Llegó a su tope la posibilidad de urbanizar esta montaña cercenada al decreto original; su rescate constituye el primer polígono de amortiguamiento en la historia de La Primavera.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Ha llegado a su final la historia de la urbanización del Cerro de El Tajo, cercenado hace cuatro décadas del polígono del fallido Parque Nacional La Primavera, hoy área de protección de flora y fauna, en los linderos entre Zapopan y Tlajomulco, por presuntas gestiones del banquero Juan García Sancho, primo del entonces secretario de Hacienda, y a la postre presidente de la república, José López Portillo.
Tras el gradual cambio de uso de suelo forestal sobre 613 hectáreas, para albergar dos de los proyectos residenciales más pujantes de la metrópolis, El Palomar y Bugambilias, y una serie de colonias periféricas cuyo éxito comercial derivó de la condición de su vecindad con el bosque, el gobierno del estado y grupos vecinales empujaron el decreto de recuperación ambiental de enero pasado, que justifica el final de la expansión urbana en el polígono de 1,684 hectáreas bajo las premisas del alto valor de sus servicios ambientales, y de los riesgos que entraña continuar la colonización de una montaña con altas pendientes y suelos inestables. Huelga decir que el proyecto que motivó la movilización de los colonos y el respaldo estatal fue el proyecto Santa Anita Hills, aprobado por el gobierno de Tlajomulco en las administraciones anteriores, y que motivó un expediente de hechos ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte que no ha culminado.
En la argumentación acerca del valor de los servicios ambientales, además de ser parte del corredor biológico que ocupan las más de mil especies animales y vegetales del área natural protegida, se destacan la recarga de agua (ocho millones de litros anuales por hectárea, de acuerdo a los promedios que presenta este tipo de bosque y suelos volcánicos) y la calidad climática (con temperaturas promedio diez grados celsius por debajo de las que presenta la zona urbana).
En el tema de riesgo, el Estudio Técnico Justificativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se fundamenta en un trabajo realizado por académicos y coordinado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el cual se arrojaron datos que demuestran que las altas pendientes en 90 por ciento del terreno, así como los riesgos por inestabilidad de suelos y consecuentemente, deslizamientos, en más de 60 por ciento, fijan condiciones para impedir nuevas urbanizaciones.
La prohibición es explícita en el texto del decreto, aparecido en el periódico oficial El estado de Jalisco, el 28 de enero de 2018: “La Zona de Recuperación Ambiental Cerro El Tajo, se establece a efecto de: 1. Evitar los cambios de uso de suelo forestal a urbano en la zona de recuperación ambiental; 2. Evitar la urbanización del polígono que comprende la zona de recuperación ambiental; 3. Contribuir a la continuidad del bosque de Pino-Encino en el cerro el Tajo, estableciendo la frontera forestal, con el Área de Protección de Flora y Fauna Primavera; 4. Contribuir a la conservación y estabilidad de las laderas del cerro El Tajo, evitando modificaciones en la topografía del lugar”.
El decreto fue emitido por el gobernador del estado, y de acuerdo a las modalidades legales que ofrece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículo 64), no hace necesaria una consulta pública, lo que habría sido usado por las empresas inmobiliarias para tratarlo de frenar. No obstante, nueve juicios ante tribunales federales, instaurados a partir de la publicación del decreto, tratan de echarlo abajo. La titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía, confía en que no tengan éxito y este modelo pueda replicarse a otros polígonos desprotegidos de un área natural que debió nacer con 40 mil ha (MILENIO JALISCO, 10 y 11 de julio de 2018).
Riegos, el criterio
“Una de las ponderaciones que hacen novedoso este tema es precisamente, el tema de defender un espacio en el criterio de riesgo, y ese dato técnico nos permite no pasar el proceso de consulta pública, porque el riesgo una vez determinado no puede ser sometido a una ponderación de esa clase, hay una responsabilidad institucional de hacerle frente y de fijar las restricciones necesarias para evitar que se traduzca en un desastre para la población”, destaca Ruiz Mejía.
“Esto no significa que ignoráramos que se iba a judicializar; como ocurre con otros decretos de protección, pero resulta importante la ponderación del riesgo porque da fortaleza a lo que se ha determinado; en ese combate jurídico, y en todo el proceso para constituir la zona de recuperación, hemos contado con el apoyo de las organizaciones civiles, y eso le da más solidez. Confío que los jueces, que ya están aplicando criterios derivados de los tratados internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos, lo liguen al tema de riesgo y nos permitan blindar este proceso”, agrega.
“Ahora son más visibles las afectaciones de inundaciones, de incendios, toda esta presión por daños patrimoniales y riesgo a vidas humanas, que deriva de un mal manejo territorial, ha motivado a grupos ciudadanos por defender, y eso también movió a la autoridad local para revisar los instrumentos disponibles; reparamos que estaba en la ley esta figura pero no se había aprovechado, y de ahí se construyó esta estrategia que hasta ahora se ha defendido de modo bastante sólido”, secunda el responsable de áreas naturales protegidas de la dependencia, Antonio Ordorica Hermosillo.
El tema se seguirá en el frente judicial por los meses siguientes. “Yo esperaría como ciudadano, que las nuevas autoridades, estatales y municipales, independientemente de que hay mas zonas de recuperación en ciernes, terminen de fortalecer el decreto y amplíen aún más la participación ciudadana, porque ante intereses inmobiliarios fuertes, van a impugnar uno y otro, y tienen recursos para hacerlo; nada ayuda mejor que un buen ordenamiento ecológico municipal, y que los planes parciales de desarrollo urbano también se alineen para consolidarlo”, sostiene.
De hecho, la voluntad política del gobierno de Tlajomulco para alcanzar una zona libre de nuevos fraccionamientos no bastó. Tania Vázquez, quien preside la Unión de Colonias de la Puerta Sur, organización que ha trabajado activamente para enfrentar los intereses inmobiliarios, lo puntualiza.
“Desde el inicio de nuestra lucha por evitar el daño a las 60 hectáreas boscosas donde se pretende construir Santa Anita Hills decidimos no quedarnos solo con el apoyo que momentáneamente nos daba el municipio con la auditoría y sus resultados en la administración del alcalde Alberto Uribe. Después de algunos intentos logramos ser recibidos por secretaria Magdalena Ruiz, quien apoyó en diversas situaciones; meses después logramos que el gobernador nos recibiera y a partir de ahí hubo una serie de situaciones derrumbes en Condominio Santa Anita y un deslave en San Martín del Tajo,y un estudio de riesgos emitido por Imeplan cuando estaba Ricardo Gutiérrez Padilla a partir de las cuales la secretaria de Semadet tuvo la visión de que se podía proteger; coincidimos en esto y supimos qué hacer, con quién hablar e insistir para que el decreto ocurriera”, destaca.
Así, “se logra tener estudio justificativo que respalda el decreto y que tiene que salir como área de restauración ecológica ante circunstancias urgentes que acontecían en ese momento, pues el TAE [Tribunal de lo Administrativo del estado] había levantado la suspensión que dos años atrás nos había otorgado contra Santa Anita Hills; el bosque peligraba y había que salir urgentemente a proteger, fue así que el lunes 28 de enero se hacía público el Decreto del Cerro del Tajo que entre lo más importante para nosotros era que algo que inició por proteger de la no urbanización a 60 hectáreas terminó siendo de 1,684 ha”.
Ese decreto, admite Tania Vázquez, “está siendo impugnado, y nosotros como Unión de Colonias de la Puerta Sur, fuimos llamados por el gobierno del estado como terceros interesados en defenderlo. La sociedad debe llevar las luchas hasta este punto para intentar obligar a las autoridades hacer lo correcto. No sabemos qué ocurrirá, los juicios siguen su curso y las primeras impugnaciones se resolvieron a favor de preservar el bosque, pero aún faltan más amparos a resolver”.
No es para menos. “Los intereses inmobiliarios en una zona que te invita a vivir en el bosque destruyéndolo, son ciegos y sordos a las razones de por qué no se puede seguir urbanizando la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera. Importante la unión entre la sociedad y académicos que amamos al bosque para que valoremos la importancia de tener un decreto como este y ver de qué forma apoyamos con acciones para defender el bosque de uno de los tantos peligros a los que se enfrenta”.
A juicio de la lideresa vecinal, lo que está en juego con la suerte del decreto de restauración será definitivo para las posibilidades de rescate de La Primavera, en las diez mil ha que se le cercenaron hace cuatro décadas.
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Claves
Los datos duros
La zona de recuperación ambiental cerro El Tajo, ubicada al sureste de La Primavera, se extiende sobre 1,684.03 hectáreas, de las cuales, 613 ha están urbanizadas y el resto es bosque (975 ha), zonas sin vegetación y áreas de pastos
Los dos ejes de la determinación del gobernador para este decreto son sus servicios ambientales, que deben ser recuperados, y sobre todo, el tema de riesgo, basado en dictámenes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y el estudio de riesgos del IIEG de Jalisco, que determinó que las pendientes y el tipo de suelos hacen peligroso mantener la urbanización
Los tres polígonos del área son el bosque natural (998 ha), Bugambilias (279.8 ha) y El Palomar (405.9 ha). 87.8% de Bugambilias y 88% de El Palomar ya están urbanizados
El Decreto “no se pronuncia respecto a la propiedad de los predios que se encuentran comprendidos en los polígonos de la zona, ni tiene la finalidad de imponer un derecho real sobre los mismos, materia de la Declaratoria, sino únicamente regula el uso que le deben dar los habitantes, propietarios, poseedores y visitantes a los predios que se encuentran en el área, a fin de que se conserven los servicios ambientales de la zona y se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar”
En su interior, sólo se pueden realizar “ 1) obras que garanticen la infiltración de agua proveniente de los arroyos y afluentes superficiales y protección de drenes naturales. 2) Acciones necesarias para asegurar el aporte de escorrentías a la cuenca correspondiente. 3) Obras de conservación de suelo y acciones de rehabilitación topográfica para evitar erosión. 4) Rehabilitación ambiental y reforestación con especies nativas. 5) Eliminación de fuentes de contaminación de suelo y agua. 6) Conservación de flora y fauna silvestre”
Fuentes: Estudio técnico justificativo y decreto de zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo, 28 de enero de 2018, periódico oficial El estado de Jalisco
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