Debilitar la protección de las islas del Pacífico a favor de un proyecto de negocios no está justificado y es mal precedente, afirma Santana Castellón.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Uno de los problemas más serios que entraña el cambio de figura de protección para el archipiélago Revillagigedo, enclavado a 700 kilómetros del puerto de Manzanillo, bajo el argumento de llevar desarrollo turístico para hacer financiable la protección de la vasta área terrestre y marina, que rebasa 14 millones de hectáreas en la propuesta del gobierno mexicano, es que se empeñen los gobiernos en declinar a su obligación de sustentar el sistema de áreas naturales protegidas y quererlo hacer "rentable" económicamente.
El coordinador del proyecto del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana Castellón, consideró que la idea es inaceptable porque hay ciertos bienes y valores que están más allá de un tema de pesos y centavos.
"Hay que pensar en el contexto de la inequidad, y de la privatización de servicios públicos, como es concesionar a privados elementos que son del Estado y de la sociedad; en un contexto de inequidad, las dependencia gubernamentales se convierten en gestores los poderosos, de tener más dinero de aquellos que les pueden traer más votos, y no derivado de un análisis del bien común; si eso efectivamente lo dijo el secretario de Medio Ambiente, como salió en los medios, es parte de un patrón de no reconocer que a través de otros mecanismos, impuestos, presupuesto y distribución de riqueza, y de inversiones de desarrollo de empleo, se puede logra la base para gestionar los espacios públicos, y entonces los ceden a los privados", indicó en entrevista con MILENIO JALISCO.
La inequidad no solamente es por entregar a privados bienes públicos para su administración, sino el acceso democrático a ellos. "Yo no sé cuántos mexicanos van a poder tomar un jet para ir a conocer las Islas Revillagigedo, no creo que sean 500 o a 800 pesos la noche, ni siquiera es por dar acceso a los mexicanos para disfrutar las bellezas escénicas del país; más bien parece que es el negocio de alguien", puso en relieve.
Investigadores de la UdeG se han sumado a la casi unánime descalificación de la comunidad científica mexicana e internacional de la intención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de tratar de cambiar el régimen de reserva de la biosfera de las islas por el de "parque nacional" y abrirlas a la inversión privada, cuando a la fecha sólo tienen una base de la Marina y se protege de forma estricta la diversidad que contienen.
"Tenemos que resaltar el valor que tienen la isla para la naturaleza; una muy alta diversidad marina y una diversidad terrestre insultar que es rica en endemismos, especies que evolucionaron en aislamiento genético, como sucede con los animales y plantas de las Islas Galápagos [...] en Revillagigedo no vive nadie, no hay comunidades marginadas que requieran proyectos de desarrollo para mejorar su calidad de vida; lo que sí es el caso de las áreas protegidas continentales. El archipiélago está protegido con un decreto y la parte terrestre está en zona núcleo; se dio una propuesta de investigadores de México y de Estados Unidos para expandir el área marítima de protección , excluir la pesca comercial, en especial los atuneros, y la pesca deportiva también; esto fue apoyado por la ONU, pero hay que clarificar que el impacto sobre las pesquerías es mínimo; la Semarnat la hizo suya pero busca de paso un cambio en la categoría de protección y manejo; hay un consenso generalizado entre sectores conservacionistas y de biólogos marinos, científicos, de que la expansión del área marina protegida es muy positiva, pero debilitar la protección del área terrestre es muy peligroso, y más si nunca se han presentado los proyectos de desarrollo turístico que supuestamente están justificando la necesidad de quitarle la restricción de área núcleo", argumentó.
Así, para el científico resulta altamente riesgoso experimentar justamente en la reserva más intocada que le queda a México, y pretender legitimar procesos de privatización y exclusión que no solamente significan inequidad social, sino un seguro daño al patrimonio natural del país y el mundo.
SRN
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