El presidente municipal de San Sebastián del Oeste los convenció de abhrir un canal con el gobernador para resolver el caso.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Un grupo de ejidatarios de La Estancia de Landeros, poblado ubicado en San Sebastián del Oeste, cerró ayer, a partir de las 11:40 de la mañana, el crucero de la carretera Mascota-Las Palmas que atraviesa por su comunidad, en protesta por la falta de pago de indemnizaciones que ascienden a casi 27 millones de pesos, con precios del año 2007, por parte del Gobierno del Estado. El bloqueo, operado con camiones materialistas y camionetas, se prolongó por más de una hora, y se levantó cuando policías municipales convencieron a los quejosos de entrar en diálogo con el presidente municipal, Jesús Damián Vázquez Miranda.
“La medida fue para exigir el pago de sus parcelas por el paso de la carretera desde hace más de once años; el adeudo que tiene gobierno es ya de más de 30 millones de pesos ya que tienen más de diez años en juicio. Se abrió una mesa de negociación por parte de dirección de Asuntos Agrarios y hasta la fecha no tienen solución, y ante la negativa, los ejidatarios empezaron a bloquear la carretera por lo que se les debe y amenazan con seguir bloqueándola si no tienen respuesta de las autoridades”, dijo el apoderado legal de los quejosos, Manuel Amador Vega Almaral.
Alrededor de la 13:00 horas, la protesta se suspendió y el representante acudió a la cabecera municipal de San Sebastián del Oeste, para una conferencia con el presidente municipal de la demarcación, el cual se comprometió a llevar la inquietud a los oídos del gobernador del estado.
“Él nos dijo que va a buscar al gobernador y le planteara la demanda por la falta de respuesta por parte de la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado, que no ha respetado el compromiso que tenemos desde hace mucho tiempo; el próximo martes se comprometió a entregarnos una respuesta, y con base a eso determinaremos nuevas decisiones”, explicó Vega Almaral por vía telefónica.
El precio propuesto por la vía de conciliación es de 250 pesos por metro cuadrado, pero el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (oficio IJCF/00572/2015/12CE/AG/05) dio un valor por metro cuadrados de 300 pesos. Los ejidatarios demandantes son Ramón Nava Robles, José Peña Gudiño, Lino Peña González, Jesús Contreras Ruiz, Luis Isas Aguirre, Teodomira Robles Dueñas, Sebastiana Aguayo Camacho, Lino Peña González, Heliodoro Arredondo Zúñiga, Rosa Ruiz Mora, Cirilo Pérez Lepe y María Guadalupe Robles Valdez. El adeudo global al precio de 2007 es de 26 millones 716,617 pesos, por una superficie directamente afectada o la servidumbre respectiva, que asciende a 10.6 hectáreas.
Pese a los acuerdos en reuniones directas, la estrategia legal del gobierno tendía a buscar frenar los pagos a pretexto de abrir un procedimiento de expropiación, lo que significa postergar por años el finiquito. El Supremo Tribunal Agrario se pronunció a ese respecto: “cuando en un juicio agrario se declara procedente la acción de restitución de tierras pero se acredita la imposibilidad material y jurídica para ejecutar tal determinación [por existir una obra de utilidad pública construida en el predio respectivo] y se ordena como cumplimiento sustituto el pago de la indemnización por el valor de la tierras controvertidas, el Tribunal Agrario debe ordenar que una vez satisfecho el pago de la indemnización, se desincorpore del régimen ejidal la superficie”, y no hacer expropiación, pues esta, “al ser un acto de autoridad susceptible de impugnación, podría dar lugar a retrasar injustificadamente la ejecución de la sentencia…” (Tesis 2a./J114/2017 [10a.] Segunda Sala. Seminario Judicial de la Federación, 8 de septiembre de 2017).
MC/SRN
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