Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
Los conflictos territoriales en la sierra wixárika llegan al Senado. El senador Clemente Castañeda Hoeflich, del partido Movimiento Ciudadano (MC), propuso hace unos días un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda el conflicto que enfrenta a la comunidad de San Andrés Cohamiata (Tatei-kie) con una disidencia alimentada por grupos políticos nayaritas, que se ha empalmado con el tema limítrofe que pone en juego más de 20 mil hectáreas de Mezquitic.
Para el efecto, el estado de Jalisco interpuso hace más de un año una controversia constitucional, pero un poco al sur, las cosas se manejan de otro modo: las más de 10 mil hectáreas (ha) que tienen enfrentados a Wuaut+a (San Andrés Cohamiata) y los ganaderos de Huajimic no ameritan el mismo tratamiento, pese a que se ha documentado que históricamente también fue un desplazamiento de fronteras propiciado por los poderes nayaritas.
De hecho, los líderes de los comuneros de Wuaut+a le recordaron a los funcionarios estatales, en la reunión del miércoles 27 de febrero, que el estado de Jalisco es corresponsable por la tibieza con que ha enfrentado el asunto limítrofe, por lo que debe entrar a la solución del conflicto con algo más que meros exhortos a la conciliación y a que el gobierno federal aporte recursos para las indemnizaciones, pues son asuntos judiciales ya ganados por los wixaritari.
Clemente Castañeda se limitó al caso de Tatei-kie: “La omisión de las autoridades frente a este conflicto añejo, en el que la comunidad wixárika del norte de Jalisco podría perder hasta 25 mil hectáreas de su territorio, ha propiciado enfrentamientos en la región, el cierre de escuelas y de espacios de salud. La Suprema Corte no puede dejar pasar más tiempo y debe resolver este problema (…) si no se atiende el conflicto limítrofe entre Jalisco y Nayarit, continuarán los conatos de violencia y se deja en riesgo la integridad de los habitantes de la zona”.
En específico, el legislador aludió a las controversias constitucionales, 108/2018, 122/2018 y 125/2018, las cuales se interpusieron luego de que, el 18 de abril de 2018, el Congreso de Nayarit aprobó reformar el artículo 16 de su Ley de División Territorial para incorporar 12 localidades históricamente enclavadas en Tatei-kie: El Chalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Tutuyecuamama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo.
Con esa división favorable al municipio nayarita de El Nayar, San Andrés sería cercenado de casi 40 por ciento de su extensión actual, que ya presenta un acusado retroceso histórico a favor de otros núcleos campesinos de Nayarit y Durango (los casos Giadalupe Ocotán y Bancos de San Hipólito).
Los Ejecutivos de Jalisco y Nayarit, así como el Legislativo nayarita, presentaron las tres controversias constitucionales referidas.
El gran tema subyacente a los conflictos agrarios es el de los linderos estatales. Nayarit ha empujado por más de 90 años la frontera de Jalisco hacia el este y esta última entidad jamás ha hecho algo para detener ese embate, lo que explica al menos 2 mil 700 kilómetros cuadrados donde la entidad perdió su soberanía.
Piden intervención
La semana pasada, el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco (MC) Clemente Castañeda Hoeflich, propuso un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atienda un conflicto que enfrenta a la comunidad de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, con una disidencia apoyada por grupos nayaritas
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