Juzgado penal de Colima determina libertad de 15 nahuas imputados del delito de despojo, en la toma de Peña Colorada, en julio de 2015.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El litigio abierto el 22 de julio de 2015, con la detención de 33 ejidatarios nahuas de Ayotitlán y del pasante Eduardo Mosqueda, por presuntos delitos en contra de la minera Peña Colorada, enclavada en los límites de Jalisco y Colima, ha llegado a su fin.
La victoria de la defensa de los campesinos es completa en 16 de los 33 casos, es decir, tanto para el pasante de derecho que labora en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), quien permaneció detenido más diez meses por su negativa a aceptar una “negociación” propuesta por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco -que consistía en denunciar al Idea-, como de 15 de los nahuas que si bien estaban en libertad, debían acudir cada mes a firmar al centro penitenciario de Colima, por negarse a aceptar el “perdón” que les otorgaba la minera y algún dinero, a cambio de contribuir al desistimiento en el juicio de amparo 462/2013. El juicio de garantías permanece firme, con lo cual está viva la querella por tierras con la ferrosa más importante del país.
Ese amparo administrativo se mantiene por otro amparo de índole penal, promovido tras las detenciones de esa jornada, en que unos 500 ejidatarios habían decidido exigir la recuperación de la posesión de tierras que les dotó el presidente en 1962.
Luego de once meses de negarse a cumplir, el pasado 29 de julio, el Juzgado Primero de lo Penal en Colima, con nueva administración, dictó acuerdo en el expediente 142/2015, relativo al cumplimiento del juicio de amparo 1202/2015 que en su momento emitió el Juzgado Primero de Distrito en Colima, contra el auto de formal prisión por el delito de despojo, que era el único que les había fincado tras desvirtuarse la acusación del Ministerio Público de Colima, de secuestro consumado, robo calificado y daños en las cosas.
“Ellos quedaron muy contentos de saber que ese acuerdo se logró por el juicio de amparo que se promovió para tal efecto por el equipo de justicia ambiental del Idea. No existe rencor y odio en los nahuas […] es de hacer notar que el juez Abel Jaime y su secretaria Zalema de Montserrat, quienes dictaron auto de formal prisión y se sostuvieron por once meses con una tendencia contraria a los derechos humanos e indígenas, ya no se encontraban al frente de dicho juzgado y que ahora exista puro personal sindicalizado laborando”, dijo Carlos Valentín Veyna, director ejecutivo del Idea.
“Querían que firmáramos como culpables de secuestro y despojo, todo eso nos acumularon, y que pidiéramos perdón; a muchos los asustaron y terminaron firmando, y nosotros no quisimos, les dijimos que no firmábamos nada y que teníamos un amparo que promovió nuestro abogado y que íbamos a ver el final de ese amparo”, dijo el campesino Faustino Cobián.
- ¿Qué les pedían, que se desistieran del amparo por las tierras?
- Sí, que nos desistiéramos; a un compañero le dijeron firma, cuánto quieres, y decía, no, hasta que esté mi abogado aquí, si él dice que me conviene firmar, firmo; ‘no, ¿cuánto quieres por firmar?’ […] 1,500 por la firma, que desistiera todo, y que ya se arreglaba… pero no quisimos, por qué hacernos de un delito que no hicimos. Y ni modo, cada mes era perder un día completo y gastar lo que no tenemos; el comisariado Ernestino primero nos apoyó para ir a firmar, pero cuando se enteró que no firmamos el perdón, nos dijo, ya no los voy a apoyar, ustedes verán cómo se regresan y van.
Francisco Monroy Elías, de Telcruz, dijo que muchos cedieron con engaños. “Ernestino me amenazó, me dijo que cuánto quería por mi firma; estaba con él el licenciado Cárdenas, el apoderado de Peña Colorada, y me dijeron: pon tu precio; Cárdenas me dijo que si no firmaba, las camionetas que nos quitaron el día de los hechos no iban a salir; y estaba el padre Fernando, y dijo, ‘el problema de ellos no tiene nada que ver con que salgan las camionetas’; un amigo me dijo que me fuera porque me iban a arrestar si me quedaba ahí, para que firmara a huevo…”.
La presión no solamente provino de la empresa y del presidente del comisariado (Ernestino Ciprian Ocaranza), comenta Salomé Ramos Jacobo: “después del atraco del 22 de julio del año pasado, bajó el gobernador del estado a Ayotitlán y prometió en una asamblea que iba a intervenir para resolver la situación de los detenidos”. No obstante, la instrucción del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, a su equipo de abogados, fue que se obtuviera la libertad bajo caución de los 33 nahuas y no se sacara al pasante del Idea, pese a que era acusado de los mismos delitos. López Lara le dijo a la prensa de Guadalajara que el Idea había ocasionado los hechos al interpretar de forma abusiva. No aludió al historial de desencuentros con ese despacho de derecho ambiental, con el que permanecen abiertos expedientes contra megaobras.
La historia del amparo 462/2013 está llena de precariedades. Santos Elías González fue uno de los diez que lo interpusieron hace tres años al no contarse inicialmente con el apoyo del comisariado ejidal. Pero algo pasó; sus nueve socios se desistieron y le pusieron una firma de desistimiento al mismo Elías, a comienzos de 2015.
“Había un documento con una supuesta firma de que me había desistido; yo llegué a Guadalajara y le dije al abogado que era mentira; fuimos al juzgados y ratifiqué el amparo. Y el amparo se matuvo…”.
Ese gesto fue esencial. “Si pasa mi dizque desistimiento, se nos cae todo. Yo soy nieto de Zeferino Padilla, el que hizo el amparo los años sesenta, y lo ganó […] a mi abuelo nunca lo trataron bien, hasta le metieron balazos, ellos [sus adversarios] no querían trabajar bien, querían puras cuachalotadas; mi abuelo detuvo con ese amparo las ventas de madera y todo eso… yo no podía ser de otro modo, a tantos años de eso”, se justifica.
El amparo se salvó. Luego salió electo presidente ejidal Ernestino Ciprian, y para pactar con sus opositores, que reclamaban el proceso electivo, ofreció respaldarlo. Hasta el 22 de julio. Ernestino acordó con el gobernador y con Peña Colorada el desistimiento. Pero no contaba que había algunos campesinos aferrados.
- Las personas que firmaron y cobraron por el perdón de la minera y el desistimiento, ¿viven hoy mejor que ustedes?
- Jajaja, les dan cualquier cosa; les dan un dulce o una bolsa de pan Bimbo […] a mi abuelo antes le prometían costales de dinero y nunca hizo eso; y yo aun en la pinchi miseria no me voy a vender, otras personas se asustaron y firmaron, y otros que para tener empleo; yo me voy a quedar como estoy. Ya vendrán otros tiempos para que nos hagan justicia.
Los datos del proceso
Los detenidos: Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez
También: Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos, ejidatarios de Ayotitlán, y el pasante en derecho Eduardo Mosqueda Sánchez
Los 33 ejidatarios salieron libres menos de una semana después de la refriega del 22 de julio de 2015, pero debieron acudir a firmar mes con mes al centro penitenciario de Colima porque el delito de despojo no fue retirado por el juez penal. Mosqueda permaneció detenido hasta mayo de 2016
De los 33 nahuas liberados, 15 no aceptaron el “perdón” que les ofreció la minera Peña Colorada bajo la condición de aceptar un dinero y desistirse del amparo 462/2013, que mantiene vigente la lucha por la restitución agraria de esa comunidad de la costa sur de Jalisco
De forma paralela, los campesinos que no aceptaron el t6rato institucional patrocinado por los gobiernos de Jalisco y Colima, han entablado un expediente en el tribunal agrario del estado vecino para impugnar la representación ejidal de Ernestino Ciprian Ocaranza; si lograron destituirlo de presidente ejidal, todos los acuerdos que haya tomado con la mina y los gobiernos carecerán de validez, señala el asesor legal del Idea, Pedro León Corrales
No hay comentarios:
Publicar un comentario