Ejidatarios del núcleo nahua son presionados para aceptar, tras que el comisariado logró que la asamblea se desistiera de la suspensión que suscitó la refriega del 22 de julio pasado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La minera Benito Juárez-Peña Colorada, con el apoyo de los gobiernos de Colima y Jalisco, está a punto de echar abajo la acción judicial más peligrosa para sus intereses: el juicio de amparo 462/2013, que reivindica la superficie de dotación del ejido Ayotitlán, de 50,332 hectáreas, de las cuales faltan casi 20 mil ha., parte de ellas, presuntamente, en posesión de la empresa.
Para ello, bajo la figura del “perdón”, el consorcio anunció que se ha desistido de la querella penal 142/2015 contra 33 ejidatarios que el pasado 22 de julio fueron detenidos frente a las puertas de la factoría en reclamo de la ejecución de una suspensión otorgada en ese juicio de garantías. Esto deriva de las “negociaciones” que los gobiernos y la empresa hicieron las semanas siguientes a los hechos, en las que finalmente acordaron con el presidente del ejido, Ernestino Ciprian, que la asamblea ejidal se desistiera del incidente de suspensión, lo que es el primer paso para la “normalización” de las relaciones, que en la visión del poderoso emporio es que se le reconozcan sus propiedades y finalmente se desistan del amparo.
De ese modo, el pasado jueves 8 de octubre, por la mañana, se anunció “el perdón” y se presentó a un grupo de ejidatarios en la capital colimense, quienes agradecían a la minera su bondad al tiempo que criticaban el “engaño” de sus abogados (ver http://www.colimadigital.com/final/index.php?tn=7&n=16233); los “abusivos” abogados son integrantes del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), organización jurídica y ecologista de Guadalajara cuya salida de la sierra de los nahuas es objetivo expreso de los dos gobiernos estatales, quienes ya lograron que los ejidatarios les quiten la representación en el juicio. Los gobiernos acusan al Idea de lucrar con los conflictos; la agrupación responde que defiende intereses legítimos sobre los que ambos gobiernos pretenden pasar para beneficiar a un poderoso grupo capitalista internacional.
Carlos Valentín Veyna Martínez, director general del Idea informó a este diario que han firmado la aceptación de perdón alrededor de 16 campesinos y que están presionando al resto para que lo hagan. La presión lleva a responsabilizar a quienes se niegan a ser perdonados, por la retención, dos meses y medio después, de los vehículos en que se movilizaron los campesinos el día de la refriega, camionetas que permanecen en los corralones del gobierno de Colima.
Irónicamente, la causa penal del gobierno de Colima ya se estaba derrumbando sin necesidad de “perdón”, como lo demostró el amparo concedido al pasante en derecho Eduardo Mosqueda, quien también fue detenido ese día; en esa resolución, el juez no encontró una sola prueba de delito y por eso ordenó su liberación (MILENIO JALISCO, 7 de octubre de 2015). Veyna Martínez informó que se encuentra en marcha otro juicio de amparo a favor de los 33 nahuas, que al tener enfoque similar, “muy probablemente tendría el mismo resultado al de Mosqueda”, lo que dejaría fuera de sentido la gracia de la minera.
El tema de fondo. Según mediciones de INEGI del año 2003, de las 34,700 ha ejecutadas entre 1963 y 1964, sólo están 30,620 en posesión de los indígenas. El juicio de garantías busca que las casi 20 mil ha “perdidas” por medio siglo sean entregadas a los ejidatarios, y la sospecha es que en parte de estas se ubica el fundo minero (definición: “el terreno amparado por una concesión minera ya sea de exploración o explotación”, ver http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/3181/Capitulo1.pdf) de la mayor factoría de hierro del país, la cual posee unas escrituras de propiedad otorgadas por el gobierno de Colima en los años 90. El amparo pide la aplicación del principio de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, a lo que se agrega que los derechos agrarios, según el artículo 27 constitucional y su Ley Agraria, son imprescriptibles.
De ahí las serias posibilidades de que cuando se analice “el fondo” del asunto, los campesinos nahuas puedan obtener justicia a más de medio siglo de la dotación del presidente López Mateos. Y eso sería a costa de los intereses que ha construido el consorcio minero, que fue paraestatal y ahora forma parte del grupo Ternium Arcelor Mittal, de inversionistas indios, argentinos e italianos. El caso se complica con los intereses locales del gobierno de Colima, que siente que su frontera sería alterada si un juzgado de distrito le da la razón a los aborígenes de Jalisco.
EL DATO
Ayotitlán es el núcleo de una antigua comunidad nahua que se asentó en la sierra de la costa del Pacífico de Jalisco antes de la llegada de los españoles; reconocidas en el siglo XVII por el rey de España, se estima que su territorio rebasaba 400 mil ha, pero los títulos primordiales "se perdieron" y el gobierno federal dotó en 1963 un ejido de poco más de 50 mil ha, más una ampliación de 10 mil ha quince años después. Esa superficie sólo se ha entregado de forma parcial a los campesinos; se presume que la minera Peña Colorada tiene en su poder una fracción con abundante yacimiento de hierro
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