Defensores de derechos humanos cuestionan el “perdón” de minera

Señalan que los gobiernos de Jalisco y Colima, así como el federal, son culpables de omisión por no cumplir en 20 años la recomendación limítrofe de la CNDH.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los grupos de derechos humanos que operan en la región costa de Jalisco y Colima, cuestionan la “doble moral” del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada y de los gobiernos de Jalisco y Colima, al chantajear a los ejidatarios de Ayotitlán y conceder el “perdón” por una causa penal endeble por la refriega del 22 de julio pasado frente a las instalaciones de la mina, en busca del objetivo de impedir que el núcleo nahua recupere sus tierras concedidas mediante decreto presidencial de Adolfo López Mateos, en 1962.

“Evidentemente que los ejidatarios desistidos de la demanda de garantías [diez de 33] lo hicieron bajo una colosal presión moral y personal de la empresa, con consigna de que el juez penal ordenaría su detención y condena por 40 años en su contra. La visita constante de las camionetas de Peña Colorada con funcionarios colimenses a sus humildes viviendas, constituye una intimidación y un acoso inaceptable que violenta los derechos humanos de libertad personal, seguridad jurídica y respeto a su propia identidad indígena […] reprobamos esos actos intimidatorios, que podrían combatirse legalmente por ser nulos, dolosos, crueles e inhumanos”, señala una carta a la opinión pública de la que hicieron llegar copia a MILENIO JALISCO.

Con Peña Colorada “la víctima pasó aquí a ser victimario, mediante la influencia institucional y económica del consorcio en los tribunales y la procuraduría de Colima. ¿Cómo puede perdonar a los ejidatarios quien los agredió, con lujo de violencia el pasado 22 de julio del presente año? ¿No es acaso Peña Colorada la que estaría obligada moral y jurídicamente a disculparse con ellos por su alevosía, premeditación y ventaja, al disponer de un operativo represivo…?”.

Los gobiernos de Jalisco y Colima, así como el federal, tampoco están al margen, “el incumplimiento dado a la recomendación 122/95 [de 1995, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos] y a los avances de la Controversia 3/98 de límites Jalisco-Colima […] constituye una burla a la Carta Magna de la Nación y a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. Han pasado ya 20 años desde que las autoridades estatales de Colima y Jalisco, aceptaron y se comprometieron a darle cumplimiento a la histórica recomendación del Ombudsman Nacional, y hasta la fecha incumplen al tolerar y permitir discrecionalmente los actos delictivos, discriminatorios, excluyentes e injustos que tradicionalmente padecen el ejido y la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, a causa de la imposición de la minería de tajo [a cielo abierto], de la impunidad y de la indefinición limítrofe y territorial”, añaden.

Señalan a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG y a Gaudencio Mancilla Roblada de generar la división interna de la comunidad; “su excelente relación con la minera Peña Colorada, al prestarse al juego del cacicazgo de Colima para salir en defensa de la minería a cielo abierto, es una contradicción que ellos cargan consigo, y que para dilucidar de qué lado nace la división denunciada”.  Firman la Unión de Pueblos de Manantlán, AC; el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco;  el Instituto de Derecho Ambiental, AC;  la Red Jalisciense de Derechos Humanos, AC,  y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.