Reclaman desprotección del agua como derecho humano, su contaminación y la amenaza al sustento de una economía agropecuaria propia de Los Altos.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Pobladores de Temacapulín, Juanacatlán y El Salto, junto con las organizaciones sociales que los asesoran, interpusieron el pasado 18 de julio dos amparos colectivos ante los juzgados de distrito del Tercer Circuito Judicial con sede en Guadalajara, “en contra del decreto de reserva de aguas de la Subregión Hidrológica río Santiago que forma parte de la Región Hidrológica Número 12 Lerma-Santiago y comprende parte de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí”, informó esta mañana el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
Este decreto afectará a 33 cuencas hidrológicas: río San Pedro, Presa Calles, presa El Niágara, presa El Cuarenta, río de Lagos, presa Ajojucar, río Grande, río Encarnación, río Aguascalientes, río San Miguel, río Del Valle, río Verde 1, río Verde 2, río Palomas, presa El Chique, río Juchipila 1, río Juchipila 2, río Santiago1, río Santiago 2, río Santiago 3, río Santiago 4, río Santiago 5, río Santiago 6, presa Santa Rosa, río Tepetongo, río Tlaltenango, arroyo Lobatos, río Bolaños 1, río Bolaños 2, río San Juan, río Atengo, río Jesús María y río Huaynamota.
“El primer Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Salvemos Temaca y los pobladores de Temacapulín, quienes impugnaron el Decreto argumentando fundamentalmente que la cuenca del río Verde forma parte de la Subregión Hidrológica del Río Santiago, debido a la disputa que existe actualmente por el agua en el río Verde entre el estado de Jalisco y Guanajuato y las irregularidades y violación de derechos humanos provocados por la construcción de la Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, esta cuenca enfrenta graves conflictos socioambientales que por el levantamiento de los 5 decretos de veda y la aprobación del decreto de reserva en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, provocará la agudización del conflicto social entre los usuarios de la cuenca al liberar agua que estaba totalmente protegida y abrirla a nuevas concesiones, fortaleciendo a las constructoras del Zapotillo y poniendo en mayor riesgo el derecho al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano de las poblaciones campesinas y productoras que habitamos y vivimos del agua del río Verde en la región de los Altos de Jalisco”, explica.
La cuenca, añade, “es deficitaria, estudiada de manera incompleta e incorrecta por la Conagua (Comisión Nacional del Agua), por lo que los decretos de reserva facilitarán la entrega del agua a la industria automotriz, inmobiliaria, minera y de agro exportación, que nos está quitando buena parte del agua que necesitamos para el desarrollo de los pueblos campesinos y productores de la región”.
El segundo Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Instituto Vida y pobladores de Juanacatlán y El Salto, impugnando bajo las siguientes premisas: “con la aprobación del decreto de reserva de aguas superficiales en la Subregión Hidrológica del Río Santiago y la supresión de las cinco vedas que restringían el uso del agua, se pondrá en mayor riesgo la calidad del agua, la degradación de los ecosistemas y el derecho a la salud de las personas que habitamos en los márgenes de unos de los río más contaminados del país, catástrofe ambiental que está enfermando y matando a los habitantes de Juanacatlán y El Salto”.
Si con los decretos de veda vigentes, la Conagua “no cumplió con su obligación de inspeccionar, monitorear, sancionar y sanear de manera integral el Río Santiago, menos lo hará con el presente Decreto de Reserva que abre la puerta a otros usos del agua y a mayores concesiones, que agravarán la calidad y la disponibilidad de la cuenca de un río contaminado, sobreexplotado y sobreconcesionado”.
En ambos amparos, “se impugnó el decreto por las graves inconsistencias del Estudio Técnico que justificó el levantamiento de los cinco decretos de veda en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, y porque permite el otorgamiento de concesiones al primero que lo solicite a la Conagua, violentando con ello los principios del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (calidad, disponibilidad, cantidad, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, no discriminación, acceso a la justica, participación e información), así como el principio de equidad y uso sustentable de agua. Por lo tanto, los Amparos piden la suspensión del Decreto que conllevaría a que el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) suspenda el otorgamiento de títulos de concesión”.
El pasado 5 de junio de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el apoyo de la organización internacional conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), “eliminó en un solo acto más de 30 Decretos de Veda que restringían el uso del agua de casi 300 cuencas en México, aprobando diez Decretos de Reservas de Aguas que liberan agua que estaba protegida y con ello abrió la oportunidad de ofertarla a través de concesiones que beneficiarán a empresas nacionales y trasnacionales que disputan el agua en estas cuencas, avanzando así con la política de privatización del agua en el país”, aseguran los quejosos.
De estos diez decretos, tres afectarán en el estado de Jalisco: la Región Hidrológica 14 Ameca, 15 Costa de Jalisco y 12 Lerma-Santiago.
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