Agustín del Castillo/Talpa de Allende-NTR
A “mediados” del año pasado, a los ejidatarios se les acercaron desconocidos, quienes iban con hombres armados, y les dijeron que les interesaba cortar árboles en la zona de protección de su bosque, y que si no les vendían el monte, se lo iban a llevar de todos modos.
Los campesinos se preocuparon. Le dijeron a su técnico que modificara el plan de corta, pero este se negó por la responsabilidad que implica la ejecución de un programa de manejo aprobado. Hoy, no han ido por la madera, pero el ambiente intranquilo de una región de tradición forestal acosada por poderes fácticos que han replegado a las instituciones de seguridad y ambientales, no augura que las resistencias puedan tener mucho éxito.
Los “fuereños” ya habían pasado por los predios privados de Arroyo Hondo y por el ejido San Andrés, y el patrón era el mismo: vendes o lo tomamos. “Con Arroyo Hondo hubo contrato, nomás de zona de corta, pero se metieron a las zonas de aprovechamiento restringido”. Para San Andrés las amenazas llevaron a “levantones” afortunadamente temporales de sus propios gestores. La respuesta llegó: personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a la zona tras los excesos de corta, pero “los regresaron por donde venían, con amenazas. Lo increíble es que hayan acudido sin fuerza pública, cuando saben de las circunstancias -narra un testigo-; hasta qué punto eso es síntoma de la tibieza de la Profepa o de cosas peores, no lo sé”.
El control es completo. “No puedes dar la menor seña de nombres, de lugares, de casos; ellos lo controlan todo y han logrado silenciar a la sociedad local”, dice a NTR un alto funcionario del gobierno de Jalisco. Un fotógrafo aficionado, que tomó en la calle un camión cargado de madera y lo subió a su muro de Facebook, fue “exhortado” a bajar la foto y a no volver a abordar el tema en redes sociales al menos hasta cuando se cumpla algunos de estos dos escenarios: que se lleven toda la madera y se vayan, o que se acabe la impunidad ambiental.
ANTES HUBO DEFENSA Y ERRORES
Talpa se distinguió, hace menos de 20 años, por su defensa del ambiente. Fueron momentos importantes de conciencia de la naturaleza y orgullo local, el descubrimiento del bosque mesófilo donde sobrevivía un arce que a la postre se demostró único en el mundo (Acer binzayedii). Las firmas de los pobladores de la cabecera municipal acompañaron la primera propuesta de protección de ese bosque mesófilo de montaña y la cuenca que le da cobijo, para una reserva de la biosfera sobre 56 mil hectáreas.
“Será entre 2001 y 2002, que también empezaron a hacer una extracción forestal, de manera excesiva, y fue muy interesante y muy alentador ver que la mitad de la población mayor de 18 años firmo una petición para que se detuviera la extracción forestal, serían alrededor de 3 mil firmas que se colectaron, lo cual prosperó; nosotros veíamos la conciencia de las personas”, señala la codescubridora del arce y quien documentó que se trataba de una especie nueva, la bióloga por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y doctora en ciencias por la Universidad Estatal de Luisiana, Yalma Vargas Rodríguez.
El proceso fue accidentado, discutido, politizado. Los propietarios forestales no se convencieron. La intervención del gobierno estatal de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) agravó las cosas en los hechos: la construcción ilegal (sin permisos ambientales) de la carretera Talpa-Llano Grande (hoy inconclusa) dio apertura franca a la explotación de la zona y generó una mayor oposición al proyecto de área protegida.
Al final, fueron los graves errores de la administración estatal los que derivaron en la modestísima constitución de un parque estatal, mediante la compra de 150 hectáreas (apenas 0.3 por ciento del territorio propuesto en 2002). Ese decreto entró en vigor en 2016. En 2017, se les vino encima el interés de los dueños de la plaza por operar los negocios forestales.
EL CRIMEN Y EL ORDENAMIENTO
Se desconoce a ciencia cierta cuál es la fuente de poder de esos “empresarios”. Años atrás habían explotado la costa en Tomatlán y Cabo Corrientes, y todo bajo la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sociedad que incluso adquirió ranchos y el famoso Hotelito desconocido, incautado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en agosto de 2015. Tenían años saqueando maderas duras tropicales e imponiendo su ley a rancheros, ejidatarios e indígenas. Ese yugo no ha terminado en el litoral, pero montaña arriba, los nuevos talamontes son identificados como “los michoacanos” y han sometido los recursos de la región -Talpa, Mascota, San Sebastián, sierra de Cuale, Llano Grande de Tomatlán y Tierras Blancas de Ayutla, una de las más ricas en diversidad biológica de Jalisco-, al menos desde el arranque de 2017.
Antonio Ordorica Hermosillo, quien como funcionario estatal entre 2001 y 2018 vivió los fracasos de las propuestas de protección hasta la reducida reserva de 150 hectáreas, considera que si se aplicaran las políticas de ordenamiento territorial, que permitirían alinear la producción del bosque a los fines de conservación de sus bienes más preciados, podría generarse un esquema exitoso. Pero la precariedad institucional del presente no ayuda, y no solamente porque el Estado está ausente para regular la zona: sale más complejo producir legalmente que “por la libre”.
“Yo creo que sí se tendrían que revisar los procedimientos administrativos de la emisión de las autorizaciones de aprovechamiento, y lo que nosotros vimos o me toco darme cuenta es que no hay suficiente personal de parte de la delegación de Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente federal) para darle salida en tiempo y forma a todas las autorizaciones que tiene que emitir, entre ellos los aprovechamientos forestales; por otro lado también (existe) debilidad de personal y técnicos de Profepa de dar seguimiento, de atender las autorizaciones, y entones nos encontramos con estos vacíos de tiempo, que de alguna manera unos lo aprovechan al margen de la ley y otros tienen que lidiar y apegarse a los tiempos, lo que va en contra de los aprovechamientos, o de las oportunidades que tienen en el tema”, señala.
- Digamos que se castiga a quien quiera hacer las cosas bien…
- Sí, exacto, esa es una debilidad institucional que se tiene que atender; siempre fue señalada por el sector forestal, y yo esperaría que por ahí se trabaje en estas agendas de colaboración con el estado, para atender de manera más expedita el tema de las autorizaciones, pero también el tema de la verificación de esas autorizaciones, y que también le estén dando forma a esos dictámenes de aprovechamiento; mientras no se resuelva eso, podemos encontrar en los territorios abusos, por un lado, y por otro lado, la espera de las autorizaciones, pero con una desventaja de unos y otros.
El consultor forestal José Luis Gámez Valdivia secunda: “es algo fundamental y básico que las personas, por lo general, las que son ajenas al tema forestal, tienen la idea de que cualquier persona puede llegar, tumbar árboles y sacarlos, pero en realidad es un proceso muy complejo si se quiere hacer bien, estudios, programa de manejo (…) pero si lo presento y van seis meses, ocho meses o un año para la evaluación y luego se va otro año para el permiso, ningún sistema económico-productivo aguanta”.
Es decir, cuenta la fragilidad del Estado de derecho y la presencia de grupos criminales. Pero cuenta igual la sobrerregulación y la burocracia de las autoridades.
“Ingeniero, nos van a quitar la madera, mejor se las vendemos”, le dijeron los ejidatarios a su técnico. “¿Por qué se van a meter a la mala, ustedes no cuidan su bosque o qué? Métanse todo el tiempo, que se note que lo cuidan”, contestó el experto. Los de la plaza no han llegado a cumplir su amenaza. Pero el riesgo está latente, lo que oprime la tranquilidad y quita el sueño a los apacibles campesinos de la montaña.
“No puedes dar la menor seña de nombres, de lugares, de casos; ellos lo controlan todo y han logrado silenciar a la sociedad local”.
Funcionario estatal que prefiere guardar el anonimato
“Yo creo que sí se tendrían que revisar los procedimientos administrativos de la emisión de las autorizaciones de aprovechamiento"
Antonio Ordorica Hermosillo, ex funcionario estatal
Tres datos a tener en cuenta
150 hectáreas es la superficie del bosque de arce constituido como parque estatal por el gobierno de Jalisco
56 mil hectáreas fue la propuesta inicial de protección como reserva de la biosfera; una propuesta posterior, de 8 mil hectáreas, tampoco prosperó
La cuenca que abastece al bosque de niebla está en aprovechamiento intensivo desde hace dos años
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