Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.

Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presidente municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, fue requerida por el juez sexto de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, para demostrar el cumplimiento de una suspensión definitiva concedida a colonos del Cerro del Gachupín o El Tesoro, en el marco de un incidente de suspensión del juicio de amparo 1071/2016. En caso de no acreditarlo, la sanción podría derivar en su destitución.

Esto lo señalaron ayer vecinos de la zona, encabezados por Milagros González Díaz, representante de la Asociación Civil Cerro Guardián del Agua, e integrante de la Red Metropolitana en Defensa de las áreas Verdes, y los representantes del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales y Eduardo Mosqueda Sánchez, en conferencia de prensa. El pasado lunes 16 de julio, la munícipe recibió la orden judicial para informar sobre qué acciones ha realizado para acatar la suspensión, que fue concedida el 22 de septiembre de 2016 y confirmada mediante recurso de revisión 99/2017 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

“Es procedente conceder la suspensión definitiva, respecto a los efectos y consecuencias inmediatas que pudiera sufrir el impacto ambiental, en el Cerro del Gachupín, es decir, las autoridades responsables no deben de afectar la flora y la fauna que ahí habita, así como el deterioro de recursos hidrológicos, que se traducen en una afectación ecológica y al medio ambiente, lo cual constituyen elementos del orden público e interés social”, señala el juez.

“Las autoridades deberán cuidar que la obra que se desarrolla en el Cerro del Gachupín, se realice sin alguna afectación a la flora y fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles, y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica, el abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar […] la medida cautelar no tiene por efecto paralizar construcciónes que ya estén realizando bajo el amparo de permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades administrativas, pues la materia de preservación es el medio ambiente natural que se localiza en la zona relativa”, añade.

El 18 de enero de 2017 “la quejosa denuncia el incumplimiento de la suspensión definitiva, por parte de la autoridad responsable, Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que en su informe negó haber incurrido en incumplimiento a la medida suspensional. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa resolvió, en la audiencia, que el incidente planteado por la quejosa es esencialmente fundado. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo, y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión”, refirió Mosqueda Sánchez. “La gravedad de la desobediencia a la medida cautelar es clara y manifiesta, porque pudiera suceder que por no obedecer el auto de suspensión, el mandato inconstitucional se plasme en forma irreparable”, agregó.

Aseguró que ha habido reiteración en incumplir, y la alcaldesa “se va a poder ser acreedora de una de las sanciones que prevé la fracción tercera del Artículo 262 de la Ley de Amparo, imposición de una pena de tres a nueve años de prisión, una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización y la destitución e inhabilitación del cargo”.

Los vecinos de Pinar de la Calma, Colinas de Las Águilas y Mirador del Tesoro señalan el grave perjuicio que les trae desde 2012 la edificación de viviendas en la parte alta del cerro, pues esto derivó en inundaciones e incluso daños estructurales a fincas de existencia previa, además de la pérdida de un área verde valiosa. La constructora es Inver Desarrollos SA de CV, que edifica en 120 hectáreas que reclama la comunidad agraria de Santa María Tequepexpan.