Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
Que el gobierno de Tlaquepaque que encabeza María Elena Limón está violando el “convenio marco de coordinación y cooperación” firmado en 2015 para dar vida al decreto del Ejecutivo estatal de 2007, que creó el Polígono de Alta Fragilidad Ambiental (Pofa), al vender áreas verdes sin consideraciones del efecto ambiental negativo que puede acarrear, es parte de los argumentos centrales de la asociación civil Vecinos Solidarios de Tlaquepaque, que ha arrancado una campaña de defensa en el ámbito judicial, con la presentación, hace tres días, de un primer juicio de amparo.
Se conoce como Pofa a un espacio al sureste del área metropolitana, entre el cerro del Cuatro y la Presa El Ahogado
La demanda plantea que con base en el incumplimiento del convenio, firmado por el gobierno del estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y los Municipios de El Salto, Guadalajara. Ixtlahuacán, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, el 27 de julio de 2015, y está vigente en todas sus cláusulas, se expida una suspensión para impedir la venta de los 116 predios.
En el convenio, el compromiso de Tlaquepaque y los demás ayuntamientos fue “atender la problemática ambiental en el Pofa, para lo cual deberán coordinarse con las instancias federales y estatales, en su respectivo ámbito competencia” y “celebrar convenios en los que se determinen las obligaciones del gobierno del estado y los Municipios, en términos del artículo 4, párrafo segundo, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para la coordinación de acciones (…) siempre que exista transferencia de atribuciones”.
Otras obligaciones que tienen que ver con las acciones u omisiones reclamadas al ayuntamiento: “Deberán cumplir y considerar los criterios establecidos en el Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco, así como en los ordenamientos ecológicos locales, en la elaboración de los planes de desarrollo urbano y para la definición de los usos del suelo del territorio para el otorgamiento de autorizaciones”; “llevar a cabo la definición y establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda”, e “identificar y en su caso delimitar las áreas de amortiguamiento en las zonas establecidas como industriales de mediano y alto riesgo, de conformidad a un análisis de vulnerabilidad con base en los radios de afectación derivado de los eventos máximos probables que generen siniestros o desastres en las empresas, considerando esta información para la elaboración, actualización o adecuación de los programas y planes de desarrollo urbano municipal”.
Otras determinaciones que acordó el Municipio son: la formulación de ordenamientos ecológicos locales, en congruencia con el Ordenamiento Ecológico Territorial del estado y realizar las gestiones a efecto de valorar el posible establecimiento de áreas sujetas a conservación y restauración dentro del Pofa, para determinar las medidas de protección que aseguren la preservación y restauración del ecosistema.
DEBE HABER COORDINACIÓN
Según el Pofa, Tlaquepaque está obligado a “coordinarse con el gobierno del estado a efecto de establecer, cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, mecanismos jurídico-administrativos encaminados a que dependencias y organismos municipales, promuevan de forma conjunta acciones y obras que prevengan, controlen, mitiguen y/o remedien la contaminación que se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la normatividad ambiental aplicable”, así como a “promover en el ámbito de su competencia y en uso de sus atribuciones, mecanismos en el sector productivo y empresarial para la realización de acciones tendientes a prevención, control, mitigación y/o remediación de la contaminación del aire, agua y suelo para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable”.
Además, tiene que “promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, evaluación y vigilancia de la política ambiental y la aplicación de sus instrumentos, constituyéndose como un mecanismo formal de enlace entre la problemática ambiental de la zona y las autoridades estatales y federales competentes, y en coordinación con instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales” y “coordinarse con el gobierno del estado, y demás dependencias competentes, a efecto de generar un programa integral que tenga como propósito crear conciencia sobre la protección del ambiente y promover una nueva cultura de sustentabilidad para generaciones presentes y futuras, con la participación que corresponda”.
Los Municipios, a través de sus áreas ambientales, gestionarán que el Pofa “sea considerado tema prioritario en sus planes municipales de desarrollo”.
Tres fechas
. 23 de enero de 2007. El gobierno del estado, a través de la Semades, publica el decreto de los “criterios ambientales para la protección de la atmósfera en Miravalle, que por su alta fragilidad ambiental, son aplicables en la zona que se define en el presente instrumento, como área de influencia directa en el aporte de contaminantes”. Dicha zona, conocida como Polígono de Alta Fragilidad Ambiental (Pofa), abarca el espacio sureste del área metropolitana, entre cerro del Cuatro y la Presa El Ahogado
. 27 de enero de 2009. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEHDJ) emitió la macrorrecomendación 01/2009, por la violación de los derechos humanos a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado derivado de la contaminación del río Santiago
. 2 de septiembre de 2010. El periódico oficial El Estado de Jalisco publica el acuerdo DIGELAG ACU 037/2010, “mediante el cual se emiten los criterios ambientales que deberán observarse para la protección ambiental del polígono con influencia en la zona de la cuenca El Ahogado. En dicho acuerdo gubernamental, se establecen diversas acciones que deberá cumplir de manera coordinada las autoridades estatales y federales involucradas”
