La delegada de la Procuraduría Agraria pretendía imponer asamblea y destituir comisariado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La comunidad indígena de Zacualpan, enclavada en el Cerro Grande –muy cerca de los límites de Colima con Jalisco- obtuvo una suspensión de plano en el marco del juicio de amparo 1291/2015-III-A, por parte del Juzgado Primero de Distrito de Colima, contra las pretensiones de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, de realizar una asamblea con el presunto fin de sacar adelante acuerdos favorables a empresas mineras.
El juicio fue interpuesto contra actos de la funcionaria, a la que se le hacen cinco señalamientos: pretender desconocer los órganos agrarios comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia, electos por la asamblea comunal el 30 de noviembre de 2014, “al convocar a asamblea por primera convocatoria para el 6 de septiembre del año en curso sin que existan motivos para hacerlo, sin mediar solicitud de comuneros, así como sus efectos y consecuencias”; de “intromisión en los asuntos internos de la comunidad […] generando conflictos entre los comuneros al emitir de manera ilegal la convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015 […] sin cumplir con las formalidades necesarias…”, señala el texto de la demanda, del que MILENIO JALISCO recibió copia.
Además, la funcionaria pretende “realizar asamblea […] por primera, segunda o ulterior convocatoria, sin que la misma se haya realizado de acuerdo con los requisitos establecidos por ley”, y le reprochan “la omisión de promover y procurar la conciliación de intereses entre los comuneros, en casos controvertidos y conflictivos que se relacionen con la normatividad agraria; como es el caso […] violentando la ley y derechos humanos y generando mayor conflictividad en la comunidad…”.
De este modo, se da otra omisión: “…de ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios e impugnar de oficio la nulidad de éstas en los casos en que así lo establezca la Ley Agraria y sus reglamentos conforme al artículo 5 fracción XV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria”.
Guadalupe Espinoza, abogado de los quejosos, explicó que el organismo federal deseaba destituir a las autoridades comunales por oponerse a los negocios mineros que presuntamente respalda la titular de la delegación.
Lo cierto es que el juez de distrito consideró que había elementos y concedió la suspensión. “… conforme lo dispone el artículo 126, último párrafo de la Ley de Amparo, dado que existe un indicio de afectación derivado de la propias manifestaciones del comisariado ejidal quejoso, conlleva a conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la celebración de la asamblea general de comuneros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, a celebrarse el 6 de septiembre de 2015; situación que deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio”. La decisión fue tomada el pasado 3 de septiembre.<
La comunidad indígena de Zacualpan, enclavada en el Cerro Grande –muy cerca de los límites de Colima con Jalisco- obtuvo una suspensión de plano en el marco del juicio de amparo 1291/2015-III-A, por parte del Juzgado Primero de Distrito de Colima, contra las pretensiones de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, de realizar una asamblea con el presunto fin de sacar adelante acuerdos favorables a empresas mineras.
El juicio fue interpuesto contra actos de la funcionaria, a la que se le hacen cinco señalamientos: pretender desconocer los órganos agrarios comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia, electos por la asamblea comunal el 30 de noviembre de 2014, “al convocar a asamblea por primera convocatoria para el 6 de septiembre del año en curso sin que existan motivos para hacerlo, sin mediar solicitud de comuneros, así como sus efectos y consecuencias”; de “intromisión en los asuntos internos de la comunidad […] generando conflictos entre los comuneros al emitir de manera ilegal la convocatoria de fecha 21 de agosto de 2015 […] sin cumplir con las formalidades necesarias…”, señala el texto de la demanda, del que MILENIO JALISCO recibió copia.
Además, la funcionaria pretende “realizar asamblea […] por primera, segunda o ulterior convocatoria, sin que la misma se haya realizado de acuerdo con los requisitos establecidos por ley”, y le reprochan “la omisión de promover y procurar la conciliación de intereses entre los comuneros, en casos controvertidos y conflictivos que se relacionen con la normatividad agraria; como es el caso […] violentando la ley y derechos humanos y generando mayor conflictividad en la comunidad…”.
De este modo, se da otra omisión: “…de ser garante de la legalidad en las asambleas de los núcleos de población agrarios e impugnar de oficio la nulidad de éstas en los casos en que así lo establezca la Ley Agraria y sus reglamentos conforme al artículo 5 fracción XV del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria”.
Guadalupe Espinoza, abogado de los quejosos, explicó que el organismo federal deseaba destituir a las autoridades comunales por oponerse a los negocios mineros que presuntamente respalda la titular de la delegación.
Lo cierto es que el juez de distrito consideró que había elementos y concedió la suspensión. “… conforme lo dispone el artículo 126, último párrafo de la Ley de Amparo, dado que existe un indicio de afectación derivado de la propias manifestaciones del comisariado ejidal quejoso, conlleva a conceder la suspensión de plano con la finalidad de evitar la celebración de la asamblea general de comuneros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, a celebrarse el 6 de septiembre de 2015; situación que deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio”. La decisión fue tomada el pasado 3 de septiembre.
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