Dolosos los siniestros de la temporada en la costa, advierte investigador; lamentan indiferencia de la PGR ante esos delitos. En la foto, un aspecto de las montañas arrasadas un mes después del paso de Patricia
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los incendios y la devastación ambiental que sufre la región Costa sur en este momento, no son obra de la casualidad; se trata en buena medida de siniestros intencionales y buscan “coronar” la oportunidad que les dio el megahuracán 'Patricia', de octubre pasado, al derribar miles de hectáreas de selva que buscan convertir a potreros ganaderos y parcelas agrícolas, advierte el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Enrique Jardel Peláez.
“Nadie se cree esa historia de que no saben manejar el fuego y se les va, o de que una colilla de cigarro ocasiona todo el problema; podrán darse casos, pero en esto, yo veo claramente que están aprovechando las circunstancias para ampliar sus potreros y consolidar los cambios de uso de suelo, con el favor que les hizo 'Patricia'”, señala en conversación con MILENIO JALISCO el también miembro del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio).
Esta ha sido una temporada problemática en la región: el fuego ha crecido daños en más de 300 por ciento en relación con los dos años previos. Es inusual, pero la explicación es el enorme volumen de combustibles naturales que dejó el meteoro, cuyo golpe en tierra fue unos kilómetros al sur de la bahía de Chamela, en la desembocadura del río Cuizmala. Los encargados de la reserva de la biosfera refieren que nunca en los casi 23 años de la emisión del decreto de reserva de la biosfera en las selvas bajas y humedales de la región, se había debido afrontar un desafío de ese tamaño.
Si bien, para la región es una novedad, el Ministerio Público debería tener por delante un importante trabajo en busca de los responsables, y de hacer valer lo que señala el artículo 117 de la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable: “…No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente”. Por su parte, el artículo 418 del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 meses a 9 años de prisión, y por el equivalente de 100 a 3 mil días multa, “al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal”.
La posibilidad de que estos artículos sean letra muerta y la devastación quede como crimen sin castigo es elevada. “No creo que realmente a la PGR le interese siquiera el tema”, apunta un activista, que de cualquier modo, piensa que se debe documentar el desastre y ofrecer los indicios, para reducir el “pretexto” del fiscal en turno.
Si en la costa se trata de circunstancias que detonó un evento desastroso aprovechado dolosamente por actores económicos, lo cierto es que 2016 triplica en cifras gruesas la superficie afectada de 2014 y 2015, en el caso de todo Jalisco. Iban 21,614 hectáreas hasta el 31 de mayo pasado, contra apenas 7,249 ha y 6,284 ha de los años precedentes. De ahí la petición de la Secretaría de Medio Ambiente local (Semadet) de que haya moratoria en el uso del fuego, pues hay por delante un par de semanas muy secas, y en consecuencia, difíciles. Por voluntad no queda, pero la vida real es más complicada y caótica de lo que quisieran los hombres de escritorio, repone filosófico el activista anónimo.
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