García Rojas destaca el abusivo poder de las inmobiliarias que condiciona el bienestar de los moradores de las conurbaciones.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Ley General de Ciudades y Territorio, cuya aprobación fue bloqueada por el lobby inmobiliario ante las cámaras federales en el primer semestre de 2015, es la oportunidad que requiere el país para recuperar el control del desarrollo urbano que ostentan los intereses económicos, advierte el consultor Jesús García Rojas.
“La última modificación constitucional relevante a la Ley General de Asentamientos Humanos fue hecha en 1993 cuando en un arrebato federalista el gobierno federal abdico a la rectoría del Estado Mexicano en materia de planeación, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; se delegó a todos los municipios del país las facultades de planeación, ordenamiento del territorio, definición de usos y destinos del suelo, cuando no estaban ni aún hoy están preparados para ello, originando una enorme discrecionalidad, corrupción e impunidad, explicables fortunas de funcionarios públicos por conceder cambios de usos del suelo y de constructores vendiendo casas de mala calidad ejerciendo subsidios federales mal diseñados, expansión urbana, daños ambientales y ecológicos, enormes costos sociales y perdida de la calidad de vida”, pone en relieve en un análisis entregado a MILENIO JALISCO.
A partir de 1994, “en algunos municipios del país se crearon los institutos municipales de planeación, agencias de desarrollo urbano o secretarias técnicas de planeación, en general con malos resultados ya que sus lineamientos fueron normativos, algo así como las llamadas a misa, va el que quiere, y así fue: algunos hicieron buenos trabajos pero nadie les hacía caso, además de que sus consejos supuestamente ciudadanos fueron controlados por notables, cámaras de constructores, desarrolladores de vivienda y por quienes monopolizan la tierra urbana, influyendo en las decisiones de los institutos para su beneficio”.
A esto “súmenle que los municipios cada tres años se reinventan y revisan sus planes de desarrollo, en síntesis podemos decir fueron más los daños que los beneficios que originó, un fracaso”, subraya.
El actual Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo “admiten la existencia del problema y se intenta resolverlo poniendo un alto a la anarquía en la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y recuperar la rectoría del estado en esta materia, lo cual sin duda es esperanzador; el primero creó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que por cierto acaba de cambiar de titular, dando un golpe de timón, cambiando las políticas públicas en la materia; y el segundo a través de las cámaras de Diputados y Senadores impulsa la iniciativa de una nueva reforma relevante a la Ley General De Asentamientos Humanos para crear un nuevo marco legal a través la Ley General de Ciudades y Territorio”.
Ese proyecto de ley es complejo y perfectible, pero necesario “por la dimensión y diversidad del país, la concurrencia de tantos actores, la alternancia política, el que los plazos de las administraciones federales, estatales y municipales no son compatibles con las visiones de mediano y largo plazo que cita la misma; no será fácil en caso de aprobarse su implementación, pero sin duda es bien intencionada, merece ser apoyada y aprobada, es innovadora y nos actualiza a las circunstancias del presente y prevé el futuro”, destacó.
Por eso se debe pugnar por sacar adelante una versión que al menos permita un marco de acción para frenar los abusos. Pero los obstáculos políticos no serán menores, advierte.
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