El gobierno de Jalisco tiene una cuenta creciente ante la herencia de once años sin pagar indemnizaciones por la ocupación de tierras privadas y ejidales para la obra carretera Mascota-Las Palmas. A la deuda de casi 27 millones de pesos con el ejido La Estancia de Landeros se agrega el caso de Soyatán; Supremo Tribunal Agrario ordena no retrasar ejecuciones judiciales de sentencia
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
rubro a arriba de 98 millones de pesos, con la aclaración que se estaría pagando a los precios aprobados en 2007, de 250 pesos por metro cuadrado. De acuerdo a la versión de los afectados, el precio actualizado ronda 400 pesos por metro, es decir, 60 por ciento más, lo que acrecentaría el adeudo por arriba de 155 millones de pesos.
Sin embargo, “estamos dispuesto a ahorrarle dinero al gobierno siempre que nos atienda ya”, advierte el apoderado legal de las comunidades, Manuel Amador Vega Almaral.
Y aunque ya se cuenta con dos precedentes que dan firmeza al enfoque jurídico, pues ejidatarios de La Estancia lograron recibir pago en 2013 por poco más de cinco millones de pesos, lo que se ha vivido de forma paralela en estos litigios es la intención de la autoridad responsable por evitar el pago, recurriendo a una estrategia jurídica que evita llegar a una resolución final y ejecutoria, al tiempo que llama al diálogo a los campesinos, en busca de conciliar.
Del segundo caso está un oficio (2143/2015) firmado el 14 de agosto de 2015 por el director de asuntos agrarios del estado, Mario Vladimir Avilés Márquez, dirigido a la subsecretaria de asunto jurídicos del estado, Martha Gloria Gómez Hernández, en que el funcionario reconoce: “…le informo que el tribunal agrario propone la solución conciliada, pues del resultado de las primeras sentencias que ya han causado estado, se desprende que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP, no indemnizó los predios sobre los cuales se construyó la carretera…”.
Agrega que se abrió diálogo con los quejosos, y que estos ofrecen que se les indemnice con valores similares a los obtenidos por los campesinos a quienes ya se les pagó (juicios agrarios 744/2007 y 78/2008)”; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (oficio IJCF/00572/2015/12CE/AG/05) habría dado un valor por metro cuadrados de 300 pesos, en consecuencia, “comparado con los 250 pesos por m2 que se han pagado en cumplimiento de ejecuciones, nos genera un ahorro de 50 pesos por m2 afectado”. Posteriormente, la propia Dirección General de Asuntos Agrarios le reconoció al Tribunal Unitario Agrario 13 que el precio actualizado era 400 pesos por m2.
Por el lado contrario, la tentativa de que se abra un procedimiento expropiatorio que podría retrasar por años las indemnizaciones. Pero el Supremo Tribunal Agrario ha dejado claro, que la posibilidad de una expropiación no puede detener una ejecución:
“Cuando en un juicio agrario se declara procedente la acción de restitución de tierras pero se acredita la imposibilidad material y jurídica para ejecutar tal determinación (por existir una obra de utilidad pública construida en el predio respectivo) y se ordena como cumplimiento sustituto el pago de la indemnización por el valor de la tierras controvertidas, el Tribunal Agrario debe ordenar que una vez satisfecho el pago de la indemnización, se desincorpore del régimen ejidal la superficie de que se trata y se hagan las consecuentes inscripciones en el Registro Agrario Nacional, en el registro de la propiedad estatal y en el registro de la propiedad que corresponda sin que exista la necesidad de que se lleve a cabo el procedimiento de expropiación”.
Esto, derivado de una sentencia firme que constituye cosa juzgada, pues la expropiación “al ser un acto de autoridad susceptible de impugnación, podría dar lugar a retrasar injustificadamente la ejecución de la sentencia…” (Tesis 2a./J114/2017 (10a.) Segunda Sala. Seminario Judicial de la Federación, 8 de septiembre de 2017).
Pero las sentencias siguen pendientes, la conciliación no llega “por falta de recursos”. Y la inconformidad delos campesinos afectados amenaza con un bloqueo carretero.
CASO SOYATÁN
El expediente 599/2014 ampara los derechos del ejido Soyatán sobre 28.6 ha de su superficie común. El juicio se encuentra pendiente de la designación del perito oficial por parte del Supremo Tribunal Agrario. A precios de 2007, el valor de esa superficie es de 71 millones 502,164 pesos.
MC
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