La extracción de materiales en la cuenca del río Ameca, que comparten Jalisco y Nayarit, es un gran negocio por la enorme demandan del sector de la construcción, pero causa serios daños ambientales
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Las comunidades agrarias de Jalisco y Nayarit, en la zona de la desembocadura del río Ameca y su afluente, el Mascota, mantienen desde hace más de cinco años suspensiones judiciales contra los aprovechamientos de arena y materiales geológicos de las corrientes pluviales, pero denuncian que de forma ilegal, las extracciones no se detienen y se dañan los ecosistemas ribereños.
Esta semana, los ejidatarios de Ixtapa esperaban la presencia de un grupo de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero fue suspendida de última hora, lo que ocasiona que se mantengan las explotaciones a la luz del día (ver fotos anexas).
Miembros del núcleo agrario entregaron a este diario evidencias de que los amparos 578/2010, que se desahoga en el Juzgado 2 de Distrito de Tepic, y 1342/2010, ante el Juzgado 1 de Distrito de Guadalajara, concedieron a los ejidos El Colomo y anexos, de Nayarit, e Ixtapa, de Puerto Vallarta, sendas “suspensiones de plano” que tiene como efecto dejar las cosas en el estado que se encontraban en 2010, cuando se otorgó la medida cautelar. Esto debía impedir que se dieran aprovechamientos en los cauces contiguos a ambos ejidos hasta la resolución definitiva de ambos expedientes, pero la historia judicial de ambos litigios se ha enzarzado entre denuncias de incumplimiento de la suspensión, negativas de las autoridades a las que se reclamó la emisión de permisos (Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues los cauces son propiedad federal), quejas y revisiones promovidas por los “terceros perjudicados”, esto es, las propias empresas cribadoras de materiales.
Las incidencias de ambos juicios se pueden consultar en los siguientes enlaces de web:http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=24&organismo=1093&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=578/2010 y http://www.buholegal.com/listaacuerdos/federal/?circuito=3&organismo=694&tipo=expediente&tipoexpediente=1&noexpediente=1342/2010.
La resolución de Ixtapa se dictó en los siguientes términos: “se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado al ejido quejoso [sic], de manera definida la propiedad, posesión y disfrute de sus bienes agrarios […] de igual manera, para que no se realice la sustracción del régimen jurídico ejidal que tienen, así como para que no se realice ningún movimiento registral derivado de estos terrenos y de las aguas que en él se embalsan, tanto en el Registro de Derechos de Agua como en el Registro Público de la Propiedad federal; asimismo, para que no se otorguen autorizaciones o permisos por parte de las autoridades responsables para la extracción de material pétreo y se suspendan y cesen los efectos y consecuencias de las concesiones otorgadas […]”.
Los campesinos creen que hay “contubernio” entre algunos servidores públicos y el sector de la construcción, que tiene amplia demanda en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit. Influye que de modo oficial, la Conagua ha señalado en el pasado que la actividad de extracción no sólo no perjudica, sino que es benéfica, dados los cuantiosos aportes de residuos de bosques y zonas agrícolas de las cuencas media y alta, que generan problemas de inundación y daños en los ecosistemas de la parte baja (ver Público-MILENIO, 15 de agosto de 2010).
No hay comentarios:
Publicar un comentario