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martes, 29 de enero de 2019

“Fuenteovejuna, señor…”. Un pasaje por el país del huachicol




Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

En esencia, es un pacto de silencio. ¿Cómo puede ser la coexistencia en una comunidad de “gente decente”, con quienes andan en el robo de ductos? “Es la misma gente del pueblo. Por eso nadie dice nada: no puedes comentar ese tema en público porque no sabes quién te está escuchando. Todos se conocen, los campesinos andan en sus siembras, sus hijos o sobrinos andan de huachicoles. Y aunque son unas cuantas familias que se identifican bien en el pueblo, si te escuchan diciendo algo de ellos así te anda yendo, mínimo un levantón, una golpiza, o de plano nomás te desaparecen y ya…”.

El señor F. es un ejidatario cuarentón de una comunidad rural cercana al Circuito Sur, ese libramiento carretero deteriorado pese a tener apenas 10 años de construido, que atraviesa Tlajomulco y se interna en Tala. Nervioso, admite hablar con el reportero porque ya lo ha visto por la zona y porque hay un compromiso de que no será públicamente identificado. El riesgo sería descomunal para su sencilla existencia y la de los suyos.

Su muy directo testimonio permite ligar esta actividad a otros delitos distintos que padecen los poblados de la que, para efectos de esta historia, podemos llamar la región huachicol de Jalisco: asesinato, desaparición de personas -temporal o permanente-, inhumaciones clandestinas, riña, lesiones, agresiones, cohecho y extorsión, corrupción de menores y tráfico de estupefacientes, para enumerar algunos tipos contenidos en ese prodigioso y polisémico diccionario de la vida cotidiana que es el Código Penal.

“Por eso nadie habla aunque todos lo sepan, quién anda y quién no, porque son muy descarados los que se meten al negocio, muy fanfarrones, así que prácticamente todo el pueblo sabe quiénes son…”, agrega mientras se limpia con un maltrecho paliacate los sudores copiosos que bajan por sus sienes. Estuvo cazangueando maleza toda la mañana en su parcela, bajo un Sol que ya calienta como si el invierno fuera más irreal que la presencia, por estos atribulados rincones de la patria, de los agentes de la Policía y del Ministerio Público.

Si sigues “la regla de oro” del silencio, de forma estricta, puedes aspirar a “llegar a viejo”, reflexiona el campesino, que si bien llegó hasta primero de prepa, jamás leyó Los trabajos y los días del primitivo poeta griego Hesíodo, aunque parece recitarlo. Será que en muchas comunidades más o menos tradicionales, la modernidad ha sido intermitente: el arte de matar y las redes sociales, por ejemplo, se encuentran muy entrados en el siglo 21, pero los que mandan son tan arbitrarios como señores feudales. Un texto menos arcaico que el del milenario poeta heleno, la Constitución, dice: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Pero no hay que confundirse: ante la ausencia del Estado, esas son palabras aún más remotas que los 2 mil 700 años del poeta de Beocia.

El pacto de silencio se observa por todos los recovecos de esta región formada de valles agrícolas con alta productividad sobre todo en maíz, trigo y sorgo, lindada por montañas más o menos escarpadas que sirven de refugio cuando el combate contra el robo de hidrocarburos arrecia. En ocasiones, la milicia y la ahora Fiscalía General de la República (FGR) dan golpes más duraderos. Por ejemplo, las planicies dominadas por los ires y venires del río Zula, en Tototlán.

En agosto de 2018, hubo un gran operativo de la Secretaría de Marina para liberar ranchos de la opresiva presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que a su vez se había apoderado del predio de El Refugio, el cual un año antes pertenecía a una familia dedicada al huachicol y al asalto de tráileres. Parece que todo se detonó en una fiesta con banda en Ocotlán donde corrió el alcohol y dos adolescentes de ambos bandos se enfrentaron, se golpearon… y envenenaron la relación entre los padres, machos bragados para más señas. Los justicieros del CJNG hicieron un operativo paramilitar de película y provocaron la huida del empresario de lo ilegal. Fue un año pesado para quienes trabajan la zona con los ganaderos y agricultores.

“En cada venida me encontraba camionetas con hombres armados y encapuchados, me detenían, me preguntaban a dónde iba, me marcaban tiempo para que regresara sin dilación”, revela el médico A., un extensionista ganadero que ha transitado por años la zona. La Marina golpeó al cártel y se distendió la región. Hace seis días, cuando el médico A. regresó con sus clientes, pudo ver halcones -el típico adolescente de mirada pretendidamente torva, con radio, cachucha y lentes oscuros-  apostados a la vera de los caminos, pero lo interpreta como un método de defensa, pues desde que se desató la guerra contra los huachicoleros, el 28 de diciembre, los soldados son presencia cotidiana.

“Por si las dudas, hago mi chamba y me voy; nunca sabes lo que puede pasar si te confías de más”, añade el médico A.




El problema es que muchas veces, las bandas se refugian hacia las montañas. Tanto en la sierra Cóndiro Canales, entre Tototlán, Ocotlán y Atotonilco, como en Ahuisculco, un corredor montañoso que comunica al bosque La Primavera con la sierra de Quila, en donde se ubican casas de seguridad, vehículos con paramilitares que vigilan brechas. En la zona de Las Navajas, cerca de Ahuisculco, hubo un accidente con dos decesos en el combate de un incendio forestal en abril de 2017. Los combatientes se toparon con una gavilla de huachicoleros refugiados, y aunque no hay elementos que acrediten una acción directa, no se pudo clarificar el modo en que se originó el fuego ni la complejidad que asumió el combate ante la cercanía de los presuntos sicarios.

“Cuando vemos camionetas con bidones de gasolina de plano abrimos los vidrios para que nos vean, de ese modo, sabiendo que no tenemos nada que ver con el combate al huachicol, simplemente nos dejan pasar”, sostiene un brigadista forestal sobre la situación.

En Cóndiro Canales también abundan las casas de seguridad. “En las carreteras del sur mucha gente vende gasolina, pero la sierra es tranquila, salvo porque se refugian en ella”, advierte un activista social de la zona.

Un agricultor de Zula, el señor G, no quiere hablar mucho del asunto. “Todos sabemos que hay comunidades que casi enteras se dedican a esto, pero mis vecinos y yo no”, apura su testimonio.

¿Sirve para algo el anuncio de apoyo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que las comunidades abandonen la ilegal y cada día más peligrosa profesión de ordeñar ductos? Tanto el diputado federal por la zona Ciénega, Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotláncomo el presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, consideran que si no se trata de una estrategia de desarrollo social y se limita a repartir dádivas (en referencia al plan de desarrollo para el bienestar para comunidades por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos que son afectadas por el huachicol), el mensaje será pésimo para esa mayoría silenciosa que sólo observa la impunidad del delito y sus derivados.

Son sus vecinos, a veces sus hijos, sobrinos o compadres. La economía dinamizada por el hidrocarburo repercute en las ventas del tendero de abarrotes, en la compra de enseres agrícolas, en el contrato de seguros, en el pago de los impuestos, en la construcción de casas, en la venta de servicios de Internet o cable, ad nauseam. Por eso, el pacto de silencio, que a cierto nivel iguala delincuentes con pacíficos, parece una cadena difícil de romper.



PELIGRO. En Tlajomulco se han localizado ordeñas en zonas habitacionales.
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Reciente

La Fiscalía General de la República informó el 25 de enero que se localizaron nueve tomas clandestinas en distintos puntos. Las ordeñas se encontraron en el ejido de San Agustín, Tlajomulco; en las comunidades de La Paz y Coyotes, en Zapotlanejo, y en San Isidro Mazatepec y San Juan de los Arcos, en Tala

En 2018

La mayoría de las ordeñas encontradas en Jalisco durante el año pasado se registró en Tlajomulco de Zúñiga, pero también en:

Tala

Juanacatlán

Zapopan

El Arenal

Zapotlanejo

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FRASE

“Por eso nadie habla aunque todos lo sepan, quién anda y quién no, porque son muy descarados los que se meten al negocio, muy fanfarrones, así que prácticamente todo el pueblo sabe quiénes son”

Señor F., ejidatario en Tlajomulco

NÚMEROS

60
 mil millones de pesos es el estimado económico anual de robo de gasolina en ductos por parte del gobierno de la República

558 detenidos por huachicol lleva el operativo federal

104 ordeñas se detectaron en Jalisco del 7 al 27 de enero

15 empresas son señaladas por presunta compra de combustible robado

11 municipios de Jalisco tienen presencia dentro del corredor Salamanca-Guadalajara

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Urge aterrizar estrategia con los Municipios 



La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir el delito de extracción ilegal de gasolina en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha sido bajada a nivel de los gobiernos locales, y los anuncios en los medios de comunicación son ambiguos e incluso preocupantes, considera el presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada.

“Oficialmente no nos han confirmado nada, sólo sabemos lo que dicen los medios. Nadie nos ha visitado ni nos han bajado nada, no hay información oficial del gobierno. Lo que yo he escuchado, por un lado, ojalá lo haga, pero creo que más bien lo debería concentrar con los presidentes municipales el tema porque no es lo mismo lo que pasa en Tototlán, que en Tlajomulco o Degollado. Por otro lado, a lo que veo son puras dádivas, pero debería ser la oportunidad de establecer proyectos de desarrollo y crear fuentes de empleo reales; aquí tenemos una presa que podría activarse con inversión para una zona de riesgo, tenemos cero comunicación con el gobierno federal”, dice a NTR Guadalajara.

Reconoce que, como se ha dicho, “parece que se premia la comisión del delito. Poca gente se dedicó aquí al huachicol, básicamente el crimen organizado. Deberían ser estrategias locales, no tenemos nada y mis colegas de los Municipios cercanos tampoco lo saben, tampoco se acercaron con ellos”.



UNA OCURRENCIA

Por su parte, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotlán, considera que “es una ocurrencia más del presidente. Este tipo de programa que ha venido anunciado no está sustentado en ningún orden programático, en el Plan Nacional de Desarrollo o algún otro instrumento; son ocurrencias del presidente ante una estrategia fallida para combatir el robo de combustible; o sea, hay que combatir el robo de combustible, pero ¿a quién va a incentivar, a la población? Perfecto, ¿o va a incentivar a quienes cometen un hecho ilícito?, allí está mal”.

El legislador pide reconocer la naturaleza compleja de este delito porque sólo se inscribe como uno más de los muchos que realiza la criminalidad que se ha apropiado de los territorios: “En Jalisco se da por la falta de supervisión, por la falta de oportunidades, porque hay una serie de gente coludida empezando por Pemex, y porque el precio del combustible es insostenible para la gente; el presidente prometió durante 18 años eliminar el impuesto especial del combustible, y ese impuesto es como de 6 pesos por litro; reduciría el precio y bajaría la demanda del mercado negro. Vemos ahora la compra irregular de las pipas, pero además, es un modelo más costoso, es más riesgo en carreteras para la población que en el propio ducto, la logística será mucho más cara, como que no logramos entender lo que pretende”.

Se trata, entonces, de buscar estrategias integrales y mucho sentido común. “El huachicol es uno más en la amplia cartera de hechos delictivos del crimen organizado, que incluye trata de personas, secuestro, trasiego y venta de enervantes, es muy amplio y este es solamente uno más, entonces debe trabajarse con todo y debe fluir más información oportuna para que las personas se prevengan y los costos a la economía se minimicen”, añade.

Finalmente, el ex alcalde puntualiza que Las fallas de la estrategia se evidenciaron con el estallido del ducto en Tlahuelipan, Hidalgo, donde la omisión presunta de soldados y Policías deberá ser investigada.



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FRASE

“Hay que combatir el robo de combustible, pero ¿a quién va a incentivar, a la población? Perfecto, ¿o va a incentivar a quienes cometen un hecho ilícito?, allí está mal”

Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotlán

La razón

Absalón García considera que el robo de hidrocarburos en Jalisco se da por diferentes factores

Falta de supervisión de los ducto

Ausencia de oportunidades para la población

Colusión entre diversos actores, incluyendo Pemex

El precio de la gasolina es incosteable


sábado, 4 de junio de 2016

'Patricia', pretexto para eliminar selvas



Dolosos los siniestros de la temporada en la costa, advierte investigador; lamentan indiferencia de la PGR ante esos delitos. En la foto, un aspecto de las montañas arrasadas un mes después del paso de Patricia

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

Los incendios y la devastación ambiental que sufre la región Costa sur en este momento, no son obra de la casualidad; se trata en buena medida de siniestros intencionales y buscan “coronar” la oportunidad que les dio el megahuracán 'Patricia', de octubre pasado, al derribar miles de hectáreas de selva que buscan convertir a potreros ganaderos y parcelas agrícolas, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Jardel Peláez.

“Nadie se cree esa historia de que no saben manejar el fuego y se les va, o de que una colilla de cigarro ocasiona todo el problema; podrán darse casos, pero en esto, yo veo claramente que están aprovechando las circunstancias para ampliar sus potreros y consolidar los cambios de uso de suelo, con el favor que les hizo 'Patricia'”, señala en conversación con MILENIO JALISCO el también miembro del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio).

Esta ha sido una temporada problemática en la región: el fuego ha crecido daños en más de 300 por ciento en relación con los dos años previos. Es inusual, pero la explicación es el enorme volumen de combustibles naturales que dejó el meteoro, cuyo golpe en tierra fue unos kilómetros al sur de la bahía de Chamela, en la desembocadura del río Cuizmala. Los encargados de la reserva de la biosfera refieren que nunca en los casi 23 años de la emisión del decreto de reserva de la biosfera en las selvas bajas y humedales de la región, se había debido afrontar un desafío de ese tamaño.

Si bien, para la región es una novedad, el Ministerio Público debería tener por delante un importante trabajo en busca de los responsables, y de hacer valer lo que señala el artículo 117 de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable: “…No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente”. Por su parte, el artículo 418 del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 meses a 9 años de prisión, y por el equivalente de 100 a 3 mil días multa, “al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal”.

La posibilidad de que estos artículos sean letra muerta y la devastación quede como crimen sin castigo es elevada. “No creo que realmente a la PGR le interese siquiera el tema”, apunta un activista, que de cualquier modo, piensa que se debe documentar el desastre y ofrecer los indicios, para reducir el “pretexto” del fiscal en turno.

Si en la costa se trata de circunstancias que detonó un evento desastroso aprovechado dolosamente por actores económicos, lo cierto es que 2016 triplica en cifras gruesas la superficie afectada de 2014 y 2015, en el caso de todo Jalisco. Iban 21,614 hectáreas hasta el 31 de mayo pasado, contra apenas 7,249 ha y 6,284 ha de los años precedentes. De ahí la petición de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semadet) de que haya moratoria en el uso del fuego, pues hay por delante un par de semanas muy secas, y en consecuencia, difíciles. Por voluntad no queda, pero la vida real es más complicada y caótica de lo que quisieran los hombres de escritorio, repone filosófico el activista anónimo.

sábado, 20 de junio de 2015

Talan ilegalmente bosques en el Nevado de Colima



No hay permisos vigentes en la zona de corta, según la Semarnat. La Profepa se comprometió a actuar pero ayer continuaba la extracción; propietario denuncia invasión de su propiedad por talamontes

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El Nevado de Colima, la montaña más alta del occidente mexicano y poseedora de ricos bosques de oyamel y de niebla, sigue como objeto oscuro del deseo de los talamontes de la región, que ayer saqueaban un predio contigua a la brecha de El Milanés, ruta principal al parque nacional, aproximadamente entre el kilómetro siete y ocho, aparentemente sin autorización.

Lugareños de la zona reportaron a este diario que esta semana el área fue invadida por camiones pesados, grúas y personal con motosierras que derriban árboles de Abies colimensis (una especie de abeto única en el mundo), de Tilia mexicana y de otras especies en peligro de extinción. Los “tocones” (la parte del tronco que queda en pie tras el corte) no tienen marca que denote la responsabilidad de un técnico forestal y mucho menos una autorización legal.

La denuncia fue presentada ya ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que a su vez entregó evidencias a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que se comprometió a realizar un operativo de inspección y clausura, el cual no ha sido ejecutado.

“Esperamos que se pongan las pilas los de la Profepa, acá es una bomba de tiempo, los prestadores forestales están fuera de control […] si no actúa pronto, para julio habrán destruido gran parte del bosque mesófilo [llamado también “bosque de niebla”] y los oyametales del Nevado”, repuso un denunciante a MILENIO JALISCO.

Alejandro del Toro, quien posee predios en la zona afectada, dijo a este diario que los taladores le están robando recurso de su propiedad y que prepara una denuncia penal por los hechos; “ya en el pasado he impugnado estas autorizaciones irregulares”, señaló vía telefónica desde Ciudad Guzmán.

Consultado al respecto, el delegado de la Semarnat, Sergio Hernández, aclaró que la zona sólo cuenta con una autorización vigente: la correspondiente al ejido Huescalapa. Hay dos predios más; el primero, de 57 hectáreas, se llama La Loma fracción 1 y fracción A, y está en estudio para un aprovechamiento en fase final de aprobación; el segundo, Loma de La Meza, tenía autorización, pero se venció en diciembre de 2014. En ambos casos no es posible hacer una explotación forestal en la actualidad. Vecino a la zona es el ejido Huescalapa, que tiene permiso vigente a 2022, y que ha sido impugnado por los defensores de la montaña.

Por las características descritas de la extracción, el delegado asume la posibilidad de que se trate de un aprovechamiento clandestino. “Si estuvieran aprovechando a pretexto de que se les dará un permiso, es el mejor camino para garantizar que no se los demos; y preparar denuncias penales y proceso administrativo junto con Profepa”, advirtió a este diario.

El boque mesófilo de montaña es el ecosistema forestal en peligro más crítico de extinción en México. Abarca menos de 2 por ciento del territorio nacional y su riqueza en especies es tan gande como la selva tropical húmeda. En el caso de los bosques de Abies, el descubrimiento de que la especie que prospera exclusivamente en las faldas del Nevado de Colima es el Abies colimensis ha generado un intenso debate sobre la urgencia de proteger esos rodales únicos, los cuales, sin embargo, siguen aprovechados por el sector forestal local, pese a las quejas de ecologistas de la región.

Ayer bajaron cuando menos cuatro camiones de trocería, señalan vecinos.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que “los bosques mesófilos pertenecen a zonas de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido” (artículo 14 del reglamento); una autorización restringida, dice el reglamento (artículo 2, fracción II) es “la que se hace con limitaciones y medidas especiales de precaución sobre volúmenes, especies y productos forestales para evitar poner en riesgo la biodiversidad y servicios ambientales en la zona del aprovechamiento”. Abies colimensis, por ser una especie de difícil regeneración, sólo se puede autorizar con una manifestación de impacto ambiental, según el artículo 73 de la ley.

jueves, 1 de agosto de 2013

Pesca marina, un reino de ilegalidad

CRISIS PESQUERA EN LA COSTA DE JALISCO / 3


Se estima que el 56 por ciento del producto que se consume carece de regulación; una de cada cuatro lanchas no está registrada. Los barcos con redes de arrastre son los más destructivos. Foto de camaroneros sinaloenses

Agustín del Castillo / Costa de Jalisco. MILENIO JALISCO

Tortugas marinas o delfines que llegan muertos al playón de Mismaloya, en Tomatlán, no son obra del azar. Cinco de los 12 meses del año, la causa se percibe en lontananza, sobre la línea del horizonte: embarcaciones de más de tres toneladas y sus redes invisibles al sol del mediodía. Un punto lejano que por las noches crece, cobijado en las tinieblas, y se acerca a la playa protegida más grande de México, donde “levantan todo lo que encuentran al paso de sus redes”.

Y cuando los pescadores de La Cruz de Loreto dicen todo, es que es todo. “Los barcos han perjudicado muchísimo durante muchos años; aquí en este municipio está decretada la veda permanente de la tortuga marina, pero los barcos no respetan, ni hay autoridad que diga: aquí no se pueden meter este tipo de barcos; dentro de los permisos que tienen se señala que pueden pescar entre el río Suchiate y el Colorado [de los límites con Guatemala al extremo norte del mar de Cortés], y no se marcan las zonas de veda; pero lo saben, y por eso esperan a la noche para entrar con la luz apagada, a como entre ocho a diez brazas de hondo, y eso ocasiona que las especies que se desarrollan en esos bajos se les mate por el arrastre de dicha embarcación; y eso pasa de octubre a febrero, y nadie se los impide”, advierte irritado Carlos Ramírez, uno de los viejos pescadores de la cooperativa local.

Son barcos de Mazatlán, de Topolobampo, de Guaymas, o bien, de Manzanillo. La Cruz de Loreto tiene un destacamento de la Marina, pero sus ocupaciones en tiempos de violencia son otras. No deja de resultar paradójico, porque un informe reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y diversas organizaciones ambientalistas, destaca que la gran ilegalidad en el negocio de la pesca deriva de un creciente debilitamiento de la “gobernanza”, fruto de ese auge de grupos armados ligados al crimen organizado que combaten los marinos, y por lo cual dejan a las costas huérfanas de autoridad.

El documento, presentado en abril pasado, se denomina La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la competitividad, y destaca de forma alarmante que las cifras de producción contra las de consumo de peces y mariscos, tanto a nivel de mercado como de hogares mexicanos, no cuadran; y redondea en 56 por ciento el volumen de pesca que no cumple con regulaciones o es abiertamente de origen ilegal (el documento se puede consultar completo en http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/5/pescailegal_ppt.pdf).

Hay tres grandes categorías de “ilegalidad” e “irregularidad”, según el estudio: la pesca sin permiso o concesión, el uso de artes de pesca no permitidos y la época en tiempos de veda.

Enrique Godínez Domínguez, investigador del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la UdeG, señala que la pesca de arrastres es mundialmente “la más destructiva: tiene poca selectividad y agarra de todo; son redes grandes con barcos potentes, con una línea de arrastre formada por cadenas, el techo de la red con una línea de flotación, para que al arrastrar se mantenga la boca abierta, raspado todo el fondo, de cascajo y piedra, que son las estructuras en el lecho marino donde se congregan los peces juveniles […] hay una pérdida en la calidad del hábitat, y estos barcos rastreros tienen permiso de arrastre en todo el Pacífico mexicano; en teoría les ponen restricciones batimétricas, pero en sitios como Mismaloya quién los va a restringir, a estos barcos se les pone en otras partes del mundo dispositivos electrónicos que no se pueden manipular, para saber exactamente en qué sitios anduvieron arrastrando, pero eso no suele ocurrir en México”, pone en relieve.

Así, “el daño al medio es muy negativo sobre otras pesquerías como las artesanales que tenemos en Jalisco, y hace que estos sistemas de pesca sean completamente inviables: es un barco con seis personas propiedad de un solo armador, cuya derrama económica no contribuye casi en nada, ni en biomasa para consumo humano, es totalmente despreciable y es muy grande el costo ambiental, por eso las flotas arrastreras en otras partes del mundo ya están casi de salida, salvo algunas partes del norte, con áreas bien registradas y que evitan estos altísimos costos ambientales”.

— En el caso de la costa de Jalisco ¿qué tan grave es el daño?

— No es una pesca permanente, llegan, le dan tres o cuatro peinadas, y se van sin dejar ya nada; regresan dos meses después, y dan de nuevo varias arrastradas, y se van de nuevo… Es un método totalmente destructivo, y sobre todo de efectos sinérgicos acumulados, que son fácilmente perceptibles aunque no haya información al respecto. Las comunidades lo saben y lo viven.



Sigue don Carlos Ramírez: “Aquí esta zona es muy apropiada para todas las especies en desarrollo, se da mucha cascajera, esas piedras donde se refugian los peces, y el barco con su cadena lo muele, y todo eso lo sube con palas y con botas, y como está fuera de su hábitat se muere, y lo devuelven al agua con la pala otra vez, todo muerto ya”.

— ¿Este problema de los barcos es un problema viejo?

— Así es, de 30 o 35 años, pero ahora más, porque hemos visto a más barcos, somos testigos de cómo lo hacen, de cómo se meten a la orilla, y las autoridades nos dicen que ya todos los barcos tienen un chip, pero el problema es que no hay denuncia de nadie, porque debe ser con el nombre del barco y su matrícula, pero cómo si lo hacen por la noche, y si nos acercamos nos amenazan con rifles, a mí ya me pasó con un pesquero de Manzanillo, hace años.

No es privativo de Mismaloya. Los pescadores de Tehuamixtle, al norte, o de Pérula y Barra de Navidad, al sur, confirman la presencia de esos grandes buques.

“Con los camaroneros tenemos el problema de que afectan el huachinango y a otros pescados que antes eran muy importantes para nosotros”, señala Ariel Mendoza, pescador de Pérula. “Hace años nos quejamos con el delegado de Pesca, se llamaba Gustavo Calderón, barcos de Mazatlán, de Topolobampo y varias partes […] él me dijo: ‘a mí no me interesa nada de eso, a mí me interesa que saquen el pescado, que se produzca’, y eso nos quitó la ilusión de resolverlo”, recuerda don Alejandro Trujillo, de Barra de Navidad.

Hay otros clandestinajes de daños severos, pero más localizados. En la bahía de Chamela, decenas de lanchas sin permiso aprovechan las ostioneras al grado que están al borde del colapso. Otro sitio afectado por sobreexplotación y por cambios climáticos es la bahía de Tehuamixtle, donde el ostión no se les dio pese a que lo sembraron. Juan Manuel López Jiménez, el presidente de la cooperativa, piensa que es fruto de años de malos manejos. No obstante, los barcos con arrastres se siguen presentando frente a la pequeña caleta, “y se llevan lo poquito que nos queda”, subraya con amargura.

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Claves

Algunos datos más

- Una unidad de producción de pesca (sin permisos) requiere de una inversión inicial de entre 180 y 220 mil pesos para comenzar a producir. Lo anterior, considerando que una panga cuesta entre 30 y 60 mil pesos, un motor nuevo cuesta cerca de 150 mil pesos, y la compra del arte de pesca (una red) oscila entre los mil y 12 mil pesos. Pocas actividades económicas se pueden arrancar desde cero con tan poca inversión”

- En contraste, una barcaza legal con las mismas consideraciones más permisos y pagos de cargas impositivas, cuesta el doble: 317 mil pesos

- Conapesca cuenta únicamente con 210 inspectores de pesca para 17 estados con litoral, entre los que se incluye Jalisco; y el país tiene más de 11 mil kilómetros de costas, 350 kilómetros en esta entidad. En 2011 hizo apenas 351 capturas de embarcaciones ilegales, mientras la Secretaría de Marina reportaba 42 detenciones en el mismo periodo para todo el país, que tiene más de 100 mil embarcaciones de diversos calados

- En el caso de los barcos de arrastre, son mucho más costosos pero tienen permisos laxos que los lleva a ser depredadores oportunistas en áreas con escasa vigilancia, como sucede frente a las costas de Jalisco

Fuentes: Estudio del INCO y datos de pescadores consultados por la UdeG

domingo, 30 de junio de 2013

En La Primavera facilitan los asentamientos ilegales



La destrucción del bosque es un delito federal; esta zona forma parte de Santa Ana Tepetitlán que se cercenó al área protegida por un amparo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. Fotografías de Nacho Reyes

Con el respaldo del Ayuntamiento de Zapopan, los asentamientos humanos irregulares continúan con la invasión hormiga al bosque La Primavera, en la zona forestal correspondiente al ejido Santa Ana Tepetitlán.

Ya al interior de la arboleda, las obras de aplanamiento y rectificación de calles no se han detenido, pero además, la autoridad municipal ha propiciado que se instalen enormes tinacos, con capacidad de hasta 15 mil litros de agua, que son utilizados por los nuevos moradores de la zona. La clara participación municipal se aprecia en el ingreso y salida e pipas de agua con el logotipo del ayuntamiento, que surten esos tanques o que entregan agua en lo individual a los vecinos que están dispuestos a pagarla, como se aprecia en las fotos de la visita realizada el pasado 27 de junio por MILENIO JALISCO.

Los tinacos están sobre la vía pública, y para establecerlos se les ha debido construir un sólido soporte de materiales. Están numerados para facilitar la operación de abastecimiento. Se pretende de este modo garantizar el acceso al agua por los habitantes, pero en los hechos, esto consolida una invasión y un ulterior cambio de uso de suelo en la zona forestal, lo que deriva en violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

La ocupación de esta fracción boscosa del ejido, cercenada al área natural protegida por medio del amparo 413/2001 (“hasta 584 hectáreas”, dice la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que dio a conocer este diario el 7 de julio de 2008) ha derivado también en la tala de árboles y la extracción de suelo. Una caseta de vigilancia construida desde hace mas de diez años permanece abandonada y las casas de cartón y madera han rebasado la brecha hacia la parte alta, que fue afectada por el megaincendio de abril de 2012, que nació en esta zona habitacional irregular y pasó por 8,170 hectáreas de la floresta.

El artículo 28 de la LGEEPA sujeta a autorización de la Semarnat los “cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas”. El Código Penal Federal, artículo 418, apunta: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa [...] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso de suelo forestal...”.



Además, el reglamento de la Ley Forestal, en su artículo 119, advierte: “Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa…”.

Sobre la obligación de denunciarlo, el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 116, señala. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía”.

Y el artículo 117 añade: “Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos”.

viernes, 24 de mayo de 2013

Hace 20 años, el día en que se desataron los demonios



24 de mayo de 1993, 3.45 pm en el aeropuerto internacional de Guadalajara, una serie de circunstancias desafortunadas llevan a la muerte, en medio de una balacera, a siete adultos, entre ellos, dos sicarios, dos viajeros, dos choferes oficiales… y un cardenal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Es hoy, pero de hace 20 años: un día también solar con vientos avaros, calor extremo (casi 35 grados centígrados) y cielo despejado, con algunos humos de incendios forestales que se elevan por el horizonte de la carretera Guadalajara-Chapala. Pasan de las 3.45 pm cuando un lujoso automóvil Ford Grand Marquís, brilloso, blanco y con vidrios semipolarizados, ha abandonado la autopista y penetra silencioso al estacionamiento del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara.

Es cuando se desatan los demonios.

Salen de todos lados asesinos que a la postre serán identificados con bandas rivales por el mercado de drogas. Comienzan las ráfagas de metralletas Kalashnikov (AK 47), las famosas “cuernos de chivo”, y R-15 que suelen usar los regimientos militares. Unos dicen que los sicarios van drogados y alcoholizados, otros, que por el contrario, no podían darse el lujo ante el riesgo de sus propias vidas. Caen dos ciudadanos “de a pie” a la puerta del aeropuerto.

El Grand Marquís blanco es martirizado: encontrarán más de 50 casquillos que penetraron su estructura en un espacio de pocos minutos, o de 25 segundos (según la famosa versión “Nintendo” del procurador Jorge Carpizo). Adentro, yacen dos cuerpos a los que las balas no han perdonado. Uno es una víctima tan notable en la vida pública nacional, que la exigencia de esclarecer su homicidio va a condicionar buena parte de la historia local y regional durante los siguientes años: con catorce balas en su cuerpo, Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara y cardenal de la iglesia Católica, prelado negociador, acorde a las políticas de distensión que maneja el Vaticano, amigo personal, se dice, del presidente Carlos Salinas de Gortari, y alma de las nuevas relaciones entre el gobierno mexicano y las iglesias: dio el estoque final al Estado jacobino.

También fue obispo de Cuernavaca hasta 1987, y de Tijuana hasta 1982, la ciudad de los hermanos Arellano Félix, y donde el famoso padre Miguel Ángel Montaño –al que conoce bien- ha servido de capellán de los narcos durante años, pues son católicos que van a misa y otorgan limosnas generosas para limpiar sus largas culpas.

La referencia no es gratuita: según la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), la balacera en que muere es desatada por pistoleros de esa familia de capos y sus rivales sinaloenses, Héctor Palma El Güero y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

¿Muerte por confusión, o por error -que no es lo mismo-? La versión inicial es que ha estado en el sitio equivocado en el momento equivocado y muere en fuego cruzado. Había acudido a recoger al nuncio apostólico mexicano, Girolamo Prigione, y se dirigían a una actividad privada. De algo no hay duda: el forense más prestigado de Jalisco, Mario Rivas Souza, aclara esta misma noche de 1993: “no sólo fueron [tiros] directos [contra el cardenal], sino directísimos”.

La notoriedad de este muerto hace olvidar a los otros seis: Pedro Pérez Hernández, chofer de monseñor Posadas; Martín Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas, ausente de la escena; Juan Vega Rodríguez y Francisca Rodríguez Cabrera, alcanzados por las balas antes de tomar su vuelo a Los Ángeles, California. Los otros dos fueron sicarios caídos en el fuego.

A las 22.00 horas de este día aciago, un presidente mexicano se presentará por primera vez, con investidura oficial, desde los tiempos de la Reforma, en una iglesia abarrotada de dolientes. Carlos Salinas de Gortari hace guardia de honor unos minutos en el féretro del cardenal y entrega sus condolencias personales a la curia, frente al altar mayor de la catedral de Guadalajara.

Hoy, 20 años después, la balacera no se ha desatado, pero los termómetros en la ciudad apuntan a un día con calor: más de 24 grados despuecito de las nueve de la mañana. Los humos suben por el horizonte; la canícula aprieta en este día solar.

jueves, 2 de mayo de 2013

Ataque a líderes de Waut+a levanta reclamos huicholes



Los dirigentes de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán sufrieron asalto de encapuchados el 19 de abril, por lo que reclaman intervención estatal para la seguridad de sus montañas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Sigue impune el asalto y las amenazas de que fueron objeto dirigentes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a), del pasado 19 de abril, en la cabecera comunal, situada en el corazón del municipio de Mezquitic. Por ello, líderes de las demás comunidades levantaron la voz en exigencia de una investigación a fondo y la detención de los responsables.

En una carta que enviaron a MILENIO JALISCO, dirigida a los gobiernos municipales de Mezquitic, Bolaños, Villa Guerrero, Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar y Huejuquilla el Alto, de Jalisco; La Yesca y El Nayar, de Nayarit, y los gobiernos de de Jalisco, Durango y Nayarit, exigen que los hechos no queden en la impunidad.

“Las autoridades Indígenas que conformamos el pueblo wixárika, actualmente agrupados en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, externamos y manifestamos nuestro repudio a las recientes agresiones sufridas en la comunidad indígena wixárika de Waut+a […] en la madrugada del pasado viernes 19 de Abril de 2013, alrededor de las 2.00 AM, un grupo de ocho personas con armas de alto calibre, en su mayoría cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en el poblado comunal atentando contra la paz y seguridad de los habitantes […] y contra la dignidad humana de dos familias; la primera de ellas, la familia de Octaviano Díaz Chema, actual presidente del comisariado de bienes comunales”.

Los agresores “ingresaron en su casa habitación; por suerte, en ese momento, el señor Octaviano se encontraba fuera de la comunidad por cuestiones de trabajos comunitarios, sólo se hallaba su familia, quienes recibieron amenazas de muerte, primero con gritos y después los amarraron con mordazas y /o vendas para que no pidieran auxilio y finalmente catearon la casa habitación”.

De ahí se llevaron artesanía wixárika elaborada con chaquira, joyas, accesorios femeninos y perfumes, “así como dinero en efectivo, 40 mil pesos, que tenían guardado para el pago de las brigadas voluntarias en el combate de incendios forestales que laboran al interior de la comunidad y ahorros de la propia familia”.
Un grupo “de los armados abandonó el lugar llevándose además de lo antes descrito un vehículo tipo Cherokee color azul marino propiedad de la comunidad, para luego llegar a la otra casa habitación propiedad del señor Samuel López. Cabe mencionar que en el lugar dejaron a dos personas de los armados para vigilar y desde luego para privar de la libertad a la familia para que no dieran aviso”. De allí se llevaron dinero en efectivo y varios litros de gasolina.

Los delincuentes se marcharon a las 5.00 AM. “Algunos reportes señalan que el vehículo antes descrito fue encontrado en el crucero que comunica a los poblados de San Sebastián Teoponahuaxtlán, Ratontita y Los Amoles justo a dos kilómetros de este último poblado […] hasta la fecha aún no se tiene indicios o investigaciones reales de los autores materiales e intelectuales de los hechos”, añade el texto. La exigencia: que se investiguen a fondo los hechos, se castigue a los autores materiales e intelectuales, y se garantice la seguridad en la zona.

martes, 26 de febrero de 2013

CAPECE descalificó a 17 empresas en licitación, y contrató una más cara



La gestión de Salvador Uribe mantuvo hasta el final el sello característico de licitaciones cuestionadas; se trata de un concurso fallado apenas hace 13 días

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En el concurso de obra CECYTEJ-LP-001/2013, realizado por el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) para dotar de “un edificio A [sic] consistente en siete aulas didácticas, un laboratorio de cómputo, un laboratorio polifuncional, una dirección con anexo, núcleo de servicios sanitarios, bodega, pórtico, escalera y obra exterior” a un plantel de Tonalá, se descalificaron 17 propuestas económicas más baratas para permitir el triunfo de la 18, de 25 en total.

La ganadora fue la Constructora Nantli, SA de CV, propiedad del empresario Eduardo Sánchez Mayoral. El fallo se emitió el pasado 13 de febrero y está firmado por el titular del CAPECE, Salvador Uribe Avín, por su coordinadora de costos y presupuestos, Leonor Payán Armendáriz, y por su jefe de concursos y costos, José Antonio Rivas Gallegos, pero sin presencia de representantes de los organismos empresariales que pudieran avalar la legalidad de los actos.

Las actas de presentación y apertura de proposiciones, del 11 de febrero de 2013, y de fallo, fechada dos días después, con copias en poder de MILENIO JALISCO, ofrecen la presencia inicial de 25 empresas licitantes, de las cuales, una, denominada Trena, SA de CV, no se presentó. Posteriormente se señalan 24 empresas calificadas para la apertura de las propuestas económicas, y luego —todavía en la primera acta referida— se abren los sobres de las proposiciones económicas de sólo 23 de ellas.

Constructora Nantli propuso hacer la obra por nueve millones 446,168 pesos. Ofrecieron realizarla con menos presupuesto las siguientes constructoras, todas sociedades anónimas: Clear Water Solutions, Edificiaciones y Espacios Letco, Grupo Constructor A&ZH, Grupo Constructor Caame, Grupo Constructor Gunema en asociación con Diseños y Construcciones Lota, Grupo Urbapac, JR León Construcciones, JT Opus, Karwo Constructora, Laflosa Construcciones, LSM Constructora, Obras y Proyectos Jayco, Proyectistas y Calculistas Asociados, RI Construcción y Proyectos, Roths Ingeniería y Representaciones, Terracerías y Edificaciones de Jalisco, y Vamar Ingenieros & Arquitectos. En total 17 propuestas.

La más baja de éstas fue la del Grupo Constructor A&ZH, de ocho millones 834,284 pesos, una diferencia de 611,884 pesos con la ganadora, dinero suficiente para pagar a un obrero dos veces el salario mínimo diario durante casi 14 años, o bien, el salario del presidente municipal de Mezquitic, el municipio más extenso de Jalisco, durante 13 meses.

El acta del fallo limitó a cuatro empresas la decisión final. Las demás fueron consideradas insolventes, “considerando insolvente aquella que produzca pérdida al contratista en base a la comparativa entre el resultado de los volúmenes y costos de los insumos recibidos en la propuesta y los analizados por la dependencia en su presupuesto de referencia”, según el capítulo IV, inciso 14 de las bases del propio concurso.

17 empresas son declaradas insolventes y cuatro son descalificadas además por errores en los documentos, para totalizar 19 descalificaciones (dos empresas tienen las dos causales), lo que lleva a Nantli a competir solamente con Estructura y Diseños del Sol, Obras y Proyectos Santa Clara, y Proyejal. Y como fue la que cobraba menos de las cuatro, en lo que algunos participantes señalaron como su “traje a la medida”, fue declarada ganadora.

¿Por qué los descalificados no se quejan? “Esperan que a la otra les toque a ellos, bajo el mismo esquema de favorecerlos de forma irregular”, confió un denunciante anónimo del proceso.

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IMPUNIDAD, “HASTA EL ÚLTIMO DÍA”

El modo de entregar recursos públicos por el director del CAPECE, Salvador Uribe Avín, hasta el final de su gestión en el organismo constructor de escuelas, motivó un airado reclamo de Rodolfo Soto Abadíe, comisionado del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Jalisco, al contralor estatal, Xavier Trueba Pérez.

En relación a la licitación de hace 13 días, afirma, “ilustra la impunidad con que hasta el último día seguirán actuando con plena libertad y cinismo en CAPECE, tal vez basado en la protección, y/o permisividad manifiesta a pesar de la evidencia mostrada y entregada a ustedes en mano […] aún queda tiempo para rescatar su dignidad ante el repudio de la sociedad ante el paupérrimo desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones para estos efectos, emanadas del cargo que ostentan”.

El empresario destaca: “seguiremos estando dispuestos y disponibles a coadyuvar hasta el último minuto de la presente gestión gubernamental para sancionar como corresponde los abusos y atracos que durante años se realizaron en el CAPECE, tal como se sigue haciendo. Si todavía no encuentran la evidencia o le faltan recursos, señor contralor, nosotros hemos sido capaces de lograr mucho más sin siquiera tener acceso a 10 por ciento de lo que su dependencia, si así lo deseara, pudiera obtener”.

lunes, 25 de febrero de 2013

Nuevo México, el asesinato del futuro



Pandillas juveniles asuelan los asentamientos de Nuevo México, Jardines de Nuevo México y Hogares de Nuevo México, núcleo de colonias que reciben hoy un programa especial de rescate de Zapopan

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. Fotografía de Abraham Pérez

Hace menos de una semana, un muchacho de cuyo nombre nadie parece acordarse, fue muerto a puñaladas en la cancha de tierra de la colonia Jardines de Nuevo México, a plena luz del día.

Los vecinos conservan vívida la imagen de la víctima y la intensa movilización policiaca que generó el crimen, pero en realidad no ha pasado nada con sus vidas, regidas por el azar que les depara la violencia primitiva, gratuita, hormonal, de las pandillas de adolescentes que cada tarde juegan a romper sus futuros, como si el porvenir fuera un mundo reservado sólo a los más fuertes.

“Todas las tardes se acercan los vendedores de drogas a los muchachos que juegan futbol […] hay chamaquitos que desde los siete años ya andan en esas, porque sus papás nomás no se preocupan por nada; y vea usted los módulos de policía, abandonados, siempre llegan tarde cuando se les necesita”, señala preocupada doña Teresa, dueña de una tienda frente al parque de este núcleo habitacional ubicado sobre tierras del viejo ejido de Tesistán, al poniente de la zona metropolitana.

Al mediodía, el parque huele a polvo, a basura que se acumula en cada esquina y en cada recoveco; a la solitaria seguridad que provee el sol a plenitud, que no fue suficiente para conservar la vida del infortunado menor. Al extremo de la manzana, un edificio escolar protegido como fortaleza, y luego, un templo católico rodeado de rejas sólidas y cerrado con llave ante la ausencia del cura. Será que en este mundo desacralizado ya no es un asilo seguro para los que huyen de sus captores. La iglesia tenía cámaras de seguridad que fueron destruidas en una refriega entre bandas rivales, a pedradas limpias,
una de las muchas tardes de pesadilla.

Al frente, un grupo de comercios necesarios para la vida cotidiana. En cada uno hay historias del acoso juvenil: la dependiente de la tortillería que fue asaltada hace tres meses y ni siquiera se enteró si la habían amenazado con cuchillo o pistola —“¿quién va a investigar? Y sólo salí gritando cuando se fueron, se llevaron como dos mil pesos” —; Ofelia, quien despacha en la tienda de abarrotes, refiere que hace ocho meses se metieron al local y lo saquearon; la lavandería también ha sido víctima de los ladrones, pero su responsable
no quiere dar un testimonio.

“Son de 13 a 18 años; se pelean feo, a pedradas, y hay que cerrar las casas, y eso es muy seguido, a cada ratito se enojan, y destruyen los carros durante sus peleas; pero además, últimamente les gusta robarse las pilas [baterías] de los carros”, añade Ofelia.

A la policía se le piden dotes adivinatorias, porque siempre llega después de los desastres. No obstante, lo que en realidad reclaman es la falta de una disuasión preventiva: si el módulo estuviera ocupado, si las patrullas rondaran, si se preguntara a los vecinos, otro gallo les cantaría.

Entre semana, ya conviene resguardarse cuando el sol se pone. Pero el fin de semana, los enfrentamientos pueden ser a cualquier hora.

A doña Teresa Aranda le queda claro que son muchos años de abandono.

— ¿Por qué se descompuso la paz aquí?

— Yo pienso que es el mismo gobierno el que no puso atención a la seguridad, y al problema de la juventud; son muchos jóvenes y todos viciosos.

— ¿Cree que los padres de familia estén haciendo su trabajo?

— No, porque si estuvieran al pendiente de sus hijos no pasaría nada de esto. Entonces se junta todo a la vez, lo que viene siendo gobierno y padres de familia. A mí en una ocasión me quisieron abrir la tienda para robarme, entonces sí formo parte de las víctimas.

— ¿Cree que los padres de familia de la colonia estén dispuestos a reconocer sus omisiones?

— Pues eso es ya de cada persona, si aceptan su culpa o no; yo nomás tengo una hija y se la pasa en la escuela, y hay otros que podrían estar en el campo jugando, pero a veces en el campo mismo les venden la droga, y los niños ven cómo se están drogando los otros, ven la mariguana, entonces ese no es un buen ejemplo, y luego pasan las patrullas y hacen como que no ven; aquí hace falta la preparación y el trabajo de los padres y de la misma autoridad. Con decirle que unos vecinos de enfrente tienen niños de siete, ocho años, que ya andan mal. Ya nomás caminan y los papás los echan a la calle, entonces ahí ya hay culpables, tanto los padres como el ambiente que los rodea. La autoridad no hace nada. Nomás oyen que el muertito y que el muertito, y pos así no, ahí no hay solución ya.

Estudios realizados por el Ayuntamiento de Zapopan señalan a las colonias de Nuevo México como una de las zonas con mayor incidencia de violencia hacia grupos vulnerables, sobre todo a mujeres, registrando casos de violencia intrafamiliar, violación, estupro y lenocinio. Además de resaltar diversos factores de riesgo y violencia potencial, al asociar a los habitantes de la zona con portación de armas de fuego sin los permisos correspondientes. En este contexto, el alcalde, Héctor Robles Peiro, lanzará esta mañana en el corazón de esta colonia su programa de Reconstrucción de Tejido Social, considerado el más importante de su trienio.

La presidente de la colonia Nuevo México, María del Rosario Siordia Ascencio, al otro lado de la carretera a la base aérea, admite que hay un círculo perverso de pobreza, falta de oportunidades, desintegración y violencia intrafamiliar, desatención de las autoridades, falta de servicios básicos y la violencia de las pandillas. “Todo parece que empieza por la casa, es muy grave”.

Dos y media de la tarde del viernes 22 de febrero. Vehículos se estacionan frente al templo de Jardines de Nuevo México. Bajan dolientes con sus vestimentas de negro, lentes oscuros, mascadas. Una carroza fúnebre transporta al muerto, un nuevo número en la estadística. El futuro sólo pertenece a los fuertes, parecen pensar los jóvenes del barrio que miran a lo lejos. Seguramente han abrevado su ideología en las películas de Terminator, Rambo o Duro de matar; no hace falta leer a Darwin o a Spencer, ni siquiera asomarse por los sombríos pasajes de Mi lucha.

martes, 19 de febrero de 2013

Testigo de los cambios entre los nahuas de Cuautitlán


En privado: Secundino Aguilar Arias, comunero de Chacala. Agustín del Castillo / Cuautitlán de García Barragán. MILENIO JALISCO

Don Secundino Aguilar Arias tiene ahora 66 años, y habita en un mundo muy distinto al que vivió en sus primeras décadas, a partir de 1946: había una selva tupida, poblada de maderas preciosas; caminos tortuosos y largos que prolongaban por horas a pie o en bestia el contacto con lo “civilizado”, fuera Santiago en Colima o Cuautitlán en Jalisco; una lengua aborigen, el náhuatl, que fue borrada de la conciencia de estos pueblos; enfermedades agudas y fulminantes, como los catarros, la disentería o la picadura de alacrán; escasas tentativas de alfabetización, y en general, una economía de subsistencia ajena a los grandes cambios que se daban allende las montañas.

Andaría por los veinte años de edad cuando se les entregó la carpeta básica de la comunidad indígena de Chacala; su padre Romualdo fue uno de los promotores del reconocimiento de la comunidad agraria cuya existencia es centenaria, y para eso está la prueba de los títulos virreinales.

“Este rancho ya existía cuando los revolucionarios y los cristeros; nomás que estaba la gente regada, una casa aquí, otra por el río, otra tras la loma, y así, todos regaditos”, explica mientras corta paciente la flor de jamaica que se da en esta zona tórrida, y que es uno de los pocos negocios rentables que quedan, tras el agotamiento de muchos recursos, y sobre todo, de un modo de vida.

En el traspatio de su jacalón, a la orilla de Chacala, todo es una planicie que circula el río de La Rosa, que nace en la comunidad vecina de Cuzalapa. Al oriente se atisban grandes montañas, último refugio de los animales silvestres. Al sur, en media hora, está el gran puerto de Manzanillo, el cercano contacto con las redes comerciales marítimas más grandes y extendidas del planeta. Cómo eludir el cambio.

“Había mucha madera, había parotas que entre tres gentes no las abarcamos, pero empezaron los del comisariado a vender y se las llevaron; estuvo madereando un señor David en el poblado de El Chico, ahí puso su aserradero, y se llevó todas, más o menos por 1992 […] el comisariado era Silverio Roblada, que todavía vive, nomás que si le habla no sabe ya nada; también queda Simón Martínez, pero está sordo, están platicando con él y luego sale con otra cosa…”.

No todo el cambio ha sido malo. Antes cualquiera se moría de un piquete de alacrán porque se duraba horas en los traslados, peor en temporada de lluvias. “También había una diarrea de sangre y se murieron muchos […] esto era una agencia municipal, pero las agencias estaban olvidadas, olvidadísimas, se hizo la delegación en 1992, y ya de ahí hemos tenido más ayuda”.

La madera casi se ha agotado, y los lugareños se mantienen de la siembra de la jamaica. “Nomás la pone uno en junio, y en noviembre ya está para cosecharla, y luego pasan camiones a comprar y se la llevan a Guadalajara, dicen que les pagan muy bien […] otros bajan a Santiago a trabajar, sobre todo como albañiles, porque hay mucha obra”.

Secundino dice que sus paisanos son pacíficos, pero asegura que los de Ayotitlán, vecinos nahuas también, no. “Fui policía muchos años en el municipio, allá hay pleito de todo”, destaca. En sus tierras no ha notado que esa violencia se desborde, pero cuando se acercan extraños, los vecinos se juntan y los ahuyentan. Un rumor de niños raptados fue lo último que recuerda, un año atrás, pero nadie fue robado de esta aldea terregosa rodeada de extensos potreros donde pasta el ganado.

Chacala permanece pobre pero apacible, con sus días contados como comunidad tradicional. El cambio de afuera toca fuerte a la puerta, con todo y promesas vacías.

Policía comunitaria indígena “es legal”


César Díaz, del UACI, señala que es un modelo vigente entre los huicholes del norte del estado y permite una relación de armonía con autoridades, y no se trata de establecer grupos armados al margen de la ley

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La inseguridad es un problema real en la sierra de Manantlán y es legítimo el planteamiento de los aborígenes nahuas por participar con las policías e instancias formales de gobierno para reducir las amenazas de secuestro, asesinato y asalto que se viven, subrayó el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), César Díaz Galván.

“Es importante señalar el clima de inseguridad que existe desde hace bastantes años, donde la actitud de la autoridad municipal y su resistencia a un proyecto de esta naturaleza suena hasta sospechosa; no es una propuesta de formar grupos de autodefensa, sino simplemente desarrollar un modelo comunitario, que permita que participen en las labores de vigilancia y seguridad; ya lo dijo el secretario de seguridad pública en días pasados, que es necesario que la comunidad también se involucre en el tema porque el estado está rebasado en esa cuestión”, destacó en entrevista con MILENIO RADIO.

Asesor del consejo de mayores de la comunidad nahua, dijo que en la zona “se ha venido dando este clima de inseguridad desde hace bastante tiempo, por el despojo de los recursos naturales; además de los atentados contra los indígenas, tenemos asesinatos de ex presidentes municipales como Raúl Delgado Benavides o de Juan Manuel Orozco, que no se han esclarecido; incluso el hijo del director de la policía y el director fueron asesinados también, así como otros ancianos del consejo”.

Tras la desaparición del líder local Celedonio Monroy Prudencio, “ tuvimos una reunión con un comité técnico en el que estamos estudiando la posibilidad de este modelo alternativo de seguridad ciudadana y ese mismo día una camioneta sin placas estuvo rondando la comunidad de Celedonio para amedrentar a su familia , como dejando el mensaje de que no le muevan al asunto; nos parece muy preocupante que personas enmascaradas con armas de alto calibre se paseen de manera impune por el municipio, y que la autoridad municipal, argumentando que no tiene la capacidad para brindar la seguridad, deje a la población a la deriva”.

En el esquema propuesto, “la comunidad trabaja con la autoridad municipal y la autoridad estatal, señalando los puntos de riesgo, los sitios más conflictivos, los lugares de donde se saca el mineral de manera ilegal, en dónde se talan maderas preciosas; estos modelos ya se desarrollan en la sierra huichola, donde las autoridades tradicionales tienen policías comunitarios que son llamados topiles en su lenguaje, y estos apoyan a la autoridad; cuando hay un delito menor o de orden interno, con son los delitos agrarios, son resueltos por la comunidad, y se tiene una cooperación específica que ha dado muy buenos resultados”.

Nada más alejado de las autodefensas. “No tiene nada que ver, en Guerrero conviven dos modelos distintos, éste del grupo de autodefensa que no está del todo sustentado legalmente, el modelo que buscamos desarrollar en Jalisco no tiene nada que ver con ninguno de estos”.

A juicio de Díaz Galván, tanto en el derecho mexicano como en los convenios internacionales, nada se opone a la tentativa de Ayotitlán de mejorar su seguridad interna.

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NO SERÁN RURALES ARMADOS

La demanda de una policía comunitaria en Ayotitlán tiene una vieja tradición en México, y no pretende armar a las comunidades ni permitirles la justicia por su propia mano, aclaró el presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso local, Clemente Castañeda Hoeflich.

“Lo que ha hecho la comisión de asuntos indígenas es hacer eco de las demandas que se han planteado en las comunidades, concretamente éste es un tema del consejo de mayores de Ayotitlán; nosotros hemos analizado la demanda y estamos tratando de darle forma jurídica para que se puedan ajustar las normas relacionadas a este tema”, explicó en entrevista para MILENIO RADIO.

Reconoció que es un tema polémico, “sumamente delicado porque estamos hablando de la seguridad de los habitantes y requiere para su eventual aplicación el consenso de todos los órdenes de gobierno (…) parte de la polémica tiene que ver con que si estos grupos pueden estar armados o no, pero una cosa son los grupos de autodefensa y otra cosa es la policía comunitaria, que es una figura que ha prevalecido ya en varias comunidades indígenas y no prevé tal cosa”.

lunes, 18 de febrero de 2013

Ayotitlán, entre hechos y rumores sobre violencia


El Ayuntamiento de Cuautitlán destaca que hay pocas denuncias concretas y, en todo caso, reconoce que en 20 años, el área nahua ha sido una zona compleja ante la violencia crónica. Los indígenas insisten en la necesidad de una policía comunitaria ante la incapacidad gubernamental en protegerlos. En la foto, un monumento funerario en un camino de la zona

Agustín del Castillo / Cuautitlán de García Barragán, región Costa Sur de Jalisco. MILENIO JALISCO

A Isabel, un campesino del poblado de Guayabillas, “se lo comieron los zopilotes, los perros y los puercos, y cuando la gente descubrió el cadáver, estaba en puros huesitos y ya no se podía saber cuándo lo mataron”, señala Lilián, una joven moradora del mayor caserío de la sierra de Manantlán, Ayotitlán, la cabecera del mundo nahua de la vertiente sur de estas montañas ricas en diversidad biológica, maderas y metales.

Anochece en la aldea y desde lo alto de una de sus lomas se atisba una fiesta local: es una boda que ha ocupado la plaza central del poblado, donde se encuentran la iglesia y la delegación municipal. Parece que todos están invitados, pero la recomendación es no salir de la zona una vez que la oscuridad se apropie de los caminos, pues son horas de riesgo de asaltos, raptos y asesinatos.

El ejército patrulla ocasionalmente la zona y de forma más constante, alguna de las tres patrullas que tiene el Ayuntamiento de Cuautitlán de García barragán. Lo cierto es que cuando los maleantes buscan dar algún golpe, difícilmente son perturbados. Fue así como se llevaron en octubre de 2012 a Celedonio Monroy, un activo miembro del comisariado ejidal, pero también, en el agosto previo, desapareció Agustín Mancilla, y casi tres meses antes se descubrió el cadáver de Isabel.

“Ya no salimos de noche”, señala Lilián. Pero ni siquiera en la rigurosa observación de esa circunstancia están libres de riesgo: una mujer mayor, de nombre Eustiquia Ciprián Mariscal, con más de 72 años, sufrió un asalto en su misma casa por un grupo de encapuchados que dijeron ser policías judiciales.

“Vestían de negro, con traje, eran cinco y llegaron con mi abuela y la envolvieron en una cobija, y le gritaban que eran judiciales […] la robaron, pero creemos que no eran judiciales, porque cuando vienen los judiciales, revisan, pero no roban”, refiere la joven, mientras atiende a sus hermanos menores y espanta a las gallinas a la orilla de su casa de adobe y tejas, oculta entre la barranca y grandes higueras, a la orilla de la comunidad.

Estos hechos violentos han motivado que Ayotitlán solicite la creación de una policía comunitaria que garantice la seguridad que ya no le brindan las fuerzas públicas. El tema está en análisis por diputados locales, pero el ayuntamiento local no ve las cosas de forma tan drástica.

“Dicen y dicen, y hay muchos rumores, pero le puedo asegurar que hay muy pocas cosas concretas”, señala el secretario general del ayuntamiento, Esteban Arias Soto.

- ¿Mucho rumor y nada concreto?

- Sí.

¿Y en el caso de la tala clandestina, de la extracción ilegal de metales, del cultivo de estupefacientes, tienen identificado a alguien?

- No, nada. Que a nosotros nos conste no, yo estuve en la reunión de las personas del consejo de mayores; ellos fueron los que manejaron esa situación, pero no nos consta nada, esa es la verdad. Incluso yo se los dije a los diputados, que se oye de eso, pero no hemos visto, ni se tienen nombres de nada; hemos platicado el presidente municipal y su servidor, con el pleno del cabildo, y todos son pláticas y rumores.

- Todas estas actividades ilegales requieren de armas, ¿no se han detectado problemas de pistolerismo y de gente armada, por temor a ser asaltados o por andar en cosas ilegales?

- Mire, yo trabajo para la UdeG, soy maestro de Ayotitlán y soy responsable de los módulos de la prepa, constantemente ando recorriendo la zona, desde 1995 he estado participando y veo las cosas como siempre, los mismos problemas, no veo cambios […] nosotros siempre hemos sabido que puede haber o que hay sembradíos, dadas las condiciones geográficas del sitio, pero hasta ahí, se presta para que haya cosas, pero nosotros transitamos por los caminos y no nos metemos a investigar; tenemos 47 o 48 elementos de policía, pero éste es un municipio grande, tiene cinco delegaciones, y la mayor parte de la población es indígena y vive arriba, entonces sí se requiere de más vehículos, de recursos; hay una estrategia que muy probablemente la hagan válida, en relación a poner algunas casetas de vigilancia, y eso sí sería muy bueno, pero veremos a qué se llega.

Esta zona de la sierra tiene una amplia red de caminos que por temporadas son atendidos, pero en este invierno, algunos tramos guardan un estado deplorable. Se aprecian vehículos particulares de lujo y con vidrios polarizados por la brecha, pero se puede llegar de forma pacífica a los poblados.

“Se nos metieron hace unos meses, casi el año, unos secuestradores de niños, y hubo mucha alarma, pero corrieron, porque todo el pueblo se puso en alerta y no los dejaron quedarse”, dice Secundino Aguilar, comunero de Chacala, núcleo agrario nahua enclavado más al sur, ya cerca del lindero con Manzanillo.

El campesino señala que aunque siempre ha habido quien se lleve “dos o tres palos” para aprovechar madera, los comuneros cuidan como nunca sus potreros para evitar la presencia de extraños. También transitan camiones materialistas con carga de minas, pero eso es más pegado a la parte norte, entre Cuautitlán y Minatitlán.

Manzanillo está apenas a media hora de Chacala, lo que para muchos de los denunciantes del estado de cosas en la región, es la clave de que los extractores ilegales de materias primas y drogas (la parte alta de la sierra “está plagada de laboratorios de anfetaminas”, señala un investigador forestal de la UdeG) actúen con una total impunidad.

Y aunque no se aguanta la inseguridad, los aborígenes también se muestran desconfiados de los visitantes pacíficos. “Nadie les va a decir nada”, dice burlón el dueño de una tienda de abarrotes de Telcruz, cuando se pide el paradero de los miembros del comisariado ejidal.

Los pocos transeúntes del poblado responden con muecas de enfado y silencio a la petición de información sobre los narcos, mineros y madereros ilegales que supuestamente invaden la zona. Las brechas de regreso a Cuautitlán son muy malas para autos compactos y están solas al caer la noche. Lo bueno es que la promesa de emociones malsanas –secuestros, asaltos, ejecuciones- esta vez no se cumplirá.

La zona de Ayotitlán está entre las más pobres del estado de Jalisco, como se puede apreciar en la foto

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Claves

Policías comunitarias, el gran debate

- México ha transitado durante casi 200 años de vida independiente por estados fuertes y centralistas y por periodos de anarquía que han borrado las huellas más tenues de la legalidad. Es en estos últimos casos en que se ha dado un proceso de “feudalización” del poder porque han emergido hombres fuertes y caciques regionales para brindar la seguridad que el gobierno central es impotente en otorgar

- El periodo más reciente fue el de las autodefensas rurales que surgieron con la desintegración del Porfiriato y la crisis institucional derivada del asesinato de Francisco I Madero. Entre 1915 y 1935, muchas regiones del país debieron proveerse la seguridad ante la fuerza de las bandas de asaltantes que asolaban el campo

- En Jalisco, este esquema de poder regional explica la historia de muchas familias caciquiles que se integraron al poder formal con el surgimiento del PRI (PNR, en 1929). Es el caso de las familias González Gallo, de Yahualica; González, de Acatic, y García Barragán, de Cuautitlán y Autlán

- Con la nueva crisis de la violencia, desatada a partir de 2006, en diversos estados de la república, los pueblos aborígenes han buscado retomar el control con base en la doctrina autonomista hoy en boga. Destacan el caso de la sierra de Guerrero, los pueblos de Oaxaca, las comunidades autónomas zapatistas de Chiapas y Cherán y otros poblados purépechas y nahuas de Michoacán

- En Jalisco, la iniciativa es de los nahuas de Manantlán, en la Costa Sur de Jalisco, que pretenden controlar su territorio ante recientes hechos violentos, entre los que destaca la desaparición del dirigente ejidal Celedonio Monroy Prudencio, en octubre de 2012

- El Congreso de Jalisco analiza una propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, para dotar de legalidad a la propuesta de una policía comunitaria (PC) en las montañas nahuas

- La gran duda: cómo se pueden enfrentar indígenas mal pertrechados y sin entrenamiento ni disciplina policiaca a las fuerzas del crimen organizado, cuya capacidad de fuego es superior incluso a las policías formales del país

Peña Colorada es el gran yacimiento de hierro enclavado contiguo a la zona nahua de Ayotitlán, sobre los límites de Jalisco y Colima. Al ser minería a cielo abierto, los cerros son literalmente arrasados, como la foto lo refleja

lunes, 21 de enero de 2013

Contraloría detectó faltantes en CAPECE por $62 millones



Se trata de un ejercicio de auditoría sobre once meses de la gestión de Uribe Avín. Se acreditó de forma clara que se pagaban facturas sin soporte de que los artículos comprados se recibieran en almacén, además de adjudicaciones directas injustificadas y omisiones de control en los trámites.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Contraloría del estado acreditó, en una auditoría practicada entre julio y agosto de 2012, en la que se concentran expedientes de once meses de trabajo de las áreas de almacén y adquisiciones del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), un posible daño patrimonial por hasta 62 millones de pesos.

Las fallas: inventarios de almacén que no corresponden a las existencias físicas, falta de evidencia documental del levantamiento de los mismos inventarios, compras a sobreprecio, adjudicaciones directas irregulares, muestreos de adquisiciones específicas en que los productos comprados no ingresan, pago de facturas sin recibo de mercancías y pólizas de fianzas apócrifas.

Éstas son las principales irregularidades que se advierten en el oficio DGP/2632/2012; el ejercicio abarca el periodo de trabajo del 1 de junio de 2011 al 30 de abril de 2012, pero los resultados fueron omitidos a la opinión pública por la Contraloría del estado, cuyo titular, Francisco Xavier Trueba Pérez, se limitó a reconocer observaciones “en el tema de loncheras y campanas” en entrevista con este diario (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2012).

Al tratarse de una investigación sobre once meses de trabajo del organismo constructor de escuelas, se trata de información parcial y selectiva que sólo arrojaría indicios de lo que ha ocurrido a lo largo de casi seis años de gobierno.

Se intentó localizar al responsable de la Contraloría para las aclaraciones del tema, pero la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado señaló dificultades para realizar la entrevista debido a que Trueba Pérez se encuentra trabajando en el proceso de entrega-recepción del gobierno a la Administración que comienza el 1 de marzo próximo.

Los detalles
Según copia del oficio en poder de este diario, el monto total observado, de 61 millones 992,086 pesos, se desglosa entre almacén y adquisiciones. El segundo rubro se detalla en el texto anexo de estas páginas. El primer rubro incluye ocho observaciones:

Primera: 5 millones 774,399 pesos corresponden a la diferencia entre un inventario llamado “listado de existencias por almacén” –actualizado el 31 de diciembre de 2011-, y el “importe de almacén de mobiliario y equipo en estados financieros”, a la misma fecha.

Segunda observación: 19 millones 366,834 pesos son la cantidad faltante al analizar las diferencias entre el listado de existencias en el almacén del último día de 2011 y el inventario físico levantado el 2 de enero de 2012; el documento base reporta 34,620 artículos pero sólo se encontraron 7,360 artículos, por lo que faltaron 27,260 artículos con ese valor reportado.

Tercera observación: “El organismo carece de evidencia documental que describa el levantamiento del inventario físico practicado por personal de CAPECE el día manifestado en la observación anterior, ni documento que avale las acciones emprendidas por la dirección administrativa y la jefatura del almacén para corregir y/o aclarar las diferencias”.

Cuarta observación: “Se determinó un faltante de 3,999 artículos por un monto de 2 millones 142,798 pesos mediante 41 pruebas selectivas realizadas en el procedimiento de verificación de existencias” que se realizó el 18 de julio de 2012 en el almacén del CAPECE. Según el almacén había 7,355 artículos; pero sólo se encontraron 3,356.

Quinta observación: Se encontraron 63 pizarrones del proveedor José Gómez, que no estaban en inventarios y que los responsables del CAPECE han negado su existencia.

Pagos sin mercancía
Sexta observación: “Se identificaron 943 adquisiciones correspondientes a 548,288 artículos faltantes en el almacén, ya que no se encontró evidencia documental de que los proveedores entregaran los artículos en el almacén del CAPECE” (sic).

En esta observación se incluye la adjudicación directa de 7 mil campanas y 533,650 loncheras por un monto de 23 millones 636,914 pesos, en la cual hubo diversas irregularidades: “adjudicación de manera directa, incumpliendo las cláusulas tercera y quinta de los contratos de adquisiciones con recursos estatales al no contar con los respectivos formatos de entrada de almacén […] lo anterior debió ser requisito indispensable para emitir el pago del proveedor, sin embargo, los pagos se realizaron por parte del CAPECE”.

Las facturas respectivas no tienen sello ni firma del personal del organismo, lo cual avalaría la revisión y recepción de los artículos, prueba que refuerza la evidencia de que no fueron recibidos.

Séptima observación: Se encontraron 75 adquisiciones que amparan 29,207 artículos en el almacén, de los cuales sólo se habrían recibido 13,412.

Octava observación: Otras 25 adquisiciones de artículos que se compraron a cuatro proveedores por 8 millones 332,170 pesos, pagadas entre el 16 y 19 de diciembre de 2011, “sin evidencia documental de entrada al almacén de los artículos comprados”.

Sobre este tema, “el licenciado Emmanuel Sandoval Barbosa, jefe de control de almacén de CAPECE, informó por escrito al maestro Daniel Hernández Aguirre, director administrativo del CAPECE, en 24 de estas adquisiciones, que los proveedores no habían entregado los bienes que amparaban las facturas mencionadas”; en consecuencia, dichas facturas “no presentan sello de recepción de mercancía ni firma del empleado del área de almacén que recibió los artículos”.

El 12 de julio de 2012, el mismo jefe de control de almacén informó a los empleados de la Contraloría “que el maestro Daniel Hernández Aguirre […] fue quien ordenó a la licenciada Ruth Evelia Mojarro Robles, contadora del organismo, que pagara las facturas pese a no haber recibido la mercancía”.

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Claves

Adquisiciones

- Más anomalías arrojadas por la auditoría al CAPECE tienen que ver con aspectos de las adquisiciones. Abarcan la observación nueve a trece, y se detallan:

- Observación nueve. 58 compras de mobiliario y equipo sin sello de recepción de mercancía en remisión o factura, falta de firmas del personal responsable en la orden de compra, firmas incompletas en los contratos, falta de formato de entrada en los documentos, falta de firmas en los formatos que sí existen, póliza contable sin firmas y falta de firmas en la factura

- Observación diez. El CAPECE no proporcionó evidencia documental “del procedimiento de adquisición del programa StocknRENE/12 [Programa Renovemos Nuestra Escuela]” que se aplicaría previo al ciclo 2012-2013, por 15 millones de pesos, porque hubo la orden “verbal” de la Secretaría de Educación de detenerlo, lo que podría derivar en una nueva adjudicación directa “en detrimento del presupuesto asignado”, dada la urgencia

- Observación once. 216 pólizas de fianzas apócrifas por 69 millones 271,822 pesos de las aseguradoras Chubb de México y Sofiméx; no hay evidencias de denuncias penales contra los proveedores

- Observación doce. No se localizaron las pólizas de dos fianzas de contratos de adquisiciones con números 90095352 y 89545596, consideradas también apócrifas, y que corresponderían a la empresa Fernández Editores

- Observación trece. “Se adquirieron de manera directa y a sobreprecio, 18,672 artículos por un importe de 2 millones 738,971 pesos”, en contradicción con una determinación del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del CAPECE, según acta del 5 de agosto de 2011.

Fuente: oficio DGP/2632/2012, Contraloría del estado

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Empresas amigas de Uribe pasan a la ofensiva

Salvador Uribe Avín, director general del CAPECE, ha insistido en que la Contraloría del estado avala su buena actuación al frente del organismo, por lo cual, un grupo de empresas constructoras decidió defenderlo legalmente, al demandar por daño moral a doce denunciantes de las anomalías, además de a MILENIO JALISCO. Los textos de esas demandas llevan con claridad la defensa del funcionario cuestionado y están en fase de integración en tribunales civiles de Jalisco.

“Yo no tengo por qué retirarme, yo tengo un nombramiento del señor gobernador y solamente él cuando me lo pida, pues obviamente en cualquier momento tendré que retirarme. Sin embargo, pues aquí es una situación del posicionamiento que yo tengo, donde considero que no tengo nada que esconder”, dijo Uribe Avín hace cuatro meses. Al funcionario se le buscó ayer y no quiso hacer declaraciones, pues adujo como razón que se encontraba fuera de la ciudad.

Con el respaldo de la resolución que emitió la Contraloría del estado tras auditar al organismo, Uribe Avín señaló que se reservaba el derecho de actuar legalmente ante quienes asegura que lo difamaron.

“No tengo nada que esconder, tan es así que ya se hizo una auditoría. Yo tengo cuatro auditorías anuales, año por año, entonces los órganos oficiales de control que son los acreditados legalmente pues han hecho esas auditorías”, dijo, tras agregar que está dispuesto a que se haga una auditoría más, externa. “Si existen las condiciones legales, adelante, yo no tengo ningún problema”.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Protectores de jaguar exigen acciones contra la corrupción




Alarmados por caso de un funcionario-cazador de Oaxaca, jaguarólogos del occidente mexicano y del resto del país reclaman acciones de fondo contra la caza del felino. Foto: Ceccilia Huerta (Archivo de Milenio)

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La corrupción de las instituciones explica la impunidad con que se condujo el ahora ex funcionario público del gobierno de Oaxaca, Luis José Larumbe Mendoza, cazador de especies protegidas por las leyes mexicanas, en especial, el caso del jaguar (Panthera onca), cuyos abusos fueron dados a conocer el pasado 18 de diciembre por la revista Proceso, lo que motivó un comunicado de científicos y organizaciones protectoras de los felinos mexicanos para reclamar el fin de los abusos.

Encabezado por la firma del presidente de la Alianza para la Conservación del Jaguar, Rodrigo Núñez Pérez, quien encabeza los monitoreos y acciones de protección de la especie en Jalisco, Michoacán y Nayarit, además del director de la Alianza Jaguar Nayarit, Érik Saracho Aguilar, 24 organizaciones de todo el país enviaron una carta al gobernador de esa entidad, Gabino Cué, y a las instancias federales, con su extrañamiento por los hechos.

Es un pronunciamiento “en contra de las conductas que destruyen y deterioran los recursos naturales de nuestro territorio nacional, así mismo, reprobamos enérgicamente las actividades de cacería furtiva ejercidas por el ahora ex funcionario público del gobierno del estado de Oaxaca, Luis José Larumbe Mendoza, quien en un acto de burla y total falta de respeto a las políticas ambientales nacionales y estatales en materia de conservación de los recursos naturales, exhibió como trofeos numerosos ejemplares de fauna silvestre que ha cazado de forma ilegal, esta actitud reprobable, pone al descubierto la falta de interés de algunas comunidades que permiten la introducción de grupos de cazadores furtivos, así mismo se hace evidente su falta de respeto hacia la naturaleza”.

Estos hechos “tan vergonzosos ponen en evidencia la falta de calidad humana y de respeto hacia los seres vivos por parte de esta persona. Esto, al ser funcionario público es también una burla para el gobierno del estado de Oaxaca, conociendo el interés por la conservación de los recursos naturales de la actual administración.

Por tal motivo, es urgente hacer una revisión exhaustiva a los métodos y procedimientos que permitan prevenir todas aquellas actividades ilícitas que deterioran los ecosistemas y que ponen en riesgo la diversidad biológica del estado de Oaxaca y del territorio nacional, de forma paralela, sensibilizar a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, a la sociedad en general, especialmente a las comunidades rurales poseedores de los recursos naturales”.

De tal modo, “exigimos a las instituciones correspondientes la aplicación de la ley, ya que existen pruebas contundentes de los hechos. México como país firmante del Convenio de Diversidad Biológica (1992) debe demostrar con hechos que nadie está por encima de la ley, ni puede hacer uso de puestos gubernamentales, poder económico o político para cometer actos delictivos contra natura atajando fuertemente estos delitos contra el medio ambiente máxime cometidos por servidores públicos”.

Firman Danae Azuara, de Jaguar Conservancy AC; Juan Carlos Bravo Gutiérrez, de Naturalia AC; Dulce Brousset Hernández, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM; Gerardo Carreón, de Naturalia AC; Gerardo Ceballos González, del Instituto de Ecología de la UNAM; Cuauhtémoc Chávez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma; Fernando Colchero, de Duke University; Dalia Conde, de Duke University; Epigmenio Cruz Aldan, del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas; Antonio de la Torre, del Instituto de Ecología de la UNAM; Juan Carlos Faller Méndez, de Pronatura Península de Yucatán AC; Mircea Gabriel Hidalgo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Marco Antonio Lazcano, de la Reserva Ecológica El Edén AC; Rurik List, de la UAM Unidad Lerma; Carlos López, de la Universidad de Querétaro; Rodrigo Medellín Legorreta, del Instituto de Ecología, de la UNAM; Óscar Moctezuma Orozco, de Naturalia AC; Octavio Monroy Vilchis, de la Universidad Autónoma del Estado de México; Pablo Navarro, de Onca Maya AC; Eugenia Pallares, de Cadena Jaguar Conservancy AC; Laura Porras, de EcoSur San Cristóbal; Antonio Rivera, de Jaguar Conservancy AC; Octavio C. Rosas Rosas, del Colegio de Posgraduados de San Luis Potosí; Heliot Zarza Villanueva, del Instituto de Ecología de la UNAM.

“Seguros de su positiva y comprometida respuesta en defensa de nuestro valioso patrimonio natural, nos despedimos respetuosamente reiterando nuestro compromiso con el medio ambiente, la sociedad y el bienestar de nuestro país en respeto de la ley y su efectiva aplicación”, concluyen.