La reducción del personal que gestiona las áreas naturales protegidas, y el mantenimiento de altos subsidios, distorsionaría el destino del dinero y causaría su concentración en manos privadas o zonas no marginadas.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El mayor problema con la reducción de presupuesto para el sector ambiental mexicano no es que descienda el monto de los subsidios y apoyos –estos se mantendrán prácticamente iguales- , sino que habrá menos personal para su gestión oportuna y adecuada, lo que podría derivar en una concentración de los beneficios en actores privados y en las zonas geográficamente más accesibles, y no en las comunidades enclavadas en las demarcaciones en alta marginación, que son las que preservan el capital natural más valioso del país, dijo el investigador de la UdeG, Sergio Graf Montero.
Al intervenir en el foro “Políticas públicas en medio ambiente ¿qué pretende el gobierno federal?”, convocado por alumnos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la casa de estudios, el también consultor y ex director de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán consideró que, de este modo, existe el riesgo latente de que “disminuya la creación de la valor público”.
El foro fue convocado por el Movimiento Universitario en contra del Desmantelamiento del Patrimonio Natural, un primer acto público para allegar información objetiva y clara de los problemas que se pueden arrastrar con el recorte de gasto ambiental que será cercano a 18 por ciento en 2016, pero que ya ha generado una crisis seria en el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el despido de entre 200 y 300 trabajadores esenciales para la gestión de las reservas naturales, que abarcan más de 26 millones de hectáreas del país, es decir, 13 por ciento del territorio mexicano.
“Lo que está pasando en estos momentos, como en otras ocasiones, es que están recortando la burocracia; si ustedes revisan el proyecto de presupuesto de egresos, no hay una modificación en los dineros a ejercer, lo que se está haciendo es recortar el personal, los recursos humanos, y ahí es donde empieza al problema, porque es evidente que la Secretaría de Hacienda aplica un recorte generalizado a todas las instituciones, sin comprender que no en todas las instituciones tiene el mismo impacto ni cumplen iguales roles en la creación de valor público; es decir, no van a quitar 20 por ciento de maestros ni de médicos, porque luego no hay quiénes vayan a las aulas o a los hospitales, pero mientras eso le queda muy claro a Hacienda, no hay un entendimiento claro de las funciones de otras instituciones y su tamaño; no es lo mismo recortar 20 por ciento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, que tiene muchísimos empleados, a afectar a un pequeño organismo; pero además, la Conanp genera valor público en la gestión y administración de un territorio muy valioso para todos los mexicanos, lo cual no se está considerando”, apuntó.
Hay un contexto político y económico de alta presión para la superficie protegida del país, ante lo cual “se requiere de una fuerte capacidad de gestión en las áreas protegidas, para contenerlos, pero se necesita realizar actividades de gestión con los dueños para generarles alternativas y que sean aliados en ese ejercicio […] todas las instituciones son perfectibles, pero la fuerza institucional que es la Conanp, en cualquier perspectiva crítica que hagamos de ella acerca de sus insuficiencias, nos debe llevar a pensar en cómo fortalecerla, es una institución muy valiosa para el país”, añadió.
A juicio de Graf Montero, el mejor modelo de oportunidad para no perder el proceso de fortalecimiento del sistema nacional de áreas naturales protegidas, logro fundamental en quince años de la institución, así como sostener la labor de otras instituciones fundamentales que también padecen recorte, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la Comisión Nacional Forestal (Conafor), será la generación de alianzas con organizaciones sociales que ya trabajan en las zonas protegidas, o bien, las propias instituciones locales –ejidos, comunidades, asociaciones municipales, gobiernos de los estados- para que se ejerzan los subsidios y apoyos de modo equitativo en las regiones donde son más necesarios.
“Por sí solos, tener muchos subsidios no genera valor público, que son aquellos valores que tienen que generarse para que la sociedad esté mejor: mayor gobernanza, mayor equidad social, valores ecosistémicos preservados para la sociedad y en consecuencia mejor economía, mayor seguridad de las poblaciones ante los embates del cambio climático; tenemos que focalizarnos en qué tipo de valor queremos construir; el riesgo que hay ahora es que ante mucho presupuesto y poca capacidad de gestión, el resultado sea el que no esperamos, es decir, que existan muchas distorsiones”, y en consecuencia, se concentren los subsidios y apoyos en pocas manos o bien, no lleguen a donde deben llegar.
El foro incluyó también intervenciones de los investigadores Miguel Magaña Virgen –quien llamó a generar una reforma institucional que permita que las inversiones en el ambiente sean más eficaces-, Óscar Reyna Bustos –pidió a los estudiantes movilizar el conocimiento para incluir en el debate público- y Enrique Jardel Peláez, quien consideró que en el fondo la disminución de recursos para el ambiente es un problema político y que es urgente obligar al gobierno a trabajar por el beneficio de la sociedad y no “del gran capital”.
Crece movimiento a favor del capital humano
Los alumnos del CUCBA que echaron a andar el Movimiento Universitario en contra del desmantelamiento del patrimonio natural, anunciaron la ampliación de sus acciones, ayer, al final del foro informativo en que convocaron a expertos.
Perla Ixchel Guerrero Román, estudiante de Biología y quien preside la sociedad de alumnos de la escuela, indicó que hay alianza con estudiantes de la UNAM, de la Universidad de San Cristóbal, en Chiapas, y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, además de que en el foro de ayer hubo presencia nutrida de una comitiva de estudiantes del Iteso. La idea es distribuir información y establecer posicionamientos públicos para generar un cambio en la política presupuestal del gobierno federal.
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Jalisco, áreas naturales protegidas
1 Sierra de Manantlán, reserva de la biosfera federal, regiones Sur y Costa Sur, 140 mil hectáreas
2. Nevado de Colima, parque nacional federal, región Sur, 6,525 ha, de las cuales, mil ha están en Colima y 5,500 en Jalisco
3. Bosques Mesófilos Nevado de Colima, parque estatal, región Sur, 7,213 ha (sólo en Jalisco)
4 Bosque La Primavera. Área de protección de flora y fauna federal. Región Centro, 29,940 ha*
5 Cerro Viejo- Chupinaya-Los Sabinos, área de protección hidrológica estatal. Región Centro, 32,129 ha
6 Sierra del Águila, área estatal de protección hidrológica. Región Valles, 20,746 ha (incluye decreto municipal Piedras Bola, Ahualulco, 256 ha)
7 Río Ameca, área de protección hidrológica federal. Regiones Norte, Valles y Sierra Occidental, 354,849 ha de Jalisco (abarca también territorio de Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit)
8 Sierra de Quila, área de protección de flora y fauna federal. Regiones Sierra de Amula y Valles, 15,192 ha
9 Chamela Cuixmala, reserva de la biosfera federal. 13,142 ha, región Costa Sur
10 Playas de protección de tortuga marina, federales. El Tecuán, Cuitzmala, Teopa y Mismaloya, regiones Costa Sur y Costa Norte. 88 km de longitud (más de la cuarta parte del litoral de Jalisco)
11. Barranca del río Santiago, área de protección hidrológica municipal (Zapopan), 19,320 ha (incluye bosque Nixticuil-San Esteban-El Diente). Región Centro
12 Estero el Salado, zona de conservación ecológica estatal (Puerto Vallarta), 199 ha. Región Costa Norte
13 Islas de la Bahía de Chamela, santuario federal, 1,981 ha. Región Cosra Sur
14 Bosque urbano Los Colomos, área municipal de protección hidrológica (Guadalajara), 92 ha. Región Centro
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