Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha recibido la queja del ciudadano Salvador Martín Alba Suárez en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Armado García Estrada.
El morador de una finca en la calle de Otranto, en Providencia, que fue destruida tras la construcción de una torre que primero escarbó al menos dos desniveles y habría afectado la estructura del inmueble que adquirió Alba Suárez en 1986, ganó un juicio que ordenaba la demolición de la nueva edificación, pero García Estrada, desde la Cuarta Sala, habría actuado a favor de los intereses de la empresa Sagnes Constructores SA de CV, con diversos recursos jurídicos que según la defensa del afectado, no cubren los requisitos de legalidad, por lo que se podrían configurar conductas abusivas en el ejercicio de las facultades y atribuciones del funcionario judicial.
García Estrada habría dado curso a un juicio de nulidad (1383/2016), pero el 14 de julio de 2016, la Quinta Sala lo acumuló al juicio de lesividad 1316/2016 y posteriormente resolvió, el 15 de marzo de 2017, sentencia definitiva a favor de Alba Suárez y el Ayuntamiento de Guadalajara, “en donde se declaró procedente la nulidad de los actos impugnados y se ordenó la demolición de la construcción que fue levantada en auxilio a los documentos controvertidos en el juicio, además se resolvió el juicio de nulidad que se acumuló al citado de lesividad, por lo que ambos procesos actualmente se encuentran concluidos”, le señalan en la denuncia presentada al ombudsman. La empresa interpuso un recurso de apelación (579/2017) en el que se revoca la sentencia en su contra por parte del pleno del TJA.
“Inconforme con tal determinación, interpuse un juicio de amparo directo, el cual se ventiló bajo el expediente 376/2017 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en donde a la fecha se me concedió el amparo para el efecto de que se considerara que la licencia mayor de construcción según su fecha de emisión, sí era susceptible de ser impugnada mediante el juicio de lesividad propuesto […] a la fecha se ha intentado dar cumplimiento por parte de la responsable a la sentencia protectora por medio de una sentencia dictada el 9 de octubre de 2018 dictada por el pleno del TAE (TJA)”, en la cual los magistrados aseguran que esa sentencia de amparo ya fue cumplida, por lo que el afectado interpuso otro recurso, esta vez de inconformidad, bajo el número de expediente 01/2019, además de un juicio de amparo, 04/2019, en busca de que se reconozca la vigencia de la suspensión que ordenaba demoler la torre.
En particular, la acusación contra García Estrada, deriva de que el funcionario debió omitir su participación en el tema tras la acumulación del juicio de nulidad a favor de la quinta sala. Pero no obstante, el magistrado, en fecha tan reciente como el 12 de diciembre de 2018, “dictó orden para los efectos de que el Ayuntamiento de Guadalajara levantara los sellos de suspensión de obra que fueron colocados con motivo de la orden dada por la H. Quinta Sala Unitaria del TAE”, lo que a juicio del quejoso es revelador de una conducta proclive a favorecer a su contraparte y afectar sus derechos humanos.
La petición entregada a la CEDH es que se abra un expediente de investigación contra Armando García Estrada, un funcionario que no por primera ocasión se ve cuestionado públicamente por los efectos de sus acciones legales.
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