CEDHJ recibe quejas vs. García Estrada

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha recibido la queja del ciudadano Salvador Martín Alba Suárez en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Armado García Estrada.

El morador de una finca en la calle de Otranto, en Providencia, que fue destruida tras la construcción de una torre que primero escarbó al menos dos desniveles y habría afectado la estructura del inmueble que adquirió Alba Suárez en 1986, ganó un juicio que ordenaba la demolición de la nueva edificación, pero García Estrada, desde la Cuarta Sala,  habría actuado a favor de los intereses de la empresa Sagnes Constructores SA de CV, con diversos recursos jurídicos que según la defensa del afectado, no cubren los requisitos de legalidad, por lo que se podrían configurar conductas abusivas en el ejercicio de las facultades y atribuciones del funcionario judicial.

García Estrada habría dado curso a un juicio de nulidad (1383/2016), pero el 14 de julio de 2016, la Quinta Sala lo acumuló al juicio de lesividad 1316/2016 y posteriormente resolvió, el 15 de marzo de 2017, sentencia definitiva a favor de Alba Suárez y el Ayuntamiento de Guadalajara, “en donde se declaró procedente la nulidad de los actos impugnados y se ordenó la demolición de la construcción que fue levantada en auxilio a los documentos controvertidos en el juicio, además se resolvió el juicio de nulidad que se acumuló al citado de lesividad, por lo que ambos procesos actualmente se encuentran concluidos”, le señalan en la denuncia presentada al ombudsman. La empresa interpuso un recurso de apelación (579/2017) en el que se revoca la sentencia en su contra por parte del pleno del TJA.

“Inconforme con tal determinación, interpuse un juicio de amparo directo, el cual se ventiló bajo el expediente 376/2017 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en donde a la fecha se me concedió el amparo para el efecto de que se considerara que la licencia mayor de construcción según su fecha de emisión, sí era susceptible de ser impugnada mediante el juicio de lesividad propuesto […] a la fecha se ha intentado dar cumplimiento por parte de la responsable a la sentencia protectora por medio de una sentencia dictada el 9 de octubre de 2018 dictada por el pleno del TAE (TJA)”, en la cual los magistrados aseguran que esa sentencia de amparo ya fue cumplida, por lo que el afectado interpuso otro recurso, esta vez de inconformidad, bajo el número de expediente 01/2019, además de un juicio de amparo, 04/2019, en busca de que se reconozca la vigencia de la suspensión que ordenaba demoler la torre.

En particular, la acusación contra García Estrada, deriva de que el funcionario debió omitir su participación en el tema tras la acumulación del juicio de nulidad a favor de la quinta sala. Pero no obstante, el magistrado, en fecha tan reciente como el 12 de diciembre de 2018, “dictó orden para los efectos de que el Ayuntamiento de Guadalajara levantara los sellos de suspensión de obra que fueron colocados con motivo de la orden dada por la H. Quinta Sala Unitaria del TAE”, lo que a juicio del quejoso es revelador de una conducta proclive a favorecer a su contraparte y afectar sus derechos humanos.

La petición entregada a la CEDH es que se abra un expediente de investigación contra Armando García Estrada, un funcionario que no por primera ocasión se ve cuestionado públicamente por los efectos de sus acciones legales.

Entablan juicio vs. magistrado del TJA

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ha sido demandado por el propietario de una casa de la calle de Otranto, en Providencia, por presuntas violaciones a derechos humanos y al orden legal, ante el Congreso de Jalisco, en busca de que se entable en su contra un juicio político.

El caso deriva de la construcción de una torre de departamentos en Alberta 1142, esquina Otranto, vecina de la finca del demandante, Salvador Martin Alba Suárez, la cual fue clausurada y llegó a la orden de demolición; el administrador de justicia, sin tener aparentemente que ver en el asunto, intervino para levantar la orden e incluso convalidó la suspensión otorgada por un tribunal federal, lo que a juicio del quejoso y de su abogado, Christian Gudiño, da elementos de presunta colusión con los constructores en contra del derecho del vecino.

“Después de la clausura de la obra ordenada por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo (hoy TJA) en noviembre de 2018, y que mantenía completamente paralizados los trabajos de construcción, el día 28 de diciembre el vecino afectado se percata que varias trabajadores se encuentran dentro de la obra y realizando actividades de construcción, por lo que acude a las oficinas de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, para denunciar el rompimiento de sellos y la violación a la suspensión; sin embargo, el funcionario encargado del jurídico de dicha dependencia le informa que no es ninguna invasión, que la Cuarta Sala del TAE ordenó levantar los sellos de suspensión y permitirle al propietario de la obra seguir construyendo, sin proporcionar ninguna información; textualmente nos indicó: ‘arréglenlo con los magistrados’”, explicó ayer en conferencia de prensa.

Ante tal circunstancia “y por el desconocimiento del motivo que llevo al magistrado Armando García Estrada a dictar una orden contraria a la de la quinta sala, el vecino afectado interpone una serie de amparos para conocer los actos que dan origen a la orden. Los actos probablemente ilegales del constructor y del magistrado ya fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el órgano de control interno del (TJA), y se presentó una denuncia para iniciar juicio político en su contra”, añadió el abogado Cristian Gudiño.

También denunciaron que no avanza la denuncia penal contra el gobernador y ex presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde en funciones, Ismael del Toro Castro, “por desacato a la suspensión otorgada por el TAE por daños irreparables al inmueble del ciudadano Salvador Martin Alba Suarez, por la construcción de torre departamental”.

LA HISTORIA

En 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció el derecho del vecino Salvador Alba e interpuso un juicio de lesividad el 22 de junio de 2016, presentado por la síndico Anna Bárbara Casillas García, en contra de Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Yadira de León Haro y Sagnes Constructores SA de CV, “donde como prestaciones reclamó la nulidad absoluta del dictamen de trazo, usos y destinados específicos, revisión de primer paso, número de expediente 039/D2/E-2013, de fecha 7 de octubre de 2013, licencia de alineamiento y número oficial folio 15724 único 64569, con número de control A-0815-2013, de fecha 4 de noviembre de 2013, oficio D.D.U. 1402/2014. DGU 207/2014 complemento, C.C. 979/2014 folio 6360, de fecha 14 de julio de 2014, y de la licencia mayor de construcción folio 24776, único 64569, con número de control M-0371-2015 del 3 de agosto de 2015”, detalló el abogado.

La demanda fue admitida (1316/2016) por la Quinta Sala del TJA, el 24 de junio de 2016, y de inmediato se dictó la suspensión para que ya no se construyera. “Una vez que fueron llamados a juicio, la empresa demandada compareció y trató de interponer un juicio para impedir la suspensión, pero la instancia judicial los desestimó”; posteriormente, Salvador Martín Alba Suárez interpuso ante la misma sala una solicitud para que se le reconociera el carácter de tercero en el juicio, lo que fue aceptado.

La sentencia de la quinta sala fue el 15 de marzo de 2017: “En sus puntos resolutivos decretó la nulidad de la licencia de construcción y ordenó la demolición de la obra”.

Dos años después, la obra está casi terminada, en buena medida, por la intervención a favor de los constructores de García Estrada y del magistrado Alberto Barba Gómez, no obstante que el quejoso ganó una nueva suspensión, advierte el abogado. El incidente de violación de la suspensión fue reconocido por la misma quinta sala el 13 de noviembre de 2018. La obra no se detuvo y se interpusieron denuncias penales contra el ex alcalde y el alcalde tapatíos, que tampoco han avanzado.

¿Quién?

Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TJA, es señalado por dictar una orden contraria a la de la quinta sala del mismo tribunal

Adeudo por indemnización se acerca a 100 mdp

El gobierno de Jalisco tiene una cuenta creciente ante la herencia de once años sin pagar indemnizaciones por la ocupación de tierras privadas y ejidales para la obra carretera Mascota-Las Palmas. A la deuda de casi 27 millones de pesos con el ejido La Estancia de Landeros se agrega el caso de Soyatán; Supremo Tribunal Agrario ordena no retrasar ejecuciones judiciales de sentencia

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

rubro a arriba de 98 millones de pesos, con la aclaración que se estaría pagando a los precios aprobados en 2007, de 250 pesos por metro cuadrado. De acuerdo a la versión de los afectados, el precio actualizado ronda 400 pesos por metro, es decir, 60 por ciento más, lo que acrecentaría el adeudo por arriba de 155 millones de pesos.

Sin embargo, “estamos dispuesto a ahorrarle dinero al gobierno siempre que nos atienda ya”, advierte el apoderado legal de las comunidades, Manuel Amador Vega Almaral.

Y aunque ya se cuenta con dos precedentes que dan firmeza al enfoque jurídico, pues ejidatarios de La Estancia lograron recibir pago en 2013 por poco más de cinco millones de pesos, lo que se ha vivido de forma paralela en estos litigios es la intención de la autoridad responsable por evitar el pago, recurriendo a una estrategia jurídica que evita llegar a una resolución final y ejecutoria, al tiempo que llama al diálogo a los campesinos, en busca de conciliar.

Del segundo caso está un oficio (2143/2015) firmado el 14 de agosto de 2015 por el director de asuntos agrarios del estado, Mario Vladimir Avilés Márquez, dirigido a la subsecretaria de asunto jurídicos del estado, Martha Gloria Gómez Hernández, en que el funcionario reconoce: “…le informo que el tribunal agrario propone la solución conciliada, pues del resultado de las primeras sentencias que ya han causado estado, se desprende que la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP, no indemnizó los predios sobre los cuales se construyó la carretera…”.

Agrega que se abrió diálogo con los quejosos, y que estos ofrecen que se les indemnice con valores similares a los obtenidos por los campesinos a quienes ya se les pagó (juicios agrarios 744/2007 y 78/2008)”; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (oficio IJCF/00572/2015/12CE/AG/05) habría dado un valor por metro cuadrados de 300 pesos, en consecuencia, “comparado con los 250 pesos por m2 que se han pagado en cumplimiento de ejecuciones, nos genera un ahorro de 50 pesos por m2 afectado”. Posteriormente, la propia Dirección General de Asuntos Agrarios le reconoció al Tribunal Unitario Agrario 13 que el precio actualizado era 400 pesos por m2.

Por el lado contrario, la tentativa de que se abra un procedimiento expropiatorio que podría retrasar por años las indemnizaciones. Pero el Supremo Tribunal Agrario ha dejado claro, que la posibilidad de una expropiación no puede detener una ejecución:

“Cuando en un juicio agrario se declara procedente la acción de restitución de tierras pero se acredita la imposibilidad material y jurídica para ejecutar tal determinación (por existir una obra de utilidad pública construida en el predio respectivo) y se ordena como cumplimiento sustituto el pago de la indemnización por el valor de la tierras controvertidas, el Tribunal Agrario debe ordenar que una vez satisfecho el pago de la indemnización, se desincorpore del régimen ejidal la superficie de que se trata y se hagan las consecuentes inscripciones en el Registro Agrario Nacional, en el registro de la propiedad estatal y en el registro de la propiedad que corresponda sin que exista la necesidad de que se lleve a cabo el procedimiento de expropiación”.

Esto, derivado de una sentencia firme que constituye cosa juzgada, pues la expropiación “al ser un acto de autoridad susceptible de impugnación, podría dar lugar a retrasar injustificadamente la ejecución de la sentencia…” (Tesis 2a./J114/2017 (10a.) Segunda Sala. Seminario Judicial de la Federación, 8 de septiembre de 2017).

Pero las sentencias siguen pendientes, la conciliación no llega “por falta de recursos”. Y la inconformidad delos campesinos afectados amenaza con un bloqueo carretero.

CASO SOYATÁN

El expediente 599/2014 ampara los derechos del ejido Soyatán sobre 28.6 ha de su superficie común. El juicio se encuentra pendiente de la designación del perito oficial por parte del Supremo Tribunal Agrario. A precios de 2007, el valor de esa superficie es de 71 millones 502,164 pesos.

MC

Planes nuevos quedaron suspendidos

Notifican medida ayer; el alcalde se compromete a establecer una defensa adecuada para ganar la suspensión que aprobó el TAE.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La respuesta de los vecinos y de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) a la “legalización” de la redensificación en Guadalajara, ha llegado. A partir de ayer, la emisión de licencias y permisos para construir inmuebles y establecer giros en el municipio de Guadalajara se volverá a regir por los instrumentos vigentes hasta enero de este año.

Esto significa que se dejará de aplicar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara y los planes parciales de desarrollo urbano de las siete zonas del municipio cuyo proceso de aprobación por el Ayuntamiento de Guadalajara se dio entre 2014 y apenas hace unas semanas.

En el expediente 227/201 el magistrado del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Armando García Estrada, determinó otorgar la suspensión a favor de la Prodeur como representante de vecinos inconformes con el proceso de cambio. La demanda fue recibida el 24 de marzo pasado para impugnar el decreto municipal D 72/24/14, publicado en la gaceta municipal del Ayuntamiento de Guadalajara el 1 de septiembre de 2014, así como el decreto municipal D 88/01/14, publicado en el mismo órgano de difusión el 8 de enero pasado.

La autoridad municipal fue notificada ayer al mediodía, y tendrá diez días para contestar la demanda. El presidente municipal, Ramiro Hernández García, comentó ayer que se hará el trabajo jurídico necesario para ganar el juicio y recuperar esos nuevos instrumentos que a su juicio dan certidumbre al desarrollo de la ciudad.

La medida cautelar estará vigente “hasta que cause estado la sentencia definitiva para el efecto de que deje de surtir efecto [sic] el acto impugnado, esto es, para que no se apliquen [los programas y planes citados] […] y se sigan aplicando el programa y planes que estaban vigentes antes de la entrada en vigor de los aquí suspendidos, toda vez que la legalidad o ilegalidad  de los actos materia de nulidad se reserva para el fondo del asunto en la sentencia definitiva…”, señala García Estrada.

La determinación del TAE, que lo mismo avala un fraccionamiento en zona sin vocacionamiento urbano, muy lejos de la ciudad (carretera a Colotlán) que la suspensión de planes parciales en la ciudad consolidada, provocó ayer opiniones en las redes sociales.

“Escenario kafkiano, el TAE aprueba torres y desaprueba planes, y si no fuera suficiente, en este círculo perverso de la planeación municipal pronto con la siguiente Administración se repite el ciclo y tendremos la siguiente edición de los planes parciales de desarrollo urbano”, dijo el consultor Jesús García Rojas. Un anónimo le pidió al presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, y a los regidores, que entiendan que “esta ciudad la gobierna el TAE, por favor ya tómense unas vacaciones y trabajen en conseguir que el la cloaca más grande del estado quede subordinada a la Judicatura Federal ó cualquier otro órgano colegiado. Los magistrados del TAE son los tlatoanis a los que hay que llevarle tributo (en billetes) para lograr lo que sea, bueno o malo en esta ciudad”.

Carretera a Colotlán, una zona de riesgo

El caso urbano es similar al de otros puntos de la metrópoli, cuyo crecimiento ha sido en buena medida en espacios peligrosos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El crecimiento pasado, presente y futuro del amplio corredor urbano de la carretera a Colotlán, hoy con 100 mil habitantes pero que podría incrementarse por arriba del doble con nuevos proyectos fuera del perímetro legal, tiene entre sus desventajas, además de la falta de planeación, que se ubica sobre suelo no apto, con tendencia a eventos naturales como inundaciones, agrietamientos o deslaves y con reservas de agua insuficientes.

Es una tendencia que se ha “normalizado” en la historia creciente de la ciudad. A partir de los años cincuenta del siglo XX, el clima político favoreció desarrollar Guadalajara bajo la lógica de fomentar su crecimiento demográfico. El resultado es que la ciudad consolidada ya se extiende en más de 50 por ciento de su superficie sobre zonas inadecuadas, en las cuales se padecen sobre todo inundaciones, pero sin faltar aguas malolientes, agrietamientos y hundimientos por rellenos inadecuados,  deslizamientos de materiales y las exposiciones a la contaminación.

De acuerdo con estudios de la Facultad de Geografía de la Universidad de Guadalajara, la zona metropolitana tiene, por citar el riesgo más clásico, 300 sitios de inundación. La urbanización “ha generado cambios irreversibles en los ambientes naturales, impermeabilizando y compactando el suelo, es decir modifica la repartición de los componentes del balance hidrológico, como la relación infiltración-escurrimiento-velocidad, alterando las vías naturales de drenaje; muchas se han substituido por tubos [colectores], los pocos cauces que quedan han perdido en parte su capacidad de conducción al generarse una gran cantidad de interferencias, ocasionando que el sistema hidráulico tenga una capacidad finita a tormentas ordinarias, y si a esto le aunamos errores técnicos, rezago, falta de mantenimiento, ha hecho que el sistema de colectores tenga una incapacidad progresiva de conducción”, dijo en una presentación el investigador Luis Valdivia Ornelas, con datos al año 2011.

El caso tapatío es típico del modo desastroso en que han crecido las urbes del país. Al respecto, dice el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018: “Aún en épocas recientes la inexistencia de suelo apto al interior de las ciudades y accesible para los sectores más desfavorecidos de la población, continúa siendo un factor que impulsa el asentamiento de dicha población en zonas de riesgo. A nivel nacional, 11 por ciento de las viviendas en localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 por ciento se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9 por ciento sobre barrancas”.

La zona del megadesarrollo de 33 mil casas recién “autorizado” por el Tribunal Administrativo del estado (TAE), entre el kilómetro nueve y diez de la carretera a Colotlán, es de suelo irregular por el paso de barrancas que han sido talladas por arroyos de temporal. Un año promedio hace que en los meses de julio a septiembre estas corrientes rebosen de agua por las intensas lluvias del temporal.

“Las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo se ven reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como un hecho frecuente en 4 por ciento de los hogares urbanos, cuarteaduras de muros por reblandecimiento reportado por 5 por ciento de los hogares y deslaves y derrumbes de cerros por lluvias reportado por 4 por ciento”, añade el documento.

El valle de Tesistán, que se extiende al norte hasta las laderas de la sierra San Esteban-El Nixticuil, presenta problemas de grietas al tratarse de antiguas barrancas rellenadas de forma natural en miles de años. La sobreexplotación del acuífero provoca desplomes de tierra.

El TAE violó todas las normas urbanas

Zapopan pretende establecer unidades de gestión urbana, pero eso exige respeto a la planeación, que es atribución de los municipios y no de los tribunales administrativos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO 

La construcción de 33 mil casas en el kilómetro nueve de la carretera Guadalajara-Colotlán significa echar abajo todo el sistema de planeación que tiene el Ayuntamiento de Zapopan establecido para dar viabilidad a su zona urbana, en la cual es fundamental generar unidades de gestión urbana, que en los hechos significa que ningún proyecto se realiza sin infraestructura y en estricto apego a la zonificación, destaca el director de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio, Juan Ángel Demerutis Arenas.

“Nosotros creemos que debe de ser a través de la concertación, para que la Carretera a Colotlán se convierta en una realidad, de ser un desarrollo ordenado; tienen que entrarle no solo el desarrollador, sino estado, municipio y federación, y que hubiera un banco de tierra que pudiera estar aportando, sobre todo hablando de las casas más económicas, porque alguien que tenga recursos no necesariamente se va ir para allá, porque no es una zona que cuente con servicios; deberíamos tener un banco de tierra, que permitiera que poco a poco se fuera introduciendo la infraestructura; que el negocio sea la construcción y no necesariamente el terreno, porque ahí [en el caso de las 33 mil viviendas]  está jugando un papel importante el terreno: si no tiene uso de suelo, no tiene tanto valor como uno que sí lo tiene, son predios que manejan, como dijimos hace rato, con alevosía y ventaja, y que a sabiendas de que no se puede, se compran”, pone en relieve.

Lo cierto es que “una parte de ese terreno está en un área de conservación, que es un cauce con unas pendientes muy pronunciadas, que tiene una vegetación de importancia, que está considerado como un corredor de la fauna”, agrega.

El plan parcial se basa en análisis técnicos, “y si lo hacemos de esa forma se hacen a un lado;  un cambio a través de la decisión de un tribunal es un análisis jurídico, mas no técnico, porque para hacer un plan parcial se hacen consideraciones de muchos temas, hidrológicos, de vegetación, de la movilidad, agua, drenaje, equipamientos, es muy serio porque el Tribunal Administrativo desbalancea los lineamientos de planeación que se tenían […] su resolución no repone el proceso, yo no soy abogado, pero una decisión que toma un juez sin atender las presuntas violaciones reclamadas al proceso por el particular, esto es, el análisis técnico, la consulta pública, ante lo cual un particular tiene el derecho de inconformarse”.

El caso “fue muy curioso porque en la consulta pública la zona de Colotlán tenía condiciones diferentes en la vivienda, seguramente fueron observaciones de algunos particulares, que solicitaron densidades altas en esa zona, y que la autoridad les contestó en sentido positivo,  pero fueron producto de una consulta pública, y en este caso, se respondió de forma negativa porque no había un sustento”.

Así, un trabajo hecho a conciencia se echa abajo por la decisión de un tribunal. “Tuvo su procedimiento, consulta pública, que fue aprobado en el cabildo no recuerdo si por mayoría o por unanimidad, todo ese proceso llevó un año, es de las consultas públicas más largas que ha habido”.

El director de Planeación pone en relieve la necesidad de entender el desarrollo de la ciudad con base en el respeto a lo que marcan los planes, para generar las unidades de gestión urbana que prevé el Código Urbano y que en Jalisco no se han implementado. Lo pretenden aplicar en el caso de todo el valle de Tesistán, que es una zona de recarga del acuífero metropolitano incluso más relevante que El Bajío del Arenal; también se cuida el borde de las zonas de bosque tanto para El Nixticuil-San Esteban como La Primavera, y se pretende ejercer por primera vez un concepto denominado “transferencia de derechos de desarrollo”, que es un esquema que permite conservar zonas frágiles, como la del terreno de Colotlán, a cambio de derechos dentro de la zona urbana. Todos estos esquemas son violados por la decisión de un fraccionador que adquiere tierra barata en una zona no apta, en aras de aumentar su ganancia.

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Zonas federales violadas

Los terrenos forestales o de aptitud forestal, así como las barrancas y zonas hidrológicas en general, son competencia del gobierno federal y no de los cabildos o de los tribunales. Bosque es “vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados”. Inciso V del artículo 2 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sujeta a autorización de la Semarnat los “cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas”.

Carretera a Colotlán, una zona al borde del colapso urbano

Hay ya 100 mil habitantes sin escuelas, agua y movilidad suficientes, reconoce el Ayuntamiento de Zapopan; desarrollo al norte para otros 150 mil es ajeno a la planeación

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ni siquiera la ampliación a cuatro carriles de los primeros cinco kilómetros de la carretera Guadalajara-Colotlán, en territorio del municipio de Zapopan, va a resolver el problema que ya está asentado en esa zona del noroeste de la ciudad: alrededor de cien mil habitantes que no tienen la infraestructura necesaria como vialidades, transporte público, redes de agua y drenaje, de energía, escuelas y hospitales.

A esta verdadera “ciudad dormitorio”, no obstante, podría irle bastante peor con 150 mil más que pretende implantar más hacia al norte, cerca del kilómetro 10 -totalmente fuera de la zona actualmente urbanizada y de los alcances de la modesta infraestructura existente-, un proyecto que fue rechazado por Zapopan, pero validado por el magistrado Armando García Estrada, del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), instancia que de este modo habría violado un convenio signado con ONU-Hábitat, en el que se buscaba hacer prevalecer los derechos generales sobre los particulares, y que en consecuencia, ha obligado al ayuntamiento a emitir los permisos correspondientes, a lo que todavía se resiste la comuna.

Así, una demarcación que todavía hace 30 años era poco conocida para los habitantes de la zona metropolitana, ahora amenaza con convertirse en una urbe del tamaño de Puerto Vallarta, pero al margen de la planeación y de su crecimiento “natural” de infraestructura, en una dinámica de crecimiento horizontal que se supone debía ser frenada con las nuevas políticas hacia ciudades compactas y eficientes que se ha planteado las actuales administraciones federal, estatal y municipales.

Si bien, el gobierno zapopano de Héctor Robles Peiro ha señalado públicamente que no se permitirá ese proyecto que está contra todas las disposiciones de uso de suelo previstas en los planes parciales de desarrollo urbano vigentes -incluido además el delicado tema de la violación de usos de suelo forestal regulados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-, por lo que se analizan las estrategias jurídicas para afrontar la decisión del TAE.

Numerosas voces se alzan además para reclamar el uso de una entidad de interés público, como es la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi), por parte del fraccionador que pretende sacar adelante un proyecto de 33 mil viviendas sobre 281 hectáreas, quien es el mismo presidente del capítulo Jalisco de esa agrupación, Carlos Guillermo Salcedo González.

Y si bien, se prometía no ceder a sus presiones, el pasado viernes, 13 de marzo, ya obtuvo el lobby del empresario una ruidosa victoria: posponer la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo Urbano, Construcciones y Ordenamiento Territorial, el cual deja en total obsolescencia sus pretensiones de urbanizar la zona.

COLAPSO URBANO
El director de Planeación y Ordenamiento Territorial zapopano, Juan Ángel Demerutis Arenas, explica los problemas que esta autorización traen a la zona:

“Esa zona tiene un valor que es mejor mantener en el estado natural, zona de barrancas, de arroyos, de corredores biológicos, y que además no se necesita ocupar porque ya tenemos una reserva muy amplia para crecimiento en el municipio; hablamos de 900 hectáreas que albergarían hasta dos veces la población que se estima crecerá en el municipio hasta el año 2030; de ahora a entonces se estima un aumento de 400 mil a medio millón habitantes, por lo cual no hace falta incorporar una zona que no es apta”, subraya en entrevista con MILENIO JALISCO.

El nuevo desarrollo tendría efectos importantes además de alterar la planeación urbana; “en cualquier caso tendría que venir acompañado de infraestructura, como agua, drenaje, caminos, porque lo único que tenemos es la carretera, tenemos 5 km asegurados a cuatro carriles, y es un problema porque el municipio no tiene los recursos para invertir, y tendríamos que adherirnos a recursos del gobierno y la federación; ahora, si la idea es generar un desarrollo ordenado en esa zona, eso es solamente en temas como tráfico y movilidad, pero en agua y drenaje nosotros detectamos un problema grave porque el acuífero de donde sale toda el agua de la zona, es un sistema que esta bajando; ya las profundidades de los pozos andan en 300 o 400 metros, eso ya es muy profundo, y no olvidemos que es una zona de grietas…”.

Es decir, “nos puede generar otro tipo de problemas, por eso debemos de tener cuidado; si hay necesidad de ocupar suelo, lo tenemos que hacer en etapas y en forma conciente y ordenada, para que no nos pase lo que nos pasa ahorita, que tenemos ya a 100 mil personas allí, el tamaño de una ciudad media, pero no vas a hallar lo que hallarías en una ciudad bien construida; Tepatitlán, Ciudad Guzmán tienen planteles universitarios, industrias, comercios, servicios, y acá lo que tenemos son zonas monofuncionales en que solamente hay viviendas, con un desplazamiento pendular que satura todos los días la vialidad, y si va a haber más casas eso tiene que venir acompañado de infraestructura y equipamiento”.

Por ejemplo, “las escuelas son un  problema, los nuevos moradores quieren poner a sus hijos en la zona, pero esas están en Tesistán o en La Magdalena, y están desplazando a los niños de allí”.

¿Qué dicen los promedios de necesidades? “Por cada diez mil habitantes, necesitamos dos jardines de niños, una primaria en dos turnos y una secundaria; si hoy son 100 mil moradores, deberíamos tener diez veces lo que tenemos: 20 jardines de niños, diez primarias funcionando en doble turno, con 18 aulas -porque aclaremos que las que ahora están ahí no son de 18 aulas-, y de cinco a siete secundarias, y no las tenemos”.

Demerutis Arenas destaca que los trabajos a resolver son los grandes rezagos que ya hay; “en eso nos estamos enfocando, nos estamos enfocando en tratar de tener la capacidad suficiente para lo que ya tenemos, para lo que ahorita hay, y cualquier vivienda nueva que llegue tendrá que venir acompañada de eso, ya sea con inversión del desarrollador, o del gobierno federal o del estado”.

VIOLAN TODO
El consultor en desarrollo urbano Jesús García Rojas dijo a este diario: “sin duda es reprobable la aprobación del TAE al proyecto […] porque se extralimita en sus facultades, el TAE autoriza más cambios de uso del suelo que los municipios, viola el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo urbano de centro de población, los planes parciales de desarrollo urbano;  contradice las actuales políticas públicas federales, estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y vivienda de evitar la expansión urbana, de la cual la Canadevi es corresponsable…”.

Lamentó la actitud del presidente de los vivienderos porque “como siempre anteponen sus intereses particulares a los colectivos y lo único que les interesa son las utilidades […] con todo, lo más importante es el daño al ecosistema y además no olvidemos que no hay agua, los mantos acuíferos de esa cuenca están sobreexplotados”.

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Un defensor de El Zapotillo

“Jalisco pierde inversiones, la ciudad se queda sin generación de empleos y dejamos que el agua se vaya al mar sin beneficiar a nadie”, decía el pasado 27 de agosto el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi), Carlos Guillermo Salcedo González, al participar en una rueda de prensa para dar un espaldarazo institucional al proyecto de la presa El Zapotillo.

No había revelado sus propósitos empresariales propios, pero ante la escasez de agua que hay al norte del valle de Tesistán por la sobreexplotación, esa agua proveniente de Los Altos sería la tabla de salvación de muchos negocios con la tierra.

El presidente de la Canadevi detalló ese día el tamaño de la demanda: 50 mil de las 60 mil viviendas nuevas se deben hacer en la capital del estado. Sin embargo, al ser cuestionado por el desastroso crecimiento urbano de Guadalajara en las últimas dos décadas, en que la ciudad se dispersó al triple de su tamaño de 1990 con apenas 60 por ciento más población, y el dato oficial de unas 60 mil viviendas solas sobre todo en Tlajomulco, negó una responsabilidad de los vivienderos, y adujo razones de crisis económica de los compradores como causa. Y por eso busca ahora construir en Colotlán la mitad de la demanda. Del agua, que El Zapotillo provea.

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CLAVES

Fuertes críticas

“Debe empezarse por ver todas estas gentes [que lleguen a la zona] en qué van a trabajar o en dónde van a trabajar, qué tipo de servicios se requieren, si se prestan las condiciones para abastecerles el suministro de agua, el suministro de energía eléctrica, si se está en condiciones de tener centros comerciales, centros de distracción”. José Luis Brenez, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles

“Es un gravísimo error, como lo han señalado las autoridades de Zapopan y, consecuentemente, no lo han permitido. Es un gravísimo error que el TAE intenta avalar. Es un gravísimo error el que los promotores –casi siempre tras la ganancia fácil– están intentando llevar adelante por todos los medios. 33 mil viviendas a 25 kilómetros del centro de la metrópoli representan exactamente lo contrario de lo que indican las buenas prácticas urbanas, de lo que indican las políticas federales, estatales y municipales”. Juan Palomar Verea, urbanista

“No se debe concebir un proyecto tipo carretero en una zona densamente poblada y con tantos desarrollos habitacionales en la zona, el llamado también a las autoridades, principalmente de Zapopan que se planee y se adecue a una zona urbana”. Benjamín Cárdenas, presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

“No es la primera, tal vez tampoco la última, pero está muy cerca de cometerse el enésimo desacierto en materia de crecimiento de la mancha urbana, y todo por los fuertes intereses que sin duda constituyen la única razón para que una organización empresarial, la Canadevi o su presidente, se ponga en contubernio con el Tribunal Administrativo Estatal (¿no tendrá este organismo judicial otra función que la de causar perjuicios?), para permitir la construcción de nada menos que 30 mil viviendas en una zona de alto impacto ambiental”. Miguel Zárate, ex presidente de la CMIC

Zonas de la Minerva y Providencia, las “cerezas” del pastel para inversionistas

Cientos de irregularidades en edificaciones perturban la tranquilidad de los colonos; crece la oferta habitacional pero no la superficie verde o la vial, lo que genera complicaciones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La cereza en el pastel para los inversionistas inmobiliarios que pugnan por sacar adelante el modelo de desarrollo vertical que Guadalajara intenta implementar para repoblarse, son las zonas 1 y 2, Minerva y Providencia, donde se tienen los espacios más caros de la ciudad.

Muy lejos de construir allí vivienda para trabajadores, conforme a las políticas de subsidios del gobierno federal, el mercado de la zona es de poder adquisitivo medio o alto, y al cambiarse extensas fincas residenciales por torres de departamentos, el volumen de negocio puede multiplicar por cinco, diez o quince la inversión inicial hecha por los terrenos, máxime cuando apenas se está aplicando dinero en mejora de infraestructura, en más áreas verdes o en ampliación de vialidades, y con frecuencia, la disposición de cajones de estacionamiento queda por debajo de la indispensable.

Como consecuencia, las viejas colonias ven degradadas sus ventajas iniciales: más ruido y hacinamiento por el mayor número de vecinos, problemas con el estacionamiento (esa zona de la ciudad registra de dos a cuatro autos por vivienda), contaminación del aire y estrés ante áreas verdes que se reducen en el promedio por habitante y aumento de la inseguridad, dado que las avenidas de la zona registran “usos mixtos” –comercios como restaurantes, cafés, bares, hoteles y expendios diversos- que atraen a mucha población foránea por las noches y los fines de semana.

Según un análisis del Parlamento de Colonias, el gobierno otorga subsidios de 380 mil a 420 mil pesos por vivienda, pero eso deja fuera del alcance del mercado a quienes ganan menos de cinco salarios mínimos; son departamentos de dos y medio a cinco millones de pesos destinados para clases medias y altas. ¿Cuál es el secreto del negocio? Se compran viviendas espaciosas a cinco o seis millones de pesos, y con dos o tres se tiene el espacio suficiente para edificar las torres de diez a 20 niveles, con dos a cuatro departamentos por nivel. Así, de tres viviendas iniciales con 12 habitantes promedio, se tienen de 20 a 80 viviendas con 80 a 360 habitantes.

“Si esto funcionara como se debe y partimos del supuesto de que antes de la torre se contaba en la zona con la superficie de áreas verdes adecuadas, de al menos 10 metros cuadrados por habitante, entonces, 68 habitantes nuevos demandan 680 m2, y 348 habitantes extra, 3,480 m2, ¿pero dónde están los nuevos espacios?”, pregunta el presidente del Parlamento, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Por su parte, el consultor en desarrollo urbano Jesús García Rojas apunta sobre el tema en general: “La densificación es pertinente, pero parten de una premisa falsa, que la infraestructura, equipamiento urbano, espacios verdes y movilidad existente son suficientes, por ejemplo hay 1,800 kilómetros de redes sanitarias con antigüedad de 40 a 50 años que deben ser renovadas”; y si bien, “hay que fortalecer el tejido social, su materialización debe ser con ciudades y edificaciones inteligentes, buscando nuevas fórmulas de ocupación o tenencia”, sostiene.

UN EJEMPLO
La Asociación de Colonos de Providencia Sur, que preside Alfonso Gómez Contreras, envió a este diario una ficha con un recuento de las irregularidades que padecen en el extenso polígono con cinco mil viviendas que está demarcado por las avenidas López Mateos, Juan Palomar y Arias, México y Otranto, que constituye el corazón del corredor más caro del municipio tapatío.

“En el tema del uso de suelo, únicamente en avenidas se permiten edificios de máximo ocho niveles y negocios de bajo impacto con estacionamiento propio. Calles interiores son exclusivamente habitacionales […] el ayuntamiento simplemente no cumple la ley, otorga licencias para edificios de mayor altura a lo permitido, en terrenos más pequeños de los reglamentarios y durante la construcción nunca pide medidas de seguridad, límites de horarios, ni exige que se respete la vía pública”, apunta.

Algunos edificios fuera de norma denunciados por esa asociación civil: Torre Moba (José María Vigil 311, esquina con Patagonia); edificio en construcción (Nápoles 2837, esquina con Rubén Darío), Departamentos Torre Alcamo (avenida Terranova 725, esquina Alcamo); Vigil Vertical (José María Vigil 2940, entre Terranova y Rubén Darío); condominio Providencia (José María Vigil 2847, esquina Rubén Darío), Torres Alfa y Beta (Eulogio Parra 2795, entre Rubén Darío y Terranova); Torre Casa Blanca (Eulogio Parra 2782, entre Rubén Darío y Terranova); Torre “Q” (Jose María Vigil 2715, esquina con Ontario); edificio en construcción (Quebec 854, entre Pompeya y José María Vigil); edificio sin nombre (Reforma 2988, entre Beethoven y Nelson), y edificio sin nombre (Montreal esquina Pompeya).

Buena parte de estas construcciones no tiene permiso municipal, pero fueron “legitimadas” por el Tribunal Administrativo del Estado, lo que ha permitido mantener los trabajos contra la creciente oposición vecinal.

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“Diagnósticos tramposos”

José Rubén Herrera, secretario de la asociación vecinal de Providencia Norte, cuestiona la planificación que ha realizado la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur) para fundamentar sus propuestas de redensificación en la zona.

“En los documentos que nos entregaron solo usan datos muy globales,  que jalan del INEGI, y sobre eso trabajan; no se meten a detalle como deberían para hacer esos proyectos […] por ejemplo, dicen ahí que con cuántos parques contamos en la colonia, con cuántos espacios deportivos, meten la Unidad Deportiva Revolución, pero también el antiguo club deportivo Guadalajara, que hace años que demolieron y todo mundo lo sabe. Lo están contando como un lugar disponible para la actividad deportiva. Mucha trampa”.