Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR
Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ha sido demandado por el propietario de una casa de la calle de Otranto, en Providencia, por presuntas violaciones a derechos humanos y al orden legal, ante el Congreso de Jalisco, en busca de que se entable en su contra un juicio político.
El caso deriva de la construcción de una torre de departamentos en Alberta 1142, esquina Otranto, vecina de la finca del demandante, Salvador Martin Alba Suárez, la cual fue clausurada y llegó a la orden de demolición; el administrador de justicia, sin tener aparentemente que ver en el asunto, intervino para levantar la orden e incluso convalidó la suspensión otorgada por un tribunal federal, lo que a juicio del quejoso y de su abogado, Christian Gudiño, da elementos de presunta colusión con los constructores en contra del derecho del vecino.
“Después de la clausura de la obra ordenada por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo (hoy TJA) en noviembre de 2018, y que mantenía completamente paralizados los trabajos de construcción, el día 28 de diciembre el vecino afectado se percata que varias trabajadores se encuentran dentro de la obra y realizando actividades de construcción, por lo que acude a las oficinas de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, para denunciar el rompimiento de sellos y la violación a la suspensión; sin embargo, el funcionario encargado del jurídico de dicha dependencia le informa que no es ninguna invasión, que la Cuarta Sala del TAE ordenó levantar los sellos de suspensión y permitirle al propietario de la obra seguir construyendo, sin proporcionar ninguna información; textualmente nos indicó: ‘arréglenlo con los magistrados’”, explicó ayer en conferencia de prensa.
Ante tal circunstancia “y por el desconocimiento del motivo que llevo al magistrado Armando García Estrada a dictar una orden contraria a la de la quinta sala, el vecino afectado interpone una serie de amparos para conocer los actos que dan origen a la orden. Los actos probablemente ilegales del constructor y del magistrado ya fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el órgano de control interno del (TJA), y se presentó una denuncia para iniciar juicio político en su contra”, añadió el abogado Cristian Gudiño.
También denunciaron que no avanza la denuncia penal contra el gobernador y ex presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde en funciones, Ismael del Toro Castro, “por desacato a la suspensión otorgada por el TAE por daños irreparables al inmueble del ciudadano Salvador Martin Alba Suarez, por la construcción de torre departamental”.
LA HISTORIA
En 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara reconoció el derecho del vecino Salvador Alba e interpuso un juicio de lesividad el 22 de junio de 2016, presentado por la síndico Anna Bárbara Casillas García, en contra de Juan Miguel Gandoulf Castellanos, Yadira de León Haro y Sagnes Constructores SA de CV, “donde como prestaciones reclamó la nulidad absoluta del dictamen de trazo, usos y destinados específicos, revisión de primer paso, número de expediente 039/D2/E-2013, de fecha 7 de octubre de 2013, licencia de alineamiento y número oficial folio 15724 único 64569, con número de control A-0815-2013, de fecha 4 de noviembre de 2013, oficio D.D.U. 1402/2014. DGU 207/2014 complemento, C.C. 979/2014 folio 6360, de fecha 14 de julio de 2014, y de la licencia mayor de construcción folio 24776, único 64569, con número de control M-0371-2015 del 3 de agosto de 2015”, detalló el abogado.
La demanda fue admitida (1316/2016) por la Quinta Sala del TJA, el 24 de junio de 2016, y de inmediato se dictó la suspensión para que ya no se construyera. “Una vez que fueron llamados a juicio, la empresa demandada compareció y trató de interponer un juicio para impedir la suspensión, pero la instancia judicial los desestimó”; posteriormente, Salvador Martín Alba Suárez interpuso ante la misma sala una solicitud para que se le reconociera el carácter de tercero en el juicio, lo que fue aceptado.
La sentencia de la quinta sala fue el 15 de marzo de 2017: “En sus puntos resolutivos decretó la nulidad de la licencia de construcción y ordenó la demolición de la obra”.
Dos años después, la obra está casi terminada, en buena medida, por la intervención a favor de los constructores de García Estrada y del magistrado Alberto Barba Gómez, no obstante que el quejoso ganó una nueva suspensión, advierte el abogado. El incidente de violación de la suspensión fue reconocido por la misma quinta sala el 13 de noviembre de 2018. La obra no se detuvo y se interpusieron denuncias penales contra el ex alcalde y el alcalde tapatíos, que tampoco han avanzado.
¿Quién?
Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria del TJA, es señalado por dictar una orden contraria a la de la quinta sala del mismo tribunal
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