Alarmados por caso de un funcionario-cazador de Oaxaca, jaguarólogos del occidente mexicano y del resto del país reclaman acciones de fondo contra la caza del felino. Foto: Ceccilia Huerta (Archivo de Milenio)
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
La corrupción de las instituciones explica la impunidad con que se condujo el ahora ex funcionario público del gobierno de Oaxaca, Luis José Larumbe Mendoza, cazador de especies protegidas por las leyes mexicanas, en especial, el caso del jaguar (Panthera onca), cuyos abusos fueron dados a conocer el pasado 18 de diciembre por la revista Proceso, lo que motivó un comunicado de científicos y organizaciones protectoras de los felinos mexicanos para reclamar el fin de los abusos.
Encabezado por la firma del presidente de la Alianza para la Conservación del Jaguar, Rodrigo Núñez Pérez, quien encabeza los monitoreos y acciones de protección de la especie en Jalisco, Michoacán y Nayarit, además del director de la Alianza Jaguar Nayarit, Érik Saracho Aguilar, 24 organizaciones de todo el país enviaron una carta al gobernador de esa entidad, Gabino Cué, y a las instancias federales, con su extrañamiento por los hechos.
Es un pronunciamiento “en contra de las conductas que destruyen y deterioran los recursos naturales de nuestro territorio nacional, así mismo, reprobamos enérgicamente las actividades de cacería furtiva ejercidas por el ahora ex funcionario público del gobierno del estado de Oaxaca, Luis José Larumbe Mendoza, quien en un acto de burla y total falta de respeto a las políticas ambientales nacionales y estatales en materia de conservación de los recursos naturales, exhibió como trofeos numerosos ejemplares de fauna silvestre que ha cazado de forma ilegal, esta actitud reprobable, pone al descubierto la falta de interés de algunas comunidades que permiten la introducción de grupos de cazadores furtivos, así mismo se hace evidente su falta de respeto hacia la naturaleza”.
Estos hechos “tan vergonzosos ponen en evidencia la falta de calidad humana y de respeto hacia los seres vivos por parte de esta persona. Esto, al ser funcionario público es también una burla para el gobierno del estado de Oaxaca, conociendo el interés por la conservación de los recursos naturales de la actual administración.
Por tal motivo, es urgente hacer una revisión exhaustiva a los métodos y procedimientos que permitan prevenir todas aquellas actividades ilícitas que deterioran los ecosistemas y que ponen en riesgo la diversidad biológica del estado de Oaxaca y del territorio nacional, de forma paralela, sensibilizar a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, a la sociedad en general, especialmente a las comunidades rurales poseedores de los recursos naturales”.
De tal modo, “exigimos a las instituciones correspondientes la aplicación de la ley, ya que existen pruebas contundentes de los hechos. México como país firmante del Convenio de Diversidad Biológica (1992) debe demostrar con hechos que nadie está por encima de la ley, ni puede hacer uso de puestos gubernamentales, poder económico o político para cometer actos delictivos contra natura atajando fuertemente estos delitos contra el medio ambiente máxime cometidos por servidores públicos”.
Firman Danae Azuara, de Jaguar Conservancy AC; Juan Carlos Bravo Gutiérrez, de Naturalia AC; Dulce Brousset Hernández, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la UNAM; Gerardo Carreón, de Naturalia AC; Gerardo Ceballos González, del Instituto de Ecología de la UNAM; Cuauhtémoc Chávez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma; Fernando Colchero, de Duke University; Dalia Conde, de Duke University; Epigmenio Cruz Aldan, del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas; Antonio de la Torre, del Instituto de Ecología de la UNAM; Juan Carlos Faller Méndez, de Pronatura Península de Yucatán AC; Mircea Gabriel Hidalgo, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Marco Antonio Lazcano, de la Reserva Ecológica El Edén AC; Rurik List, de la UAM Unidad Lerma; Carlos López, de la Universidad de Querétaro; Rodrigo Medellín Legorreta, del Instituto de Ecología, de la UNAM; Óscar Moctezuma Orozco, de Naturalia AC; Octavio Monroy Vilchis, de la Universidad Autónoma del Estado de México; Pablo Navarro, de Onca Maya AC; Eugenia Pallares, de Cadena Jaguar Conservancy AC; Laura Porras, de EcoSur San Cristóbal; Antonio Rivera, de Jaguar Conservancy AC; Octavio C. Rosas Rosas, del Colegio de Posgraduados de San Luis Potosí; Heliot Zarza Villanueva, del Instituto de Ecología de la UNAM.
“Seguros de su positiva y comprometida respuesta en defensa de nuestro valioso patrimonio natural, nos despedimos respetuosamente reiterando nuestro compromiso con el medio ambiente, la sociedad y el bienestar de nuestro país en respeto de la ley y su efectiva aplicación”, concluyen.
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