rendir su informe previo, si bien, negó la existencia de los actos que se le reclaman, dicha negativa la hace descansar en la legalidad del acto, más no en su existencia, por lo que del contenido de su mismo informe se desvirtúa dicha negativa”, pondera el juez.

Por ello, dice el juez, “se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva (…) para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que no se ejecute el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco, respecto de la zona Huentitán-Oblatos; la anterior medida queda condicionada a que esas zonas se encuentren protegidas como áreas naturales protegidas de flora y fauna o análoga, por algún ordenamiento de carácter general  que impida su afectación (…) hasta en tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva”.  La medida, aclara, no tiene efectos restitutorios.

Los particulares habían solicitado también suspender la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco,  así como de los planes parciales de Desarrollo Urbano del subdistrito urbano 02 “Zoológico, distrito urbano zona 3 Huentitán”, y subdistrito urbano 01 “La Barranca, distrito urbano zona 4 Oblatos”, pues el proceso se había realizado sin evaluación de impacto ambiental  y ponía en riesgo los servicios ambientales de la zona. El juez determinó limitar la suspensión a los efectos presentes o futuros de esos ordenamientos.

Los quejosos son vecinos de las colonias Huentitán el Bajo y Panorámica de Huentitán, pero también invocan su carácter de copropietarios, como ciudadanos de Guadalajara y de Jalisco, de las superficies de patrimonio público que consideran en riesgo de ser engullidas por la especulación inmobiliaria que a su juicio está detrás de los proyectos de redensificación de la ciudad. Fueron asesorados por el Instituto de Derechos Ambiental (Idea) que preside la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera.

La nueva generación de planes parciales de Guadalajara, que buscan redensificar la ciudad, ha ocasionado una andanada de juicios. Destaca el expediente 227/201 ante el  Tribunal Administrativo del Estado (TAE), instancia que determinó otorgar la suspensión a favor de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) como representante de vecinos inconformes con el proceso de cambio. La demanda fue recibida el 24 de marzo pasado para impugnar el decreto municipal D 72/24/14, publicado en la gaceta municipal del Ayuntamiento de Guadalajara el  1 de septiembre de 2014, así como el decreto municipal D 88/01/14, publicado en el mismo órgano de difusión el 8 de enero pasado

La medida cautelar estará vigente “hasta que cause estado la sentencia definitiva para el efecto de que deje de surtir efecto [sic] el acto impugnado, esto es, para que no se apliquen [los programas y planes citados] […] y se sigan aplicando el programa y planes que estaban vigentes antes de la entrada en vigor de los aquí suspendidos, toda vez que la legalidad o ilegalidad  de los actos materia de nulidad se reserva para el fondo del asunto en la sentencia definitiva…”

La nueva suspensión judicial, de un tribunal federal, refuerza esta escalada de los vecinos contra los planes.

Megafraccionamiento rebasa el perímetro de urbanización

El nuevo asentamiento para 150 mil habitantes en el km 9 de la carretera a Colotlán contradice el modelo de “ciudad compacta” del Programa Nacional de Desarrollo Urbano

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Construir 33 mil viviendas a la altura del kilómetro nueve de la carretera Guadalajara-Colotlán rebasa en al menos seis kilómetros los límites del perímetro de contención urbana para la Zona Metropolitana de Guadalajara, ideado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 como un esquema para retomar el crecimiento estable y armónico de las ciudades, que se dispersaron en las últimas tres décadas con consecuencias desastrosas para sus habitantes.

“Uno de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda de interés social en lugares donde el suelo era más barato, lugares cada vez más alejados de los centros urbanos consolidados”, señala el citado plan.

“Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue el reforzamiento del patrón de urbanización periférica de baja densidad con usos predominantemente habitacionales, modelo que hasta el día de hoy tiene importantes efectos negativos en la cohesión social, la economía y la conectividad de las ciudades”, añade.

La crítica a las intenciones de aprovechar un predio de 281 hectáreas en una zona que no tiene uso de suelo urbano en los planes parciales de Zapopan, deriva de que si sus promotores tienen éxito, será a costa del capital social. “Ganancias privadas con pérdidas públicas”, dado que son recursos del erario los que financian los servicios básicos: agua, drenaje, saneamiento, electricidad, vialidades, seguridad y aseo público, ante la lejanía del proyecto de los centros urbanos consolidados.

“El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos por parte del gobierno se vuelve más costosa, problema que aunado a la debilidad financiera de las recaudaciones locales, se traduce en desigualdades en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos locales proveen bienes públicos a los ciudadanos”, subraya el plan nacional.

“Se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. La provisión de servicios básicos como estrategia para conectar desarrollos alejados de las ciudades, sumando al abandono de los centros de las ciudades debido al deterioro de inmuebles provoca subutilización del equipamiento e infraestructura e incluso genera incentivos para la especulación del suelo”.

Por otra parte, “la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente para acceder a sus trabajos, genera inversiones significativas en dinero y tiempo. 15 por ciento de los hogares en zonas urbanas reporta que gasta aproximadamente entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su casa al trabajo. En el Valle de México, el porcentaje de hogares que paga dicha cantidad aumenta a 16 por ciento y en las ciudades de más de un millón de habitantes aumenta a 21 por ciento. En cuanto al tiempo de traslado se refiere 62 por ciento de los hogares encuestados reportan que a la persona que más aporta al gasto familiar le toma entre 23 y 38 minutos llegar a su centro de trabajo”. Este costo es pagado, en consecuencia, de forma directa por la sociedad.

Dado que los subsidios federales a la vivienda fueron los que financiaron el esquema que propició grandes negocios que expandieron la ciudad, la pretensión del programa de desarrollo urbano, junto con el del sector vivienda, es poner límites a esos negocios estableciendo un perímetro fuera del cual no se puede recibir subsidio.

Los perímetros de contención urbana “son el resultado de la aplicación de metodologías geoespaciales a partir de fuentes oficiales como INEGI, Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social]  y Conapo [Consejo Nacional de Póblación]”, señala el acuerdo de las reglas de operación del Programa de financiamiento de subsidio y vivienda del gobierno federal.

Los perímetros “se clasifican en tres ámbitos o contornos”: intraurbano o U1: “Zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios urbanos. Resultan de la variable de potencial de Empleo, definida como medida de accesibilidad física a los puestos de trabajo para cada localización al interior del área urbana”; U2 o primer contorno: “Zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor a 75 por ciento, y U3 o segundo contorno: “Zonas contiguas al área urbana, en un buffer -cinturón periférico al área urbana- definido de acuerdo al tamaño de la ciudad”.

¿Por qué los desarrolladores insisten en construir fuera de los contornos?

El consultor urbano Jesús García Rojas señala: “El gobierno federal decidió no dar más subsidios a vivienda fuera de los perímetros de contención urbana y estimular la ciudad central y la densificación urbana; y adicionalmente puso en marcha el programa de consolidación urbana y habitacional […] pero estos iniciales buenos propósitos han sido moderados por demandas de los desarrolladores, ya que los subsidios no solamente persisten sino que se han aumentado y los perímetros de contención urbana se han vuelto negociables”.




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EL CASO JALISCO

 “Los procesos de urbanización de las últimas tres décadas han sido determinados por un contexto de liberación del mercado del suelo y debilitamiento de la planificación urbana. Hoy el resultado se manifiesta claramente en dos escalas territoriales: el sistema de ciudades está desequilibrado, pues el AMG concentra a más de la mitad de la población del estado, mientras que las siguientes seis ciudades más pobladas agregadas no logran una décima parte del total; el crecimiento urbano ha sido preponderantemente disperso y fragmentado, mientras los centros urbanos se estancan o pierden población” (Programa sectorial de vivienda, gobierno de Jalisco).